Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Asesinato de defensora de derechos humanos Digna Ochoa sigue impune en México

A diez años de los hechos, el Estado ha archivado el caso

Washington D. C. y San José, 19 de octubre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lamenta profundamente la impunidad en la que el Estado mexicano ha mantenido el asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, cuyo décimo aniversario se conmemora hoy. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  archivó el caso el 9 de septiembre pasado, después de un proceso largo, parcial y poco diligente para investigar los hechos.

Mié, 19/10/2011

Digna Ochoa, tercera de izquierda a derecha, aparece aquí con las defensoras de derechos humanos Adriana Carmona, Luisa Cabal y Pilar Mejía.Washington D. C. y San José, 19 de octubre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lamenta profundamente la impunidad en la que el Estado mexicano ha mantenido el asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, cuyo décimo aniversario se conmemora hoy. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  archivó el caso el 9 de septiembre pasado, después de un proceso largo, parcial y poco diligente para investigar los hechos.

Desde hace diez años, el caso se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, el órgano interamericano todavía no ha decidido sobre su admisibilidad. Asimismo, la CIDH ha negado los últimos pedidos de audiencia para tratar este asunto, a pesar de múltiples peticiones de organizaciones de la sociedad civil.

El asesinato de Digna Ochoa es emblemático, y su caso advierte sobre la desprotección en la que se encuentran las defensoras y los defensores de derechos humanos en México. Decenas de activistas  siguen siendo amenazados, agredidos y asesinados como consecuencia de su trabajo.

Únicamente tomando en cuenta los asuntos sobre México acompañados por CEJIL ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), más de cien defensoras, defensores y algunos de sus familiares son beneficiarios de medidas urgentes de protección por parte de estos dos órganos.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, manifestó: “Expresamos nuevamente las condolencias a la familia de Digna. Ella fue una abogada que asumió con valentía causas de derechos humanos que la pusieron en gran riesgo. Con su asesinato se perdió una voz de apoyo para mucha gente que sufrió violaciones a sus derechos fundamentales”.

Krsticevic agregó que la impunidad derivada de la falta de investigación diligente de este crimen ha alentado un clima de hostigamiento en México. “El Estado debe comprometerse firmemente en la búsqueda de justicia con respecto del homicidio de Digna Ochoa, así como en la implementación de una política que permita que otras personas que defienden los derechos humanos no sean intimidadas o silenciadas en su trabajo”, concluyó.

En el décimo aniversario de la muerte de Digna Ochoa, CEJIL vuelve a insistir en la importancia de que México adopte de forma efectiva –en consenso con organizaciones de la sociedad civil– un mecanismo institucional adecuado para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos que contemple también la investigación de los ataques que sufren.

Asimismo, CEJIL exhorta al Estado mexicano para que, independientemente del proceso ante la Comisión Interamericana, reabra el caso y lo investigue seriamente, con el fin de identificar y sancionar a las personas responsables del asesinato de Digna Ochoa.  De igual manera, insta a la CIDH a procurar el avance rápido del trámite respectivo.

Los hechos

La abogada defensora de los derechos humanos Digna Ochoa fue asesinada el 19 de octubre del 2001 en su oficina en México D. F. Anteriormente había sido víctima de amenazas, hostigamientos y agresiones físicas, razón por la cual la CIDH y la Corte IDH le habían otorgado respectivamente medidas cautelares y provisionales para su protección. Su asesinato ocurrió dos meses después de que las medidas de la Corte fueran levantadas.

Organizaciones exigen a Honduras acciones contra la impunidad y a favor de la libertad de expresión y la justicia

Pronunciamiento en Tegucigalpa

Tegucigalpa, 12 de octubre del 2011- Representantes de 28 organizaciones de la sociedad civil hondureña e internacional expresaron su preocupación por las permanentes y graves violaciones a los derechos humanos en Honduras, agudizadas desde el golpe de Estado. El pronunciamiento surgió en el marco del seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, que se llevó a cabo en ese país entre el 5 y el 7 de octubre.

Mié, 12/10/2011

Declaración pública en el marco del seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”

Tegucigalpa, 12 de octubre de 2011

Las organizaciones y las personas participantes en el seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, reunidos en la ciudad de Tegucigalpa los días 5, 6 y 7 de octubre de 2011, una vez concluido el evento expresamos nuestra preocupación por los hechos siguientes:

1. Las permanentes y graves violaciones a los derechos humanos en Honduras, agudizadas desde el golpe de Estado, en particular las cometidas contra miembros de la comunidad LGTBI, mujeres, jueces y juezas, jóvenes, niños y niñas, defensores y defensoras de derechos humanos, docentes, activistas políticos y sociales, campesinos y campesinas del Bajo Aguán, Zacate Grande y miembros de las comunidades afrodescendientes.

