Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

APRODEH y CEJIL: sentencia de la Corte en caso Gladys Carol marca un hito en investigación y trato a mujeres víctimas de violencia sexual en Perú

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo el día de ayer, declarando la responsabilidad internacional del Perú por múltiples violaciones a los derechos humanos de Gladys Carol Espinoza Gonzáles que han permanecido impunes por más de 20 años.

El fallo, además, es de gran trascendencia para  todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el Perú al establecer guías para la investigación y ordenar protocolos de investigación en base a estándares internacionales con perspectiva de género.

Vie, 19/12/2014

Washington, D.C. 19 de diciembre,2014- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo el día de ayer, declarando la responsabilidad internacional del Perú por múltiples violaciones a los derechos humanos de Gladys Carol Espinoza Gonzáles que han permanecido impunes por más de 20 años.

El fallo, además, es de gran trascendencia para  todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el Perú al establecer guías para la investigación y ordenar protocolos de investigación en base a estándares internacionales con perspectiva de género.

La Corte IDH afirma en su sentencia que el Perú es responsable por los hechos de tortura y violencia sexual cometidos en perjuicio de Gladys Carol, y establece que el Estado del Perú deberá “(…) desarrollar protocolos de investigación para que los casos de tortura, violación sexual y otras formas de violencia sexual sean debidamente investigados y juzgados conforme a estándares establecidos en la Sentencia; (…) incorporar estándares de la Sentencia en los programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a quienes están encargados de la persecución penal y su judicialización; (…) implementar un mecanismo que permita a todas las mujeres víctimas de la práctica generalizada de la violación sexual y otras formas de violencia sexual durante el conflicto peruano tener acceso gratuito a una rehabilitación especializada de carácter médico, psicológico y/o psiquiátrico dirigido a reparar este tipo de violaciones.”

Gladys Carol fue detenida ilegal y arbitrariamente en abril de 1993 bajo las leyes antiterroristas  aplicables en esa época y sometida a actos de tortura y violencia sexual desde el primer momento de su detención. La sentencia de la Corte IDH establece la responsabilidad del Estado del Perú por la violación del derecho de Gladys Carol a las garantías judiciales y la protección judicial, dado que los mismos permanecen en la impunidad y no fue hasta el  año 2012 que se iniciaron investigaciones, a pesar de existir  numerosas  denuncias formuladas desde 1993 e  informes médicos que constataban el estado de salud de Gladys Carol.   
La Corte IDH consideró que la falta de investigación de la tortura y violencia sexual tuvo estrecha relación con una subyacente discriminación de género en las actuaciones judiciales, que se manifestó  en el uso de estereotipos de género para desacreditar las denuncias de Gladys Carol y otros indicios de la ocurrencia de las violaciones. Según la Corte IDH “[…] una garantía para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual debe ser la previsión de reglas para la valoración de la prueba que evite afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas”.

Asimismo, la Corte ha ordenado al Estado peruano asegurar con la mayor diligencia la apertura y conclusión de las investigaciones y procesos penales necesarios para identificar, procesar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos de las que fue víctima Gladys Carol.

Violencia sexual: práctica sistemática de lucha contrasubversiva
A través de esta sentencia la Corte IDH determina que la violencia sexual contra la mujer fue una práctica sistemática y generalizada de tortura usados como instrumentos de la lucha contrasubversiva.

“Este caso es representativo de una práctica existente en el Perú durante el conflicto armado que hasta la fecha ha persistido en absoluta impunidad: la utilización, por parte de agentes estatales, de la tortura, la violencia y violación sexual”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Esta sentencia es una oportunidad para que Perú de pasos que le permitan superar  una de las etapas más dolorosas de su historia en el que miles de mujeres fueron afectadas de forma desproporcional y sus casos permanecen en la impunidad”, añadió.

De otro lado “es importante que se destaque en dicha sentencia  la necesidad de formación de los operadores de justicia  en materia de  derechos humanos y  perspectiva de género, pues los órganos de justicia actuaron con estereotipos de género  que  impidieron el acceso a la justicia de Gladys Carol pese haber denunciados los hechos desde 1993”  agrego Gloria Cano  directora de Aprodeh  organización que junto a CEJIL, representaron a la víctima ante el sistema interamericano.

