Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Coalición de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas expresa su preocupación por actos de violencia en Venezuela

Pronunciamiento de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestro rechazo a los actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela en las últimas dos semanas, que han resultado en la muerte de al menos ocho (8) personas.

Lun, 24/02/2014

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestro rechazo a los actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela en las últimas dos semanas, que han resultado en la muerte de al menos ocho (8) personas.

Ante este escenario, el Estado venezolano debe llevar a cabo investigaciones de oficio, independientes, imparciales y efectivas, para el esclarecimiento de los hechos violentos, independientemente si fueron perpetrados por participantes en las protestas, grupos armados civiles o si ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales o militares venezolanos. Es importante recordar que los cuerpos de seguridad de un Estado deben encarar las situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos. El uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de funcionarios del Estado debe ser excepcional y estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad.

El Estado debe garantizar la labor de defensa, denuncia y promoción de los defensores y defensoras de derechos humanos. En este sentido queremos expresar nuestra preocupación por los señalamientos y hostigamientos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que se han dado a conocer en las últimas semanas.

Es fundamental que en virtud de las normas de derecho internacional y de derecho constitucional que se encuentran vigentes en el país, el Estado venezolano garantice el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, a la manifestación pacífica, el acceso a la información, libertad de expresión, y que cualquier actuación para mantener el orden público se realice con pleno respeto a los derechos humanos.

Firmantes:

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

Amnistía Internacional

Global Rights - Partners for Justice

ORGANIZACIONES REGIONALES:

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)

POR PAIS

Argentina:

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

CLADEM Argentina

Bolivia:

CLADEM Bolivia

Oficina Jurídica Para la Mujer de Cochabamba

Brasil:

Associação Juízes para a Democracia (AJD)

Conectas Direitos Humanos

Grupo Tortura Nunca Mais Rio de Janeiro

Chile:

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas

Colombia:

Comisión Colombiana de Juristas

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Costa Rica:

Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI)

Ecuador:

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Guatemala:

Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos  (UDEFEGUA)

Honduras:

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)

México:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDHEM)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)

CLADEM  México

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.

La Red por los derechos de la infancia en México (REDIM)

Nicaragua:

Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)

CLADEM Nicaragua

Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM)

Panamá:

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)

Paraguay:

AGORA Espacio Civil Paraguay

Perú:

Asociación Paz y Esperanza

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH)

Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

Instituto Runa

República Dominicana:

Fundación Étnica Integral (LA FEI)

Uruguay:

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

Venezuela:

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Espacio Público

Organizaciones de la Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala no miembros de la Coalición que acompañan este comunicado:

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

El Refugio de la Niñez

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Organizaciones internacionales llaman a respetar el estado de derecho e instan a realizar procesos transparentes en las comisiones de postulación

Ciudad de Guatemala, 12 de febrero del 2014. Representantes de diversas organizaciones regionales e internacionales manifestamos nuestra preocupación ante hechos recientes que afectan la institucionalidad del Ministerio Público e instamos a que se respeten los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad y  representatividad en los procesos de elección de miembros de diversos órganos que conforman la administración de justicia.

Mié, 12/02/2014

Conferencia de Prensa sobre Fiscalía General y Estado de Derecho en GuatemalaCiudad de Guatemala, 12 de febrero del 2014. Representantes de diversas organizaciones regionales e internacionales manifestamos nuestra preocupación ante hechos recientes que afectan la institucionalidad del Ministerio Público e instamos a que se respeten los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad y  representatividad en los procesos de elección de miembros de diversos órganos que conforman la administración de justicia.