2. Las restricciones a la libertad de expresión que se manifiestan en el asesinato de 16 periodistas y numerosos ataques contra la integridad personal, el uso desproporcionado de la fuerza, y la violación al derecho a la manifestación pública y pacífica.

3. La impunidad generalizada producto de la incapacidad y falta de voluntad política estatal para investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones de los derechos humanos.

Con fundamento en las discusiones del evento, demandamos del Estado hondureño lo siguiente:

1. Formalizar en el menor plazo posible la invitación oficial al Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión Frank La Rue para realizar una visita oficial al país.

2. Adoptar inmediatamente la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de ordenar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana. Esta acción implicaría la desmilitarización del país, en particular en la región del Bajo Aguán, donde se requieren medidas integrales que contribuyan a la resolución permanente del conflicto.

3. Implementar en forma efectiva las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Examen Periódico Universal, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos, y la reparación a las víctimas.

Tegucigalpa, Honduras, 12 de octubre de 2011.

Coordinadora de CATTRACHAS

Director Ejecutivo Comisión de Verdad

Directora COFADEH

Directora de Colectivo Unidad Color Rosa

Director de Colectivo Violeta

Director de Kukulcan

Directora CEM-H

Director Asociación Arcoíris.

Director CARITAS Honduras

Coordinador Caritas San Pedro Sula

Director ALTERECO

Director de ACI PARTICIPA

Coordinador Popol Natum

Director CIPRODEH

Coordinadora CODEMUH

Directora de COMUN

Director de APUVIMEH

Director de C-Libre

Coordinador de Venasabiertas

Coordinadora de COPINH

Director de CESPAD

Coordinador MUCA

Directora de CDM

Coordinación MAO

Director CPTRT

Coordinación colectivo de abogados

Coordinación AHA-JA

Directora regional de CEJIL para México y Centroamérica

Conferencia en Washington y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se enfocarán en la Política de Desnacionalización de la República Dominicana

Coalición internacional impulsa diálogo a nombre de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana

WASHINGTON, D.C., Jueves 13 de octubre de 2011 – Mientras sigue creciendo el número de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana a quienes el gobierno ha revocado su nacionalidad, una coalición internacional conformada por grupos líderes de derechos humanos ha anunciado el día de hoy la realización de una conferencia en Washington, D.C. como parte de una semana de diálogo con defensores de derechos humanos dominicanos, representantes del gobierno y del Congreso de los Estados Unidos, así como otras autoridades, para examinar la legalidad de dichas acciones y su impacto sobre las personas que han perdido su derecho a la nacionalidad.

Vie, 14/10/2011

PUBLICACION INMEDIATA

WASHINGTON, D.C., Jueves 13 de octubre de 2011 – Mientras sigue creciendo el número de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana a quienes el gobierno ha revocado su nacionalidad, una coalición internacional conformada por grupos líderes de derechos humanos ha anunciado el día de hoy la realización de una conferencia en Washington, D.C. como parte de una semana de diálogo con defensores de derechos humanos dominicanos, representantes del gobierno y del Congreso de los Estados Unidos, así como otras autoridades, para examinar la legalidad de dichas acciones y su impacto sobre las personas que han perdido su derecho a la nacionalidad.

 

El ponente principal de la “Conferencia Sobre la Apatridia y el Derecho a la Nacionalidad”  que tendrá lugar el 26 de octubre en el Human Rights Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., será David Robinson, Subdirector Adjunto de la Oficina de Población, Migración y Refugiados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La coalición también se unirá a miembros de grupos de la sociedad civil dominicana durante una audiencia pública para dialogar con el gobierno dominicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, ubicado en Washington. La discusión se centrará en la política retroactiva de desnacionalización en la República Dominicana. Esta viene quitando la ciudadanía otorgada a miles de dominicanos de ascendencia haitiana,  les impide el acceso a sus documentos de identidad existentes y deja a sus hijos y futuras generaciones en estado de apatridia.

 

Los organizadores de la conferencia del día 26 de octubre y los eventos de la semana del 24 al 28 del mismo mes son el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Church World Service, Christian Aid Reino Unido, Episcopal Church, Jesuit Refugee Services USA, Refugees International y The Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights (RFK Center).

 

‘‘La aplicación retroactiva de esta nueva ley dominicana está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual la República Dominicana es parte,’’ dijo Melanie Teff, abogado senior de Refugees International.

 

En un comunicado conjunto, la coalición basada en los Estados Unidos dijo:

 

La coalición urge al gobierno de República Dominicana a que reconozca a todas las personas nacidas en su territorio – antes del cambio de su constitución en enero de 2010 – como ciudadanos dominicanos. También hace un llamado al gobierno dominicano para que asegure que ningún niño/a nacido/a después del cambio en la constitución sea dejado en estado de apatridia.

