Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Defensores Colombianos de Derechos Humanos Siguen Sufriendo Amenazas, Ataques, Acoso y Escuchas Ilegales Bajo el Gobierno de Santos en Colombia

El 10 de mayo, Kimberly Ann Stanton, ciudadana de Estados Unidos y esposa del abogado de derechos humanos, Rafael Barrios del Consejo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), y ex subdirectora de la Washington Office on Latin America (WOLA) recibió en su teléfono móvil una grabación de una conversación privada que tuvo con Barrios, mientras se encontraban en el auto proveído para la protección del Sr. Barrios por el programa de protección del gobierno colombiano. El mensaje de voz fue precedido por numerosas llamadas a su teléfono desde un teléfono móvil en Turbo, Antioquia. Una vez recibida la queja, la oficina del Fiscal General encontró un micrófono después de examinar el automóvil.

Mié, 25/05/2011

Pese a bienvenidas promesas en la mejora de los derechos humanos por parte de la administración de Santos, que asumió el cargo en agosto del 2010, defensores de derechos humanos en Colombia continúan sufriendo amenazas, ataques, acoso, entradas forzadas a sus casa y oficinas, y escuchas ilegales. Dos incidentes recientes que involucran a líderes de defensores de los derechos humanos ilustran cuán peligrosa es la situación.

El 10 de mayo, Kimberly Ann Stanton, ciudadana de Estados Unidos y esposa del abogado de derechos humanos, Rafael Barrios del Consejo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), y ex subdirectora de la Washington Office on Latin America (WOLA) recibió en su teléfono móvil una grabación de una conversación privada que tuvo con Barrios, mientras se encontraban en el auto proveído para la protección del Sr. Barrios por el programa de protección del gobierno colombiano. El mensaje de voz fue precedido por numerosas llamadas a su teléfono desde un teléfono móvil en Turbo, Antioquia. Una vez recibida la queja, la oficina del Fiscal General encontró un micrófono después de examinar el automóvil.

El 7 de abril, CCAJAR había devuelto algunas de las medidas de protección provistas por el gobierno, aquellas administradas por la agencia de inteligencia DAS, ya que de acuerdo con el Sr. Barrios “habíamos descubierto que el programa de protección para CCAJAR estaba siendo usado en contra nuestra”. Sin embargo, CCAJAR mantuvo el plan de protección provisto por el Ministerio de Justicia, incluyendo el automóvil que el Sr Barrios estaba utilizando para su protección, donde fue encontrado el micrófono.

Este evento tiene lugar en un contexto muy tenso debido al trabajo que CCAJAR lleva a cabo en la actualidad. Por un lado, los abogados de CCAJAR representan víctimas ante las cortes nacionales en el caso contra agentes del DAS por vigilar ilegalmente a civiles, incluyendo a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición. Por otra parte, CCAJAR también representa a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por altos oficiales militares. Hace apenas unas semanas, se emitió una sentencia condenando al General Arias Cabrales a 35 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas, todas representadas por CCAJAR, en el caso del Palacio de Justicia.

Esa misma semana, individuos forzaron la entrada de la casa de Danilo Rueda, destacado defensor de los derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), su computadora fue manipulada y dos USBs fueron robados. Los USBS contenían información sensible relacionada al caso Operación Génesis, una operación conjunta de militares y paramilitares realizada en el Chocó en 1996-7 y cuyas víctimas de descendencia africana son representadas por CIJP en una demanda contra el retirado General Rito Alejo del Rio.

El Sr. Rueda y otros miembros del equipo de CIJP son víctimas del caso de  escuchas ilegales del DAS. Este robo es el más reciente en una preocupante serie de incidentes de seguridad.