Somos organizaciones que hemos apoyado las luchas por garantizar y respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala a través de diversos procesos desde hace muchos años. En virtud de que en el presente año se renovarán importantes cargos del sistema de administración de justicia en el país, las organizaciones firmantes manifestamos nuestra intención de apoyar todos los esfuerzos para que los procesos de nombramiento de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones se realicen de conformidad con los estándares internacionales. En tal sentido, realizamos las siguientes declaraciones:

  1. Lamentamos la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) que –mediante un amparo provisional- reduce indebidamente el periodo de nombramiento de la actual Fiscal General Claudia Paz y Paz. Esta decisión amenaza la independencia del Ministerio Público y constituye una afectación a su institucionalidad. Por ello, instamos respetuosamente a la CC a reconsiderar su decisión provisional y mantener el mandato de la Fiscal General según fue establecido en su acuerdo de nombramiento.
  2. Reconocemos los cambios que ha impulsado la Fiscal General Claudia Paz y Paz en los últimos años, gracias a los cuales se han mejorado las prácticas de investigación y la gestión institucional, teniendo como consecuencia una reducción de la impunidad en aproximadamente un 30%. El o la próxima Fiscal General debe comprometerse públicamente a consolidar estos logros y garantizar que no hayan retrocesos en las reformas del Ministerio Público emprendidos en los últimos años.
  3. En caso de continuarse con el proceso para nombrar el cargo de Fiscal General, es fundamental que las personas seleccionadas como candidatos cumplan con los requisitos de reconocida honorabilidad, idoneidad y capacidad profesional para ejercer el cargo, cualidades que reúne sobradamente la señora Claudia Paz y Paz.
  4. Con base en los estándares internacionales vigentes, recomendamos que en los procesos de selección de candidatos/as, las comisiones de postulación cumplan con diversos principios para garantizar la independencia, imparcialidad y autonomía de todas las personas que resulten electas, a saber:

a.Transparencia: las comisiones de postulación deben garantizar procesos transparentes en donde se establezca con claridad el perfil del cargo a elegir, los elementos a evaluar, los criterios de evaluación y la tabla de gradación respectiva.

b.Publicidad: todo el proceso de selección de candidatos/as debe ser público, así como las audiencias que se realicen a las personas que presenten sus candidaturas.

c.Participación: se debe garantizar la más amplia participación de diversos sectores de la sociedad, procurando brindar el tiempo suficiente para que toda persona interesada presente información respecto de los candidatos/as.

d. Representatividad: las comisiones de postulación deben procurar elegir personas que sean representativos de la diversidad que conforma la sociedad guatemalteca; particularmente deben considerar una adecuada representación de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra voluntad de dar seguimiento cercano a los procesos de comisiones de postulación que se estarán llevando a cabo en el presente año 2014. Aportaremos nuestras experiencias y conocimientos con el único objetivo de coadyuvar a la construcción de una democracia más solida que garantice el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación, así como se fortalezca el Estado de Derecho.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

CEJIL deplora la inminente destitución de la Fiscal General de Guatemala

Corte de Constitucionalidad guatemalteca emite preocupante decisión.

Ciudad de Guatemala y San José, jueves 6 de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) deplora la intempestiva decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en la que, sin motivación alguna, se reduce el mandato de la actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey, por lo que debería dejar el cargo el próximo mes de mayo y no en diciembre como consta en su acta de nombramiento.

Jue, 06/02/2014

Ciudad de Guatemala y San José, jueves 6 de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) deplora la intempestiva decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en la que, sin motivación alguna, se reduce el mandato de la actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey, por lo que debería dejar el cargo el próximo mes de mayo y no en diciembre como consta en su acta de nombramiento.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad supone una seria amenaza al Estado de Derecho en ese país, pues la decisión menoscaba la independencia de la fiscalía y se podría considerar como una sanción implícita para la Fiscal, en represalia a su labor como operadora de justicia.

Sobre el particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia ha destacado la importancia “de garantizar que las y los fiscales puedan llevar a cabo su propia labor de modo independiente, autónomo e imparcial”. Además, dicho órgano consideró que una de las formas de asegurar tales condiciones es garantizando su inamovilidad por el periodo de su nombramiento.