En este fallo la Corte IDH también destacó  que  las precarias condiciones de detención en las que se encontró la señora Espinoza entre 1996 y 2001 en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Yanamayo, sin atención médica pese al deterioro progresivo de su salud, constituyeron un trato cruel, inhumano y degradante. Además, declaró que la fuerza utilizada en contra de Gladys Carol durante una requisa en 1999 en dicho Penal constituyó tortura.  Esto  da pie a que se revise las formas de actuación de autoridades penitenciarias  a fin  de no vulnerar los derechosa de las personas privas de  libertad.
Aprodeh  y CEJIL reafirman  su compromiso de continuar apoyando a la víctima y sus familiares, tanto en el proceso a nivel interno como en el efectivo y oportuno cumplimiento de la sentencia emitida por el Ilustre Tribunal internacional.

Link a la sentencia: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf

CEJIL lamenta la resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ante procesos de elecciones judiciales

La Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca ha validado la elección de los magistrados y magistradas realizada para la Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de Apelaciones.

CEJIL quiere expresar su rechazo a esta decisión ya que al adoptarla, la CC incumple la normativa interna y los estándares internacionales para este tipo de procesos.

Mar, 25/11/2014

Comisiones de Postulacion Creditos el PeriodicoSan José, 25 de noviembre de 2014.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresa su rechazo a la decisión adoptada por la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca, que valida la elección de los magistrados y magistradas electas para la Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de Apelaciones, pese al incumplimiento manifiesto de la normativa interna y de los estándares internacionales sobre este tipo de procesos, tanto por parte de las comisiones de postulación como por parte del Congreso de la República.

Los nombramientos, habían sido temporalmente suspendidos en virtud de un amparo provisional otorgado por la CC el pasado 9 de octubre. Ante la Corte de Constitucionalidad, numerosas personas y actores de sociedad civil alegaron importantes irregularidades en el proceso, tales como la falta de verificación y calificación adecuada del mérito y la capacidad de los candidatos y candidatas, la falta de transparencia en algunas fases de los procesos, la existencia de conflictos de intereses en los nombramientos, entre otros.

Pese a lo anterior, la CC no analizó el fondo de los argumentos, consideró en términos generales que el Congreso no había incurrido en violación alguna y omitió analizar las denuncias que pesaron por el proceso seguido en las comisiones de postulación. De esta manera, el Tribunal Constitucional obvia las recomendaciones y pronunciamientos emitidos por importantes organismos de protección internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces, magistrados y abogados, quienes recientemente habían instado a las autoridades a respetar la independencia judicial y, consecuentemente, a revisar los nombramientos de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco.

Sobre este tema, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que el  adecuado proceso de nombramiento y selección de las y los operadores de justicia constituye uno de los presupuestos esenciales para la garantía de independencia judicial. A su vez, estos órganos han destacado que “si no se respetan parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, resultaría posible diseñar un régimen que permita un alto grado de discrecionalidad en la selección del personal judicial de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas”.

“La resolución de la Corte de Constitucionalidad profundiza la crisis institucional que actualmente enfrenta Guatemala. La validación de las elecciones judiciales sin garantizar una elección basada en méritos pone en serio riesgo el principio de independencia de poderes y afecta el estado de Derecho” declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

CEJIL lamenta la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad ya que afecta el acceso a la justicia de todas las personas guatemaltecas al no garantizar la independencia judicial, lo que implica que los y las habitantes de este país no tendrán certeza de la capacidad e idoneidad de las personas que impartan justicia.

A la vez, hacemos un llamado respetuoso a todos los sectores sociales para que se pronuncien ante este acontecimiento y para que se unan en la observación de las actuaciones de las personas nombradas y denuncien aquellas que riñan las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco.  Finalmente, solicitamos a las autoridades proteger a los diversos actores que han denunciado irregularidades en los procesos y así evitar que sufran represalias por sus denuncias.