En abril, el personal de CIJP viajaba por Bogotá en autos blindados provistos por el programa de protección del gobierno cuando fueron seguidos por unos individuos sospechosos. El auto que llevaba a cuatro hombres siguió al Sr. Rueda hasta su hogar y se detuvo frente al apartamento del Sr. Rueda, donde uno de los hombres tocó el timbre. Al no haber respuesta se marcharon. El 1 de abril, Gisela Cañas, una abogada de CIJP, recibió un mensaje de texto con la siguiente amenaza de muerte: “Escucha Gisela perra sangrienta…sabemos dónde te encuentras y te vamos a matar por estar defendiendo cosas tontas. Tienes 48 horas para salir del país.”

Justicia y Paz, una organización religiosa, provee acompañamiento legal y físico a comunidades de descendencia afrocolombiana, indígenas, campesinos, y desplazados y víctimas en varias regiones de conflicto de Colombia, incluyendo el Chocó, Valle del Cauca, Sucre y Putumayo. La entrada forzada a la casa del Sr. Rueda y más recientemente a la oficina de Justicia y Paz en Curvaradó indican que tanto el Sr. Rueda como el personal corren peligro.

Nos unimos a estos defensores de derechos humanos y sus organizaciones en el llamado al gobierno colombiano a: prontamente investigar y castigar estas amenazas, robos, entradas y escuchas ilegales; a mejorar las medidas de protección tal  como lo solicitaron los grupos afectados; y a poner un final de una vez y por todas a las escuchas ilegales. La administración de Santos no sólo debe promover el lenguaje de los derechos humanos sino tomar medidas efectivas para garantizar el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, lo cual  es esencial para garantizar la libertad de expresión y una sociedad democrática. Junto con el gobierno estadounidense, le damos la bienvenida al mejorado discurso de derechos humanos adoptado por el Presidente Santos, pero el gobierno de Estados Unidos debe insistir en que la investigación y castigo de estos casos, el fortalecimiento de programas de protección, y la descontinuación de las acciones de inteligencia ilegales sean efectivos y produzcan resultados concretos.

Para mas información contacte a:

Gimena Sánchez-Garzoli, Washington Office on Latin America, (202) 546-7070, cell (202) 489-1702, gsanchez@wola.org

Lisa Haugaard, Latin America Working Group, lisah@lawg.org

Viviana Krsticevic, Center for Justice and International Law, vkrsticevic@cejil.org

Abigail Poe, Center for International Policy, abigail@ciponline.org

 

CEJIL sigue consternado por violencia contra población LGBTTI en las Américas

Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia

San José y Washington DC, 17 de mayo del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconoce los avances recientes en materia de derechos civiles de las personas lesbianas, gays, bisexuales, “trans”, travestis e intersexo (LGBTTI) en las Américas. No obstante, se siguen vulnerando impunemente los derechos a la vida, a la integridad personal, a la no discriminación y a la libertad de este grupo en la región.

Mar, 17/05/2011

San José y Washington DC, 17 de mayo del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconoce los avances recientes en materia de derechos civiles de las personas lesbianas, gays, bisexuales, “trans”, travestis e intersexo (LGBTTI) en las Américas. No obstante, se siguen vulnerando impunemente los derechos a la vida, a la integridad personal, a la no discriminación y a la libertad de este grupo en la región.

En octubre de 2010, CEJIL y otras organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estos crímenes específicamente en Honduras y Brasil.

CEJIL alertó, en particular, sobre el aumento de los asesinatos en contra de personas “trans” (transgénero y transexuales) en Honduras. El 17 de enero ocurrió el último homicidio denunciado de una persona de la comunidad LGBTTI en ese país. El mismo elevó a 34 el número de asesinatos de este tipo desde junio del 2009 –según las cifras más conservadoras. A pesar de la magnitud del fenómeno, el Estado hondureño ha dejado que estos crímenes de odio permanezcan en la impunidad.

