CEJIL y otras organizaciones

Paraguay - La Corte IDH ordena urgente implementación de un regimen de relacionamiento entre el niño LM y su familia de origen

 
Asunción y Buenos Aires, 19 de julio de 2011- El pasado 18 de julio de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su resolución mediante la cual otorgó medidas provisionales a favor del niño LM. Específicamente, la Corte Interamericana ordenó que el Estado de Paraguay adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias, adecuadas y efectivas para proteger los derechos a la integridad personal, protección de la familia e identidad del niño LM, permitiéndole mantener vínculos con su familia de origen.
 

Mar, 19/07/2011


 
Asunción y Buenos Aires, 19 de julio de 2011El pasado 18 de julio de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su resolución mediantela cual otorgó medidas provisionales a favor del niño LM. Específicamente, la Corte Interamericana ordenó que el Estado de Paraguay adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias, adecuadas y efectivas para proteger los derechos a la integridad personal, protección de la familia e identidad del niño LM, permitiéndole mantener vínculos con su familia de origen.
 
En noviembre de 2009, el niño LM fue entregado irregularmente en guarda provisoria a un matrimonio registrado en la lista de aspirantes a adoptar, a pesar de que esto se encuentra expresamente prohibido por las leyes nacionales y de que, desde esa misma fecha, sus padres y abuelos reclaman la tenencia y custodia del niño.
 
De esta forma, y a pesar de los múltiples pedidos formulados ante la justicia, los padres y abuelos del niño LM –de casi 2 años de edad- fueron impedidos del contacto con su hijo y nieto. Ante la falta de respuesta efectiva por parte de los tribunales internos, el caso fue llevado a la Corte Interamericana que ordenó al Estado de Paraguay la pronta implementación de un régimen de relacionamiento como medida para tutelar los derechos a la integridad personal, a la familia y a la identidad del niño.
 
“Con su resolución, la Corte reconoce la afectación a los derechos que ocasiona a un niño el privarlo del contacto con su familia de origen. Es muy lamentable haber llegado a una instancia internacional para proteger los derechos del niño. Ahora es necesario implementar de manera urgente la orden que da la Corte para no profundizar el daño que se ha causado al niño LM”, dice Liliana Tojo, Directora del Programa para Cono Sur de CEJIL, que junto con CDIA representan a las víctimas.
 
Es la primera vez que Paraguay se ve expuesto a una denuncia de esta naturaleza. El Estado de Paraguay, en tanto ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y admitió la jurisdicción de la Corte Interamericana, tiene la obligación de implementar la decisión adoptada en el caso para evitar incurrir en responsabilidad internacional.
 
________________________________________________________________________
 
Para mayor información:
 
 
Contacto en Buenos Aires:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Liliana Tojo
Línea: +54 11 5031 2331
Celular: +54 9 33409795
ltojo@cejil.org
 
 
Contacto en Asunción:
Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA)
Heve Otero
+595 21 227 061
cdia@cdia.org.py
 

Suprema Corte debe cumplir con la obligación impuesta en la sentencia Radilla de interpretar los alcances del fuero militar de manera restrictiva

Inicia el lunes la discusión en el Pleno de la SCJN sobre los alcances del fuero militar, a la luz de la resolución de la Corte Interamericana

México D. F., 10 de julio del 2011. El lunes 11 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará la discusión del expediente “Varios 912/2010”, relacionado el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla. Específicamente, a partir de ese día el Máximo Tribunal abordará, entre otros temas, lo relativo a la adecuación de la interpretación jurisdiccional del fuero militar de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación autorizada del tratado, que realiza la Corte Interamericana.

Dom, 10/07/2011

México D. F., 10 de julio del 2011. El lunes 11 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará la discusión del expediente “Varios 912/2010”, relacionado el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla. Específicamente, a partir de ese día el Máximo Tribunal abordará, entre otros temas, lo relativo a la adecuación de la interpretación jurisdiccional del fuero militar de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación autorizada del tratado, que realiza la Corte Interamericana. Dicha adecuación, necesariamente, supone que el fuero se restrinja a lo dispuesto por la Constitución y subsista sólo para los actos ilícitos que afecten la disciplina militar, y no otros bienes, como ocurre con los delitos que constituyen violaciones a derechos humanos. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana los órganos judiciales internos deben hacer esta interpretación aun mientras subsista la vigencia de normas que la propia Corte Interamericana ordenó modificar, como es el caso del artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Las organizaciones firmantes, que hemos seguido con atención la discusión iniciada por la SCJN donde se han logrado avances relevantes como la aceptación de la obligatoriedad de las sentencias emanadas del Tribunal Interamericano, destacamos la importancia de la discusión que iniciará el Máximo Tribunal, recordando que la adecuación de la interpretación prevaleciente en la judicatura mexicana sobre la extensión del fuero militar no sólo ha sido ordenada en la sentencia Rosendo Radilla, sino que ha sido dispuesto por el mismo tribunal regional en los casos Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y “Campesinos Ecologistas” (Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García). Asimismo, dicha necesidad ha sido observada por otros mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos como la Relatora sobre la Independencia de Jueces y Magistrados que recientemente visitó el país, e incluso ha sido reiterada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los argumentos respecto de la necesidad de restringir los alcances del fuero militar son contundentes. La Corte Interamericana ha considerado que el Código de Justicia Militar define la disciplina militar de una manera amplia que desborda los límites impuestos por la propia Constitución en su artículo 13. Así, el funcionamiento del fuero militar vulnera el principio del juez natural al extralimitar la esfera de la justicia castrense, en contravención a los parámetros de aplicación excepcional y restrictiva que deben caracterizarlo tornando incompetentes a los jueces castrenses para conocer dichos casos. Esta consideración, por cierto, ya ha sido recogida por uno de los ministros de la SCJN en un reciente voto particular, dentro del amparo en revisión 989/2009 que señaló además que el fuero militar se convierte no en una jurisdicción especializada en razón de la materia sino en un fuero personal, cuyo funcionamiento presenta además vicios relacionados con la falta de independencia e imparcialidad de sus operadores. Por otra parte, no queda duda de que a partir de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, los derechos conferidos por la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales del modo que resulte más protector para la persona, lo que refuerza la obligatoriedad de las sentencias, máxime en este tema donde cuatro fallos internacionales son coincidentes.

