Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Día Internacional de los Derechos Humanos
CEJIL URGE PROTEGER A LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS QUE LUCHAN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL CONTINENTE AMERICANO
10 de diciembre de 2010
Los Estados americanos tienen una deuda con quienes defienden a las personas en situación de vulnerabilidad en el continente. Estos no han logrado proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, más bien han establecido diversos obstáculos para impedir la importante labor de denuncia y promoción que realizan. Así lo reflejan numerosos casos que litiga CEJIL ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
 
Esos obstáculos han sido retomados por el Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que expresó lo siguiente:
La CIDH está seriamente preocupada por la grave situación de inseguridad y peligro en las que realizan su trabajo las defensoras y defensores en el hemisferio. Los asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, identificación de éstos como enemigos o blancos legítimos, las campañas de desprestigio, las acciones legales orientadas a intimidarlos, la violación de domicilio y las actividades ilegales de inteligencia dirigidas contra defensoras y defensores son mecanismos utilizados para impedir o dificultar su labor, y constituyen una realidad cotidiana en el quehacer de estos actores. La Comisión recuerda que cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes el defensor o defensora trabaja.
 
Durante casi 20 años, CEJIL ha litigado, junto con organizaciones de derechos humanos, así como víctimas y familiares, numerosos casos que reflejan, en la práctica, la gran brecha de desigualdad que existe en el continente más excluyente del mundo. Particularmente, en este año CEJIL litigó cinco casos ante la Corte Interamericana, de los cuales tres reflejan prácticas discriminatorias en contra de mujeres indígenas me´phaas violadas sexualmente por militares mexicanos, y uno destaca la tortura y discriminación sufrida a manos de funcionarios panameños por el emigrante ecuatoriano en situación irregular Jesús Tranquilino Vélez Loor.
 
CEJIL también litigó conjuntamente con otras organizaciones brasileñas, el caso que refleja la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de personas pertenecientes a la Guerrilla de Araguaia en Brasil y co-representó el caso contra México de la detención arbitraria, tortura y violaciones al debido proceso cometidas en contra de los defensores ambientalistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
 
Esos casos se suman a otros litigios que demuestran la existencia en la región americana de diversas prácticas discriminatorias, como la xenofobia en contra de la población dominicana con ascendencia haitiana; la discriminación en el acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres; la discriminación de la mujer en regímenes de patrimonio conyugal en Chile y Guatemala; la discriminación de la mujer en los procesos penales en Colombia y México; la impunidad en casos que reflejan patrones de limpieza social en contra de niños, niñas y adolescentes; la exclusión que sufren los pueblos indígenas; y los crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) en Brasil y Centroamérica, entre otros .
 
En muchos de estos casos, las personas que denuncian los actos de discriminación son asesinados, encarcelados, agredidos, perseguidos y criminalizados, como lo indica un sinnúmero de medidas de protección ordenadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos que han sido adoptadas a lo largo de los años, tras el impulso de CEJIL.
 
En definitiva, muchos de los casos que han sido presentados ante los órganos del Sistema Interamericano no habrían sido posibles sin el trabajo de miles de defensores y defensoras de la región.
 
Es por ello que como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra hoy, viernes 10 de diciembre, CEJIL comparte el mensaje extendido por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce la invaluable labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos que actúan para poner fin a la discriminación.

En este día, CEJIL rinde tributo a quienes, en un contexto muy adverso, ponen en riesgo su libertad, integridad y vida diariamente, para denunciar estas violaciones de derechos humanos en sus países y comunidades, con la esperanza de un mundo más justo e incluyente.
 
Por ello, CEJIL insta a los Estados del continente a reconocer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y garantizar su trabajo sin obstáculo ni restricción alguna. Asimismo, hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a actualizar a la brevedad su Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas.
 
 
 
Coordinadora de Comunicación (Washington)                         Contacto de prensa (San José)
Milli Legrain                                                                             Darío Chinchilla
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mlegrain@cejil.org dchinchilla@cejil.org
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Buenos Aires, Argentina, 9 de noviembre de 2010 - Hoy, CEJIL firmó un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina para sumar esfuerzos en iniciativas que contribuyan a garantizar la igualdad de género en el ámbito del Poder Judicial. En ese marco fue establecida una cooperación específica en relación con el Programa de Capacitación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema que imparte talleres sobre cuestiones de género, en los que CEJIL participa como especialista dictando seminarios así como a través de la distribución de sus materiales.

En la foto: Liliana Tojo (Directora del Programa para Bolivia y el Cono Sur de CEJIL) y Carmen Argibay (Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina)

• La iniciativa presidencial mantiene inalteradas las condiciones que favorecen la impunidad en los casos de abusos militares
• La jurisdicción castrense debe limitarse a delitos estrictamente militares cometidos por miembros del ejército
• El Estado mexicano no satisface las exigencias derivadas de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo las Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

México, D.F., 19 de octubre de 2010 - La iniciativa de reformas relativas a la procuración e impartición de justicia militar enviada ayer por Felipe Calderón al Senado de la República mantiene sin alteración las condiciones que favorecen la impunidad en los abusos cometidos por personal castrense contra la población civil. Las modificaciones propuestas no satisfacen plenamente la necesidad de armonizar la legislación interna con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

La exigencia central de las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del ejército, de las organizaciones civiles y de organismos internacionales de derechos humanos no es atendida debido a que en la propuesta presidencial no se advierte la intención de establecer controles civiles sobre las Fuerzas Armadas. Entre estos controles debe destacar la reducción de la jurisdicción militar a los asuntos estrictamente relacionados con la disciplina militar. En la iniciativa la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar tiene un carácter taxativo que deja un amplio margen para la impunidad. Ninguna razón justifica que las instancias militares extiendan su jurisdicción sobre delitos cuyo carácter no corresponde estrictamente a la disciplina castrense.

