CEJIL y otras organizaciones

El Caso de los Campesinos Ecologistas por fin se investiga en el fuero ordinario

Acción se ajusta a lo ordenado por la Corte IDH

México D. F. y San José, Costa Rica, 20 de setiembre de 2011- El Estado mexicano informó el pasado 2 de setiembre que abrió las investigaciones en el fuero civil federal por la tortura sufrida por Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Esta acción se ajusta a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del “Caso Campesinos Ecologistas”. Representantes de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación anunciaron sobre el inicio del proceso durante una reunión con el Centro PRODH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que representan a las víctimas.

Mar, 20/09/2011

Rodolfo Montiel y su esposa Ubalda Cortés durante la audiencia del caso 'Ecologistas' ante la Corte IDH en San José, Costa Rica, 26 de agosto del 2010. México D.F. y San José, Costa Rica, 20 de septiembre de 2011- El pasado 2 de septiembre de 2011, el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organizaciones que acompañamos el caso de los señores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, Campesinos Ecologistas de la Sierra de Guerrero, sostuvimos una reunión con representantes de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, en la que fuimos informados de la apertura, en el fuero civil federal, de las investigaciones por las alegaciones de tortura, de conformidad con lo ordenado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

En su sentencia de 26 de noviembre de 2010, la CoIDH, resolvió que:

El Estado debe, en un plazo razonable, conducir eficazmente la investigación penal de los hechos del presente caso, en particular por los alegados actos de tortura en contra de los señores Cabrera y Montiel, para determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea; así como adelantar las acciones disciplinarias, administrativas o penales pertinentes en el evento de que en la investigación de los mencionados hechos se demuestren irregularidades procesales e investigativas relacionadas con los mismos, de conformidad con el párrafo 215 de la presente Sentencia.

De acuerdo con la información proporcionada, las investigaciones fueron iniciadas el 15 de julio de 2011, bajo el número de expediente 173/UEIDLAPE/12/2011 y turnadas a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República. Al respecto, la propia Titular de la Unidad, la Lic. Alicia Rosas Rubí, refirió que la investigación había sido iniciada por el delito de tortura contemplado en la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar la Tortura, y bajo su cargo, puesto que recae en su competencia.

La apertura de las investigaciones en el fuero federal representa un paso importante en la demanda de justicia que Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera han mantenido desde 1999, año en que con motivo de su activismo ambiental fueron arbitrariamente detenidos por el Ejército y violentados en su integridad física y psicológica, para obligarlos a firmar confesiones autoinculpatorias sobre delitos que no cometieron. En las semanas que siguen, agentes de la PGR, con la coadyuvancia de los representantes de las víctimas, realizarán diversas diligencias para recabar más pruebas del delito de tortura y para deslindar responsabilidades por este crimen, por lo cual es de esperarse que la investigación cuente con avances para finales de este año cuando le toque al Estado mexicano informar a la Corte Interamericana del estado de cumplimiento de la sentencia internacional.

Por lo tanto, desde el Centro Prodh y Cejil:

- Recordamos que la autoridad investigadora deberá tomar en cuenta la verdad histórica y legal establecida en la sentencia de la CoIDH, donde claramente se prueba la participación de elementos castrenses tanto en la detención arbitraria como en la tortura perpetrada en contra de los Campesinos Ecologistas.

- Exhortamos a la autoridad a investigar de acuerdo a los criterios señalados en la sentencia sobre las diversas hipótesis que motivaron los hechos, incluida aquella que refiere su activismo en la defensa del medio ambiente.

- Recordamos que las investigaciones deberán conducirse de manera diligente, atendiendo a los estándares más altos de derechos humanos y velando en todo momento por el derecho de las víctimas.

Colombia no debe retroceder en su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación frente a graves violaciones a los derechos humanos

Washington D.C, 15 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y el Latin America Working Group (LAWG) manifestamos nuestra más profunda preocupación por las declaraciones formuladas por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el comandante de las Fuerzas Armadas, General Alejandro Navas, y el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, en el sentido de otorgar amnistías y otras medidas que eximirían de responsabilidad a militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos así como por su apoyo a la reinstauración de una jurisdicción militar para investigar este tipo de crímenes.