Aunado a ello, la necesidad de restringir el fuero militar adquiere una relevancia crucial en el presente en razón de que la política de seguridad adoptada por la actual administración conlleva una extensiva participación de las Fuerzas Armadas que no ha ido aparejada del fortalecimiento de los controles civiles sobre éstas sino que, por el contrario, ha diluido los escasos mecanismos existentes para exigir rendición de cuentas al Ejército y a la Marina. En ese sentido, la SCJN está obligada a revisar a la luz del fallo de la Corte Interamericana un fuero que hoy por hoy funciona como instrumento al servicio de la impunidad, como lo constatamos cotidianamente, en momentos donde las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas crecen exponencialmente. Dicho contexto no puede soslayarse y el deber de atenderlo es aun más relevante habida cuenta que la propia SCJN contribuyó en el pasado a avalar la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública, siendo corresponsable de la situación prevaleciente en la actualidad.

Dada la trascendencia de la discusión que iniciará el lunes y considerando que el Estado Mexicano en su conjunto está obligado al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, demandamos que la SCJN resuelva el expediente “Varios 912/2010” de tal modo que adopte cabalmente la obligación de ajustar la interpretación judicial sobre el fuero militar a lo dispuesto por el Tribunal Interamericano, de modo que la extensión del fuero militar sea restringida y no se extienda nunca más sobre conductas que, siendo ilícitas, constituyan violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones Firmantes:

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Litiga Ole, Organización de Litigio Estratégico

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por las siguientes 72 organizaciones: Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Mujeres defensoras de derechos humanos denuncian el asesinato de la defensora colombiana Ana Fabricia Córdoba Cabrera y responsabilizan al Estado colombiano por negligencia

Pronunciamiento contra el asesinato de defensora de derechos humanos

Defensoras de Derechos Humanos articuladas en la Red Mesoamericana de comunicación entre Defensoras de Derechos Humanos y organizaciones de todo el continente, denunciamos con tristeza e indignación el asesinato de Ana Fabricia Córdoba Cabrera el 7 de junio 2011 en Medellín Colombia. Ana Fabricia era integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres desde el 2001 y era parte del grupo de mujeres “aventureras gestoras de derechos” del barrio La Cruz del Municipio de Medellín, y fundadora de Latepaz, una organización comunitaria que trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de las y los desplazados y víctimas de la violencia.

Vie, 01/07/2011

Defensoras de Derechos Humanos articuladas en la Red Mesoamericana de comunicación entre Defensoras de Derechos Humanos y organizaciones de todo el continente, denunciamos con tristeza e indignación el asesinato de Ana Fabricia Córdoba Cabrera el 7 de junio 2011 en Medellín Colombia. Ana Fabricia era integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres desde el 2001 y era parte del grupo de mujeres “aventureras gestoras de derechos” del barrio La Cruz del Municipio de Medellín, y fundadora de Latepaz, una organización comunitaria que trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de las y los desplazados y víctimas de la violencia.

En la mañana del 7 de junio, 2011, Ana Fabricia había tomado una buseta en el barrio La Cruz, donde residen varias familias en condición de desplazamiento. Minutos después, Ana Fabricia fue interceptada por unos hombres en moto que le dispararon ocasionándole la muerte.

Ana Fabricia Córdoba Cabrera llegó desplazada a Medellín en el 2001 luego del asesinato de uno de sus hijos, presuntamente a cargo del Bloque Bananero de las autodefensas de Urabá, en el Departamento de Antioquia; el 7 de julio de 2010 el segundo de sus hijos fue asesinado en Medellín. En el último tiempo estaba trabajando por la restitución de tierras en el Urabá Antioqueño y en el barrio la Cruz de donde también había sido desplazada por segunda vez.

Ana Fabricia había hecho denuncias del riesgo que corría sobre su vida. En el mes de abril, declaró de manera pública en Medellín ante el Comité Metropolitano de Derechos Humanos: “Me van a matar y no han hecho nada.” Pero nada fue suficiente para que se le brindara la protección requerida. Aquí se muestra con claridad la negligencia del Estado y lo ineficaz que es el programa de protección a mujeres desplazadas.

El asesinato de Ana Fabricia no es un caso aislado, por el contrario, refleja una situación sistemática que soportan las defensoras de derechos humanos en América Latina y particularmente en Colombia. Desde la Red Mesoamericana hemos venido denunciando otros ataques y amenazas recurrentes como los ocurridos en contra de la Liga de Mujeres Desplazadas de Colombia y su directora Patricia Guerrero, quien forma parte de nuestra red.

Ante estos hechos nos unimos a las exigencias de la Ruta Pacífica de las Mujeres:

1. Protección urgente para la familia de Ana Fabricia, bajo condiciones que sean acordadas con la familia.

2. Que las entidades competentes investiguen, esclarezcan y juzguen a los responsables de estos hechos.

3. Aclaración sobre los panfletos y amenazas que están circulando contra las organizaciones de mujeres, entre ellas la Ruta Pacífica y otras.

4. Que se le proporcione a las mujeres en situación de desplazamiento, sus familias, y sus organizaciones, las garantías necesarias para su protección, así como el restablecimiento de sus derechos, sin que su exigibilidad se convierta en amenazas contra su vida como está ocurriendo.

Nos pronunciamos de forma pública ante las entidades del Estado colombiano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos.

Firman:

ORGANIZACIONES

Agenda Política de Mujeres (Costa Rica), Roxana Arroyo
Alternativas Pacíficas (México), Alejandra Vela Garza
Asociación de Abogados Mayas de Guatemala (Guatemala)
Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), Lydia Alpízar
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos de Mujeres (México), Gilda Ma. Rivera Sierra
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" (México)
Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios (México), Blanca Isabel Martínez Bustos
Centro de Estudios y Acción Social Panameña (Panamá)
Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin (México)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Alejandra Nuño
Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (México), Minerva Martínez Lázaro
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador)
Colectivo Feminista Socialista “Rosa Chillante” (México)
Comaletzin (México)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (México)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecids “Hasta Encontrarlos” (México)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (México), Theres Hoechli,
Ana María Hernández Cárdenas, Yésica Sanchez Maya Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer, Luz Aleyda
Enlace Comunicación y Capacitación AC; Ixchel Carrasco, Margarita Guadalupe
Martínez Martínez
ENLACE, Comunicación y Capacitación (México)
Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM)
Fracción de Mujeres del PRT (México)
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (México), María Trinidad Ramírez, Martha Pérez
Frente Nacional de Lucha (Guatemala)
Fundación Justicia y Género
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (México), Martha Gpe. Figueroa Mier
Grupo Venancia, Red de Mujeres del Norte (Nicaragua)
Instituto Guerrerense de Derechos Humanos (México), Silvia Castillo Salgado
Ipas Centro América, Marta María Blandón
Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla”, Gladys Lanz
Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “Maria Elena Cuadra” (Nicaragua), Sandra Ramos
Movimiento pacto por la Cultura Colectiva: arte, comunidad y equidad (México),
Verónica Corchado
Mujeres Organizadas Yuubani (México), Edita Alavez Ruiz
Mujeres por México en Chihuahua (México)
Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), Lucía Morán
Mujeres Transformandose en Mujeres (México), Ana Karen Lipez Quintana
Organización de Mujeres Tierra Viva (Guatemala), Evelyn Morales
Organización Mujeres en Superación (México), Yanira Tobar
ProDESC; Alejandra Ancheita
Punto Focal de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina (Nicaragua), Patricia Orozco
Red Centroamericana de Mujeres en Solidaridad con las trabajadoras de las Maquilas (REDCAM)
Red Feminista Sonorense (México), Leticia Burgos Ochoa
Red Mesa de Mujeres de Cd. Juárez (México) Andrea Medina de las Rosas, Imelda
Marrufo, Cecilia Espinosa Martínez, Ileana Espinoza
Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (México)
Servicios y Asesoría para la Paz, Dolores González Saravia
Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala
Tamaulipas Diversidad y VIHDA Trans (México) Ana Karen López Quintana
Triqui (México), Emelia Ortiz Garcia
Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal y
Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (México), Dra. Sandra Peniche Quintal
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Guatemala), Claudia Samayoa
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Guatemala), Maya Alvarado
Women´s Human Rights Education Institute

FIRMAS PERSONALES

Adelay Carias (Honduras)
Alda Facio (Costa Rica)
Alejandra González (México)
Alejandra Nuño (Costa Rica)
Aleyda Terán (Panamá)
Aline Castellanos (México)
Amandine Fulchiron (Guatemala)
Ana Ixmucané Gatica (Guatemala)
Analía Penchaszadeh (Argentina)
Andrea de la Barrera Montpellier (México)
Andrea Eugenio Manuel (México)
Andrea Medina Rosas (México)
Angélica Araceli Reveles Soto (México)
Beatriz Hernández (México)
Beatriz Teresa Casas Arellanes (México)
Blanca Mesina (México)
Carmela Curup Chajon (Guatemala)
Carmen Morales (México)
Carolina Cantú (México)
Cirenia Celestino Ortega (México)
Claudia Acevedo (Guatemala)
Claudia Hernández Cruz (Guatemala)
Claudia Samayoa (Guatemala)
Claudia Spellmant Medina (Honduras)
Clemencia Correa (México)
Consuelo Morales (México)
Cristina Hardaga Fernández ((México)
Daysi Flores (Honduras)
Diana Damián (México)
Dolores González (México)
Dora Ávila (México)
Dora Ruano (Guatemala)
Edita Alavez Ruiz ((México)
Elga Aguilar (México)
Emelia Ortiz García (México)
Eréndira Cruz Villegas Fuentes (México)
Erika González (México)
Erika Guevara (EEUU)
Evelyn García (Guatemala)
Evelyn Morales Pineda (Guatemala)
Georgina Vargas Vera (México)
Gilda Rivera Sierra (Honduras)
Gladys Lanza Ochoa (Honduras)
Guadalupe López García (México)
Inmaculada Barcia (España)
Irma Estrada Martinez (México)
Josefina Chávez (México)
Laura García Coudurier (México)
Laura Gutiérrez (México)
Leticia Burgos (México)
Lisa VeneKlasen (EEUU)
Lucha Castro Rodríguez (México)
Lucía Lagunes Huerta (México)
Lucía Morán Vásquez (Guatemala)
Luisa Pérez Herrán (Nicaragua)
Lydia Alpízar (Costa Rica)
María del María del Montserrat Díaz (México)
María Luisa García Andrade (México)
María Ximena Cortés Flores (México)
Mariana Moisa (El Salvador)
Mariela Arce (Panamá)
Marleni del Carmen Ortiz (El Salvador)
Marta María Blandón (Nicaragua)
Martha Graciela Ramos Carrasco (México)
Marusia López (México)
Mary Jane Real (Filipinas)
Morena Herrera Argueta (El Salvador)
Nadia Altamirano Díaz (México)
Nadin Reyes Maldonado (México)
Natalia Escrucería (EEUU)
Nohelia Nuñez Licona (Honduras)
Nora Isabel Bucio Nava (México)
Obtilia Eugenio Manuel (México)
Ofelia Cesareo Sánchez (México)
Olga Lorena Lobos Cruz (Guatemala)
Orfe Castillo (México)
Patricia Ardón (Guatemala)
Patricia Orozco Andrade (Nicaragua)
Roxana Arroyo (Costa Rica)
Ruth Polanco (El Salvador)
Sandra Peniche (México)
Silvia Ivethe Juárez (El Salvador)
Silvia Vázquez Camacho (México)
Soledad Eugenio (México)
Tania Ramírez Hernández (México)
Tara Madden (Irlanda)
Verónica Cruz (México)
Yanira Argueta (El Salvador)
Yanira Tobar Márquez (Guatemala)
Yunuhen Rangel (México)

Crece presión internacional contra posible indulto al ex presidente Fujimori

El indulto a Fujimori violaría las obligaciones internacionales de Perú

Washington, D. C., 15 de junio del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresan su más enérgico rechazo ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo peruano conceda un indulto al ex Presidente Alberto Fujimori, quien al momento cumple una condena de 25 años de prisión por la matanza de Barrios Altos, la desaparición forzada de nueve alumnos y un profesor de la Universidad de La Cantuta, y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

Mié, 15/06/2011

Washington, D. C., 15 de junio del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresan su más enérgico rechazo ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo peruano conceda un indulto al ex Presidente Alberto Fujimori, quien al momento cumple una condena de 25 años de prisión por la matanza de Barrios Altos, la desaparición forzada de nueve alumnos y un profesor de la Universidad de La Cantuta, y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

La condena contra el ex Presidente Fujimori fue impuesta el 7 de abril de 2009, y ratificada por la Corte Suprema del Perú el 30 de diciembre de 2009. Se trata del primer caso en el que un ex presidente democráticamente electo fue procesado en su propio país por graves violaciones a los derechos humanos. “El juicio contra Fujimori fue justo, imparcial y en pleno respeto a sus derechos como acusado. La comunidad internacional reconoce el proceso contra Fujimori como ejemplar y la condena como un paso determinante en la lucha contra la impunidad”, dijo Jo-Marie Burt, asesora principal al programa de WOLA sobre Perú. “Simplemente no hay justificación, ni médica ni legal, para indultar a Fujimori”.

