Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Organizaciones internacionales denuncian irregularidades en procesos de integración de órganos de justicia en Guatemala

Washington DC y Ciudad de Guatemala, 13 de agosto del 2014. En el presente año se están renovando importantes cargos del sistema de administración de justicia en Guatemala, a saber el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y las y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones.

Desafortunadamente, las organizaciones abajo firmantes consideramos que el Estado guatemalteco no está cumpliendo con los estándares internacionales aplicables a este tipo de nombramientos, lo cual podría comprometer el principio de independencia judicial que es fundamental en todo sistema democrático.

Mié, 13/08/2014

Audiencia CIDH 152 PES Washington DC y Ciudad de Guatemala, 13 de agosto del 2014. En el presente año se están renovando importantes cargos del sistema de administración de justicia en Guatemala, a saber el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y las y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones.

Desafortunadamente, las organizaciones abajo firmantes consideramos que el Estado guatemalteco no está cumpliendo con los estándares internacionales aplicables a este tipo de nombramientos, lo cual podría comprometer el principio de independencia judicial que es fundamental en todo sistema democrático.

En el proceso de nombramiento del cargo de Fiscal General que finalizó en el mes de mayo del 2014, las comisiones de postulación (CP) que evaluaron a los y las candidatas actuaron con un amplio margen de discrecionalidad que provocó, entre otras irregularidades, una inadecuada ponderación de la experiencia profesional, una grave falta de justificación sobre la relación entre la puntuación otorgada y los y las postulantes seleccionados,   una nula discusión sobre la honorabilidad de los y las postulantes así como ninguna valoración respecto de las tachas presentadas en contra de algunos de ellos.

Más recientemente, en el mes de junio iniciaron los procesos para elegir a 13 integrantes de la Corte Suprema de Justicia y 180 magistradas y magistrados de las Cortes de Apelaciones. Pese a la importancia de estos nombramientos, los procedimientos iniciados no se están guiando por los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad, y representatividad; en forma contraria, las comisiones de postulación han tomado decisiones que generan dudas sobre la autonomía e imparcialidad de sus integrantes.

La Corte de Constitucionalidad (CC) en su decisión de fecha 13 de junio de 2014 señaló algunas consideraciones sobre la importancia de realizar una evaluación objetiva y razonable, así como justificar de manera pública, razonada y expresa el voto que se brinda a favor o en contra de un candidato (a). Pese a ello, las CP no establecieron criterios para evaluar el requisito constitucional de “reconocida honorabilidad”, aprobaron tablas de gradación que solamente favorecen la antigüedad en el ejercicio de la profesión pero que no permiten medir la calidad profesional, eliminaron la posibilidad de realizar entrevistas a los postulantes, y manifestaron que sus votaciones serán privadas, lo anterior en abierto desacato a lo que fuera establecido por la CC.

Precisamente por dichas irregularidades, la CC ha otorgado dos amparos provisionales, el primero interpuesto por la Convergencia por los Derechos Humanos y el segundo interpuesto por la diputada Nineth Montenegro, ordenando en ambos casos a las CP rectificar sus actuaciones.

En el mes de abril del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció respecto de los procesos que se están llevando a cabo en Guatemala y recordó al Estado que “el objetivo de todo proceso de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia debe ser seleccionar a los candidatos y candidatas con base al mérito personal y su capacidad profesional, así como la singularidad y especificidad de las funciones que van a desempeñar”. Para lograr lo anterior, la CIDH consideró indispensable que se establezcan criterios objetivos, previamente establecidos, para la valoración y calificación de las y los candidatos a fin de evitar la discrecionalidad de las personas u órganos que intervienen en la selección”. Estas recomendaciones no se están cumpliendo en la actualidad.

Las irregularidades descritas fueron expuestas el día de hoy en una audiencia pública ante la CIDH, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Open Society Justice Initiative  (OSJI), en el marco del 152 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana que se lleva a cabo en la Ciudad de México DF.