Créditos Fotográficos El Periódico

 

Directora Ejecutiva de CEJIL inaugura red regional luchando en contra de la apatridia durante el evento del ACNUR

El martes 18 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho International (CEJIL) inauguró la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia en el evento del ACNUR "Saliendo de las sombras : poniendo un fin a la apatridia en las Américas". Puedes leer el discurso de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL haciendo clic sobre el enlace de más información. También puedes visitar el sitio web de la red: www.americasns.org.

Mié, 19/11/2014

Su Excelencia, Comisionado Guterres.

Estimados panelistas, representantes de los Estados, organismos internacionales, colegas de la sociedad civil, señoras, caballeros y niños.

En el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, estamos agradecidos de haber sido invitados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a conmemorar el 60 aniversario de la adopción de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Apátridas.

Hemos aprendido en los últimos 15 años, a partir de nuestra experiencia de primera mano en la República Dominicana acompañando a niños y familias en el proceso de litigio internacional, que las personas que carecen de una nacionalidad son susceptibles a mayor marginalización, discriminación e inseguridad.
Es doloroso que a las personas que representamos, y millones más como ellas, se les diga que simplemente no existen.
Por ser apátridas, se les niegan los derechos más básicos: muchos no pueden registrar el nacimiento de sus propios hijos, casarse, recibir atención médica, conseguir un trabajo, abrir una cuenta bancaria, viajar fuera del país, ir a la escuela, o sentirse seguros.

A pesar de que las situaciones de apatridia son poco comunes en las Américas, afectan a más de doscientas mil personas. Los números no son tan altos como en otras regiones, pero reconocen que "Una sola persona apátrida es demasiado".

En nuestro continente, muchas situaciones merecen un examen más detallado, ya que pueden afectar al acceso al derecho a la nacionalidad. Éstas incluyen el registro de nacimiento, disposiciones discriminatorias de género de las leyes de ciudadanía, prácticas discriminatorias en la determinación de la nacionalidad, y la situación de los niños nacidos de padres que carecen de documentos de identidad válidos, entre otras.

Comisionado Guterres, admiramos su compromiso hacia las personas apátridas en todo el mundo. Su presencia en nuestro hemisferio envía un fuerte mensaje sobre la importancia de abordar este tema a través de un plan integral y bien estructurado.
Su determinación nos da la esperanza de que hayamos llegado a un punto de inflexión en el que seremos capaces de erradicar la apatridia en todo el mundo.
En las Américas, estamos en una posición única para hacer frente a los desafíos que nos prepara la próxima década. El compromiso de respetar el "derecho a la nacionalidad para todos" fue consagrado en los instrumentos fundamentales para la protección de los derechos humanos en las Américas. Tanto la Declaración Americana de 1948 (sobre los Derechos y Deberes del Hombre) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 crean un marco global para la protección del derecho a una nacionalidad.

Además, la mayoría de los países de la región ofrecen una aplicación generosa y combinada de los principios del ius soli y jus sanguinis para la adquisición de la nacionalidad, lo que permite obtener la nacionalidad a través del suelo o de la sangre, lo que disminuye significativamente el riesgo de apatridia.
Nuestra institución regional multilateral, la Organización de los Estados Americanos y sus órganos de derechos humanos, han tomado medidas para abordar la apatridia en la región. La Asamblea General de la OEA ha pedido a los Estados miembros ratificar (o adherir a) las convenciones de la ONU sobre la apatridia , y ajustar sus políticas nacionales.

También tenemos un claro ejemplo del papel que pueden desempeñar órganos regionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado el derecho a la nacionalidad en dos opiniones consultivas y varios casos. La Comisión ha abordado la cuestión desde los años 70.
Asimismo, en algunos países de la región se han adoptado importantes medidas en los últimos años. Argentina ha ratificado la Convención de 1961. Surinam ha modificado recientemente su legislación para eliminar la discriminación de género en el acceso a la ciudadanía, México adoptó un procedimiento nacional para la determinación del estatuto de los apátridas. Uruguay está considerando un proyecto de ley para lograr este objetivo en el corto plazo. Otros países podrían seguir pronto.