Además de las graves violaciones a los derechos humanos mencionadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado probada en numerosas sentencias, la responsabilidad del Estado peruano por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, cometidas durante el mandato del ex Presidente Fujimori (1990-2000). En varias decisiones, el Tribunal Interamericano ha exigido la investigación, sanción y castigo de los responsables al más alto nivel.

A pesar de ello, varios funcionarios del Estado se han pronunciado respecto a la posibilidad de que Fujimori sea puesto en libertad bajo la figura del indulto humanitario. Si bien esta forma de beneficio penitenciario existe en el derecho penal, el mismo debe darse en condiciones específicas y su aplicación está excluida respecto a ciertos delitos tanto en el derecho peruano como bajo el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, tanto el ordenamiento jurídico peruano como el de otros países de la región, prohíben el indulto en casos de secuestro agravado, y ante graves violaciones a los derechos humanos.

Según Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, “un indulto al ex Presidente Fujimori entraría en total contradicción con los pronunciamientos de la Corte Interamericana, amparados en tratados internacionales de obligado cumplimiento para Perú, y enviaría un mensaje de impunidad respecto al derecho que asiste a las víctimas y a la sociedad a obtener justicia frente a graves violaciones de derechos humanos”.

En efecto, la Corte Interamericana ha exigido en los casos Barrios Altos, La Cantuta, Anzualdo Castro y muchos otros, la obligación del Estado peruano de investigar y castigar efectivamente a todos aquellos involucrados en ejecuciones, desapariciones y torturas. Asimismo, concluyó en el caso Barrios Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional.

Asimismo, la Corte ha señalado en el caso Cepeda contra Colombia que el otorgamiento indebido de beneficios penitenciarios puede conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trata de la comisión de graves violaciones de derechos humanos, como en el presente caso.

Recordamos que no es la primera vez que el Ejecutivo peruano intenta evadir la obligación del Estado de sancionar graves violaciones a los derechos humanos. En el 2010 el Ejecutivo pretendió, mediante la aprobación del Decreto Legislativo 1097, conceder beneficios a agentes del Estado acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Igualmente, en noviembre de 2008 se presentaron ante el Congreso dos proyectos de ley que pretendían conceder la amnistía e indulto a agentes estatales denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por violaciones de derechos humanos. “Esperamos que también esta vez Perú resista la presión de dejar a estos horribles crímenes sin castigo. Hacer lo contrario, mandaría el mensaje de que las violaciones a los derechos humanos en Perú están permitidas”, dijo Jo-Marie Burt de WOLA.

Por lo anterior, WOLA y CEJIL, dos reconocidas organizaciones con décadas de experiencia en temas de justicia en América Latina, hacen un llamado a las autoridades del Estado peruano, incluyendo al Ejecutivo del Presidente Alan García, así como al Presidente electo Ollanta Humala, para que muestren un compromiso irrestricto con el derecho a la verdad, la justicia, y la reparación que asiste a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y garanticen el pleno respeto del Estado peruano con sus obligaciones internacionales.

Corte Interamericana reafirma sentencias contra México en casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú

San José y Tlapa de Comonfort, 9 de Junio del 2011. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó ayer sus sentencias en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, al notificar sus decisiones sobre las solicitudes de interpretación de sentencia presentadas por el Estado mexicano el pasado 29 de diciembre. El Tribunal Interamericano refrendó sus fallos, en los que declaró que el Estado es responsable por las graves violaciones a derechos humanos sufridas por ambas mujeres indígenas y sus familiares; entre ellas, los atentados cometidos por miembros del ejército en su perjuicio.

Jue, 09/06/2011
  • Los perpetradores de las violaciones sexuales y tortura fueron elementos del Ejército en funciones, confirma el Tribunal
  • Militares responsables deben ser efectivamente investigados y juzgados en el fuero civil federal, no dentro del fuero militar
  • A casi 8 meses de que fueran dictadas las sentencias, el Estado mexicano mantiene las indagatorias en el fuero militar

 

San José y Tlapa de Comonfort, 9 de Junio del 2011. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó ayer sus sentencias en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, al notificar sus decisiones sobre las solicitudes de interpretación de sentencia presentadas por el Estado mexicano el pasado 29 de diciembre. El Tribunal Interamericano refrendó sus fallos, en los que declaró que el Estado es responsable por las graves violaciones a derechos humanos sufridas por ambas mujeres indígenas y sus familiares; entre ellas, los atentados cometidos por miembros del ejército en su perjuicio.

Es preciso recordar que Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron víctimas de tortura y violación sexual por parte de miembros del Ejército mexicano en el Estado de Guerrero, en hechos ocurridos en el año 2002. Después de procesos seguidos en el ámbito internacional, la Corte Interamericana responsabilizó por los hechos al Estado mexicano, notificando sus sentencias sobre los casos el 1 de octubre del 2010. En ellas ordenó, entre otras medidas, realizar una investigación en el fuero ordinario, que debe conducir a la identificación, procesamiento y sanción de los militares responsables.

No obstante, como advertimos en su momento las organizaciones representantes de las víctimas, las solicitudes de interpretación interpuestas por el Estado mexicano tuvieron como fin objetar la decisión del tribunal interamericano, a pesar de que sus resoluciones son definitivas e inapelables. El Estado, en sus solicitudes de interpretación, afirmó que  la determinación de la Corte de que los perpetradores de los atentados eran militares “generaba confusión” pues, a su entender, no competía al Tribunal señalar a qué corporación pertenecían los agentes responsables, en un claro intento de seguir defendiendo los intereses de la institución castrense y de volver a poner en tela de duda el testimonio de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú.

En estas resoluciones de interpretación, la Corte explica que el fallo es claro, que no excedió su competencia y que el cuestionamiento del Estado se relacionaba a hechos ya probados y a la responsabilidad internacional ya declarada. Con base en estas consideraciones, entre otras, las Corte Interamericana decidió desestimar las solicitudes presentadas por el Estado.