La decisión judicial aludida contraviene estándares internacionales relativos a la remoción de operadores de justicia, pues los fallos de esta naturaleza requieren estar adecuadamente motivados y fundamentados para despejar dudas frente a situaciones en las cuales pudieran existir desviaciones de poder. En el caso concreto, la Corte de Constitucionalidad no motiva su resolución e inclusive cita normas cuyo texto no se corresponde con la conclusión a la que arriba.

La Fiscal General Paz y Paz se ha caracterizado por obtener avances sustantivos en la lucha contra la impunidad en Guatemala, lo cual le ha implicado la confrontación con diferentes grupos de poder en ese país.

Sobre esta grave situación, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL aseguró que “la inminente destitución de Claudia Paz y Paz constituye una afrenta al Estado de Derecho guatemalteco y pone riesgo la garantía de independencia, lo cual es un elemento esencial para la alcanzar la protección y defensa efectiva de los derechos humanos en este país”.

CEJIL expresa su más enérgica condena a la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad y hace un llamado a las autoridades para rectifiquen esta posición y se aseguren el respeto a la legalidad, a los estándares internacionales en materia de independencia judicial y al Estado de Derecho.

Contacto de prensa:

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

CEJIL despide a Juan Gelman, el poeta que luchó por la verdad y la justicia

Washington D.C., 15 de enero de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) muestra sus profundas condolencias a la nieta, esposa y familia del poeta argentino Juan Gelman, fallecido el día 14 de enero de 2014 en la Ciudad de México, a los 83 años de edad.

La trayectoria de Juan Gelman en el mundo de las letras es incuestionable, por lo que ha recibido meritorios reconocimientos a nivel mundial y regional. Más allá de ello, el poeta fue también un referente en la lucha contra la impunidad y el esclarecimiento de la verdad respecto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las dictaduras del Cono Sur, y de manera especial en Argentina, su país de origen, y Uruguay.

Mié, 15/01/2014

Foto Editada para redes sociales sobre muerte de GelmanWashington D.C., 15 de enero de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) muestra sus profundas condolencias a la nieta, esposa y familia del poeta argentino Juan Gelman, fallecido el día 14 de enero de 2014 en la Ciudad de México, a los 83 años de edad.

La trayectoria de Juan Gelman en el mundo de las letras es incuestionable, por lo que ha recibido meritorios reconocimientos a nivel mundial y regional. Más allá de ello, el poeta fue también un referente en la lucha contra la impunidad y el esclarecimiento de la verdad respecto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las dictaduras del Cono Sur, y de manera especial en Argentina, su país de origen, y Uruguay.

Si bien su compromiso con los movimientos sociales fue una constante en su vida, sufrió en carne propia y en su entorno familiar más cercano los estragos del Plan Cóndor. En 1976 fueron secuestrados en Buenos Aires su hijo, Marcelo Gelman, y su nuera, María Claudia García Iruretagoyena, entonces de 19 años de edad y embarazada de siete meses.

Poco después de su desaparición, Marcelo Gelman fue ejecutado y María Claudia trasladada a Uruguay y detenida en un centro clandestino, donde dio a luz a una niña en noviembre de 1976. Madre e hija permanecieron juntas hasta diciembre de ese año y desde entonces María Claudia se encuentra desaparecida.

Juan Gelman comenzó entonces una búsqueda incansable para dar con el paradero de su nieta, Macarena, a la que finalmente encontró 23 años después de su nacimiento.

En 1989 aparecieron los restos mortales de Marcelo Gelman en un canal del Río de la Plata, y fueron posteriormente condenados los responsables de su ejecución por la justicia argentina. Sin embargo, el caso de María Claudia permaneció en la impunidad en Uruguay.

Por ello, Juan y Macarena Gelman acudieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos patrocinados por CEJIL, cuestionando la falta de verdad respecto al paradero de María Claudia, y denunciando la impunidad perpetuada por la aplicación de la Ley 15.848 conocida como Ley de Caducidad, que impide juzgar los delitos cometidos por militares y policía durante la dictadura en Uruguay.