 

Al ser un país emergente moderno y democrático, la República Dominicana generó admiración internacional por su ayuda y compasión humanitaria a Haití luego del devastador terremoto de 2010. Estamos seguros de que el gobierno dominicano quiere seguir honrando su reputación al respetar las convenciones de derechos humanos que afectan a un grupo muy vulnerable de ciudadanos.

 

La conferencia y esfuerzos de incidencia a nombre de dominicanos desnacionalizados de ascendencia haitiana se celebran en el marco del 50 aniversario (30 de agosto) de la Convención de las Naciones Unidas de 1961 Para Reducir los Casos de Apatridia y el lanzamiento de la nueva campaña sobre la apatridia del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas. Hasta la fecha, la República Dominicana ha firmado la Convención de 1961, pero aún no la ha ratificado.

 

Para la agenda de la conferencia, registro e información adicional: http://bit.ly/DRcon

 

Editores, productores, reporteros:

• Material de prensa para la Conferencia Sobre la Apatridia y el Derecho a la Nacionalidad disponibles en: www.churchworldservice.org/denationalization y http://bit.ly/DRcon

• Entrevistas en español o inglés con participantes de la conferencia estarán disponibles por petición.

• La conferencia está abierta a medios de comunicación

 

Contactos de Prensa:

Lesley Crosson/Church World Service, (212) 870-2676, lcrosson@churchworldservice.org o – 24/7 – Jan Dragin, (781) 925-1526, o teléfono móvil: (339) 236-0679, jdragin@gis.net


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* U.S. Department of State, 2010 Human Rights Report, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/wha/154503.htm

 

Walter Cronkite School of Journalism Report, “Stateless in the Dominican Republic”,

http://cronkite.asu.edu/buffett/dr/the_stateless.html

 

** In English: Organization of American States, American Convention on Human Rights, O.A.S.Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, entered into force July 18, 1978, reprinted in Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 25 (1992) http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm

Organizaciones denuncian impunidad de asesinatos y hostigamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras

Carta a Relatora Especial de la ONU

Tegucigalpa, 7 de octubre del 2011- Las violaciones a los derechos humanos de las defensoras cometidas durante el golpe de Estado y que costaron la vida de varias compañeras, así como los casos de violación, detención arbitraria, agresiones sexuales y golpes por fuerzas de seguridad durante manifestaciones, etc. siguen en la impunidad.

Vie, 07/10/2011

7 de octubre de 2011

Sra. Margaret Sekaggya Relatora Especial de las Naciones Unidas Sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Estimada Relatora Especial:

Reciba un cordial y atento saludo de las organizaciones y defensoras de derechos humanos que integramos la red mesoamericana de defensoras, espacio de articulación a través del cual compartimos información y generamos acciones urgentes y de solidaridad frente a casos y situaciones de violencia contra defensoras de derechos humanos en la región.

Antes que nada queremos expresarle nuestro deseo porque su salud se restablezca pronto y nos alegramos de que esté tomando el tiempo necesario para atenderse.

Conociendo su compromiso con las Defensoras y Defensores de derechos humanos esperamos que su visita a Honduras pueda ser reprogramada lo más pronto posible. Como es de su conocimiento la gravedad de la violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones en este país es sumamente preocupante.

Las violaciones a los derechos humanos de las defensoras cometidas durante el golpe de estado y que costaron la vida de varias compañeras, así como los casos de violación, detención arbitraria, agresiones sexuales y golpes por fuerzas de seguridad durante manifestaciones, etc. siguen en la impunidad.

La situación no ha mejorado en el actual periodo presidencial. Por el contrario la vulnerabilidad y riesgo con el que defensoras de derechos humanos realizan su labor ha aumentado sobre todo para las periodistas, estudiantes, campesinas, comunicadoras y las organizaciones que trabajan en contra de la violencia hacia las mujeres. Numerosas defensoras y sus organizaciones se han visto obligadas a limitar su trabajo por los derechos humanos a causa de la persecución permanente de la que son objeto y que se expresa en demandas judiciales, vigilancia, amenazas, seguimientos, etc.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha conocido en diversas ocasiones de esta situación y recibido informes específicos sobre las violaciones a los derechos humanos de defensoras y mujeres en el contexto de represión, criminalizaciónde la protesta social y agudización de la violencia contra las mujeres1. Tan solo en el próximo periodo de sesiones de la CIDH será presentada nuevamente la situación de violencia contra las defensoras hondureñas, así como la situación específica en la comunidad de El Bajo Aguan2 Lamentablemente sus recomendaciones al estado hondureño no han sido escuchadas.