También se refirieron a los obstáculos estructurales que impiden acabar con la impunidad en Guatemala, en tal sentido, se denunció la continuación de la práctica de uso abusivo de los recursos de amparo y la complicidad de las autoridades que los acogen con el único objetivo de dilatar los procedimientos, la paralización de varios procesos en virtud de acciones de la defensa que pretenden la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional para eximir de responsabilidad a militares presuntamente involucrados en masacres, desapariciones forzadas y otras graves violaciones, y principalmente la existencia de una política de Estado que se niega a brindar justicia a las víctimas.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por el evidente irrespeto a los compromisos internacionales que tiene el Estado de Guatemala y nos sumamos a las numerosas voces de protesta de la sociedad civil y de otros actores que claman por procesos de elección transparentes y objetivos. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que rectifiquen sus actuaciones y garanticen una administración de justicia independiente, sólo así se podrá a su vez avanzar en la superación de los obstáculos estructurales para erradicar la impunidad.

Finalmente las organizaciones saludamos la invitación del Estado de Guatemala de recibir al relator de país en una visita oficial y esperamos que esta visita se realice en el menor tiempo posible.

Organizaciones firmantes:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Guatemalan Human Rights Commission

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

 

 

Contacto de Prensa

Daniela Araya

daraya@cejil.org

Informe Bienal 2012 2013

En este nuevo Informe, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) comparte parte de su trabajo llevado adelante durante el periodo 2012-2013. En especial, este Informe ilumina el impacto del trabajo realizado por CEJIL desde una perspectiva que integra el derecho internacional de los derechos humanos con la legislación doméstica, como parte de un único marco legal fundamental para la garantía de los derechos.

 


Tipo de publicación: Informe de Actividades
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2014
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La Debida Diligencia en casos de violencia de género

Este documento- resultado de un trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-  sistematiza los principales estándares del  derecho interamericano de los derechos humanos que deben inspirar la respuesta estatal frente a  violaciones a los derechos humanos de las mujeres como  consecuencia de la violencia de género.

 

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Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2013
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Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género: Costa Rica, Honduras y Nicaragua

Esta publicación es un diagnóstico sobre los crímenes de odio contra personas de las comunidades lésbicas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex (LGBTI) en Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

El estudio que presentamos consta inicialmente de un glosario de definiciones, posteriormente se introducen algunas consideraciones sobre el concepto de crímenes de odio y sus antecedentes, así como los antecedentes de derecho internacional a tener en cuenta en relación con el tema. Finalmente se incluyen los tres diagnósticos efectuados.


Tipo de publicación: Libros e informes
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2013
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Honduras debe garantizar los derechos civiles y políticos en jornada electoral

San José y Washington D.C., 24 de noviembre de 2013.- El día de ayer fueron asesinados María Amparo Pinedo Duarte y Julio Ramon Maradiaga, ambos integrantes de la Cooperativa Carbón afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo y simpatizantes del Partido Libre.  De acuerdo con la información recibida, el hecho fue perpetrado por sujetos desconocidos que se trasladaban en un vehículo y ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche, cuando regresaban de una capacitación para observación electoral en el municipio de Cantarranas.

Ayer también fue brutalmente golpeado el señor Carlenton Dávila, candidato a alcalde por Tegucigalpa en representación del Partido Anticorrupción (PAC), razón por la cual tuvo que ser ingresado de emergencia al Hospital Escuela Universitario.

Dom, 24/11/2013

Bandera de HondurasSan José y Washington D.C., 24 de noviembre del 2013.- El día de ayer fueron asesinados María Amparo Pinedo Duarte y Julio Ramon Maradiaga, ambos integrantes de la Cooperativa Carbón afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo y simpatizantes del Partido Libre.  De acuerdo con la información recibida, el hecho fue perpetrado por sujetos desconocidos que se trasladaban en un vehículo y ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche, cuando regresaban de una capacitación para observación electoral en el municipio de Cantarranas.

Ayer también fue brutalmente golpeado el señor Carlenton Dávila, candidato a alcalde por Tegucigalpa en representación del Partido Anticorrupción (PAC), razón por la cual tuvo que ser ingresado de emergencia al Hospital Escuela Universitario.

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 21 personas habrían sido asesinadas desde mayo del 2012 hasta la fecha, presuntamente por motivaciones políticas.  CEJIL expresa su preocupación por estos hechos de violencia y exige una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

A la vez, recibimos información de la presencia de fuerzas militares en Cantagallo, lugar en donde se ubican los transmisores de Canal 36 (Cholusat Sur). Este medio de comunicación y su director, Esdras Amado López, cuentan con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde junio de 2009. En Cantagallo también se ubican los transmisores de Radio Globo y Canal 11.