Jue, 15/09/2011

Washington D.C, 15 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y el Latin America Working Group (LAWG) manifestamos nuestra más profunda preocupación por las declaraciones formuladas por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el comandante de las Fuerzas Armadas, General Alejandro Navas, y el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, en el sentido de otorgar amnistías y otras medidas que eximirían de responsabilidad a militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos así como por su apoyo a la reinstauración de una jurisdicción militar para investigar este tipo de crímenes.

La semana pasada, el ex presidente Uribe señaló que el Congreso y el Gobierno deberían pensar en una reforma a la Constitución que permitiera la excarcelación a los militares que participaron en los eventos de la retoma del Palacio de Justicia en 1985 y en segundo lugar “como un gesto de confianza, crear una jurisdicción especial y transitoria para que revise todas las sentencias condenatorias contra los integrantes de las Fuerzas Armadas”[1].

Por su parte, el recién designado Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, propuso reactivar el fuero militar para que soldados y oficiales sean procesados prioritariamente por la justicia castrense[2]. Asimismo, el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, el General Alejandro Navas, manifestó el pasado 13 de septiembre que creía en la necesidad de revisar el sistema de justicia militar y estudiar los mecanismos por los cuales se juzgan las actuaciones militares. En particular se refirió al caso del Palacio de Justicia y añadió que el Coronel(r) Plazas Vega es un “héroe nacional” y que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas[3].

CEJIL, WOLA y LAWG instan al Presidente Santos a enviar un mensaje contundente acorde con sus obligaciones internacionales a favor del respeto de los derechos humanos que excluye la utilización de la jurisdicción militar como fuero adecuado para tratar graves violaciones a los derechos humanos, así como la utilización de medidas veladas o explícitas que permitan que aquellas permanezcan impunes.

Lisa Haugaard, Directora de LAWG, señaló que “de conformidad con el derecho internacional no es posible dictar leyes de amnistía o cualquier otra medida que elimine la responsabilidad o pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En los últimos años hemos visto algunos avances, si bien tentativos, de garantizar justicia en las cortes civiles por graves violaciones a los derechos humanos por miembros del ejército. En lugar de regresar a las prácticas del pasado que han llevado a la impunidad, el progreso logrado para alcanzar la justicia en las cortes civiles debe ser fortalecido”.

Sobre Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido varias sentencias en los casos de las masacres de Mapiripán (2005), Pueblo Bello (2006) y La Rochela (2007), en los que decretó la inadmisibilidad de medidas que impidan la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos; entre ellas, la Corte IDH excluye el uso del fuero militar en la investigación de este tipo de violaciones.

Por su parte, la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, señaló que “las obligaciones en derechos humanos asumidas por Colombia tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en la OEA objetan el uso de amnistías, indultos y otras eximentes de responsabilidad que impidan la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, aún si aquellas resultan de un proceso de debate democrático. Quizás sea necesario recordar que la Corte Interamericana ya ha dado elementos claves en este sentido en las sentencias de La Rochela v. Colombia, Gelman v. Uruguay, entre otras”.

Krsticevic añadió que “las declaraciones de los altos funcionarios de Ejecutivo que contradicen los compromisos asumidos en la Ley de Víctimas y los tratados de derechos humanos deberían ser rechazadas con vehemencia por el Señor Presidente para demostrar su apego a la constitución y al Estado de derecho”.

Gimena Sánchez, titular de Programa para Colombia de WOLA, expresó que “pronunciamientos como estos, provenientes de miembros del Poder Ejecutivo, no hacen otra cosa que minar la independencia del poder judicial en ese país”. Estos pronunciamientos han tomado mayor fuerza ahora que existen un elevado número de juicios contra miembros del ejército por violaciones a derechos humanos, y muy particularmente cuando en los próximos días podría dictarse la sentencia de apelación por parte del Tribunal Supremo de Bogotá en el caso del Coronel en retiro Plazas Vega que objetó su condena a 30 años de cárcel por su responsabilidad en las personas desaparecidas en el caso de la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Por todo esto, CEJIL, WOLA y LAWG hacemos un llamado al Presidente Santos a que se deslinde de cualquier declaración e intención de su gobierno de apoyar iniciativas de esta naturaleza; y al Poder Legislativo a que no dé pasos en falso a través de la emisión de leyes que coloquen a Colombia al margen de sus obligaciones internacionales en derechos humanos.