Mientras tanto, Brasil carece de datos oficiales sobre este tema, pero ONGs locales han registrado 260 asesinatos de personas gays, travestis y lesbianas en el 2010, además de 65 homicidios contra homosexuales, solo en los tres primeros meses del 2011. La discriminación y violencia motivadas por el odio a la que están sujetos los travestis, transexuales y transgéneros en Brasil fue denuncia ante la CIDH en octubre pasado. En ese entonces, CEJIL expresó que los principios generales de igualdad y no discriminación son reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por lo tanto, plenamente aplicables a las demandas de la población “trans”.

En el Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia, CEJIL reconoce que algunos países del continente han adoptando pasos importantes tendientes al reconocimiento de los derechos de este grupo social. En particular, la Corte Suprema de Justicia brasileña aprobó, el pasado 5 de mayo, la unión civil entre personas del mismo sexo, lo cual refleja una apertura con respecto a los derechos civiles de las personas LGBTTI.

No obstante, la organización urge a todos los Estados del continente para que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, protejan a este grupo contra actos de violencia e injerencias arbitrarias e ilegítimas en sus vidas y les permitan el pleno desarrollo de sus capacidades en condiciones de igualdad.

CEJIL condena el asesinato de otro periodista en Honduras

Otros 10 comunicadores han sido asesinados en este país en los últimos 14 meses

San José, 13 de mayo del 2011. CEJIL repudia el asesinato del periodista hondureño Héctor Francisco Medina Polanco, quien fue baleado por desconocidos la noche del martes 10 de mayo cuando salía de las instalaciones del canal Omega Visión, en el municipio de Morazán, departamento de Yoro. El comunicador había recibido en días anteriores amenazas de muerte vinculadas con las denuncias que publicaba en un noticiario televisivo del cual también era coordinador.

Vie, 13/05/2011

San José, 13 de mayo del 2011. CEJIL repudia el asesinato del periodista hondureño Héctor Francisco Medina Polanco, quien fue baleado por desconocidos la noche del martes 10 de mayo cuando salía de las instalaciones del canal Omega Visión, en el municipio de Morazán, departamento de Yoro. El comunicador había recibido en días anteriores amenazas de muerte vinculadas con las denuncias que publicaba en un noticiario televisivo del cual también era coordinador.

El crimen contra Héctor Francisco Medina se suma a los de otros diez comunicadores sociales que han sido víctimas de homicidio en Honduras durante los últimos 14 meses. El periodista era investigador y vocero de denuncias contra los abusos cometidos por policías, políticos y empresarios de la zona.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional se ha pronunciado enérgicamente en varias ocasiones sobre la inseguridad en la que ejercen su oficio los profesionales de la comunicación en este país, así como contra la impunidad en la cual se encuentran tanto los asesinatos de periodistas como los hostigamientos y amenazas de los que son víctimas en forma cotidiana.

En marzo pasado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó, en su informe anual, que esta impunidad “genera un efecto inhibitorio generalizado que limita la libertad de expresión de los ciudadanos, el derecho de éstos a acceder a información y la riqueza y el vigor del debate público”.

CEJIL urge a las autoridades hondureñas para que identifiquen, juzguen y sancionen a los autores del crimen contra Héctor Francisco Medina, así como a los responsables de las agresiones en contra de comunicadores sociales y defensores de los derechos humanos, que se han intensificado en los últimos meses. Asimismo, CEJIL insta al Estado para que, de una vez por todas, genere las condiciones adecuadas para que los periodistas puedan ejercer su libertad de expresión en forma segura.