Es por ello que su visita será de gran importancia para promover que el Estado hondureño cumpla sus compromisos en materia de derechos humanos y mecanismos de protección a las defensoras y defensores de derechos humanos de Honduras.

Sin otro particular, esperamos su pronta recuperación. Estaremos atentas a las nuevas fechas definidas para su visita a Honduras.

Atentamente,

Fondo Centroamericano de Mujeres, Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), Asociadas por lo Justo (JASS), Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (México), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA, Guatemala), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Ipas Centro América, Centro de Derechos de Mujeres (CDM, Honduras), Movimiento de Mujeres Visitación Padilla (Honduras), Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras (Honduras), Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (El Salvador), Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" (México), Grupo De Mujeres San Cristóbal de las Casas (México), Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez (México), Red de la No Violencia contra las Mujeres de (Guatemala), Asociación Grupo Venancia Matagalpa (Nicaragua), Organización de Mujeres Tierra Viva (Guatemala), Organización Mujeres en Superación (Guatemala, punto focal de la Red de Trabajadoras Sexuales LAC), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG, Guatemala), Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), Evelin Morales Pineda (Nicaragua), Luz Aleyda (Panamá), Macu Barcia (Suiza), Maya Alvarado (Guatemala), Patricia Orozco (Nicaragua), Sara García Gross (El Salvador), Yanira Tobar (Guatemala), Cristina Hardaga Fernández (México), Lucía Morán (Guatemala), Ana Evelyn Orozco Andrade (Nicaragua), Carla López (Nicaragua), María Celia Gutiérrez (Nicaragua, Maritza Sevilla (Nicaragua), María de Jesús Tenorio (Nicaragua), Ana Marìa Pizarro (Nicaragua), María Lucila Cordero (Nicaragua).

Coalición de organizaciones solicita audiencia a la Comisión Interamericana y exige que se detenga la campaña de amenazas en contra de la activista Sonia Pierre en República Dominicana

Washington, Estados Unidos, 7 de octubre de 2011.- Una coalición internacional de organizaciones no gubernamentales se ha unido para expresar su más profunda preocupación por la campaña de ataques verbales e desinformación lanzada durante los últimos días en los medios de comunicación dominicanos contra la defensora de derechos humanos Sonia Pierre.

La coalición está compuesta por El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de Robert F. Kennedy, Refugees International, Christian Aid Reino Unido, Church World Service, Global Rights, Fundación Étnica Integral (FEI), el Movimiento Social y Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), la Red de Encuentro Dominico Haitiana Jacques Viau (REDHJV) y la Asociación 180° para la Cooperación y el Desarrollo.

Vie, 07/10/2011

Washington, Estados Unidos, 7 de octubre de 2011.- Una coalición internacional de organizaciones no gubernamentales se ha unido para expresar su más profunda preocupación por la campaña de ataques verbales e desinformación lanzada durante los últimos días en los medios de comunicación dominicanos contra la defensora de derechos humanos Sonia Pierre.

La coalición está compuesta por El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de Robert F. Kennedy, Refugees International, Christian Aid Reino Unido, Church World Service, Global Rights, Fundación Étnica Integral (FEI), el Movimiento Social y Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), la Red de Encuentro Dominico Haitiana Jacques Viau (REDHJV) y la Asociación 180° para la Cooperación y el Desarrollo.

El pronunciamiento conjunto de la coalición dice lo siguiente:

Nos vemos en la obligación de precisar que los mensajes publicados en la prensa contienen información incorrecta e incompleta con respecto a la activista Sonia Pierre y la audiencia pública solicitada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana.

En primer lugar, no se trata de una demanda contra el Estado dominicano sino de una audiencia temática convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el 24 de octubre de 2011 sobre el tema “Respuesta Judicial en Casos de Desnacionalización en República Dominicana”. Aclaramos que esta audiencia no es un juicio en contra del Estado dominicano, sino un espacio de diálogo para discutir una situación que afecta los derechos humanos de los ciudadanos/as. Esta audiencia fue solicitada por más de doce organizaciones locales e internacionales, así como por algunos/as expertos/as a título personal. El Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, organización dirigida por Sonia Pierre, es una de las organizaciones que apoyaron la solicitud de audiencia, pero no fue la Sra. Pierre quien gestionó ni presentó la solicitud.

