Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

WOLA y CEJIL rechazan declaraciones del Ministro de Defensa del Perú contra los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Funcionario promueve acuerdo de "punto final y reconciliación"

Washington, D.C., 22 de setiembre del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechazamos energéticamente las declaraciones emitidas el día de ayer por parte del Ministro de Defensa del Perú Daniel Mora contra el trabajo de los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante una presentación ante el Congreso el Ministro Mora acertó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) estaban coordinando acciones para "desaparecer a las Fuerzas Armadas" y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido injustas con el Perú.

Jue, 22/09/2011

Washington, D.C., 22 de setiembre del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechazamos energéticamente las declaraciones emitidas el día de ayer por parte del Ministro de Defensa del Perú Daniel Mora contra el trabajo de los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante una presentación ante el Congreso el Ministro Mora acertó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) estaban coordinando acciones para "desaparecer a las Fuerzas Armadas" y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido injustas con el Perú.

Hace apenas dos semanas el Ministro Mora fue cuestionado por sus declaraciones en relación a los juicios actualmente en proceso contra miembros de las fuerzas del orden bajo acusaciones de violaciones contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno del Perú (1980-2000). El Ministro declaró que el Perú debería llegar a un acuerdo político de “punto final y reconciliación” para poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas militares y policiales acusados de graves violaciones a los derechos humanos. WOLA expresó su rechazo en aquella oportunidad, y lo reitera ahora, de cualquier propuesta de amnistía para militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

Durante el gobierno anterior de Alan García, hubo una campaña mediática fuerte contra los organismos de derechos humanos, particularmente los que representan a las víctimas en los procesos penales contra los acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos. En aquella época, el Ministerio de Defensa se había convertido en un verdadero obstáculo a la judicialización de los casos de violaciones a los derechos humanos. "Negaron colaborar con la justicia con documentos oficiales, y varios de los encargados de la cartera de Defensa, y especialmente el ex ministro Rafael Rey Rey, tuvieron una actitud abiertamente hostil a los organismos de derechos humanos y a las instituciones del Estado encargados de la justicia, el Ministerio Pública y el Poder Judicial", dijo Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA. "cusaron a los organismos de derechos humanos de entablar una persecución política contra las fuerzas armadas al impulsar la investigación y juzgamiento de algunos de sus miembros acusados de crímenes tan graves como la masacre de 69 campesinos de Accomarca (23 de ellos niños) o la tortura y desaparición forzada de por lo menos 54 personas del Cuartel Militar Los Cabitos durante el año 1983, casos actualmente en proceso judicial".

Con la asunción de un nuevo gobierno bajo el liderazgo de Ollanta Humala, que ha demostrado una actitud positiva en una serie de iniciativas como la firma de la Ley de Consulta Previa, se esperaba una nueva actitud frente este tema. "El gobierno de Ollanta Humala tiene la palabra", dijo Jo-Marie Burt. "El Presidente Humala no puede mantenerse en silencio frente a declaraciones del tipo que acaba de emitir el Ministro Mora, tan similares a declaraciones de ministros anteriores como Rafael Rey, que conllevan una actitud de intimidación y hostigamiento frente a los organismos de derechos humanos, cuyo labor es fundamental en cualquier sociedad democrática".

Burt señaló que el gobierno del Perú acaba de suscribir a un acuerdo internacional sobre la transparencia en el manejo gubernamental que debería aplicarse en todos los sectores, y especialmente en términos de la urgente necesidad de abrir los archivos militares y policiales para así poder esclarecer graves casos de violaciones a los derechos humanos y permitir que los procesos judiciales avancen con celeridad tanto para los imputados como para las víctimas y sus familiares.

De acuerdo a las obligaciones internacionales del Perú, la justicia peruana tiene la obligación de investigar y castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, expresó su preocupación de que el debate en este sentido persista y señaló que "además de las reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben al Perú aplicar leyes de amnistía u otras eximentes de responsabilidad, también se ha restringido el uso del fuero militar para la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Además, Perú asumió obligaciones en este sentido al firmar diversos tratados de derechos humanos tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en la OEA. Es preciso recordar que estos tipos de medidas no podrán ser utilizadas aún si aquellas resultan de un proceso de debate democrático. La Corte Interamericana ya ha dado elementos claves en este sentido en las sentencias de La Rochela v. Colombia y Gelman v. Uruguay, entre otras".