CIDH ordena a Honduras proteger a ex comisionado de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana determinó que Leo Valladares Lanza y su esposa corren un riesgo inminente

San José, 9 de mayo del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Honduras, el pasado 26 de abril, adoptar medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física de Leo Valladeres Lanza y su esposa Daysi Pineda Madrid. La solicitud de medidas cautelares fue realizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Lun, 09/05/2011

San José, 9 de mayo del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Honduras, el pasado 26 de abril, adoptar medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física de Leo Valladeres Lanza y su esposa Daysi Pineda Madrid. La solicitud de medidas cautelares fue realizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Leo Valladares ha sido víctima de hostigamientos desde el mes de febrero pasado. El defensor de los derechos humanos y su esposa han recibido llamadas anónimas e intimidatorias a su casa. Asimismo, él fue amenazado públicamente desde una emisora oficial y ha sido vigilado desde vehículos estacionados en la vía pública. El 28 de marzo pasado, Valladares se percató de que sujetos desconocidos habían forzado la entrada a su oficina y revisaron sus archivos de trabajo.

Las amenazas contra el defensor de los derechos humanos empezaron después de que participó en un programa televisivo de difusión nacional en el que criticó la participación de las fuerzas armadas hondureñas en el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales. Asimismo, en esa ocasión objetó la incorporación posterior de varios oficiales del Ejército –involucrados en la expulsión de Zelaya– en altos puestos de instituciones civiles del Estado.

Leo Valladares ha sido un tenaz defensor de las garantías fundamentales en Honduras, país en el que ocupó el puesto de Comisionado Nacional de Derechos Humanos entre 1992 y el 2002. Actualmente es Director Ejecutivo de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) y también trabaja en proyectos relacionados con el monitoreo del gasto público y de la corrupción en su país.

Además de garantizar la vida y la integridad física del defensor de los derechos humanos y de su esposa, la Comisión Interamericana ordenó al Estado adoptar “las medidas necesarias a fin de garantizar que el señor Leo Valladares continúe ejerciendo su actividad de defensa y promoción de los derechos humanos en condiciones de seguridad”. Asimismo, Honduras debe investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas disposiciones de protección en primer lugar.

Estos sucesos son una muestra del ambiente de riesgo en el que deben ejercer su labor los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, cuya gravedad se ha intensificado a partir del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009. Ante ese escenario adverso, la Comisión Interamericana ha emitido una diversidad de medidas cautelares que protegen a más de doscientas personas.

El COFADEH y CEJIL deploran los hostigamientos recibidos por Leo Valladares y su esposa Daysi Pineda y urgen al Estado hondureño a acatar sin demora las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

CEJIL condena las amenazas contra la prensa que siguen en el continente americano

Día Mundial de la Libertad de Prensa

Washington, DC y San José- 3 de mayo de 2011. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por la censura e inseguridad que enfrentan muchos comunicadores al ejercer su labor en las Américas. En los últimos meses, CEJIL ha conocido numerosos casos en los cuales la libertad de expresión ha sido gravemente amenazada.

Mar, 03/05/2011

Washington, DC y San José- 3 de mayo de 2011. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por la censura e inseguridad que enfrentan muchos comunicadores al ejercer su labor en las Américas. En los últimos meses, CEJIL ha conocido numerosos casos en los cuales la libertad de expresión ha sido gravemente amenazada.

Uno de los fenómenos más preocupantes es la impunidad en la que se encuentran los ataques contra periodistas en Honduras. Al menos nueve comunicadores fueron asesinados durante el 2010 en ese país, según datos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la gran mayoría de estos crímenes no han sido debidamente investigados ni castigados.

Nahúm Palacios, uno de los periodistas asesinados en ese país, contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no fueron implementadas adecuadamente por el Estado. A lo largo de 2010, la CIDH había otorgado esta medida de protección a 24 personas amenazadas en Honduras por el ejercicio de su libertad de expresión y, recientemente el 18 de abril, la Comisión ordenó esta medida para los comunicadores de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande debido a las agresiones, amenazas e intimidaciones que han enfrentado.

Por otra parte, CEJIL ha visto con preocupación los hostigamientos que han recibido diversos medios de comunicación y periodistas en Nicaragua. En marzo de este año, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) solicitó ante la CIDH medidas cautelares a favor del periodista Luis Galeano. Este fue amenazado de muerte cuando se anunció que publicaría una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción en el Consejo Superior Electoral de ese país.