En segundo lugar, la audiencia pública que se celebrará este mes en la sede de la Comisión Interamericana en Washington, trata sobre la política adoptada por el Estado dominicano para desnacionalizar a ciudadanos/as dominicanos/as y despojarlos de documentos de identidad válidos que el mismo Estado otorgó. Estas acciones han sido criticadas tanto por la sociedad dominicana en general como por los tribunales de primera instancia nacionales que han fallado a favor de estas personas. Sin embargo, el Estado ha continuado con esta política en clara violación del derecho nacional e internacional. La coalición que solicitó la audiencia considera que esta situación es alarmante y merece un espacio internacional de diálogo. La audiencia tratará no solamente sobre los casos presentados por la organización MUDHA, sino sobre todos los casos que han sido elevados ante instancias judiciales por diversas organizaciones, abogados y abogadas en todo el país.

Queremos expresar nuestro más enérgico repudio a los comentarios y agresiones verbales realizadas en contra de Sonia Pierre, y denunciamos esta campaña de desinformación y amenazas en su perjuicio. La Sra. Pierre es beneficiaria de medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana que requieren que el Estado dominicano investigue todo acto de amenaza y agresión en su contra. En este contexto, exigimos al Estado dominicano que adopte las medidas necesarias para prevenir todo acto de agresión que ponga en peligro la seguridad e integridad personal de la Sra. Pierre y que cumpla con sus obligaciones internacionales de respetar los derechos humanos de todos y todas las personas en su territorio.

 

Para más información:

 

Milli Legrain

CEJIL

mlegrain@cejil.org

+1 202 629 7537

 

Liliana Gamboa

Open Society Institute

lgamboa@osieurope.org

+1 212 548 0189

 

Josh Karlen

RFK Center for Justice and Human Rights

karlen@rfkcenter.org

+ 1 917 671 6803

 

 

CEJIL recibe el Premio Thomas J. Dodd en justicia internacional y derechos humanos

La ceremonia fue presidida por el ex Senador Christopher J. Dodd

Washington D.C., 3 de octubre de 2011.- El día de hoy, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) fue premiado con el Thomas J. Dodd Prize en Justicia Internacional y Derechos Humanos, en lo que fue la quinta edición de la entrega de este premio. La ceremonia se celebró en la Universidad de Connecticut a las 16 horas (hora del este de EEUU) y fue presidida por Susan Herbst, Presidenta de dicha institución así como por el Senador Christopher J. Dodd.

Lun, 03/10/2011

Washington D.C., 3 de octubre de 2011.- El día de hoy, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) fue premiado con el Thomas J. Dodd Prize en Justicia Internacional y Derechos Humanos, en lo que fue la quinta edición de la entrega de este premio. La ceremonia se celebró en la Universidad de Connecticut a las 16 horas (hora del este de EEUU) y fue presidida por Susan Herbst, Presidenta de dicha institución así como por el Senador Christopher J. Dodd.

 

El Premio Dodd conmemora la distinguida carrera de Thomas J. Dodd, quien fue Abogado Senior durante los Juicios de Nuremberg, Representante ante el Congreso de los Estados Unidos de 1953 a 1957 y Senador del estado de Connecticut de 1959 a 1971. Thomas Dodd dedicó su vida al servicio público y a la lucha contra la violación de los derechos humanos en Estados Unidos y el mundo.

Tras recibir el premio, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, dijo que “La labor de CEJIL forma parte del legado de los juicios de Nurembergy del trabajo de Thomas J. Dodd. Al enfocarnos en las Américas, una región notoria por sus violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho, creemos firmemente en la dignidad para todos, la importancia de honrar a todos los seres humanos y la necesidad de fortalecer y aplicar el Estado de derecho para asegurar los derechos de todos.”

 

Krsticevic concluyó diciendo que, “A nombre de todos en CEJIL, muchas gracias por este gran honor. Este premio nos animará a seguir nuestra lucha por la justicia y la igualdad. Nos dará la esperanza necesaria para crear muchas más historias de éxito en las Américas y nos recuerda la importancia de preservar el legado y los principios de Nuremberg.”

 

Este premio será invertido en el litigio estratégico de CEJIL en el hemisferio, la incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la capacitación de defensores y defensoras de derechos  humanos en la región.

Para más información:

Milli  Legrain

Directora de Comunicación

mlegrain@cejil.org

202 319 3000

Bolivia: CEJIL condena violencia en contra de marcha pacífica de pueblos indígenas

Washington D.C y Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional expresa su condena ante la desproporcionada actuación de fuerzas policiales bolivianas que, el pasado 25 de septiembre, reprimieron una marcha de integrantes de pueblos indígenas que se manifestaban en defensa de su derecho a ser consultados, ante la decisión de construir una carretera cuyo trazado afecta el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) en que viven comunidades indígenas.

Mar, 27/09/2011

 
Washington D.C y Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional expresa su condena ante la desproporcionada actuación de fuerzas policiales bolivianas que, el pasado 25 de septiembre, reprimieron una marcha de integrantes de pueblos indígenas que se manifestaban en defensa de su derecho a ser consultados, ante la decisión de construir una carretera cuyo trazado afecta el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) en que viven comunidades indígenas.
 
