CEJIL y otras organizaciones

Coalición de organizaciones solicita audiencia a la Comisión Interamericana y exige que se detenga la campaña de amenazas en contra de la activista Sonia Pierre en República Dominicana

Washington, Estados Unidos, 7 de octubre de 2011.- Una coalición internacional de organizaciones no gubernamentales se ha unido para expresar su más profunda preocupación por la campaña de ataques verbales e desinformación lanzada durante los últimos días en los medios de comunicación dominicanos contra la defensora de derechos humanos Sonia Pierre.

La coalición está compuesta por El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de Robert F. Kennedy, Refugees International, Christian Aid Reino Unido, Church World Service, Global Rights, Fundación Étnica Integral (FEI), el Movimiento Social y Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), la Red de Encuentro Dominico Haitiana Jacques Viau (REDHJV) y la Asociación 180° para la Cooperación y el Desarrollo.

Vie, 07/10/2011

Washington, Estados Unidos, 7 de octubre de 2011.- Una coalición internacional de organizaciones no gubernamentales se ha unido para expresar su más profunda preocupación por la campaña de ataques verbales e desinformación lanzada durante los últimos días en los medios de comunicación dominicanos contra la defensora de derechos humanos Sonia Pierre.

La coalición está compuesta por El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de Robert F. Kennedy, Refugees International, Christian Aid Reino Unido, Church World Service, Global Rights, Fundación Étnica Integral (FEI), el Movimiento Social y Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), la Red de Encuentro Dominico Haitiana Jacques Viau (REDHJV) y la Asociación 180° para la Cooperación y el Desarrollo.

El pronunciamiento conjunto de la coalición dice lo siguiente:

Nos vemos en la obligación de precisar que los mensajes publicados en la prensa contienen información incorrecta e incompleta con respecto a la activista Sonia Pierre y la audiencia pública solicitada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana.

En primer lugar, no se trata de una demanda contra el Estado dominicano sino de una audiencia temática convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el 24 de octubre de 2011 sobre el tema “Respuesta Judicial en Casos de Desnacionalización en República Dominicana”. Aclaramos que esta audiencia no es un juicio en contra del Estado dominicano, sino un espacio de diálogo para discutir una situación que afecta los derechos humanos de los ciudadanos/as. Esta audiencia fue solicitada por más de doce organizaciones locales e internacionales, así como por algunos/as expertos/as a título personal. El Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, organización dirigida por Sonia Pierre, es una de las organizaciones que apoyaron la solicitud de audiencia, pero no fue la Sra. Pierre quien gestionó ni presentó la solicitud.

En segundo lugar, la audiencia pública que se celebrará este mes en la sede de la Comisión Interamericana en Washington, trata sobre la política adoptada por el Estado dominicano para desnacionalizar a ciudadanos/as dominicanos/as y despojarlos de documentos de identidad válidos que el mismo Estado otorgó. Estas acciones han sido criticadas tanto por la sociedad dominicana en general como por los tribunales de primera instancia nacionales que han fallado a favor de estas personas. Sin embargo, el Estado ha continuado con esta política en clara violación del derecho nacional e internacional. La coalición que solicitó la audiencia considera que esta situación es alarmante y merece un espacio internacional de diálogo. La audiencia tratará no solamente sobre los casos presentados por la organización MUDHA, sino sobre todos los casos que han sido elevados ante instancias judiciales por diversas organizaciones, abogados y abogadas en todo el país.

Queremos expresar nuestro más enérgico repudio a los comentarios y agresiones verbales realizadas en contra de Sonia Pierre, y denunciamos esta campaña de desinformación y amenazas en su perjuicio. La Sra. Pierre es beneficiaria de medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana que requieren que el Estado dominicano investigue todo acto de amenaza y agresión en su contra. En este contexto, exigimos al Estado dominicano que adopte las medidas necesarias para prevenir todo acto de agresión que ponga en peligro la seguridad e integridad personal de la Sra. Pierre y que cumpla con sus obligaciones internacionales de respetar los derechos humanos de todos y todas las personas en su territorio.