En Panamá, CEJIL condenó las acciones estatales que obligaron a abandonar el país por medio de una “repatriación voluntaria” al periodista español Paco Gómez Nadal y a su pareja, Pilar Chato Carral, después de que fuerzas estatales de seguridad los detuvieran irregularmente el pasado 26 de febrero. Nadal es defensor de los derechos de los pueblos indígenas y era columnista del diario local La Prensa, desde donde lanzaba fuertes críticas contra el Gobierno.

Asimismo, en diciembre de 2010, Carlos Correa, Director Ejecutivo de la ONG Espacio Público y defensor de la libertad de expresión en Venezuela fue agredido físicamente cuando se dirigía hacia la Asamblea Nacional para presentar su posición frente a posibles reformas que limitarían la libertad de expresión y opinión en ese país.

CEJIL condena estos hechos, que representan sólo una muestra de las diversas violaciones a la libertad de expresión que sufren los profesionales en el continente e urge a los Estados para que respeten la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la cual son signatarios.

Más información:

Constataciones de la misión internacional sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en julio de 2009.

Testimonio de CEJIL ante el Congreso de Estados Unidos sobre las agresiones a periodistas en Honduras el 16 de junio de 2010.

CEJIL condena asesinato de Javier Torres Cruz, defensor ambiental en Guerrero

México debe establecer mecanismo para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos

San José, 28 de abril de 2011. CEJIL se suma a las condenas por el asesinato de Javier Torres Cruz, integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). El hecho revela una vez más el estado de desprotección en el que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos en México, y hace más urgente la necesidad de establecer un mecanismo para garantizar su protección efectiva.

Jue, 28/04/2011

San José, 28 de abril de 2011. CEJIL se suma a las condenas por el asesinato de Javier Torres Cruz, integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). El hecho revela una vez más el estado de desprotección en el que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos en México, y hace más urgente la necesidad de establecer un mecanismo para garantizar su protección efectiva.

Javier Torres Cruz fue asesinado el 18 de abril pasado en las cercanías de su comunidad La Morena, en el municipio de Petatlán, en el Estado de Guerrero. Desde diciembre de 2008, existía una solicitud de medidas cautelares pendiente de ser resuelta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de él y su familia. La CIDH había solicitado información sobre el asunto en reiteradas oportunidades al Gobierno.

A partir del 2007, Javier Torres Cruz y varios de sus familiares habían sido víctimas de amenazas, hostigamientos y atentados. Estas agresiones eran de conocimiento de las autoridades mexicanas, pero ni ellas fueron investigadas de modo apropiado ni se les proveyeron medidas de protección adecuadas.

Ante el asesinato de Javier Torres, CEJIL hace un llamado al Estado mexicano para que proteja inmediatamente a sus familiares, quienes corren un peligro inminente. Asimismo, insta a las autoridades correspondientes para que investiguen exhaustivamente este hecho y procesen y sancionen a los responsables.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, señaló: “El asesinato de Javier Torres evidencia la situación de riesgo y desprotección en que se encuentran los defensores y defensoras en México. Como hemos visto durante el último año, la situación es particularmente alarmante en Guerrero donde la propia Corte Interamericana ha intervenido requiriendo la tutela de la vida de otros activistas. Ahora bien, una vez que el Gobierno es alertado de la existencia de un riesgo tiene la responsabilidad de garantizar la vida y la libertad de trabajar de los defensores y defensoras de derechos humanos. Las actitudes omisas también acarrean responsabilidad moral, política y jurídica por las muertes prevenibles. Es impostergable que el presidente Calderón asuma una política pública que refleje su comprensión y respeto por la labor de los y las defensores de derechos humanos; es por ello que insistimos en la creación de un mecanismo de protección a nivel federal”.