CEJIL exhorta a las autoridades hondureñas a proteger efectivamente el ejercicio de la libertad de expresión y abstenerse de incurrir en prácticas que podrían ser consideradas injerencias indebidas.

Hoy, al celebrarse la jornada electoral para definir a las nuevas autoridades de gobierno en Honduras, CEJIL hace un llamado respetuoso para que se tomen todas las medidas necesarias a efectos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos y todas las hondureñas, en condiciones de libertad y sin temores ni injerencias ilegítimas. De igual forma, solicitamos a la CIDH y a la comunidad internacional, que se mantengan vigilantes de los hechos que limiten o violenten los derechos humanos en este país.

Organizaciones internacionales piden que el juicio por genocidio en Guatemala se celebre hasta el final

Cuatro organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional se han unido para pedir a todos los implicados en el juicio que tiene lugar en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que el juicio prosiga con el debido respeto a la independencia judicial.

Vie, 19/04/2013

New York, Washington D.C y San José, 19 de abril, 2013- Cuatro organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional se han unido para pedir a todos los implicados en el juicio que tiene lugar en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que el juicio prosiga con el debido respeto a la independencia judicial.

JuicioRíosMontt-SandraSebastianCCPlazaPublica

Las cuatro organizaciones son: Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

El juicio contra Ríos Mont, ex general que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, se inició en la Ciudad de Guatemala el 19 de marzo.

Juntamente con Mauricio Rodríguez Sánchez, su jefe de inteligencia en esos años, Ríos Montt se enfrenta a cargos de genocidio y otros delitos graves por atrocidades cometidas contra miembros de la comunidad maya ixil durante su mandato.

Las cuatro organizaciones se muestran especialmente preocupadas por la decisión tomada el jueves 18 de abril por la juez de primera instancia Carol Patricia Flores de anular los procedimientos del juicio que han tenido lugar hasta ahora, entre ellos los testimonios de más de 100 familiares y sobrevivientes de la violencia, así como testimonios de la defensa y peritos expertos.

Al anunciar su anulación, la juez Flores citó una sentencia de la Corte de Constitucionalidad con respecto a la admisibilidad de pruebas de descargo, a pesar de que el Tribunal de Alto Riesgo ya había admitido las pruebas ordenadas por la Corte de Constitucionalidad.

La Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz Bailey, declaró que la decisión de Flores de anular los procedimientos es "ilegal".

Esta mañana, viernes 19 de abril, la juez que preside el juicio contra Ríos Montt, Yassmín Barrios, también ha rechazado la orden de anular los procedimientos por considerarla ilegal. Aún así, ha decidido suspender el proceso a la espera de que la Corte de Constitucionalidad se pronuncie sobre la legalidad de la sentencia de anulación.

Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, dijo: "La decisión de la juez Barrios es una respuesta valiente y legalmente correcta a este evidente intento de sabotear la legítima exigencia de justicia de las víctimas de crímenes terribles. La Corte de Constitucionalidad debe pronunciarse sin dilación sobre la legalidad de la orden de anular el juicio, y permitir que este histórico juicio concluya como debe ser".

Justice Initiative, el ICTJ y el CEJIL también expresan su preocupación por el apoyo público expresado por el actual presidente, Otto Pérez Molina, a un comunicado firmado por varios líderes políticos y ex funcionarios del gobierno en el que se defendía que si en el juicio finalmente se sentenciaba que sí hubo genocidio, el proceso de paz en Guatemala estaría en peligro.

James A. Goldston, director ejecutivo de Justice Initiative, dijo: "Es imperativo, tanto para el Estado de derecho en Guatemala como para una reconciliación duradera, que el proceso legal continúe sin presiones externas inapropiadas. Al enfrentar su historia, Guatemala se unirá a otros países del mundo que han buscado justicia y rendición de cuentas por los más graves crímenes contra la humanidad".

Viviana Krsticevic, directora del CEJIL, añadió: "Las investigaciones y los procesos judiciales juegan un papel clave en ayudar a las sociedades a enfrentar los abusos históricos de derechos humanos. Este proceso solo puede fortalecer el Estado de derecho en Guatemala".