En febrero del 2011, la Corte Interamericana emitió un pronunciamiento que condena a Uruguay por la desaparición forzada de María Claudia y por las violaciones sufridas por Macarena Gelman y su familia. El Alto Tribunal declaró que la Ley de Caducidad era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó al Estado uruguayo su derogación.

A pesar del fuerte fallo de la Corte, lamentamos que Juan Gelman no haya podido ver en vida la derogación de la Ley, y tampoco que hasta la fecha Uruguay haya identificado el paradero de su nuera ni sancionado a los responsables de su desaparición.

Juan Gelman deja un valioso legado en la vida cultural del continente, pero también como figura emblemática para el movimiento de víctimas de los crímenes de las dictaduras. Su firmeza y constancia por buscar la verdad y la justicia seguirán inspirando los esfuerzos de muchas personas en la región.

Destitución del Alcalde Gustavo Petro vulnera los derechos políticos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Autoridad disciplinaria no puede socavar el pluralismo y la democracia

El 9 de diciembre de 2013, el señor Gustavo Petro Urrego, Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación mediante una decisión administrativa (no judicial), que además lo inhabilita durante 15 años para la función pública, por presuntas irregularidades en las que habría incurrido al cambiar el manejo de recolección de las basuras de la ciudad en diciembre de 2012.

Mié, 15/01/2014

El 9 de diciembre de 2013, el señor Gustavo Petro Urrego, Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación mediante una decisión administrativa (no judicial), que además lo inhabilita durante 15 años para la función pública, por presuntas irregularidades en las que habría incurrido al cambiar el manejo de recolección de las basuras de la ciudad en diciembre de 2012.

La privación del ejercicio de los derechos políticos del señor Petro no se ajusta a los requisitos legales mínimos para la restricción legítima de los derechos previstos en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni a la jurisprudencia de los órganos de protección del sistema interamericano. Dicha decisión impacta asimismo de manera directa los derechos políticos de miles de ciudadanas y ciudadanos que lo eligieron como alcalde.

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han fijado lineamientos que deben servir de guía para interpretar el alcance de los derechos políticos en los Estados. En virtud del Control de Convencionalidad, estos lineamientos vinculan a los diversos actores estatales –entre otros, los administrativos y judiciales-- encargados de la tutela de los derechos fundamentales. En esencia, la Corte sostuvo la importancia del derecho a elegir y ser elegido, al acceso a un control judicial para la garantía de los derechos políticos, así como la relevancia de una actuación rápida, sencilla y oportuna de la justicia para dirimir los asuntos electorales, en su pionera sentencia en el caso Yatama vs. Nicaragua. Adicionalmente, rescató la relevancia de un debate público plural en su sentencia de Cepeda vs. Colombia.

Más aun, en el caso López Mendoza vs. Venezuela, la Corte Interamericana interpreta el derecho a la participación política previsto en el artículo 23 de la Convención Americana que garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho de “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. En esa decisión, ella sostuvo que: “[e]l artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1 [que consagra los derechos políticos]”. Y concluyó que “una restricción impuesta por vía de sanción", debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso penal”. Sujetando, de esta manera, la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos políticos de un cargo de elección popular a la determinación judicial de una sanción en un proceso penal.

A la luz de estas decisiones de la Corte Interamericana la destitución del alcalde Petro por la Procuraduría es arbitraria pues restringe su derecho sin que pese en su contra una sanción penal. Ella vulnera asimismo los derechos de importantes sectores del electorado que ven cercenados sus derechos políticos con la remoción del Alcalde que votaron en elección popular.

Por ello, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) urge al Estado colombiano, y en especial a sus autoridades administrativas y judiciales, a tomar las medidas necesarias para rectificar de manera efectiva y oportuna la decisión adoptada y garantizar plenamente los derechos políticos en Colombia.