Con este marco en mente, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, iniciativas académicas e individuos se han unido para participar en el Plan de Acción Mundial de la ACNUR con el fin de erradicar y prevenir la apatridia en los próximos 10 años.

Es con gran placer que hoy les anuncio formalmente el lanzamiento de la Red de las Américas sobre la nacionalidad y la apatridia. Me gustaría ofrecer un agradecimiento especial a la Fundación Open Society por su apoyo, a Dilcia Yean, Violeta Bosico, y los otros niños y familias que representamos, y a la defensora incansable de los derechos humanos Sonia Pierre, por inspirar tanto nuestras acciones a lo largo de los años.

A través de esta plataforma vamos a trabajar de la mano con el ACNUR con el fin de crear conciencia sobre este tema, identificar los riesgos, apoyar a las personas apátridas, cooperar con los estados, e intercambiar información con las organizaciones hermanas de todo el mundo.

Creemos firmemente, que la nacionalidad es la puerta que abre el derecho a tener derechos.Creemos que juntos podemos cambiar las realidades. Abrazamos la visión compartida de un mundo en el que todo el mundo tiene una nacionalidad.

Al igual que usted, señor Comisario Guterres, insistimos en que es el momento de poner fin a la injusticia de la apatridia. Usted puede contar con todos los miembros de la Red de las Américas para ayudar a que esto sea posible.

Gracias.

Defensor de derechos humanos en Venezuela golpeado por la policía

 

El defensor de derechos humanos Luis Uzcátegui reportó haber sido atacado y golpeado cerca de su domicilio, por cuatro personas dos de las cuales eran policías el pasado lunes 17 de octubre. Esta agresión es una retaliación, asegura la víctima, por sus denuncias y demandas de justicia hechas a raíz del asesinato de su hermano, Nestor José Uzcátegui, por un policía en el 2001.
Según queda recogido en el comunicado de acción urgente que ha publicado Amnistía Internacional, Luis Uzcátegui fue a denunciar el ataque al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC) inmediatamente después de los hechos. Mientras cursaba la denuncia pudo observar cómo los mismos policías que le habían agredido estaban hablando con miembros del cuerpo de investigación. Luis fue retenido durante nueve horas sin poder acceder a un abogado ni hacer llamada alguna. Durante este tiempo varios oficiales de policía intentaron disuadirle de que retirara la denuncia a cambio de dejarle en libertad, no permitiendo a su vez que recibiera asistencia médica, a pesar de haber perdido una muela y presentar varias contusiones.
Luis Uzcátegui es miembro fundador del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del Estado Falcón (COPRODEH) y miembro del Comité Pro Defensa de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos del Ciudadano Público (COPROVIDH).
Como sus representantes ante el Sistema Interamericano, CEJIL y COFAVIC enviaron esta información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 28 de octubre en el marco de las medidas provisionales que cursan ante el tribunal desde 2002 para la protección de Uzcátegui. En 2011 la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional de Venezuela por la ejecución extrajudicial de Nestor José Uzcátegui y la violación a los derechos humanos de Nestor y su familia, incluyendo los actos de hostigamientos y las amenazas de las que fue víctima Luis Uzcátegui por denunciar la ejecución de su hermano.

 

Según un comunicado de acción urgente  publicado por Amnistía Internacional, el defensor de derechos humanos Luis Uzcátegui reportó haber sido atacado y golpeado cerca de su domicilio, por cuatro personas-dos de las cuales eran policías el pasado lunes 17 de octubre. Esta agresión es una retaliación, asegura la víctima, por sus denuncias y demandas de justicia hechas a raíz del asesinato de su hermano, Nestor José Uzcátegui, por un policía en el 2001.

 

 

Jue, 06/11/2014

El defensor de derechos humanos Luis Uzcátegui reportó haber sido atacado y golpeado cerca de su domicilio, por cuatro personas-dos de las cuales eran policías el pasado lunes 17 de octubre. Esta agresión es una retaliación, asegura la víctima, por sus denuncias y demandas de justicia hechas a raíz del asesinato de su hermano, Nestor José Uzcátegui, por un policía en el 2001.