WOLA y CEJIL recuerda que el Presidente Ollanta Humala se comprometió a respetar a los derechos humanos e impulsar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, las cuales incluyen la judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos. Hacemos un llamado al Presidente Humala a rechazar las declaraciones del Ministro Mora y a afirmar una política de derechos humanos que incorpora la búsqueda para la verdad y la justicia en el Perú.

El Estado de Honduras debe detener la violencia en el Bajo Aguán y proteger a las personas campesinas

Carta abierta al Presidente Lobo

Washington, D.C., 25 de agosto de 2011- El Estado hondureño no está tomando las medidas adecuadas para prevenir violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán, ni ha investigado efectivamente los hechos de violencia: la mayoría de asesinatos y agresiones contra campesinos se encuentran en absoluta impunidad.

Vie, 26/08/2011

Defensores de derechos humanos visitaron la región del Bajo Aguán como parte de una misión a Honduras en julio del 2009. Imagen cortesía de Fian Internacional.

Washington, D.C., 25 de agosto de 2011

 

Señor

Porfirio Lobo Sosa

Presidente de la República de Honduras

Su despacho

 

Señor Presidente:

Reciba un respetuoso saludo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización de defensa y promoción de derechos humanos en el continente americano, a partir del uso del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Nuestro trabajo consiste en apoyar a organizaciones de derechos humanos y otros actores clave, así como en representar ante la Comisión y Corte Interamericanas a víctimas de violaciones de derechos humanos que no han obtenido justicia y reparación en sus propios países.

En esta ocasión nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por la grave situación de violencia que se vive en la región del Bajo Aguán, Departamento de Colón, problemática sobre la cual CEJIL ya ha expresado su preocupación en anteriores oportunidades[1].

Es de nuestro conocimiento que esta zona ha vivido en los últimos años una intensa lucha de miles de campesinos y campesinas por el derecho a la alimentación, lo cual ha producido enfrentamientos con grandes terratenientes de la región.

De acuerdo con información recibida por CEJIL, entre enero de 2010 y julio del presente año, 32 personas organizadas en movimientos campesinos han sido asesinadas en el marco del citado conflicto agrario[2]. A esta alarmante cifra se suman 14 asesinatos ocurridos en el transcurso de la última semana, destacando las muertes violentas del señor Secundino Ruiz Vallecillo, coordinador del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) y del señor Pedro Salgado, vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).

De acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de la cual Honduras es parte desde 1977), el Estado hondureño está obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella. En el caso del Bajo Aguán, a sabiendas de la existencia de un conflicto en la zona, el Estado no está tomando las medidas adecuadas para prevenir violaciones de derechos humanos, ni se ha investigado efectivamente los hechos, siendo que la mayoría de asesinatos y agresiones contra campesinos se encuentran en absoluta impunidad.

Aunado a lo anterior, pese a la gravedad de la situación expuesta, la principal respuesta estatal ha sido el envío de personal militar a la zona del Aguán, lo cual no ha cumplido el objetivo de brindar seguridad y protección para las personas de la región, y respetar los derechos de los habitantes del Aguán, en especial de quienes luchan por su derecho a la tierra.

La participación de militares en labores de seguridad ciudadana, resulta inadecuada para la protección de los derechos de las personas, lo cual ya ha sido resaltado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Honduras[3]. No obstante, las autoridades han hecho caso omiso de lo señalado por la CIDH.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto señalando que

... los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales...[4]

Por lo anterior, a través de la presente, le exhortamos respetuosamente para que tome las acciones necesarias para prevenir mayores incidentes de violencia en la zona del Aguán así como para investigar, identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de los asesinatos. Sólo así el Estado hondureño honrará los compromisos en materia de derechos humanos asumidos.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

 

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva

 

c.c. José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, para su conocimiento.

c.c. Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, para los mismos fines.

c.c. Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para los mismos fines.

c.c. Antonio Maldonado, Asesor en materia de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, para los mismos fines.

c,c, Luis Alberto Rubí, Fiscal General de la Nación, para los mismos fines. c.c. Sandra Ponce Aguilera, Fiscal Especial de Derechos Humanos de Honduras, para los mismos fines.