 

Información adicional

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 23 reconoce los derechos políticos, en los siguientes términos:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

A su vez sostiene en el artículo 23.2. que:  La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Ver versión en portugués

ONGs se suman al pronunciamiento de la Coalición por cierre de Fundación Pachamama

  • Suman más de 9,000 las firmas contra el cierre de Pachamama ordenado por el gobierno de Ecuador

Costa Rica, lunes 9 de diciembre del 2013. Las organizaciones firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas que trabajamos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como otras organizaciones aliadas, mostramos nuestra preocupación y rechazo frente al cierre arbitrario de la Fundación Pachamama por parte del gobierno ecuatoriano.

Este pronunciamiento se suma a los de otras numerosas organizaciones, y a más de 9,000 personas en todo el mundo que han firmado la petición de Avaaz en rechazo a la medida del gobierno ecuatoriano.

Jue, 05/12/2013

CIERRE ARBITRARIO DE FUNDACIÓN PACHAMAMA EN ECUADOR PREOCUPA A COALICIÓN

Costa Rica, lunes 9 de diciembre del 2013. Las organizaciones firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas que trabajamos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como otras organizaciones aliadas, mostramos nuestra preocupación y rechazo frente al cierre arbitrario de la Fundación Pachamama por parte del gobierno ecuatoriano.

Este pronunciamiento se suma a los de otras numerosas organizaciones, y a más de 9,000 personas en todo el mundo que han firmado la petición de Avaaz en rechazo a la medida del gobierno ecuatoriano.

El 4 de diciembre de 2013, la Policía se presentó en las oficinas de la Fundación Pachamama en la ciudad de Quito, y procedió a clausurar las instalaciones de la organización, informando en ese mismo instante de una Resolución del Ministerio de Ambiente que decide disolver la organización.

La decisión se tomó de manera arbitraria, en tan sólo un día, y sin seguir las reglas mínimas del debido proceso legal.

El Ministerio invocó el artículo 26 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, conocido como Decreto 16, por el que se prevé como causal de disolución “desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida la organización”, y “dedicarse a actividades de política partidista (…), de injerencia en políticas públicas que atente contra la seguridad interna o externa del Estado, que afecten la paz pública”.

El Ministerio de Ambiente señala que dichas causales aplican a la Fundación Pachamama, por haber participado en una manifestación en contra de la XI Ronda Petrolera, en la que supuestamente habrían tenido lugar actos de agresión contra autoridades internacionales. Sin embargo, la decisión no ofrece sustento probatorio alguno. La Fundación Pachamama, que efectivamente participó en la protesta contra la XI Ronda Petrolera, ha negado categóricamente su participación en ningún acto violento, por lo que el cierre se percibe como un acto de represalia por su posición.

La emisión del Decreto 16 fue cuestionada por diversas organizaciones de la sociedad civil y actualmente enfrenta varias acciones de inconstitucionalidad, no sólo por lo cuestionable de sus disposiciones, sino también por el alto margen de discrecionalidad que deja en el tratamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Así, su aplicación al caso concreto adolece de vicios jurídicos graves. La decisión se tomó sin que hubiera un expediente administrativo abierto contra la organización, sin informar previamente a la organización de las acusaciones y darle la oportunidad de controvertirlas, y sin sustentar fáctica y probatoriamente las alegaciones.

Recordamos al Estado del Ecuador que, de acuerdo a la “Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores”, “toda persona tiene el derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y la libertades fundamentales”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que los Estados deben garantizar que los órganos competentes para el registro y disolución de organizaciones no cuenten “con un amplio margen de discrecionalidad, ni con disposiciones que tengan un lenguaje vago o ambiguo que genere el riesgo de que la norma sea interpretada para limitar el ejercicio del derecho de asociación”.

Por lo anterior, mostramos nuestra preocupación y solicitamos enérgicamente al Estado ecuatoriano que reconsidere su decisión y garantice a la brevedad que la Fundación Pachamama pueda seguir con su labor de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, con las garantías para ello.