 

La Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saludamos la decisión de la Corte e instamos a que los expedientes relativos a ambos casos sean inmediatamente remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR) a partir de este nuevo pronunciamiento, ya que el Estado mexicano mantiene las investigaciones en el fuero militar, en abierto desacato de las sentencias de la Corte Interamericana tras más de 8 meses de haber sido notificadas. En ese sentido, la confirmación de las sentencias sin duda constituye un contundente y enérgico llamado a que la remisión de las investigaciones a las instancias civiles federales no demore más. El cambio de competencia, constituye un paso indispensable en la búsqueda de justicia a favor de las víctimas de ambos casos.

Para mayor información comunicarse con:
- Román Hernández. Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. Tel.: + (52) 757 476 1220 Celular: 045 757 106 6095
- Milli Legrain. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).Tel.+ (1) 202 319 3000

 

 

 

Preocupaciones respecto a una eventual reincorporación de Honduras a la OEA

Carta a los Embajadores ante la OEA firmada por 50 organizaciones

Según hemos conocido a través de los medios de comunicación, diversos representantes estatales se han pronunciado sobre la pertinencia de analizar la inmediata reincorporación de Honduras. Un elemento que podría haber sido clave en la evaluación política ha sido la anulación de los procesos judiciales pendientes en contra del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales.

Al respecto, y de manera preliminar, es importante aclarar que la decisión de las autoridades judiciales solamente implica una anulación de actuaciones por irregularidades procesales y no el archivo definitivo del proceso. Ello podría significar que el Ministerio Público puede presentar las mismas acusaciones en contra del ex Presidente en cuanto éste regrese a Honduras (siempre y cuando no hayan prescrito).

Vie, 27/05/2011

16 de mayo de 2011

 

 

Distinguidos embajadores

Misiones permanentes ante la

Organización de los Estados Americanos

 

Ref.: Reintegro de Honduras a la OEA

 

 

Sus Excelencias:

 

Reciban un cordial saludo de las organizaciones de derechos humanos que suscriben la presente misiva.

 

En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para expresar nuestras preocupaciones respecto a una eventual reincorporación del Estado de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

 

Según hemos conocido a través de los medios de comunicación, diversos representantes estatales se han pronunciado sobre la pertinencia de analizar la inmediata reincorporación de Honduras. Un elemento que podría haber sido clave en la evaluación política ha sido la anulación de los procesos judiciales pendientes en contra del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales.

 

Al respecto, y de manera preliminar, es importante aclarar que la decisión de las autoridades judiciales solamente implica una anulación de actuaciones por irregularidades procesales y no el archivo definitivo del proceso. Ello podría significar que el Ministerio Público puede presentar las mismas acusaciones en contra del ex Presidente en cuanto éste regrese a Honduras (siempre y cuando no hayan prescrito).

 

Amén de lo anterior, consideramos que en la evaluación sobre la pertinencia del reintegro de Honduras a la OEA debe primar el cumplimiento de los principios democráticos que son la razón de ser y deberían regir el actuar de la OEA, y en este sentido, son de especial importancia, entre otras, las resoluciones emitidas por este organismo en relación con la situación hondureña, al igual que las relativas a la misión auspiciada por la OEA.

 

Cabe recordar la condena del Golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009 lo que significó que la Asamblea General de esta Organización resolviera

 

Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional y reafirmar que los representantes designados por el Gobierno constitucional y legítimo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales son los representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos.

 

La ruptura del orden constitucional ocurrida en junio de 2009 fue apoyada desde las más altas jerarquías de instituciones claves en todo Estado de Derecho. Así, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de la República, la Procuraduría General de la República y hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos avalaron o tuvieron una participación activa y determinante en la ejecución del golpe de Estado. Pese a ello, estas personas se mantienen en sus cargos, generando serias dudas respecto a la independencia e imparcialidad con que realizan sus funciones así como las garantías existentes para la vida en democracia.

 

Adicionalmente, aún cuando el ejército fue responsable de la ejecución del golpe, lejos de establecer las res

ponsabilidades correspondientes, actualmente existen militares de alto rango que tuvieron una participación directa en el golpe que tienen cargos claves dentro del gobierno de Porfirio Lobo. Ello ha significado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exprese su preocupación en las Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010:

 

124. En este intento de normalización institucional, la CIDH observa con preocupación que altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el Golpe de Estado estén ocupando la gerencia de dependencias públicas en el gobierno de Porfirio Lobo. Así, el General de División Venancio Cervantes es Director General de la Dirección de Migración y Extranjería (era Sub jefe del Estado Mayor Conjunto al momento del golpe de Estado); el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es Director de Aeronáutica Civil; el ex General Nelson Wily Mejía se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) (era Comandante en Jefe de las FFAA al momento del golpe de Estado)[1].

 

Por otra parte, en el contexto del golpe de Estado y como resultado del mismo ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a las personas que se manifestaron en contra de la citada ruptura, en este sentido se limitó arbitraria y excesivamente la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad personal e inclusive numerosas personas perdieron sus vidas en virtud de su defensa de la democracia. No obstante, ninguna de estas violaciones ha sido efectivamente sancionada.

 

Ahora bien, en adición al mantenimiento de las estructuras que propiciaron y avalaron el Golpe de Estado y a la falta de respuesta relacionada con las violaciones de derechos humanos cometidas, es fundamental que, a la hora de valorar la posible reincorporación del Estado de Honduras al seno de la Organización, se valore como mínimo, el cumplimiento efectivo de las conclusiones y recomendaciones que realizó la Comisión de Alto Nivel nombrada por la Asamblea General para analizar la situación de Honduras.

 

Como es de su conocimiento, en el informe del 29 de julio de 2010, dicha Comisión señaló la importancia de observar avances concretos, entre otros, respecto a lo siguiente:

 

1.  “… poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto en contra del ex Presidente Zelaya y sus colaboradores, conforme a la legislación de Honduras. […]”

 

2. Las investigaciones para esclarecer los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos;

 

3.  La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces que participaron en actividades contra el golpe de Estado;

 

4. La implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo; y

 

5. El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

 

Pese a ello, al día de hoy no se ha dado cumplimiento total a los anteriores puntos, es decir, no se han cumplido las condiciones mínimas establecidas por la OEA que justifiquen el levantamiento de la suspensión de dicho Estado en la Organización. Cualquier diálogo que se realice en el seno de la OEA para analizar la reincorporación de Honduras debe considerar, como mínimo, lo establecido por la citada Comisión.