 


[1] CEJIL y otras organizaciones. Honduras: No más violencia contra los grupos campesinos del Bajo Aguán, abril 2010. Disponible en http://cejil.org/comunicados/honduras-no-mas-violencia-contra-los- grupos-campesinos-del-bajo-aguan

[2] FIAN Internacional y otras. Informe de la Misión de Verificación Internacional: Honduras: Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, julio 2011, pág. 16.

[3] CIDH. Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010, párrs. 119 y 120.

[4] Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 88;.y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 78.

Día Internacional de los Desaparecidos

Mar, 30/08/2011 (Todo el día)
Evento global
Mundo

Día de los Derechos Humanos

Sáb, 10/12/2011 (Todo el día)
Celebración global
Mundo

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Mar, 09/08/2011 (Todo el día)
MUNDO
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CEJIL condena asesinato de Patrícia Acioli, Jueza Penal en Brasil

Rio de Janeiro y Washington, 12 de agosto de 2011. CEJIL denuncia con indignación el asesinato de la Jueza Penal, Patrícia Acioli, que tuvo lugar en la madrugada del 12 de agosto de 2011 en Niterói, en el estado de Rio de Janeiro, Brasil. Recibió varios disparos, mientras llegaba en coche a su casa. La jueza Patrícia Acioli era la única magistrada responsable de los procesos penales y juzgamiento de homicidios en el Município de São Gonçalo.

Mar, 23/08/2011

Rio de Janeiro y Washington, 12 de agosto de 2011. CEJIL denuncia con indignación el asesinato de la Jueza Penal, Patrícia Acioli, que tuvo lugar en la madrugada del 12 de agosto de 2011 en Niterói, en el estado de Rio de Janeiro, Brasil. Recibió varios disparos, mientras llegaba en coche a su casa. La jueza Patrícia Acioli era la única magistrada responsable de los procesos penales y juzgamiento de homicidios en el Município de São Gonçalo.

La magistrada llevaba tiempo trabajando en la lucha contra grupos de exterminio y milicias formados por policías y había sido víctima de varias amenazas contra su vida a lo largo de los últimos años, debido a su trabajo. La prensa brasilera informa que la jueza figuraba en una lista de personas marcadas para morir.

A pesar de esto, en el momento de su asesinato, la jueza no contaba con la protección del Estado. El Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro informó que por motivos presupuestarios, había reducido la escolta policial de la jueza. Sus familiares declararon a la prensa que, recientemente, había solicitado protección policial al Tribunal de Justicia.

Hechos como el asesinato de Patrícia Acioli ponen en riesgo el derecho de acceso a la justicia, la protección y garantías judiciales de toda la sociedad brasileña, así como la independencia y la garantía de actuación de los miembros del Poder Judicial, debilitando el Estado democrático de Derecho.

CEJIL urge  a las autoridades brasileras  que identifiquen, juzguen y sancionen a todos los responsables por el asesinato de Patrícia Acioli, por medio de una investigación idónea y efectiva, que considere la gravedad de los hechos anteriores a su ejecución, especialmente las amenazas que sufrió la víctima, a raíz de las numerosas condenas a prisión de policías, decretadas en el ejercicio de su función.

Finalmente,  CEJIL hace un llamado al Estado brasilero para que garantice una protección adecuada a todos los jueces víctimas de amenazas y atentados a su integridad personal debido a su labor, especialmente los que darán continuidad a los procesos e investigaciones criminales que estaban bajo la responsabilidad de la magistrada Acioli.

 

Comisión Interamericana ordena a México proteger a familiares de ecologista asesinado en Guerrero

Familia de Javier Torres sigue sufriendo amenazas y atentados

San José, 4 de agosto del 2011- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó a México adoptar medidas urgentes para proteger a los familiares de Javier Torres Cruz, defensor ambiental que fue asesinado el 18 de abril pasado en la comunidad La Morena, en el municipio de Petatlán, en el Estado de Guerrero. La decisión fue notificada el viernes 29 de julio a los solicitantes de las medidas cautelares, las organizaciones Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Jue, 04/08/2011

San José, 4 de agosto del 2011- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó a México adoptar medidas urgentes para proteger a los familiares de Javier Torres Cruz, defensor ambiental que fue asesinado el 18 de abril pasado en la comunidad La Morena, en el municipio de Petatlán, en el Estado de Guerrero. La decisión fue notificada el viernes 29 de julio a los solicitantes de las medidas cautelares, las organizaciones Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La importancia de proteger a la familia de Javier Torres quedó en mayor evidencia luego de que el pasado 21 de julio sujetos armados, vestidos unos como marinos y otros de civil, irrumpieran en la comunidad de La Morena, en la que ellos habitan, y se enfrentaran a policías estatales, según información divulgada en la prensa.