Organizaciones firmantes:

Amazon Watch, organización internacional

Amnistía Internacional, organización internacional

Comisión Internacional de Juristas, organización internacional

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), organización regional

Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos, regional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), organización regional

Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Argentina

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Argentina

Conectas Direitos Humanos, Brasil

Servicio Paz y Justicia, (SERPAJ), Brasil

Carlos Rodríguez Mejía, defensor de derechos humanos y profesor universitario, Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia

Alianza por tus Derechos, Costa Rica

Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI, Costa Rica

Observatorio Ciudadano, Chile

Sergio Fuenzalida B., Coordinador del Programa de Derechos Humanos, Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Chile

Fernanda Carrera Toscano, Periodista, Ecuador

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeon Cañas” (IDHUCA), El Salvador

Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Estados Unidos

Washington Office on Latin America, Estados Unidos

Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia –SEDEM, Guatemala

Fundación Myrna Mack, Guatemala

Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Honduras

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C, México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., México

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC), México

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México

Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C, Litiga OLE, México

Red por los derechos de la infancia en México #REDIM, México

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua

Movimiento Autónomo de Mujeres –MAM, Nicaragua

AGORA Espacio Civil, Paraguay

Tierra Viva, Paraguay

Servicio Paz y Justicia, (SERPAJ), Paraguay

Asociación de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC), Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Centro de Derechos y Desarrollo, CEDAL, Perú

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Perú

Comisión de Justicia Social de la diócesis de Chimbote, Perú.

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Perú

Instituto Promoviendo Desarrollo Social, Perú

Paz y Esperanza, Perú

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, capítulo peruano, Perú

Acción Solidaria en VIDH/Sida, Venezuela

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela

CIVILIS Derechos Humanos, Venezuela

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Espacio Público, Venezuela

Laboratorio de Paz de Caracas, Venezuela

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil, Venezuela

 

CEJIL condena ataque y destrucción de archivos de Pro-Búsqueda en El Salvador

San José, sábado 16 de noviembre del 2013- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena vehementemente el ataque perpetrado contra la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, así como la quema y destrucción de archivos que pertenecían a dicha organización.

El ataque ocurrió la madrugada de este jueves en las instalaciones de Pro-Búsqueda ubicadas en la colonia Buenos Aires, San Salvador. Según denunció la organización, tres atacantes robaron varias de sus computadoras e incendiaron parte de los documentos jurídicos, así como amenazaron a las personas presentes a la hora del ataque.

 

Dom, 17/11/2013

Monumento a la Memoria y la Verdad, El SalvadorSan José, sábado 16 de noviembre del 2013- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena vehementemente el ataque perpetrado contra la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, así como la quema y destrucción de archivos que pertenecían a dicha organización.

El ataque ocurrió la madrugada de este jueves en las instalaciones de Pro-Búsqueda ubicadas en la colonia Buenos Aires, San Salvador. Según denunció la organización, tres atacantes robaron varias de sus computadoras e incendiaron parte de los documentos jurídicos, así como amenazaron a las personas presentes a la hora del ataque.

CEJIL insta a las autoridades competentes de El Salvador a investigar a profundidad lo sucedido y determinar la responsabilidad penal correspondiente, además les exhortamos a tomar las medidas de seguridad que correspondan a favor del personal de Pro búsqueda con la finalidad de que se eviten nuevos ataques en su contra.

Honduras no protege a los defensores y defensoras de derechos humanos

Washington DC, miércoles 30 de octubre del 2013.-El Estado de Honduras no cumple con la implementación de medidas de protección a favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) que se encuentran en una situación de riesgo. Por ello, el pasado lunes 28 de octubre, representantes estatales comparecieron a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de Washington, D.C.