 

Desde una perspectiva de derechos humanos y de defensa del derecho a la democracia, consideramos que la enmienda de los hechos ocurridos en el marco del golpe en Honduras no consiste únicamente en la restitución de los derechos de Manuel Zelaya —que por cierto deben ser reparados— sino en el restablecimiento del Estado de Derecho. Para ello, es fundamental que exista un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial; acciones concretas de combate a la impunidad, y el cese inmediato de los actos de persecución y represión en contra de los sectores críticos del gobierno.

 

Las valoraciones que se realicen respecto de Honduras no pueden obviar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene ese Estado ni los pronunciamientos y recomendaciones que distintas instancias internacionales han emitido, particularmente la CIDH, la Oficina de la Alta Comisionada y el Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal.

 

Sin duda alguna, esta discusión trasciende a la reincorporación de un Estado que irrespetó los principios básicos sobre los que se rige la Organización, sino que puede convertirse en un desafortunado precedente que avala una respuesta inadecuada a un golpe de Estado con consecuencias actuales para las democracias de las Américas. Por ello, consideramos que esta es una oportunidad histórica para que la OEA brinde una respuesta coherente con la garantía de los derechos amparados en la Carta Democrática Interamericana. Confiamos en que la misma no será desaprovechada.

 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra más alta consideración.

 

 

Asociación de Jueces por la Democracia - Honduras

Asociación para una vida mejor de las personas infectadas/afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)

Centro de Derechos de Mujeres de Honduras (CDM)

Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) - Honduras

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión C-LIBRE - Honduras

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - Colombia

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) - Honduras

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Frente de Abogados y Abogadas en Resistencia - Zona Norte - Honduras

FIAN Internacional

GMB - Sindicato General de Gran Bretaña

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) - El Salvador

Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) - España

Organización Fraternal Negra (OFRANEH) - Honduras

Red Lésbica Cattrachas - Honduras

Solidaridad Mundial - Bélgica

 

ADDENDA A LA CARTA SOBRE EL REINTEGRO

DE HONDURAS A LA OEA

(FIRMAS RECIBIDAS AL 20 DE MAYO DE 2011):

 

Asociación LGBT Arco Iris - Honduras

Asociación Americana de Juristas (AAJ)

Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM) - El Salvador

Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) - Perú

Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (S

EDEM) - Guatemala

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (PRO-BÚSQUEDA) – El Salvador

Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) - Honduras

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT) - Honduras

Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS)

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Nicaragua

Centro para la Promoción de Derechos Humanos "Madeleine Lagadec" - El Salvador.

Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)

Colectivo de hondureños en resistencia del norte de California

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – Honduras

El Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (CIIDH) - Guatemala

Foro de Mujeres por la Vida – Honduras

Friendship Office of the Americas

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) – El Salvador

Fundación Hermano Mercedes Ruiz (FUNDAHMER) – El Salvador

Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) El Salvador

Hermanas de la Misericordia de las Américas - Equipo de Justicia

Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER) – El Salvador

Judges for Judges (Rechters voor Rechters) – The Netherlands

La Asociación Internacional por la Paz en Colombia y el Mundo (AIPAZCOMUN)

La Coordinación Ecuménica de la Iglesia de las y los pobres en El Salvador

(CEIPES)

Mesa Nacional Consejo Latinoamericano de Iglesias CLAI - Honduras

Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitacion Padilla" - Honduras

Movimiento de Profesionales y Técnicos Patria Exacta – El Salvador

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina “Oscar Romero” (SICSAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc.      Señor José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA. Para su conocimiento.

Señor Santiago Canton, Secretario Ejecutivo de la CIDH. Para su conocimiento.

 


[1] CIDH. Doc. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, de 3 junio 2010, párr. 124.

Defensores Colombianos de Derechos Humanos Siguen Sufriendo Amenazas, Ataques, Acoso y Escuchas Ilegales Bajo el Gobierno de Santos en Colombia

El 10 de mayo, Kimberly Ann Stanton, ciudadana de Estados Unidos y esposa del abogado de derechos humanos, Rafael Barrios del Consejo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), y ex subdirectora de la Washington Office on Latin America (WOLA) recibió en su teléfono móvil una grabación de una conversación privada que tuvo con Barrios, mientras se encontraban en el auto proveído para la protección del Sr. Barrios por el programa de protección del gobierno colombiano. El mensaje de voz fue precedido por numerosas llamadas a su teléfono desde un teléfono móvil en Turbo, Antioquia. Una vez recibida la queja, la oficina del Fiscal General encontró un micrófono después de examinar el automóvil.

Mié, 25/05/2011

Pese a bienvenidas promesas en la mejora de los derechos humanos por parte de la administración de Santos, que asumió el cargo en agosto del 2010, defensores de derechos humanos en Colombia continúan sufriendo amenazas, ataques, acoso, entradas forzadas a sus casa y oficinas, y escuchas ilegales. Dos incidentes recientes que involucran a líderes de defensores de los derechos humanos ilustran cuán peligrosa es la situación.

El 10 de mayo, Kimberly Ann Stanton, ciudadana de Estados Unidos y esposa del abogado de derechos humanos, Rafael Barrios del Consejo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), y ex subdirectora de la Washington Office on Latin America (WOLA) recibió en su teléfono móvil una grabación de una conversación privada que tuvo con Barrios, mientras se encontraban en el auto proveído para la protección del Sr. Barrios por el programa de protección del gobierno colombiano. El mensaje de voz fue precedido por numerosas llamadas a su teléfono desde un teléfono móvil en Turbo, Antioquia. Una vez recibida la queja, la oficina del Fiscal General encontró un micrófono después de examinar el automóvil.

El 7 de abril, CCAJAR había devuelto algunas de las medidas de protección provistas por el gobierno, aquellas administradas por la agencia de inteligencia DAS, ya que de acuerdo con el Sr. Barrios “habíamos descubierto que el programa de protección para CCAJAR estaba siendo usado en contra nuestra”. Sin embargo, CCAJAR mantuvo el plan de protección provisto por el Ministerio de Justicia, incluyendo el automóvil que el Sr Barrios estaba utilizando para su protección, donde fue encontrado el micrófono.