En este sentido, recordamos que en octubre de 2010, en audiencia ante la CIDH, el Estado mexicano reconoció la necesidad de entablar el diálogo con la sociedad civil sobre la instauración de un mecanismo de protección de defensores y defensoras, durante una audiencia específica impulsada por ONG mexicanas. Sin embargo, el Gobierno no ha avanzado en esa dirección.

Hechos como el asesinato de Javier Torres Cruz denotan la necesidad de que el Estado mexicano institucionalice, de una vez por todas, un mecanismo de protección adecuado y en consulta con las organizaciones de derechos humanos y con otros actores que puedan brindar asistencia técnica.

Comisión Interamericana exige que Honduras proteja a integrantes de radio comunitaria

Ante numerosos actos de hostigamiento y un intento de asesinato

San José, 26 de abril del 2011. El pasado 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas cautelares en beneficio de todos los comunicadores que conforman La Voz de Zacate Grande debido a las agresiones, amenazas e intimidaciones que han enfrentado.

Mar, 26/04/2011

San José, 26 de abril del 2011. El pasado 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas cautelares en beneficio de todos los comunicadores que conforman La Voz de Zacate Grande debido a las agresiones, amenazas e intimidaciones que han enfrentado.

La Voz de Zacate Grande es una radio comunitaria que forma parte del Movimiento por la Titulación y Recuperación de Tierras de Zacate Grande, cuyo objetivo primordial es la recuperación y titulación de las tierras de 10 comunidades.

Desde la apertura de la emisora en abril del 2010, sus integrantes han sufrido diversos actos de hostigamiento y agresiones con el objetivo de intimidar a los comunicadores, cerrar la radio y callar la voz de los pobladores sobre una problemática muy sensible. Algunos integrantes de la emisora han sido detenidos arbitrariamente por miembros de la policía y agredidos en el ejercicio de su libertad de expresión. Estos ataques han sido continuos y han subido de intensidad. El hecho más grave se dio el 13 de marzo pasado, cuando hubo un intento de asesinato en contra del Presidente de la junta administrativa de la radio, quien se salvó aunque sufrió un disparo en la pierna.

La CIDH ha solicitado al Estado de Honduras la adopción de medidas de protección urgentes en favor de los comunicadores de La Voz de Zacate Grande con el fin de garantizar su vida e integridad física. Estas medidas cautelares fueron solicitadas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC ALC), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Asimismo, la Comisión Interamericana requirió que la implementación de las mismas sea debidamente consensuada con las personas beneficiarias y que el Estado informe sobre los avances adoptados en la investigación de los hechos denunciados. La CIDH puso un límite de 20 días para la presentación de información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y solicitó que estos informes sean actualizados periódicamente.

La actuación de la CIDH pone en evidencia el riesgo en el que aún se encuentran los comunicadores en Honduras. Por ello, AMARC ALC, COFADEH y CEJIL exhortan al Estado de Honduras a cumplir con lo dispuesto por la Comisión Interamericana para proteger efectivamente a los comunicadores de La Voz de Zacate Grande. Además, las autoridades competentes deben investigar seria y exhaustivamente los hechos para procesar y sancionar a los responsable y, así, evitar que este tipo de hechos se sigan repitiendo.

Las ONGs celebran creación de relatoría sobre defensores/as de derechos humanos

Esta oficina especializada de la CIDH se encargará de la protección de los/las que denuncian violaciones a los derechos humanos

Washington, DC., 4 de abril de 2011 - La CIDH anunció durante su último período de sesiones que culmino el pasado viernes, la creación de una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos. El Relator será el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana.

Mar, 05/04/2011


Washington, DC., 4 de abril de 2011 - La CIDH anunció durante su último período de sesiones que culmino el pasado viernes, la creación de una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos. El Relator será el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana.
 