Dicha audiencia fue solicitada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Protección Internacional (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Mié, 30/10/2013

Audiencia temática ante la CIDH sobre medidas cautelares a defensores y defensoras de derechos humanos de HondurasWashington DC, miércoles 30 de octubre del 2013.-El Estado de Honduras no cumple con la implementación de medidas de protección a favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) que se encuentran en una situación de riesgo. Por ello, el pasado lunes 28 de octubre, representantes estatales comparecieron a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de Washington, D.C.

Dicha audiencia fue solicitada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Protección Internacional (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Las organizaciones participantes denunciaron la inefectividad de las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, luego de las múltiples deficiencias enfrentadas por las personas beneficiarias y de la continuación de amenazas en su contra. Asimismo, se presentaron observaciones puntuales que engloban las diversas limitaciones y lagunas que contiene el proyecto de ley denominado “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, pendiente de aprobación por el Congreso Nacional desde agosto del 2013. Finalmente se resaltaron casos que ilustran los riesgos que hasta la fecha continúan enfrentando las y los defensores en Honduras. Entre ellos, se destacó el reciente asesinado de Manuel de Jesús Varela Murillo, quien era beneficiario de medidas de protección.

Las autoridades se refirieron a los supuestos esfuerzos por proteger e investigar los delitos en contra de este grupo en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, preocupa a las organizaciones la reciente decisión del Fiscal General de la República, de desarticular la Fiscalía Especial de Derechos Humanos mediante el traslado de los fiscales John César Mejía, Rosa Seaman y Edy Tábora, quienes venían dando atención a la situación de los defensores y defensoras.

Al finalizar la audiencia, las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades estatales para que someta el citado proyecto a un diálogo amplio, participativo y transparente, y de esta manera se establezca un mecanismo que efectivamente proteja a los defensores y defensoras de derechos humanos. Además se solicitó a la CIDH realizar una visita a Honduras paraverificar la situación de riesgo denunciado, y realizar las recomendaciones que correspondan.

 

CEJIL llama a los Estados Unidos a implementar los estándares de los derechos humanos en la reforma migratoria en una audiencia pública de la CIDH

Washington, DC, 28 octubre del 2013.- Esta tarde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompañó a una coalición de abogados especializados en migración, ONGs, clínicas de derecho, sindicatos y miembros de comunidades inmigrantes afectadas directamente para pedir a los Estados Unidos que cumpla sus obligaciones internacionales a través de una reforma integral de inmigración en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

CEJIL solicitó que la Comisión Interamericana incluya sus estudios integrales  en su informe anual y que cree un informe temático, realice una visita in situ para monitorear las políticas de detención y deportación, y monitoree el impacto de los desarrollos legislativos y administrativos sobre los derechos de los migrantes con un enfoque transversal de derechos humanos, teniendo en cuenta los derechos de las familias migrantes, los niños, las mujeres, los trabajadores, y los migrantes LGBTI.

Mar, 29/10/2013

Audiencia ante la CIDH sobre migraciónWashington, DC, 28 octubre del 2013.- Esta tarde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompañó a una coalición de abogados especializados en migración, ONGs, clínicas de derecho, sindicatos y miembros de comunidades inmigrantes afectadas directamente para pedir a los Estados Unidos que cumpla sus obligaciones internacionales a través de una reforma integral de inmigración en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

CEJIL solicitó que la Comisión Interamericana incluya dichos estudios integrales en su informe anual y que cree un informe temático, realice una visita in situ para monitorear las políticas de detención y deportación, y monitoree el impacto de los desarrollos legislativos y administrativos sobre los derechos de los migrantes con un enfoque transversal de derechos humanos, teniendo en cuenta los derechos de las familias migrantes, los niños, las mujeres, los trabajadores, y los migrantes LGBTI.

En el 2010, CEJIL ganó una sentencia favorable de la Comisión en el caso Wayne Smith and Hugo Armendariz, que requirió a los Estados Unidos reformar sus leyes para tomar en consideración a la familia y los lazos comunitarios en los procesos de deportación. Así mismo, la CIDH pronunció un número de recomendaciones detalladas sobre la detención de inmigrantesy el debido proceso en el 2010.  Los Estados Unidos todavía no ha cumplido con estas recomendaciones.