Para más información:

 

Milli Legrain

CEJIL

mlegrain@cejil.org

Tel (1) 202 319 3000

Lisa Hauguaard

LAWG

lisah@lawg.org

(202) 546-7010

Gimena Sánchez

WOLA

GSanchez@wola.org

Tel: (202) 797-2171

 

 


[1] Revista Semana, Uribe propuso excarcelar a militares condenados por la "recuperación del Palacio de Justicia", 7 de septiembre de 2011, en http://www.semana.com/nacion/uribe-propuso-excarcelar-militares-condenados-recuperacion-del-palacio-justicia/163744-3.aspx

[2] El Nuevo Herald, Pinzón plantea reactivar fuero militar, http://www.elnuevoherald.com/2011/09/06/1019482/pinzon-plantea-reactivar-fuero.html

[3] RCN Radio, Comandante de las FFMM calificó como un héroe nacional al coronel (r) Plazas Vega, en http://www.rcnradio.com/noticias/comandante-de-las-ffmm-califico-como-un--108297

Audiencias Corte Interamericana

Lun, 22/08/2011 (Todo el día) - Mié, 31/08/2011 (Todo el día)
San José
Costa Rica

Audiencias CIDH

Mié, 19/10/2011 (Todo el día) - Vie, 04/11/2011 (Todo el día)
CIDH
Washington D.C

Reunión en la OEA sobre reforma del Capítulo 11

Reunión del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA para la "Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos"
 
El diálogo del Grupo de Trabajo con los Comisionados de la CIDH girará entorno a la reforma del Capítulo 11 del Reglamento de la CIDH.

Mar, 30/08/2011 - 15:00 - 18:00
OEA
Washington D.C

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Mar, 09/08/2011 (Todo el día)
MUNDO
MUNDO

Casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron remitidos al fuero común en México

Caso sumaba nueve años de impunidad en el fuero militar

México D. F., San José, 16 de agosto del 2011- El día 12 de agosto, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó por escrito a Inés Fernández y a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por miembros del Ejército Mexicano en el año 2002, han sido remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR).

Mar, 16/08/2011

México D. F., San José, 16 de agosto del 2011- El día 12 de agosto, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó por escrito a Inés Fernández y a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por miembros del Ejército Mexicano en el año 2002, han sido remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR).

En dicho oficio la Ministerio Público de la PGJM informa que:

“… la Fiscalía Militar tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA para seguir conociendo y determinar la[s] indagatoria[s] número SC/179/2009/II-E  y  SC/180/2009/II-E. Derivado de lo anterior, esta Fiscalía Militar, giró [dos] oficio[s] el veintinueve de julio del año en curso, mediante el cual remitió a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la Procuraduría General de la República [ambas] indagatoria[s] de referencia a fin de que se determine lo que en derecho proceda”

La notificación señala que dicha acción se motiva en las características de las denuncias presentadas, así como en lo dispuesto en la reciente Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, y en las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano.

En este sentido, es preciso recordar que la remisión de los expedientes al fuero civil ocurre en virtud de la expresa solicitud que ambas mujeres me’phaa elevaron tras la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que a partir del análisis del expediente “Varios 912/2010” (relativo al caso Rosendo Radilla), resolviera que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones a derechos humanos, por lo que deberán ser juzgados por tribunales civiles. No obstante,  la remisión al fuero civil de ambos casos era una obligación ya existente, que había sido determinada por la Corte Interamericana en las sentencias de estos mismo casos,  que fueron notificadas al Estado mexicano el 1° de octubre del año pasado.

La resolución es consecuencia de nueve años de lucha que Inés y Valentina han emprendido valientemente, acompañadas de organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos así como de cientos de personas alrededor del mundo que a título individual y colectivo se han sumado a su demanda para exigir a la Secretaría de la Defensa Nacional que las violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército no sean ventiladas en instancias castrenses.