El Comisionado Orozco declaró durante rueda de prensa, que la Relatoría, u oficina especializada, se crea en reacción al incremento de violaciones a los defensores/as de derechos humanos, y con la intención de hacer más visible la preocupación que ha mantenido la Comisión en esta temática. Asimismo, pretende respaldar la importante labor que realizan los defensores/as de derechos humanos, así como los operadores judiciales, que también entrarán en el mandato de la Relatoría, para hacer prevalecer el estado de derecho.
 
Las 94 organizaciones abajo firmantes (22 ONGs más la Red TDT conformada por 72 organizaciones) acogemos con gran entusiasmo la creación de la Relatoría, por cuanto ello fue expresamente solicitado en la audiencia mantenida ante la Comisión el 29 de marzo.
 
Asimismo, reiteramos nuestra preocupación por el mantenimiento del hostigamiento contra los y las defensores/as y su incremento en algunos países. En este sentido persisten los ataques por parte de actores estatales o grupos que actúan con su respaldo o tolerancia, y han aparecido nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y de empresas con intereses económicos en la región. Los y las defensores/as han sido víctimas, entre otros, de seguimiento por parte de agencias de inteligencia de los Estados, robos de información, uso indebido del derecho penal en su contra, y ataques contra su vida e integridad, y la de sus familias.
 
Ante esta realidad, confiamos en que la Relatoría contribuya a fortalecer el importante rol de la Comisión en el seguimiento y monitoreo sobre la labor de la defensa de los derechos humanos en la región.
 
Con ésta serán ya ocho las relatorías de la Comisión en temas tan relevantes como los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, libertad de expresión, personas privadas de libertad, afrodescendientes y discriminación racial, trabajadores migratorios, y niñez.
 


Listado de organizaciones firmantes: Amazon Watch/ Amnistía Internacional/ Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) / Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México/ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)/ Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) /Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) / Comité de Defensa integral de Derechos Humanos “Gobixha”, AC. / Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC)/Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) / Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)/ Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) / Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (IDHUCA) / Global Rights Partners for Justice/ Observatorio Ciudadano, Chile/ Peace Brigades International (PBI)/ Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) / Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) / Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) /   Washington Office on Latin America (WOLA) /
 
 
 

Guatemala debe investigar hechos de violencia sucedidos durante desalojo

Una persona muerta y varias heridas en Valle del Polochic

San José, 21 de marzo de 2011. CEJIL repudia los actos de violencia cometidos el 15 de marzo pasado, cuando la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala ejecutaron un desalojo de cientos de personas campesinas en el Valle del Polochic.

Lun, 21/03/2011

San José, 21 de marzo de 2011. CEJIL repudia los actos de violencia cometidos el 15 de marzo pasado, cuando la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala ejecutaron un desalojo de cientos de personas campesinas en el Valle del Polochic. Además de la destrucción de viviendas y de campos de cultivo, esta acción tuvo como saldo varias personas heridas y la muerte de Antonio Beb Ac, poblador de la zona.

El conflicto es un episodio más en la lucha por el uso y tenencia de tierras provocado por el desplazamiento histórico que han sufrido los pueblos indígenas y campesinos. Estos hechos suceden en el marco de una alta conflictividad social en Guatemala, la cual ha sido destacada recientemente por el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.

El clima de polarización social en Guatemala se ha agravado por un pronunciamiento reciente del Gobierno, en el cual expresó que continuaría con la ejecución inmediata de órdenes de desalojo y captura, muchas de las cuales están dirigidas contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos. En el mismo comunicado manifestó que suspendería el diálogo con las organizaciones sociales que el Gobierno considere que estuvieran ejecutando “medidas ilegales”.

Sobre este tipo de comunicados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “las manifestaciones provenientes de representantes estatales, expresadas en contextos de violencia política, fuerte polarización o alta conflictividad social, emiten el mensaje que los actos de violencia destinados a acallar a defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, cuentan con la aquiescencia del Gobierno”.