Según queda recogido en el comunicado de acción urgente que ha publicado Amnistía Internacional, Luis Uzcátegui fue a denunciar el ataque al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC) inmediatamente después de los hechos. Mientras cursaba la denuncia pudo observar cómo los mismos policías que le habían agredido estaban hablando con miembros del cuerpo de investigación. Luis fue retenido durante nueve horas sin poder acceder a un abogado ni hacer llamada alguna. Durante este tiempo varios oficiales de policía intentaron disuadirle de que retirara la denuncia a cambio de dejarle en libertad, no permitiendo a su vez que recibiera asistencia médica, a pesar de haber perdido una muela y presentar varias contusiones.

Luis Uzcátegui es miembro fundador del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del Estado Falcón (COPRODEH) y miembro del Comité Pro Defensa de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos del Ciudadano Público (COPROVIDH).

Como sus representantes ante el Sistema Interamericano, CEJIL y COFAVIC enviaron esta información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 28 de octubre en el marco de las medidas provisionales que cursan ante el tribunal desde 2002 para la protección de Uzcátegui. En 2011 la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional de Venezuela por la ejecución extrajudicial de Nestor José Uzcátegui y la violación a los derechos humanos de Nestor y su familia, incluyendo los actos de hostigamientos y las amenazas de las que fue víctima Luis Uzcátegui por denunciar la ejecución de su hermano.

CEJIL expresa preocupación ante retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en Nicaragua

Reforma reglamentaria violenta estándares internacionales

San José, 3 de setiembre de 2014. En días pasados, el Estado nicaragüense aprobó el reglamento a la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779). A través del reglamento se modifican aspectos  importantes de la ley; que a su vez, se traducen en retrocesos en el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar efectivamente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

El Reglamento de la ley 779 restringe el concepto de violencia hacia las mujeres estableciendo que solo serán sancionables las conductas que ocurran en el marco de las relaciones de pareja, es decir, se excluye la violencia perpetrada en el ámbito público o comunitario por cualquier otra persona sin vínculos afectivos.

 

Mié, 03/09/2014

Fotografía Ilustrativa Violencia contra la mujerSan José, 3 de setiembre de 2014. En días pasados, el Estado nicaragüense aprobó el reglamento a la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779). A través del reglamento se modifican aspectos  importantes de la ley; que a su vez, se traducen en retrocesos en el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar efectivamente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

El Reglamento de la ley 779 restringe el concepto de violencia hacia las mujeres estableciendo que solo serán sancionables las conductas que ocurran en el marco de las relaciones de pareja, es decir, se excluye la violencia perpetrada en el ámbito público o comunitario por cualquier otra persona sin vínculos afectivos.

La nueva norma reglamentaria también privilegia la aplicación de la mediación como método para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres.

Respecto de esta figura procesal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe “Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica” manifestó su preocupación por la utilización de dicho mecanismo porque generalmente perjudica a las víctimas. De acuerdo con la CIDH las mujeres se encuentran en una situación de desventaja y desigualdad y al aplicar la mediación se obstaculiza su acceso a la justicia y la eventual sanción del agresor.

Asimismo, el citado Reglamento modifica el tipo penal de femicidio y lo limita a las relaciones interpersonales de pareja, irrespetando lo establecido previamente en la ley en cuanto a que dicho delito se podría configurar “en el marco de las relaciones de poder entre hombres y mujeres”.  En Nicaragua solamente durante el primer semestre de 2014, la Red de Mujeres contra la Violencia reportó 47 femicidios, 4 más que el mismo periodo en el 2013.

Por su parte, el Instituto de Medicina Legal de dicho país, durante el último trimestre de 2013, evaluó a 1162 mujeres por violencia sexual y a 1659 por violencia intrafamiliar.

Ante esta grave situación, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la celebración de diversas audiencias temáticas, como el Consejo de Derechos Humanos, a través de las evaluaciones realizadas bajo el mecanismo del Examen Periódico Universal, han recomendado al Estado nicaragüense adecuar su legislación para garantizar los derechos de las mujeres y adoptar políticas públicas efectivas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra estas.

Dichas obligaciones internacionales también derivan de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”, la cual fue ratificada por el Estado de Nicaragua desde el año 1995.