Ante este escenario, hoy la PGR tiene la responsabilidad ineludible de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables que ya han sido identificados por Inés y Valentina. No existe, por tanto, pretexto alguno para llevar las investigaciones hacia direcciones que conduzcan a la impunidad, como en su momento lo hizo la PGJM o la propia PGR al intentar remitir las investigaciones al fuero local.

A este respecto, es importante reiterar que en las sentencias dictadas dentro de los casos Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega contra México, la Corte Interamericana estableció parámetros sumamente precisos y específicos que debe satisfacer la investigación de los hechos para fungir como efectiva reparación. Así ha señalado que en el cumplimiento de este deber el Estado debe actuar en un plazo razonable y con la debida diligencia, a la luz de una adecuada perspectiva de género y etnicidad, posibilitando la amplia  participación de ambas mujeres y sin generar  que sean revictimizadas y en condiciones de seguridad. Esto último es fundamental, dado que la seguridad de ambas mujeres se ha visto amenazada en el desarrollo de las investigaciones, lo que ha motivado que el propio Tribunal Interamericano les haya otorgado medidas de protección a ellas y a sus familias.

La remisión al fuero civil de los casos no agota las obligaciones impuestas a México por la Corte Interamericana, aunque posibilita que la investigación sea conducida por un órgano que no presenta los vicios inherentes al fuero castrense. Por ello, constituye un precedente fundamental para que todos aquellos casos en los que elementos del Ejército se vean involucrados en violaciones a derechos humanos sean remitidos a instancias civiles, lo que sin duda redundará en el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas. No obstante, esto sólo ocurrirá en la medida en que la Procuraduría General de la República muestre su eficacia en la persecución de estos delitos.

Resulta indispensable que la Procuradora Marisela Morales garantice una investigación que se ajuste a las directrices impuestas por la Corte Interamericana, lo que será exigido y monitoreado por las organizaciones que a lo largo de más de 9 años han acompañado a Inés y a Valentina en su búsqueda de justicia.

Chile se expone a condena internacional por violaciones a los derechos humanos del pueblo mapuche

Buenos Aires, Santiago de Chile, Temuco, Paris, 10 de agosto de 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el pasado 8 de agosto de 2011 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos de ocho autoridades, dirigentes y activistas sociales de la Comunidad Mapuche juzgados y condenados arbitraria e ilegalmente por la Ley Antiterrorista chilena durante los años 2001 y 2004.

Mié, 10/08/2011

Buenos Aires, Santiago de Chile, Temuco, Paris, 10 de agosto de 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el pasado 8 de agosto de 2011 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos de ocho autoridades, dirigentes y activistas sociales de la Comunidad Mapuche juzgados y condenados arbitraria e ilegalmente por la Ley Antiterrorista chilena durante los años 2001 y 2004.

El caso remitido a la Corte Interamericana ilustra una práctica estructural llevada a cabo por el Estado de Chile, y que consiste en la aplicación selectiva de la Ley Antiterrorista a los miembros del pueblo indígena Mapuche, por las acciones llevadas a cabo en el marco de las movilizaciones y protestas sociales desarrolladas para recuperar sus territorios ancestrales, entre otros objetivos.

Se trata del primer caso contra el Estado de Chile que llega a la Corte Interamericana por violaciones a los derechos humanos de integrantes de la Comunidad Mapuche condenados por la Ley Antiterrorista. La CIDH decidió acumular tres casos en uno solo, y lo envió al el Alto Tribunal luego de que el Estado chileno incumpliera con las recomendaciones tendientes a reparar integralmente a las víctimas del caso, ni ha garantizado la no repetición de las violaciones a los derechos humanos establecidas por la Comisión.

La Corte debe determinar si –efectivamente- la práctica desarrollada por el Estado de Chile constituye una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y particularmente, al principio de legalidad, a la garantía del debido proceso legal, al derecho a la igualdad y a la libertad personal entre otros.