CEJIL hace un llamado vehemente al Estado Guatemalteco para que investigue exhaustivamente y de oficio la muerte violenta del señor Bed Ac y el uso de la fuerza efectuado en el Valle del Polochic. Asimismo insta a las autoridades a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas afectadas por los desalojos, así como los de los defensores y defensoras de derechos humanos del país que han denunciado estos hechos o que defienden el derecho a la tenencia y disfrute de la tierra. CEJIL exhorta a todas las autoridades a abstenerse de emitir pronunciamientos que contribuyan a una mayor polarización social.

Por último, CEJIL solicita a los órganos internacionales de protección –especialmente a la CIDH– monitorear la situación denunciada y solicitar información al Estado sobre estos hechos.

Expulsión de periodista vulnera libertad de expresión en Panamá

Comunicador español ha sido crítico del gobierno

San José, 1.° de marzo del 2011. La reciente resolución que ordena el retorno a su país del periodista español Paco Gómez Nadal representa una violación a sus garantías individuales y es una muestra de irrespeto del Estado de Panamá hacia la libre expresión y el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

Mié, 02/03/2011

San José, 2 de marzo del 2011. CEJIL lamenta la actuación de las autoridades panameñas, las cuales expulsaron al periodista español Paco Gómez Nadal y a su compañera Pilar Chato Carral el lunes pasado después de su detención irregular el sábado 26 de febrero.

Aquel día, el periodista grababa el desalojo de un grupo de indígenas ngobe que se manifestaba en la Plaza 5 de Mayo, en Ciudad de Panamá, contra la reforma al Código Minero aprobada recientemente. El comunicador y defensor de derechos humanos realizaba esta labor como miembro de la organización internacional Human Rights Everywhere. Gómez Nadal también es columnista del diario La Prensa, desde donde ha criticado frecuentemente al gobierno.

La dirección del Servicio Nacional de Migración (SNM) ordenó la detención y, posteriormente, la “repatriación voluntaria” de ambos ciudadanos españoles. No obstante, CEJIL observa con preocupación que ambas decisiones carecen de motivación.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que las decisiones que puedan afectar derechos humanos –como el derecho a la libertad personal– deben estar siempre debidamente fundamentadas. De lo contrario, el tribunal considera arbitrarias estas resoluciones. La vulneración de este criterio emitido por la Corte IDH resulta especialmente grave en el caso de Gómez Nadal y Chato Carral, pues han transcurrido menos de 3 meses desde que Panamá fue condenada por este tribunal por arbitrariedades similares cometidas por las autoridades de migración.

Asimismo, las resoluciones dictadas contra los españoles son contradictorias e inconsistentes. La dirección del SNM ordenó la detención de Gómez Nadal aunque en la misma resolución se establece que él contaba con expediente de trámite de visa y posterior permanencia definitiva en Panamá. Igualmente, pese a que su estatus legal en el país había sido establecido, se le aplicó la figura de la “repatriación voluntaria” –prevista únicamente para migrantes en situación irregular– y además se le sancionó con dos años de impedimento de entrada a Panamá.

CEJIL considera que las actuaciones del Estado panameño en este caso constituyen violaciones a la libertad de expresión que estuvieron destinadas a acallar una voz disidente y a debilitar los movimientos que reclaman derechos frente al Estado panameño. Cabe recordar que, el 4 de julio del 2010, funcionarios del SNM ya habían intentado infructuosamente expulsar a Gómez Nadal de Panamá.

Este tipo de actuaciones, además de tener un efecto directo sobre las víctimas, puede generar temor y obligar a otras personas a abstenerse de manifestar sus opiniones y hacer reclamaciones.

CEJIL solicita al Estado panameño que rectifique sus actuaciones, que investigue las violaciones sufridas por Paco Gómez Nadal y Pilar Chato Carral y que sancione a los funcionarios responsables. Finalmente le instamos a que reconozca la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos y se comprometa a crear condiciones adecuadas para que el derecho a la libertad de expresión sea ejercido sin restricciones indebidas.

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