“El reglamento aprobado no constituye una acción efectiva para proteger los derechos de las niñas y las mujeres, Nicaragua está incumpliendo con sus obligaciones internacionales y dejando en desprotección a este grupo en situación de vulnerabilidad” declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

CEJIL hace un llamado respetuoso a las autoridades nicaragüenses para que se reforme el reglamento de la Ley 779 y se cumpla con la obligación de adecuar dicha normativa a los estándares internacionales en materia de violencia contra las mujeres.

Contacto de Prensa

Daniela Araya

(+506) 2280-7473

daraya@cejil.org

 

Informe Bienal 2012 2013

En este nuevo Informe, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) comparte parte de su trabajo llevado adelante durante el periodo 2012-2013. En especial, este Informe ilumina el impacto del trabajo realizado por CEJIL desde una perspectiva que integra el derecho internacional de los derechos humanos con la legislación doméstica, como parte de un único marco legal fundamental para la garantía de los derechos.

 


Tipo de publicación: Informe de Actividades
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2014
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La Debida Diligencia en casos de violencia de género

Este documento- resultado de un trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-  sistematiza los principales estándares del  derecho interamericano de los derechos humanos que deben inspirar la respuesta estatal frente a  violaciones a los derechos humanos de las mujeres como  consecuencia de la violencia de género.

 

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Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2013
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Honduras debe garantizar los derechos civiles y políticos en jornada electoral

San José y Washington D.C., 24 de noviembre de 2013.- El día de ayer fueron asesinados María Amparo Pinedo Duarte y Julio Ramon Maradiaga, ambos integrantes de la Cooperativa Carbón afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo y simpatizantes del Partido Libre.  De acuerdo con la información recibida, el hecho fue perpetrado por sujetos desconocidos que se trasladaban en un vehículo y ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche, cuando regresaban de una capacitación para observación electoral en el municipio de Cantarranas.

Ayer también fue brutalmente golpeado el señor Carlenton Dávila, candidato a alcalde por Tegucigalpa en representación del Partido Anticorrupción (PAC), razón por la cual tuvo que ser ingresado de emergencia al Hospital Escuela Universitario.

Dom, 24/11/2013

Bandera de HondurasSan José y Washington D.C., 24 de noviembre del 2013.- El día de ayer fueron asesinados María Amparo Pinedo Duarte y Julio Ramon Maradiaga, ambos integrantes de la Cooperativa Carbón afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo y simpatizantes del Partido Libre.  De acuerdo con la información recibida, el hecho fue perpetrado por sujetos desconocidos que se trasladaban en un vehículo y ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche, cuando regresaban de una capacitación para observación electoral en el municipio de Cantarranas.

Ayer también fue brutalmente golpeado el señor Carlenton Dávila, candidato a alcalde por Tegucigalpa en representación del Partido Anticorrupción (PAC), razón por la cual tuvo que ser ingresado de emergencia al Hospital Escuela Universitario.

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 21 personas habrían sido asesinadas desde mayo del 2012 hasta la fecha, presuntamente por motivaciones políticas.  CEJIL expresa su preocupación por estos hechos de violencia y exige una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

A la vez, recibimos información de la presencia de fuerzas militares en Cantagallo, lugar en donde se ubican los transmisores de Canal 36 (Cholusat Sur). Este medio de comunicación y su director, Esdras Amado López, cuentan con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde junio de 2009. En Cantagallo también se ubican los transmisores de Radio Globo y Canal 11.

CEJIL exhorta a las autoridades hondureñas a proteger efectivamente el ejercicio de la libertad de expresión y abstenerse de incurrir en prácticas que podrían ser consideradas injerencias indebidas.

Hoy, al celebrarse la jornada electoral para definir a las nuevas autoridades de gobierno en Honduras, CEJIL hace un llamado respetuoso para que se tomen todas las medidas necesarias a efectos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos y todas las hondureñas, en condiciones de libertad y sin temores ni injerencias ilegítimas. De igual forma, solicitamos a la CIDH y a la comunidad internacional, que se mantengan vigilantes de los hechos que limiten o violenten los derechos humanos en este país.