Ante el Congreso de la República, el Ministro del Interior y de Justicia de Colombia reconocerá la responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial del último Senador de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Manuel Cepeda Vargas



Bogotá D.C. y Washington D.C, 8 de agosto de 2011. El Estado colombiano reconocerá su responsabilidad en el magnicidio del senador Manuel Cepeda Vargas y pedirá disculpas a nombre del Estado en un acto público que tendrá lugar este martes 9 de agosto en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

Lun, 08/08/2011

Ante el Congreso de la República, el Ministro del Interior y de Justicia de Colombia reconocerá la responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial del último senador de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Manuel Cepeda Vargas

Bogotá D.C. y Washington D.C, 8 de agosto de 2011. El Estado colombiano reconocerá su responsabilidad en el magnicidio del senador Manuel Cepeda Vargas y pedirá disculpas a nombre del Estado en un acto público que tendrá lugar este martes 9 de agosto en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

Este acto de reconocimiento de responsabilidad se realiza en cumplimiento de la sentencia emitida el 26 de mayo de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  en la que condenó a Colombia  por la ejecución extrajudicial del Senador Manuel Cepeda.

La Corte IDH concluyó que la ejecución del Senador Cepeda por parte de agentes del Estado y grupos paramilitares, se insertó en un contexto de violencia sistemática y exterminio de miles de miembros, líderes y simpatizantes de la organización política Unión Patriótica (UP) desde el momento mismo de su surgimiento en el año 1985.

El 9 de agosto de 1994, el Senador Cepeda fue asesinado cuando se dirigía al Congreso de la República, en la ciudad de Bogotá. Cepeda había denunciado públicamente la existencia del “Plan Golpe de Gracia” coordinado desde las altas esferas del Ejército para asesinarlo a él y a otros líderes de la UP. Tras la muerte del Senador, sus familiares María e Iván Cepeda Castro y Claudia Girón, fueron amenazados y debieron abandonar el país por razones de seguridad.

El acto de reconocimiento de responsabilidad es una medida que adopta la Corte Interamericana en casos de especial gravedad y tiene como propósito contribuir a preservar la memoria de las víctimas y el reconocimiento de su dignidad; así como aportar a la construcción de una lectura de la historia del país que reconozca los yerros del pasado y propenda a evitar la  repetición de graves violaciones a los derechos humanos.

En este caso, el lugar donde se llevará a cabo el acto fue determinado por la propia Corte Interamericana al señalar expresamente que el mismo debía realizarse en el Congreso de la República,  con la presencia de miembros de las dos cámaras y de las más altas autoridades estatales.

El asesinato del senador Cepeda se mantiene en un alto grado de impunidad después de 17 años de ocurrido. A pesar de que  se probó que en el mismo participaron agentes del Estado y paramilitares, ninguno de los autores intelectuales ha sido condenado. El acto público no exime a Colombia de su obligación de llevar a cabo la investigación y sanción de todos los responsables materiales e intelectuales, que a su vez constituiría la señal más clara por parte del Estado de no tolerancia de las violaciones a los derechos humanos.

La democracia requiere que aquellas personas que piensan diferente, incluso expresando sus opiniones a través de grupos políticos minoritarios cuya posición resulta incómoda  para el Estado u otros sectores de la sociedad, puedan asociarse y participar políticamente sin ser estigmatizados, hostigados o asesinados. Ello es clave para garantizar la inclusión política y las libertades fundamentales.

Asimismo, el respeto de los derechos humanos requiere de especial prudencia por parte de los servidores públicos a fin de no realizar acciones o emitir señalamientos que exacerben la intolerancia o fomenten la violencia por parte de funcionarios públicos u otros sectores hacia la oposición política. En este sentido, la Corte consideró que las declaraciones vertidas por funcionarios públicos en las que vinculaban a la UP y el PCC con las FARC, pusieron a la víctima en una posición de mayor vulnerabilidad, aumentando el riesgo en que ya se encontraba.

El acto de reconocimiento ofrece al gobierno actual una oportunidad valiosa para demostrar que el respeto por los valores democráticos y los derechos humanos de todos, incluso de aquellos que participan desde posiciones minoritarias, fortalece la  democracia y consolida las bases para la vigencia del Estado de Derecho y la paz.