Este evento tiene lugar en un contexto muy tenso debido al trabajo que CCAJAR lleva a cabo en la actualidad. Por un lado, los abogados de CCAJAR representan víctimas ante las cortes nacionales en el caso contra agentes del DAS por vigilar ilegalmente a civiles, incluyendo a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición. Por otra parte, CCAJAR también representa a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por altos oficiales militares. Hace apenas unas semanas, se emitió una sentencia condenando al General Arias Cabrales a 35 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas, todas representadas por CCAJAR, en el caso del Palacio de Justicia.

Esa misma semana, individuos forzaron la entrada de la casa de Danilo Rueda, destacado defensor de los derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), su computadora fue manipulada y dos USBs fueron robados. Los USBS contenían información sensible relacionada al caso Operación Génesis, una operación conjunta de militares y paramilitares realizada en el Chocó en 1996-7 y cuyas víctimas de descendencia africana son representadas por CIJP en una demanda contra el retirado General Rito Alejo del Rio.

El Sr. Rueda y otros miembros del equipo de CIJP son víctimas del caso de  escuchas ilegales del DAS. Este robo es el más reciente en una preocupante serie de incidentes de seguridad.

En abril, el personal de CIJP viajaba por Bogotá en autos blindados provistos por el programa de protección del gobierno cuando fueron seguidos por unos individuos sospechosos. El auto que llevaba a cuatro hombres siguió al Sr. Rueda hasta su hogar y se detuvo frente al apartamento del Sr. Rueda, donde uno de los hombres tocó el timbre. Al no haber respuesta se marcharon. El 1 de abril, Gisela Cañas, una abogada de CIJP, recibió un mensaje de texto con la siguiente amenaza de muerte: “Escucha Gisela perra sangrienta…sabemos dónde te encuentras y te vamos a matar por estar defendiendo cosas tontas. Tienes 48 horas para salir del país.”

Justicia y Paz, una organización religiosa, provee acompañamiento legal y físico a comunidades de descendencia afrocolombiana, indígenas, campesinos, y desplazados y víctimas en varias regiones de conflicto de Colombia, incluyendo el Chocó, Valle del Cauca, Sucre y Putumayo. La entrada forzada a la casa del Sr. Rueda y más recientemente a la oficina de Justicia y Paz en Curvaradó indican que tanto el Sr. Rueda como el personal corren peligro.

Nos unimos a estos defensores de derechos humanos y sus organizaciones en el llamado al gobierno colombiano a: prontamente investigar y castigar estas amenazas, robos, entradas y escuchas ilegales; a mejorar las medidas de protección tal  como lo solicitaron los grupos afectados; y a poner un final de una vez y por todas a las escuchas ilegales. La administración de Santos no sólo debe promover el lenguaje de los derechos humanos sino tomar medidas efectivas para garantizar el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, lo cual  es esencial para garantizar la libertad de expresión y una sociedad democrática. Junto con el gobierno estadounidense, le damos la bienvenida al mejorado discurso de derechos humanos adoptado por el Presidente Santos, pero el gobierno de Estados Unidos debe insistir en que la investigación y castigo de estos casos, el fortalecimiento de programas de protección, y la descontinuación de las acciones de inteligencia ilegales sean efectivos y produzcan resultados concretos.

Para mas información contacte a:

Gimena Sánchez-Garzoli, Washington Office on Latin America, (202) 546-7070, cell (202) 489-1702, gsanchez@wola.org

Lisa Haugaard, Latin America Working Group, lisah@lawg.org

Viviana Krsticevic, Center for Justice and International Law, vkrsticevic@cejil.org

Abigail Poe, Center for International Policy, abigail@ciponline.org

 

Desaparición forzada de seis niños y niñas en El Salvador fue expuesta ante la Corte IDH

Estado salvadoreño reconoció la veracidad de los hechos y su responsabilidad por las violaciones denunciadas

Ciudad de Panamá, 18 de mayo del 2011- La desaparición forzada de cuatro niñas y dos niños perpetrada por la Fuerza Armada de El Salvador entre 1981 y 1983 fue expuesta ayer, martes, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se celebró en Ciudad de Panamá, Panamá. Por primera vez en una sesión de este tipo, el Estado salvadoreño reconoció la verdad de estos hechos ocurridos durante el conflicto armado interno y su responsabilidad por las violaciones denunciadas.

Mié, 18/05/2011

Ciudad de Panamá, 18 de mayo del 2011- La desaparición forzada de cuatro niñas y dos niños perpetrada por la Fuerza Armada de El Salvador entre 1981 y 1983 fue expuesta ayer, martes, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se celebró en Ciudad de Panamá, Panamá. Por primera vez en una sesión de este tipo, el Estado salvadoreño reconoció la verdad de estos hechos ocurridos durante el conflicto armado interno y su responsabilidad por las violaciones denunciadas.

Las víctimas fueron representadas por la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El caso presentado ante la Corte es la fusión de tres procesos en los que se denunció la desaparición de los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristián y Julia Inés Contreras; de las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez; y del niño José Rubén Rivera.

La audiencia contó con el testimonio de Gregoria Herminia Contreras, la única joven reencontrada en este caso. La víctima narró los hechos que rodearon la separación de su familia, su vida junto a uno de los militares autores de su desaparición y su posterior reencuentro con sus padres biológicos cuando ya era una adulta. La Corte conoció las múltiples vejaciones de las que fue víctima Gregoria Contreras y el sufrimiento que la acompaña hasta hoy debido a la alteración de su identidad pues fue registrada, con un nombre distinto al suyo, como hija del militar que se la llevó.

Dada la aceptación de los hechos y de la responsabilidad internacional por parte del Estado, la audiencia se concentró en la discusión de las reparaciones que El Salvador debe adoptar para subsanar el daño causado.

Con base en las declaraciones de Gregoria Contreras y de los familiares de los infantes desaparecidos, las representantes señalaron que el principal anhelo de las víctimas es conocer el paradero de sus seres queridos. Por ello solicitaron que la Comisión Nacional de Búsqueda de El Salvador se fortalezca mediante una ley que garantice su permanencia.

Asimismo pidieron que, en la Fiscalía General de la República, se cree una unidad de investigación sobre la desaparición forzada de niños y niñas pues en ninguno de los casos se ha establecido responsabilidades por este tipo de hechos. Las autoridades militares se han negado a dar datos que informen sobre el paradero de las víctimas de desaparición durante los años del conflicto armado interno. Por ello, las representantes también solicitaron la creación de mecanismos para garantizar que esta información sea transmitida y nutra las investigaciones que se adelantan en la Fiscalía y el Poder Judicial.