Organizaciones internacionales piden que el juicio por genocidio en Guatemala se celebre hasta el final

Cuatro organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional se han unido para pedir a todos los implicados en el juicio que tiene lugar en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que el juicio prosiga con el debido respeto a la independencia judicial.

Vie, 19/04/2013

New York, Washington D.C y San José, 19 de abril, 2013- Cuatro organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional se han unido para pedir a todos los implicados en el juicio que tiene lugar en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que el juicio prosiga con el debido respeto a la independencia judicial.

JuicioRíosMontt-SandraSebastianCCPlazaPublica

Las cuatro organizaciones son: Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

El juicio contra Ríos Mont, ex general que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, se inició en la Ciudad de Guatemala el 19 de marzo.

Juntamente con Mauricio Rodríguez Sánchez, su jefe de inteligencia en esos años, Ríos Montt se enfrenta a cargos de genocidio y otros delitos graves por atrocidades cometidas contra miembros de la comunidad maya ixil durante su mandato.

Las cuatro organizaciones se muestran especialmente preocupadas por la decisión tomada el jueves 18 de abril por la juez de primera instancia Carol Patricia Flores de anular los procedimientos del juicio que han tenido lugar hasta ahora, entre ellos los testimonios de más de 100 familiares y sobrevivientes de la violencia, así como testimonios de la defensa y peritos expertos.

Al anunciar su anulación, la juez Flores citó una sentencia de la Corte de Constitucionalidad con respecto a la admisibilidad de pruebas de descargo, a pesar de que el Tribunal de Alto Riesgo ya había admitido las pruebas ordenadas por la Corte de Constitucionalidad.

La Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz Bailey, declaró que la decisión de Flores de anular los procedimientos es "ilegal".

Esta mañana, viernes 19 de abril, la juez que preside el juicio contra Ríos Montt, Yassmín Barrios, también ha rechazado la orden de anular los procedimientos por considerarla ilegal. Aún así, ha decidido suspender el proceso a la espera de que la Corte de Constitucionalidad se pronuncie sobre la legalidad de la sentencia de anulación.

Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, dijo: "La decisión de la juez Barrios es una respuesta valiente y legalmente correcta a este evidente intento de sabotear la legítima exigencia de justicia de las víctimas de crímenes terribles. La Corte de Constitucionalidad debe pronunciarse sin dilación sobre la legalidad de la orden de anular el juicio, y permitir que este histórico juicio concluya como debe ser".

Justice Initiative, el ICTJ y el CEJIL también expresan su preocupación por el apoyo público expresado por el actual presidente, Otto Pérez Molina, a un comunicado firmado por varios líderes políticos y ex funcionarios del gobierno en el que se defendía que si en el juicio finalmente se sentenciaba que sí hubo genocidio, el proceso de paz en Guatemala estaría en peligro.

James A. Goldston, director ejecutivo de Justice Initiative, dijo: "Es imperativo, tanto para el Estado de derecho en Guatemala como para una reconciliación duradera, que el proceso legal continúe sin presiones externas inapropiadas. Al enfrentar su historia, Guatemala se unirá a otros países del mundo que han buscado justicia y rendición de cuentas por los más graves crímenes contra la humanidad".

Viviana Krsticevic, directora del CEJIL, añadió: "Las investigaciones y los procesos judiciales juegan un papel clave en ayudar a las sociedades a enfrentar los abusos históricos de derechos humanos. Este proceso solo puede fortalecer el Estado de derecho en Guatemala".

El juicio contra Ríos Montt es el primer proceso judicial por el crimen de genocidio que se lleva a cabo contra un ex jefe de Estado en tribunales nacionales.

Más información disponible en www.riosmontt-trial.org . Este sitio es administrado por el Open Society Justice Initiative (OSJI), en colaboración con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el Archivo de Seguridad Nacional (NSA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Plaza Pública.

Foto Sandra Sebatian CC Plaza Pública.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

En el dia internacional de las personas con discapacidad, la ONU emitió el siguiente comunicado

Lun, 03/12/2012 (Todo el día)
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