Viviana Krsticevic, Directora de CEJIL, señaló que “aspiramos a que el acto público de reconocimiento de responsabilidad contribuya a que existan mayores garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, la opinión crítica, la defensa de los derechos humanos y que estos valores sean piedras angulares en la construcción presente y futura de la democracia en Colombia. En ese sentido, anhelamos que la decisión de la Corte Interamericana en el caso del Senador Cepeda sea leída como la expresión reiterada del alto Tribunal de rechazo al uso de la violencia como método para silenciar expresiones incómodas o minoritarias”.

Por su parte, Rafael Barrios, Presidente del CCAJAR, señaló en relación con el acto público que: “medidas como ésta contribuirán al esclarecimiento histórico de la comisión de crímenes de Estado en Colombia. Esta es una oportunidad clave para que las autoridades emitan un mensaje claro sobre la prohibición de declaraciones que estigmaticen y pongan en riesgo a políticos o periodistas y un llamado para que crímenes similares no vuelvan a ocurrir”.

En representación de la víctima y sus familiares, el caso ha sido litigado por CEJIL, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y la Fundación Manuel Cepeda Vargas.

 

Para más información:

La Unión Interparlamentaria también acoge con satisfacción el reconocimiento por parte del Estado Colombiano

 

Contacto de CEJIL en Washington DC

Milli Legrain

mlegrain@cejil.org

Tel (1) 202 319 3000

 

Contacto de CCAJAR en Bogotá

Adriana H. Cuéllar R.

prensaccjar@gmail.com

Tel (57) 311 2194030

 

Se firmó acuerdo de reparación con el Estado mexicano en el caso de Paloma Escobar

El convenio busca reparar violaciones a los derechos humanos a raíz de la desaparición y asesinato de la joven

México, D. F., y San José, 8 de agosto de 2011- La señora Norma Ledezma Ortega y su hijo Fabián Escobar Ledezma firmaron un acuerdo con representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Gobierno Federal para el cumplimiento de medidas de reparación de las violaciones a derechos humanos sufridas a partir del año 2002, cuando se produjo la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Escobar Ledezma, hija de Norma y hermana de Fabián. En el acto participaron también el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), las cuales, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), actúan como representantes de las víctimas.

Lun, 08/08/2011

México, D. F., y San José, 8 de agosto de 2011- La señora Norma Ledezma Ortega y su hijo Fabián Escobar Ledezma firmaron un acuerdo con representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Gobierno Federal para el cumplimiento de medidas de reparación de las violaciones a derechos humanos sufridas a partir del año 2002, cuando se produjo la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Escobar Ledezma, hija de Norma y hermana de Fabián. En el acto participaron también el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), las cuales, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), actúan como representantes de las víctimas.

El caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que encontró acreditada la responsabilidad internacional del Estado mexicano. El acuerdo se logró en el marco de las actuaciones seguidas ante este órgano.

El convenio, signado el miércoles en la ciudad de Chihuahua, expresa la voluntad de las autoridades federales y locales de llevar a cabo las acciones necesarias para impulsar y ejecutar las distintas medidas de reparación. Estas acciones incluyen el reconocimiento formal de responsabilidad estatal, así como el compromiso estatal de avanzar con las investigaciones para esclarecer el asesinato de Paloma Escobar e identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables. Asimismo, los compromisos implican la reparación a los padres y al hermano de la joven por las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas.

Las autoridades también se comprometieron a implementar “medidas de no-repetición” que garanticen el tratamiento adecuado de situaciones de violencia contra las mujeres en Chihuahua (lo que incluye su prevención e investigación). Además se debe promover una cultura de respeto a los derechos humanos, en particular, en relación a las mujeres, las niñas y los niños.

El acuerdo representa un paso importante para los familiares de Paloma Escobar, especialmente para la señora Norma Ledezma, quien junto a su hijo Fabián, han dedicado años a la lucha por obtener justicia frente a las múltiples y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas contra mujeres y niñas de la región. Tanto la señora Norma Ledezma, como las organizaciones representantes –CEDEHM, CMDPDH y CEJIL– se congratulan por la firma de este documento y esperan que las autoridades den pleno cumplimiento a los compromisos adquiridos.

En caso de que los compromisos signados en este acuerdo no se cumplieran, podrían proseguirse los procedimientos internacionales pertinentes para hacer efectiva la responsabilidad estatal.

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