La VIII Marcha Indígena “Por la defensa del TIPNIS, los territorios, la vida y la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas” organizada por  la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana (CIDOB) y el Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ) había partido el pasado 15 de agosto de la ciudad de Trinidad con destino a La Paz.
 
Cerca de 1000 personas, entre mujeres, varones, niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, y familias completas de diferentes pueblos y comunidades manifestaban en forma pacífica su defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) amenazado por la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos cuyo trazado dividiría el territorio en el que viven varias comunidades de pueblos indígenas con la consiguiente afectación de sus derechos, y sin que se hubieran seguido los procesos de consulta correspondientes a los que el Estado Plurinacional de Bolivia está obligado, en virtud de la Constitución y los tratados de derechos humanos ratificados por la nación.
 
Según la información circulada en prensa, la represión policial habría afectado directamente a decenas de personas incluyendo niños y niñas. Asimismo, se ha reportado repetidamente que algunos niños y adultos estarían extraviados en el monte, lo que genera temor por su integridad.
 
“Expresamos nuestra condena a estos hechos y requerimos la urgente y diligente investigación de los mismos, así como la convocatoria a una consulta que exprese el respeto del Estado Plurinacional de Bolivia a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a lo establecido en la Constitución y los tratados de derechos humanos”, manifestó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.
 
Cabe señalar que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia así como el Convenio 169 de la OIT –ratificado en el año 1991- entre otros tratados, garantizan el derecho a la consulta previa, libre e informada.
 
Para más información:
Milli Legrain
mlegrain@cejil.org
Tel + (1) 202 319 3000

Honduras continúa violando los derechos humanos de los jueces que se opusieron al golpe de Estado

Tres jueces y una magistrada fueron cesados el 5 de mayo del 2010

San Pedro Sula, 26 de septiembre de 2011- El pasado 22 de septiembre, el Estado de Honduras notificó la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que ratifica el despido de los jueces Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza por haberse opuesto al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009. Ese Consejo también ordenó el pago de las prestaciones laborales a favor del juez Luis Chévez de la Rocha pero no ordenó su reintegro laboral y sólo en el caso del juez Ramón Barrios decidió mantenerlo en su cargo. En ninguno de estos casos el Estado reconoce o repara la totalidad de violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.

Lun, 26/09/2011

Guillermo López habla con la prensa  durante la 41a Asamblea General de la OEA en El Salvador, en junio del 2011. Lo acompañaron Viviana Krsticevic, de CEJIL, y María V. Fallon, del GIDH. San Pedro Sula, 26 de septiembre de 2011- El pasado 22 de septiembre, el Estado de Honduras notificó la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que ratifica el despido de los jueces Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza por haberse opuesto al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.

Ese Consejo también ordenó el pago de las prestaciones laborales a favor del juez Luis Chévez de la Rocha pero no ordenó su reintegro laboral y sólo en el caso del juez Ramón Barrios decidió mantenerlo en su cargo. En ninguno de estos casos el Estado reconoce o repara la totalidad de violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.

El 5 de mayo del 2010, los jueces y la magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

La decisión recién tomada por las autoridades hondureñas constituye un nuevo hecho violatorio de los derechos humanos de los jueces despedidos, confirmándose con este hecho que persiste la aplicación arbitraria y sesgada de la ley.

El Estado hondureño nuevamente niega la ocurrencia del golpe de Estado e insiste en que actos de oposición a dicho acontecimiento deben ser sancionados. De esta manera, las autoridades no reconocen que los despidos fueron arbitrarios y que constituyeron restricciones ilegítimas a los derechos humanos de los jueces.

En el proceso ante el Consejo de la Carrera Judicial no se les garantizó a los jueces el derecho a ser oídos por un tribunal independiente e imparcial ya que dicho órgano se integró a través de un procedimiento arbitrario no previsto en la ley y que no satisface las garantías procesales establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La decisión tomada por el Estado de Honduras contradice las recomendaciones que han sido brindadas al país por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de Jueces y Abogados, por el Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión, por la Relatora Especial sobre la situación de Defensores y Defensoras, por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUCHD) y por el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal.

El caso de los jueces despedidos está siendo conocido actualmente por la Comisión Interamericana de Derechos HumanosLa petición fue admitida por dicho órgano el pasado mes de abril, y la decisión sobre el fondo del caso se encuentra pendiente.

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra condena por la decisión que han tomado las autoridades hondureñas y denunciamos ante la comunidad internacional que este nuevo hecho sólo confirma la inefectividad de los recursos judiciales establecidos y la indefensión en que se encuentra la mayor parte de la población hondureña.