La abogada Gisela De León, de CEJIL, instó a la Corte IDH para que tome en cuenta la aceptación de responsabilidad por parte de El Salvador y reconozca, en su sentencia, el patrón de desapariciones forzadas de infantes que, de acuerdo a los registros de Pro-Búsqueda, asciende a más de 881 niños y niñas de este país.

Finalmente, Ester Alvarenga, de Pro-Búsqueda, resaltó la necesidad de que las medidas que la Corte ordene tengan un alcance general para que den respuesta tanto a las familias de las víctimas de este caso como a los cientos de familiares que se encuentran en sus mismas circunstancias.

Paraguay se expone a nueva condena internacional por violaciones a derechos humanos de la niñez

 

El pasado 10 de mayo de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado de Paraguay la interposición de una demanda internacional por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, en razón de la entrega irregular en guarda provisoria del niño LM a un matrimonio con pretensiones de adopción.

 

Mar, 17/05/2011

 
El pasado 10 de mayo de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado de Paraguay la interposición de una demanda internacional por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, en razón de la entrega irregular en guarda provisoria del niño LM a un matrimonio con pretensiones de adopción.
 
En efecto, el 12 de noviembre de 2009, el niño LM fue entregado irregularmente en guarda provisoria a un matrimonio registrado en la lista de aspirantes a adoptar, a pesar de que esto se encuentra expresamente prohibido por las leyes nacionales y de que, desde esa misma fecha, sus padres y abuelos reclaman la tenencia y custodia del niño.
 
El caso del niño LM ilustra una práctica estructural vigente en el Paraguay y  relativa a la concesión de guardas preadoptivas. En efecto, se estima que el 66% de las adopciones  registradas desde 1999 fueron realizadas a partir de guardas irregulares.
 
En razón de la falta de diligencia en el avance de las causas judiciales y el grave efecto que el transcurso del tiempo tiene para los derechos del niño y su familia de origen, se solicitó la intervención de la CIDH para que, en ejercicio de sus funciones, garantice la pronta tutela de los derechos del niño LM. El pasado 10 de mayo la CIDH notificó formalmente al Estado de Paraguay la presentación de esa demanda y le otorgó un plazo de 2 meses para que presente sus observaciones.
Por la urgencia que presenta el caso, la CIDH ya había dictado una medida cautelar en el caso, ordenando la pronta resolución del proceso de guarda del niño LM. Estas medidas se encuentran aún vigentes y continúan siendo incumplidas por el Estado paraguayo.

Honduras no reúne garantías suficientes para regresar a la OEA

20 organizaciones se manifestaron contra la reincorporación de este Estado

San José, 16 de mayo del 2011. 20 organizaciones de derechos humanos han solicitado que se mantenga la suspensión de Honduras de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La recomendación se hizo por medio de una carta dirigida el día de hoy, 16 de mayo, a los 35 embajadores de las misiones permanentes de los países miembros de la OEA, en la cual se les recuerda que el Estado hondureño aún tiene serias deudas con la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Lun, 16/05/2011

San José, 16 de mayo del 2011. 20 organizaciones de derechos humanos han solicitado que se mantenga la suspensión de Honduras de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La recomendación se hizo por medio de una carta dirigida el día de hoy, 16 de mayo, a los 35 embajadores de las misiones permanentes de los países miembros de la OEA, en la cual se les recuerda que el Estado hondureño aún tiene serias deudas con la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

La petición se emitió ante las manifestaciones de varios representantes estatales sobre la necesidad de analizar la inmediata reincorporación del Estado de Honduras.

Las organizaciones firmantes señalaron que la institucionalidad democrática hondureña continúa comprometida después de casi dos años del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Así, por ejemplo, todavía se mantienen en sus cargos los altos funcionarios que apoyaron y/o avalaron la ruptura constitucional desde la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de la República, la Procuraduría General de la República e, incluso, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este continuismo genera dudas con respecto a la independencia e imparcialidad de estos órganos del Estado.

En este mismo sentido, varios oficiales del Ejército implicados en la expulsión del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales fueron nombrados en la dirigencia de instituciones civiles durante el actual gobierno de Porfirio Lobo.

Las organizaciones denunciaron además que Honduras sigue teniendo graves fallas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el Estado no ha investigado adecuadamente los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos ocurridos durante y después de la ruptura constitucional. Tampoco ha adoptado las medidas adecuadas para detener las amenazas y hostigamientos contra los defensores y defensoras, comunicadores, activistas y docentes, así como contra los jueces que se manifestaron contra el golpe de Estado.

Las organizaciones de la sociedad civil llamaron la atención sobre el hecho de que el Estado ni siquiera ha acatado adecuadamente las recomendaciones que realizó la Comisión de Alto Nivel nombrada en junio de 2010 por la propia Asamblea General de la OEA para analizar la situación del país.

Por ejemplo, aunque las autoridades judiciales han suspendido los juicios iniciados contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores, esta medida no garantiza la anulación definitiva del proceso, por lo que las causas en contra del ex mandatario podrían ser reabiertas en el futuro.

Las organizaciones firmantes alertaron a los embajadores sobre el peligroso precedente que podría significar para la OEA la reincorporación de un Estado que, habiendo ocurrido un golpe de Estado, no ha respondido adecuadamente ante las exigencias democráticas presentadas en informes de órganos políticos y de monitoreo de los derechos humanos de la comunidad internacional.

“Esta es una oportunidad histórica para que la OEA brinde una respuesta coherente con la garantía de los derechos amparados en la Carta Democrática Interamericana. Confiamos en que la misma no será desaprovechada”, concluyeron.

 

Organizaciones firmantes:

 

- Asociación de Jueces por la Democracia - Honduras

- Asociación para una vida mejor de las personas infectadas/afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)

- Centro de Derechos de Mujeres de Honduras (CDM)

- Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) - Honduras

- Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad

- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

- Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)

- Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)

- Comité por la Libre Expresión C-LIBRE – Honduras

- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) – Colombia

- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) – Honduras

- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

- Frente de Abogados y Abogadas en Resistencia - Zona Norte - Honduras

- FIAN Internacional

- GMB - Sindicato General de Gran Bretaña

- Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) - El Salvador

- Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) – España

- Organización Fraternal Negra (OFRANEH) – Honduras

- Red Lésbica Cattrachas – Honduras

- Solidaridad Mundial – Bélgica

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