La exclusión de tres delitos —desaparición forzada de personas, violación y tortura—, cuya investigación sigue estando en manos de los militares, la posibilidad de su reclasificación para no ser tratados por el fuero civil, así como la manipulación de los hechos generan más incertidumbre que certezas y lesionan de manera grave los derechos de las víctimas. La única posibilidad para terminar con la impunidad en estos casos consiste en dejar fuera de la jurisdicción militar todos los delitos cometidos por miembros del ejército contra la población civil.

Por otra parte las atribuciones conferidas a la Policía Ministerial Militar, como auxiliar del Ministerio Público, así como la posibilidad de que ésta esté facultada para brindar protección a víctimas, ofendidos o testigos resulta, contra toda lógica, ineficiente para garantizar la vida o la integridad física de tales personas.

Resulta absurdo que el Ejecutivo presente su iniciativa como muestra de su compromiso con la vigencia de los derechos humanos y con las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia. Maquilla las diferentes disposiciones legales para aparentar que cumple lo que en la práctica cotidiana niega, porque hasta la fecha se mantiene en la actuación del ejército la tendencia a la comisión d

e delitos

que constituyen violaciones de derechos humanos.

Las reformas presentadas por el Ejecutivo no pueden ser consideradas de manera alguna como parte del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano que se desprenden de las Sentencias sobre los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se precisa la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar bajo la consideración de que el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancia, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles.

Todas las acciones emprendidas por el titular del Ejecutivo y por los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional constituyen paliativos ante la falta de voluntad para poner fin a una de los más graves obstáculos que impiden el acceso a la justicia a las víctimas de abusos militares: la inconstitucional extensión del fuero militar. Mientras estas condiciones no se reviertan será imposible la construcción de una sociedad democrática.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Chiapas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Jalisco

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Fundación Diego Lucero, Michoacán

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Yucatán

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 70 organizaciones)

San José y Tegucigalpa, 10 de setiembre de 2010

El pasado 3 de setiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la resolución mediante la cual otorga medidas de protección a favor de la defensora de derechos humanos Gladys Lanza Ochoa, Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, organización hondureña con más de 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

A partir del Golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009, la señora Lanza Ochoa ha sido víctima de una serie de amenazas y hostigamientos, tales como amenazas telefónicas y vía correo electrónico, seguimientos, vigilancia en su casa de habitación y lugar de trabajo, entre otros.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Honduras proteger a la señora Lanza desde el 24 de julio del año pasado; no obstante, dado que hubo más incidentes a partir de la adopción de las medias cautelares y, en virtud de que las autoridades hondureñas no habían cumplido con las mismas, el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), pidieron desde el 23 de julio anterior a la Comisión Interamericana que solicitara la intervención de la Corte Interamericana.

Al analizar el contexto actual hondureño y en especial la situación de riesgo que vive la defensora Gladys Lanza Ochoa, la Corte Interamericana le recuerda al Estado hondureño que “tiene el deber particular de proteger a aquellas personas que trabajen en organizaciones no gubernamentales, así como de otorgar garantías efectivas y adecuadas a los defensores de derechos humanos para que éstos realicen libremente sus actividades, evitando acciones que limiten u obstaculicen su trabajo, ya que la labor que realizan constituye un aporte positivo y complementario a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de garante de los derechos de las personas bajo su jurisdicción”.

En su resolución, la Corte Interamericana aclara que de conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado de Honduras está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos aún cuando se encuentra suspendido de su derecho de participar en la OEA.

Cabe recordar que a partir del Golpe de Estado, la Comisión Interamericana ha adoptado aproximadamente 200 medidas cautelares (algunas individuales y otras colectivas) y, desafortunadamente, la mayoría de ellas no han sido cumplida de manera eficaz por el Estado hondureño. De hecho, en el mes de marzo de este año el periodista Nahúm Palacios fue asesinado pese a ser beneficiario de medidas de protección.

El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saludan la resolución otorgada por la Corte Interamericana e instan a las autoridades hondureñas para que procedan de inmediato a implementar medidas efectivas para garantizar la vida e integridad de la señora Gladys Lanza, así como se le permita continuar su labor de defensa de derechos humanos libre de temores, obstáculos y restricciones indebidas.

Para mayor información:

Marcia Aguiluz:           mesoamerica@cejil.org

Enlaces relacionados:

Resolución de la CIDH que otorga medidas cautelares a Gladys Lanza Ochoa

http://www.cidh.oas.org/medidas/2009.sp.htm

Resolución de la Corte IDH que otorga medidas provisionales a  Gladys Lanza Ochoa

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/lanza_se_01.pdf

Informes de la CIDH respecto del Golpe de Estado en Honduras:

http://www.cidh.oas.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm

http://www.cidh.org/countryrep/Honduras10sp/Honduras10.Indice.htm

Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el Golpe de Estado en Honduras:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/117/03/PDF/G1011703.pdf?OpenElement