La AJD y CEJIL exigimos que se cumpla con las recomendaciones dadas por la OACNUDH y se investigue y sancione a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que incumplieron con sus obligaciones durante el golpe de Estado y que continúan impidiendo el acceso a una tutela judicial efectiva.

WOLA y CEJIL rechazan declaraciones del Ministro de Defensa del Perú contra los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Funcionario promueve acuerdo de "punto final y reconciliación"

Washington, D.C., 22 de setiembre del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechazamos energéticamente las declaraciones emitidas el día de ayer por parte del Ministro de Defensa del Perú Daniel Mora contra el trabajo de los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante una presentación ante el Congreso el Ministro Mora acertó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) estaban coordinando acciones para "desaparecer a las Fuerzas Armadas" y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido injustas con el Perú.

Jue, 22/09/2011

Washington, D.C., 22 de setiembre del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechazamos energéticamente las declaraciones emitidas el día de ayer por parte del Ministro de Defensa del Perú Daniel Mora contra el trabajo de los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante una presentación ante el Congreso el Ministro Mora acertó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) estaban coordinando acciones para "desaparecer a las Fuerzas Armadas" y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido injustas con el Perú.

Hace apenas dos semanas el Ministro Mora fue cuestionado por sus declaraciones en relación a los juicios actualmente en proceso contra miembros de las fuerzas del orden bajo acusaciones de violaciones contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno del Perú (1980-2000). El Ministro declaró que el Perú debería llegar a un acuerdo político de “punto final y reconciliación” para poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas militares y policiales acusados de graves violaciones a los derechos humanos. WOLA expresó su rechazo en aquella oportunidad, y lo reitera ahora, de cualquier propuesta de amnistía para militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

Durante el gobierno anterior de Alan García, hubo una campaña mediática fuerte contra los organismos de derechos humanos, particularmente los que representan a las víctimas en los procesos penales contra los acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos. En aquella época, el Ministerio de Defensa se había convertido en un verdadero obstáculo a la judicialización de los casos de violaciones a los derechos humanos. "Negaron colaborar con la justicia con documentos oficiales, y varios de los encargados de la cartera de Defensa, y especialmente el ex ministro Rafael Rey Rey, tuvieron una actitud abiertamente hostil a los organismos de derechos humanos y a las instituciones del Estado encargados de la justicia, el Ministerio Pública y el Poder Judicial", dijo Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA. "cusaron a los organismos de derechos humanos de entablar una persecución política contra las fuerzas armadas al impulsar la investigación y juzgamiento de algunos de sus miembros acusados de crímenes tan graves como la masacre de 69 campesinos de Accomarca (23 de ellos niños) o la tortura y desaparición forzada de por lo menos 54 personas del Cuartel Militar Los Cabitos durante el año 1983, casos actualmente en proceso judicial".

Con la asunción de un nuevo gobierno bajo el liderazgo de Ollanta Humala, que ha demostrado una actitud positiva en una serie de iniciativas como la firma de la Ley de Consulta Previa, se esperaba una nueva actitud frente este tema. "El gobierno de Ollanta Humala tiene la palabra", dijo Jo-Marie Burt. "El Presidente Humala no puede mantenerse en silencio frente a declaraciones del tipo que acaba de emitir el Ministro Mora, tan similares a declaraciones de ministros anteriores como Rafael Rey, que conllevan una actitud de intimidación y hostigamiento frente a los organismos de derechos humanos, cuyo labor es fundamental en cualquier sociedad democrática".

Burt señaló que el gobierno del Perú acaba de suscribir a un acuerdo internacional sobre la transparencia en el manejo gubernamental que debería aplicarse en todos los sectores, y especialmente en términos de la urgente necesidad de abrir los archivos militares y policiales para así poder esclarecer graves casos de violaciones a los derechos humanos y permitir que los procesos judiciales avancen con celeridad tanto para los imputados como para las víctimas y sus familiares.

De acuerdo a las obligaciones internacionales del Perú, la justicia peruana tiene la obligación de investigar y castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, expresó su preocupación de que el debate en este sentido persista y señaló que "además de las reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben al Perú aplicar leyes de amnistía u otras eximentes de responsabilidad, también se ha restringido el uso del fuero militar para la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Además, Perú asumió obligaciones en este sentido al firmar diversos tratados de derechos humanos tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en la OEA. Es preciso recordar que estos tipos de medidas no podrán ser utilizadas aún si aquellas resultan de un proceso de debate democrático. La Corte Interamericana ya ha dado elementos claves en este sentido en las sentencias de La Rochela v. Colombia y Gelman v. Uruguay, entre otras".