Javier Torres Cruz era miembro de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), cuyos miembros habían sufrido diversos actos de represión motivados por su actividad. En particular, Javier y varios de sus familiares han sido víctimas de amenazas, hostigamientos y atentados. En el 2007, él y su tío Isaías Torres habían manifestado a autoridades mexicanas que tenían referencias sobre la identidad del autor intelectual del asesinato –todavía no esclarecido– de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, quien representaba y asesoraba a miembros de la OCESP acusados injustamente de delitos. A partir de entonces, las agresiones en contra de Javier y sus familiares se incrementaron y continúan hasta el presente. Durante el atentado que cobró la vida de Javier, su hermano Felipe Torres Cruz resultó gravemente herido. Posteriormente, Felipe ha recibido amenazas y su hermana Marcelina ha notado la presencia de autos desconocidos merodeando recurrentemente su casa.

En diciembre del 2008 Javier Torres fue víctima de desaparición forzada y torturas durante diez días, hasta que logró escapar de sus captores. Desde ese mismo mes existía una solicitud de medidas cautelares pendiente de ser resuelta por la CIDH a favor de él y su familia. No obstante y pese a la gravedad de la amenaza, esta protección no fue emitida por la Comisión hasta más de tres meses después del asesinato de Javier.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, señaló que los continuos obstáculos que se imponen a los defensores y defensoras de derechos humanos en la región son cada vez mayores, más generalizados y se realizan en contextos de alto riesgo.

“Si bien es cierto que las medidas cautelares han salvado la vida de cientos de personas en el continente, es fundamental que los procesos para su adopción e implementación se fortalezcan de modo que sean oportunas y efectivas”, puntualizó.

Adicionalmente, Krsticevic afirmó que resulta impostergable contar con un estricto escrutinio en relación con las responsabilidades políticas, legales y éticas que tienen los Estados que asumen una posición omisa frente a al riesgo de una persona, como fue este caso, en el que la CIDH solicitó información previamente al Estado.

CEJIL insta al Estado mexicano a que cumpla a cabalidad con estas medidas de protección para asegurar la integridad y la vida de los familiares de este defensor del ambiente. Asimismo, resalta la importancia de que el Estado adopte de forma efectiva –en consenso con organizaciones de la sociedad civil– un mecanismo institucional adecuado para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos que contemple también la seguridad de sus familiares. CEJIL considera, además, que es necesario que la Comisión Interamericana evalúe en qué medida es apropiado retardar los procesos de otorgamiento de medidas urgentes y temporales de protección, sobre todo en contextos de alto riesgo como el de Javier Torres.

CEJIL urge al Presidente Funes a sancionar la derogación del decreto 743

Ratificación del acuerdo legislativo pondría fin a una crisis institucional de dos meses

San José, 3 de agosto del 2011. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) urge al Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, para que ratifique la reciente derogación del decreto 743 efectuada por la Asamblea Legislativa. Como lo afirmó este órgano del Estado, la revocación de esta reforma es urgente para preservar la seguridad jurídica del país.

Mié, 03/08/2011

San José, 3 de agosto del 2011. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) urge al Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, para que ratifique la reciente derogación del decreto 743 efectuada por la Asamblea Legislativa. Como lo afirmó este órgano del Estado, la revocación de esta reforma es urgente para preservar la seguridad jurídica del país.

El decreto 743 o “Decreto transitorio a la Ley Orgánica Judicial” obligaba a que los magistrados de la Sala Constitucional resolvieran unánimemente los procesos de inconstitucionalidad. La reforma fue aprobada el 2 de junio anterior y fue sancionada de manera inusualmente expedita por el presidente Funes. La aprobación del decreto –y su posterior declaratoria como inconstitucional por la propia Sala– sumió a El Salvador en una crisis institucional que enfrentó a los poderes del Estado, cuya solución no se vislumbró hasta el pasado 27 de julio, cuando el Congreso revocó la reforma.