El juicio contra Ríos Montt es el primer proceso judicial por el crimen de genocidio que se lleva a cabo contra un ex jefe de Estado en tribunales nacionales.

Más información disponible en www.riosmontt-trial.org . Este sitio es administrado por el Open Society Justice Initiative (OSJI), en colaboración con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el Archivo de Seguridad Nacional (NSA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Plaza Pública.

Foto Sandra Sebatian CC Plaza Pública.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

En el dia internacional de las personas con discapacidad, la ONU emitió el siguiente comunicado

Lun, 03/12/2012 (Todo el día)
A nivel mundial
A nivel mundial

OEA elegirá tres nuevos jueces/juezas de la Corte IDH

Las elecciones se realizarán en el marco de la Asamblea General de la OEA
Bajada: 

Entre el 3 y el 5 de junio, se elegirán a tres de los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Las elecciones se realizarán en el marco de la XLII Asamblea General, que tendrá lugar este año en Cochabamba, Bolivia.

El mandato de los jueces y juezas de la Corte Interamericana es de seis años y  renovable una vez. Vencen este año el segundo mandato del  Vicepresidente de la Corte Leonardo Franco (Argentina) y el primer mandato de las juezas Rhadys Abreu Blondet (República Dominicana) y Margarette May Macaulay (Jamaica) respectivamente. Estas dos últimas han sido postuladas para su reelección. Los mandatos del presidente Diego García Sayán y de los jueces Eduardo Vio Grossi, Manuel Ventura Robles y Alberto Pérez Pérez siguen vigentes.

Para más información

Entre el 3 y el 5 de junio, se elegirán a tres de los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Las elecciones se realizarán en el marco de la XLII Asamblea General, que tendrá lugar este año en Cochabamba, Bolivia.

Fecha: 
Mar, 27/03/2012

CEJIL expresa su dolor y tristeza por el fallecimiento en el día de ayer de la defensora de derechos humanos Sonia Pierre

Sonia Pierre, dominicana, defensora de los derechos humanos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana, falleció el domingo 4 de diciembre de 2011

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2011 - “Hemos perdido a un ser humano extraordinario, una defensora que nunca flaqueó en su lucha por la igualdad, aun siendo perseguida y amenazada. Sonia Pierre fue una defensora incansable de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana y nunca descansó en su lucha contra la discriminación y la violencia. Ella abrió caminos para que futuras generaciones  de dominicanos/as puedan celebrar su herencia cultural sin tener que negar su derecho a la nacionalidad y al trato igualitario en su tierra, República Dominicana”, expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Lun, 05/12/2011

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2011 - “Hemos perdido a un ser humano extraordinario, una defensora que nunca flaqueó en su lucha por la igualdad, aun siendo perseguida y amenazada. Sonia Pierre fue una defensora incansable de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana y nunca descansó en su lucha contra la discriminación y la violencia. Ella abrió caminos para que futuras generaciones  de dominicanos/as puedan celebrar su herencia cultural sin tener que negar su derecho a la nacionalidad y al trato igualitario en su tierra, República Dominicana”, expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
 
Sonia Pierre fue fundadora y Directora Ejecutiva del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, organización que junto a CEJIL representó a víctimas de la negación de reconocimiento a la nacionalidad en República Dominicana. En esta labor, Sonia participó en los más altos foros internacionales, incluyendo la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando establecer uno de los precedentes judiciales más importantes en el derecho internacional sobre el reconocimiento de la nacionalidad, la protección de la niñez y el derecho a la educación , en el caso Yean y Bosico vs. República Dominicana. Lamentablemente, el Estado dominicano aún no ha implementado de forma completa la decisión de la Corte Interamericana. En este caso, la Corte Interamericana concluyó que el estatus migratorio de los padres no puede ser heredado a los hijos.
 
Debido a su trabajo como defensora, Sonia Pierre fue objeto de amenazas, hostigamientos y constantes críticas que mantenían en peligro su vida y la de su familia. Esta situación fue reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en más de una ocasión  emitió medidas de protección exigiendo al Estado dominicano que protegiera su vida.
 