WOLA y CEJIL recuerda que el Presidente Ollanta Humala se comprometió a respetar a los derechos humanos e impulsar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, las cuales incluyen la judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos. Hacemos un llamado al Presidente Humala a rechazar las declaraciones del Ministro Mora y a afirmar una política de derechos humanos que incorpora la búsqueda para la verdad y la justicia en el Perú.

El Estado de Honduras debe detener la violencia en el Bajo Aguán y proteger a las personas campesinas

Carta abierta al Presidente Lobo

Washington, D.C., 25 de agosto de 2011- El Estado hondureño no está tomando las medidas adecuadas para prevenir violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán, ni ha investigado efectivamente los hechos de violencia: la mayoría de asesinatos y agresiones contra campesinos se encuentran en absoluta impunidad.

Vie, 26/08/2011

Defensores de derechos humanos visitaron la región del Bajo Aguán como parte de una misión a Honduras en julio del 2009. Imagen cortesía de Fian Internacional.

Washington, D.C., 25 de agosto de 2011

 

Señor

Porfirio Lobo Sosa

Presidente de la República de Honduras

Su despacho

 

Señor Presidente:

Reciba un respetuoso saludo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización de defensa y promoción de derechos humanos en el continente americano, a partir del uso del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Nuestro trabajo consiste en apoyar a organizaciones de derechos humanos y otros actores clave, así como en representar ante la Comisión y Corte Interamericanas a víctimas de violaciones de derechos humanos que no han obtenido justicia y reparación en sus propios países.

En esta ocasión nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por la grave situación de violencia que se vive en la región del Bajo Aguán, Departamento de Colón, problemática sobre la cual CEJIL ya ha expresado su preocupación en anteriores oportunidades[1].

Es de nuestro conocimiento que esta zona ha vivido en los últimos años una intensa lucha de miles de campesinos y campesinas por el derecho a la alimentación, lo cual ha producido enfrentamientos con grandes terratenientes de la región.

De acuerdo con información recibida por CEJIL, entre enero de 2010 y julio del presente año, 32 personas organizadas en movimientos campesinos han sido asesinadas en el marco del citado conflicto agrario[2]. A esta alarmante cifra se suman 14 asesinatos ocurridos en el transcurso de la última semana, destacando las muertes violentas del señor Secundino Ruiz Vallecillo, coordinador del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) y del señor Pedro Salgado, vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).

De acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de la cual Honduras es parte desde 1977), el Estado hondureño está obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella. En el caso del Bajo Aguán, a sabiendas de la existencia de un conflicto en la zona, el Estado no está tomando las medidas adecuadas para prevenir violaciones de derechos humanos, ni se ha investigado efectivamente los hechos, siendo que la mayoría de asesinatos y agresiones contra campesinos se encuentran en absoluta impunidad.

Aunado a lo anterior, pese a la gravedad de la situación expuesta, la principal respuesta estatal ha sido el envío de personal militar a la zona del Aguán, lo cual no ha cumplido el objetivo de brindar seguridad y protección para las personas de la región, y respetar los derechos de los habitantes del Aguán, en especial de quienes luchan por su derecho a la tierra.

La participación de militares en labores de seguridad ciudadana, resulta inadecuada para la protección de los derechos de las personas, lo cual ya ha sido resaltado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Honduras[3]. No obstante, las autoridades han hecho caso omiso de lo señalado por la CIDH.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto señalando que

... los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales...[4]

Por lo anterior, a través de la presente, le exhortamos respetuosamente para que tome las acciones necesarias para prevenir mayores incidentes de violencia en la zona del Aguán así como para investigar, identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de los asesinatos. Sólo así el Estado hondureño honrará los compromisos en materia de derechos humanos asumidos.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

 

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva

 

c.c. José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, para su conocimiento.

c.c. Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, para los mismos fines.

c.c. Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para los mismos fines.

c.c. Antonio Maldonado, Asesor en materia de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, para los mismos fines.

c,c, Luis Alberto Rubí, Fiscal General de la Nación, para los mismos fines. c.c. Sandra Ponce Aguilera, Fiscal Especial de Derechos Humanos de Honduras, para los mismos fines.

 


[1] CEJIL y otras organizaciones. Honduras: No más violencia contra los grupos campesinos del Bajo Aguán, abril 2010. Disponible en http://cejil.org/comunicados/honduras-no-mas-violencia-contra-los- grupos-campesinos-del-bajo-aguan

[2] FIAN Internacional y otras. Informe de la Misión de Verificación Internacional: Honduras: Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, julio 2011, pág. 16.

[3] CIDH. Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010, párrs. 119 y 120.

[4] Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 88;.y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 78.

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