“La falta del gobierno de los Estados Unidos de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos resulta actulmente en las violaciones más generalizadas de los derechos de las familias migrantes, niños, y comunidades.  Los Estados Unidos debe aprovechar esta oportunidad histórica y cumplir por fin con los estándares internacionales de los derechos humanos en la reforma integral de inmigración,” indicó Francisco Quintana, Director de CEJIL del Programa para la Región Andina, Norteamericana y el Caribe. “Pero hay un número de medidas administrativas que Estados Unidos puede - y debe – tomar inmediatamente para garantizar los derechos humanos de las familias migrantes y niños, incluyendo la incorporación de las normativas de los derechos humanos en sus directrices administrativas para los responsables de la toma de decisiones en procesos de inmigración, como hemos delineado en nuestros informes.”

En la audiencia, CEJIL fue acompañado por una coalición de amplia base de representantes de AFL-CIO, Gibbs Houston Pauw, Stanford Immigration Rights Clinic, Boston College Post-Deportation Human Rights Project, the National Day Labor Organizing Network (NDLON), Immigration Equality, Advocates for Human Rights, the New Orleans Workers’ Center for Racial Justice, and the Boston University Law Clinic así como otros defensores de derechos humanos de coaliciones religiosas.

CEJIL denunciará violaciones de derechos humanos a grupos en situación de vulnerabilidad en las Américas

Ocho audiencias temáticas ante la CIDH permitirán discutir la situación de las personas detenidas, mujeres, defensores/as, refugiados, trans, entre otros.

Washington DC, domingo 27 de octubre del 2013- Desde el lunes 28 de octubre del 2013, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en ocho diferentes audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con decenas de organizaciones de derechos humanos de todo el continente americano.

En relación con los objetivos de estas audiencias, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL declaró que “se pretende visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran poblaciones como las mujeres, las personas detenidas en Guantánamo, los/as refugiados, las personas trans, los/as defensores de derechos humanos, entre otros; con el objetivo de llamar la atención de los Estados americanos para que aborden estas problemáticas y tomen acciones prontas para garantizar sus derechos”.

Dom, 27/10/2013

Washington DC, domingo 27 de octubre del 2013- Desde el lunes 28 de octubre del 2013, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en ocho diferentes audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con decenas de organizaciones de derechos humanos de todo el continente americano.

En relación con los objetivos de estas audiencias, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL declaró que “se pretende visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran poblaciones como las mujeres, las personas detenidas en Guantánamo, los/as refugiados, las personas trans, los/as defensores de derechos humanos, entre otros; con el objetivo de llamar la atención de los Estados americanos para que aborden estas problemáticas y tomen acciones prontas para garantizar sus derechos”.

Las audiencias temáticas forman parte del período ordinario de sesiones 149 de dicha entidad.

Entre los temas a tratar se incluyen:

  • Detención de las personas en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo. (Lunes 28 de octubre, 9:00- 10:00 EST).
  • Derechos humanos de las persona migrantes en Estados Unidos y la reforma legislativa. (Lunes 28 de octubre 14:00-15:00 EST).
  • Situación de defensores de derechos humanos en Guatemala. (Lunes 28 de octubre, 11:30-12:20 EST).
  • Cumplimiento con medidas cautelares en Honduras. (Lunes 28 de octubre, 17:45-18:45 EST).
  • Denuncias de violencia contra personas trans en El Salvador. (Martes 29 de Octubre, 9:00-10:00 EST)
  • Situación de violencia contra las mujeres en las Américas. (Martes 29 de Octubre, 15:15-16:15 EST)
  • Denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por la Policía en Nicaragua. (Martes 29 de Octubre, 17:45-18:46 EST)
  • Situación de derechos humanos de los refugiados en las Américas. (Jueves 31 de octubre, 15:15-16:15)

 

 

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