Al fallecer, Sonia Pierre dejó un legado invaluable a la sociedad dominicana que contó con una de las líderes más destacadas mundialmente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de las minorías étnicas. Hoy celebramos su vida, agradecidos por haber tenido el privilegio de participar junto a ella en su lucha por erradicar todo trato desigual y discriminatorio en contra de las poblaciones minoritarias y vulnerables, y rendimos tributo a su legado por ser un digno ejemplo de lo que las defensoras de derechos humanos pueden hacer para lograr una sociedad más justa e igualitaria.
 
Contacto:
Milli Legrain
mlegrain@cejil.org
Tel (1) 202 319 3000

Perú debe impedir cualquier tipo de amnistía encubierta

Ministerio de Defensa debe garantizar el acceso a documentos clave para juicios

Washington D.C, 2 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiesta su profunda preocupación por las declaraciones formuladas por el Ministro de Defensa de Perú, general en retiro Daniel Mora, en una entrevista con la radio local del Instituto de Defensa Legal el pasado 31 de agosto de 2011, ya que representan un retroceso en la lucha contra la impunidad. El Ministro Mora hizo referencia a una “solución de punto final” a los juicios de militares por crímenes de lesa humanidad para encaminarse a la reconciliación en Perú.

Vie, 02/09/2011

 

Washington D.C, 2 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiesta su profunda preocupación por las declaraciones formuladas por el Ministro de Defensa de Perú, general en retiro Daniel Mora, en una entrevista con la radio local del Instituto de Defensa Legal el pasado 31 de agosto de 2011, ya que representan un retroceso en la lucha contra la impunidad. El Ministro Mora hizo referencia a una “solución de punto final” a los juicios de militares por crímenes de lesa humanidad para encaminarse a la reconciliación en Perú.

CEJIL insta al Presidente Ollanta Humala a enviar un mensaje contundente acorde con sus compromisos de campaña y con sus obligaciones internacionales a favor del respeto de los derechos humanos, incluyendo el acatamiento con el informe de la Comisión de la Verdad de ese país y una reparación integral para las víctimas del conflicto.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya se ha pronunciado sobre la incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos de las leyes que favorecen la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. Sobre Perú, dicho Tribunal ha emitido varias sentencias en los casos Barrios Altos (2001), La Cantuta (2006), Anzualdo Castro (2009) en los que decretó la inadmisibilidad de medidas que impidan la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. En su último pronunciamiento, el Tribunal interamericano estableció que el Perú “no podrá argüir ni aplicar ninguna ley ni disposición de derecho interno, existente o que se expida en el futuro, para eximirse de la orden de la Corte de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables.”

La Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, señaló que “Ninguna clase de legislación o política estatal que tenga como objetivo impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, aún y cuando se realice mediante procesos democráticos, resultaría compatible con el derecho internacional de los derechos humanos”. Sobre este último punto la Corte IDH señaló en su reciente fallo del caso Gelman v Uruguay que el hecho de que esta clase de leyes se aprueben “en un régimen democrático” y aun cuando sean “ratificada[s] o respaldada[s] por la ciudadanía” “no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional.”

No es la primera vez que en el Perú se hable de proyectos de legislación o prácticas contrarias a su obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos. En noviembre de 2008 se presentaron ante el Congreso dos proyectos de ley que pretendían conceder la amnistía e indulto a agentes estatales denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por violaciones de derechos humanos. Además, en octubre de 2009 se pretendió a través de otro proyecto de ley dotar de impunidad al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú “que en cumplimiento de su deber dentro de zonas de emergencia y haciendo uso de la fuerza letal, causa muerte o lesiones graves”.

Por todo esto, CEJIL hace un llamado al Presidente Humala a que se deslinde de cualquier declaración e intención de su gobierno de apoyar iniciativas de esta naturaleza.

Finalmente, a través de nuestro trabajo en la defensa de víctimas de derechos humanos en ese país, hemos observado que uno de los impedimentos más graves para combatir la impunidad ha sido la falta de acceso a archivos de las fuerzas armadas. Por ello, CEJIL urge al gobierno de Perú que colabore con los procesos judiciales aún abiertos para que, en un tiempo razonable, puedan concluir y puedan establecerse las responsabilidades individuales y sus correspondientes reparaciones a las víctimas.

 

Para más información:

Milli Legrain

CEJIL

mlegrain@cejil.org

Tel (1) 202 319 3000

 

 

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