En su momento y a propósito del conflicto, CEJIL denunció que el decreto constituyó un freno y una presión indebida a las labores del Tribunal. Esta injerencia se promovió frente a la eventualidad de que la Sala pudiese adoptar decisiones controversiales como, por ejemplo respecto a la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, la cual fue aplicada, entre otros, en el caso de la “Masacre del Mozote y sitios aledaños” que está en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hace unas semanas CEJIL señaló que la adopción del decreto 743 amenazaba la independencia judicial. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que es “necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento”. La derogatoria del decreto 743 representa una importante enmienda que cumple con lo estipulado por el más alto Tribunal hemisférico.

CEJIL valora positivamente que el poder Legislativo haya rectificado sus actuaciones e insta al Presidente Mauricio Funes a que sancione la derogatoria a la mayor brevedad. A la luz de los acontecimientos recientes, CEJIL hace un llamado vehemente a las autoridades del Estado salvadoreño para que respeten la independencia judicial, requisito fundamental para garantizar la existencia de recursos efectivos para la protección de los derechos de los y las habitantes de El Salvador.

CEJIL insta al Estado salvadoreño a dejar sin efecto el Decreto 743 y a evitar acciones que amenacen la independencia judicial

Reforma obliga a la Sala Constitucional a votar unánimemente

San José, Costa Rica, 6 de julio del 2011. Un reciente decreto que obliga a los magistrados de la Sala Constitucional salvadoreña a decidir unánimemente los procesos de inconstitucionalidad constituye una seria amenaza a la independencia judicial. Asimismo, las sanciones que algunos funcionarios han insinuado contra los magistrados del tribunal que se han negado a aplicar el decreto representan una presión indebida a los miembros de la Sala.

Mié, 06/07/2011

San José, Costa Rica, 6 de julio del 2011. Un reciente decreto que obliga a los magistrados de la Sala Constitucional salvadoreña a decidir unánimemente los procesos de inconstitucionalidad constituye una seria amenaza a la independencia judicial. Asimismo, las sanciones que algunos funcionarios han insinuado contra los magistrados del tribunal que se han negado a aplicar el decreto representan una presión indebida a los miembros de la Sala.

Hasta inicios del mes de junio de este año, la Sala Constitucional había adoptado decisiones controversiales. Entre otros asuntos, sus fallos abrieron la posibilidad de que se presentaran postulaciones independientes para el cargo de diputado/a, tuvieron como consecuencia la desaparición de dos partidos políticos que no obtuvieron el número mínimo de votos exigido por el Código Electoral, y declararon inconstitucional el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. En consecuencia, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el Decreto N° 743 o "Decreto transitorio a la Ley Orgánica Judicial" el 2 de junio pasado. Algunos dirigentes políticos declararon que su apoyo al decreto se debió a la presunción de que esta misma Sala se pronunciaría sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz (LAGP).

La reforma fue sancionada de manera expedita por el Presidente de la República, Mauricio Funes, y obliga a que las decisiones referentes a procesos de inconstitucionalidad sean adoptadas con el voto unánime de los cinco magistrados que conforman la Sala.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que es "necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento". Asimismo ha señalado que "la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas".

Es evidente que la adopción de esta reforma por la Asamblea Legislativa y su sanción por el Presidente de la República constituye un freno y una presión indebida a las labores del Tribunal. También lo son las declaraciones de algunos diputados que insinuaron la posibilidad de que los magistrados sean sancionados por haber declarado inaplicable el decreto, por considerarlo inconstitucional, llegando incluso a la destitución.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) considera –como lo hizo la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados– que “mantener la vigencia del Decreto 743 equivaldría a bloquear la actividad y el funcionamiento efectivo del máximo tribunal del país y por lo tanto limitaría así de forma sustancial el derecho de los ciudadanos salvadoreños a recurrir al citado tribunal en defensa de sus derechos fundamentales”. En consecuencia, insta a los poderes Ejecutivo y Legislativo a rectificar estas acciones y a respetar la independencia de este alto tribunal.

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