 

Para más información:

 

Milli Legrain

CEJIL

mlegrain@cejil.org

+1 202 629 7537

 

Liliana Gamboa

Open Society Institute

lgamboa@osieurope.org

+1 212 548 0189

 

Josh Karlen

RFK Center for Justice and Human Rights

karlen@rfkcenter.org

+ 1 917 671 6803

 

 

Sentencias de la Corte Interamericana a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo cumplen un año y México no avanza en su cumplimiento

Tlapa, Guerrero, México-San José, Costa Rica, 3 de octubre de 2011- Hace un año, el 1.º de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó dos sentencias contra el Estado Mexicano en los casos de Inés Fernández Ortega y otros, y Valentina Rosendo Cantú y otra, en las cuales determinó que ambas mujeres indígenas del pueblo me’phaa habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el Tribunal Interamericano denominó “violencia institucional castrense”.

Lun, 03/10/2011

Tlapa, Guerrero, México-San José, Costa Rica, 3 de octubre de 2011- Hace un año, el 1.º de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó dos sentencias contra el Estado Mexicano en los casos de Inés Fernández Ortega y otros, y Valentina Rosendo Cantú y otra, en las cuales determinó que ambas mujeres indígenas del pueblo me’phaa habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el Tribunal Interamericano denominó “violencia institucional castrense”.

Las sentencias impusieron al Estado Mexicano la ineludible obligación de reparar el daño causado a ambas mujeres y sus familiares, así como asegurar que las violaciones a los derechos humanos que sufrieron Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú no vuelvan a cometerse, esto al ordenar reformas de índole estructural. En este sentido, las reparaciones implican diversas acciones, incluyendo medidas de alcance en el ámbito comunitario, hasta el deber de reformar el Código de Justicia Militar y posibilitar un recurso efectivo para impugnar su intervención, así como la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, entre otras. Tales medidas son inapelables, como lo señaló la CoIDH ante el intento del Estado de recurrir los fallos al presentar solicitudes de interpretación, carentes de motivación, que a la postre fueron desechadas por el tribunal internacional.

No obstante, habiendo transcurrido un año desde que las decisiones fueron emitidas, los avances sustantivos en su cumplimiento siguen siendo escasos. Más aún: en todo momento, el impulso de los trabajos relacionados con la concreción de las reparaciones ha recaído en las propias señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú y sus representantes. Por ejemplo, en octubre de 2010, ambas mujeres presentaron un plan de trabajo al Estado mexicano para guiar la implementación de las sentencias, el cual fue ratificado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General República (PGR) y la Consejería Jurídica de la Presidencia. Este plan, sin embargo, no fue formalizado sino hasta marzo de 2011 y actualmente permanece, en buena medida, sin acatarse.

La persistencia de la impunidad que protege a los militares que torturaron y violaron sexualmente a las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú es prueba de la reticencia del Estado para cumplir las sentencias. Las averiguaciones continuaron en el fuero militar durante prácticamente todo este año, y solo de modo muy reciente, los expedientes fueron turnados a la PGR, luego de que ambas mujeres me’phaa lo solicitaran formalmente. Esta demora hace que al día de hoy las indagatorias todavía no hayan sido consignadas, y que aún no se haya posibilitado que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú accedan a ellas para aportar pruebas.

La omisión de acatar las sentencias se verifica también en otros rubros como el acceso de ambas mujeres indígenas a la salud y a la educación, que sigue sin materializarse; o la reforma del Código de Justicia Militar para extraer de la competencia castrense todos los casos de violaciones a derechos humanos. De acuerdo con la iniciativa presentada por el Presidente Felipe Calderón al Senado, se pretende contraer sólo a algunos supuestos, de modo contrario a lo ordenado por la CoIDH.

El incumplimiento de estas medidas implica una grave contravención a las obligaciones internacionales del Estado mexicano en su conjunto, incluyendo al Poder Legislativo, que no ha avanzado en lo que le compete. En este sentido, destaca la falta de una regulación adecuada del amparo que abriera la posibilidad de impugnar el fuero militar, de modo acorde a lo mandado por el tribunal interamericano.

Como parte del proceso de verificación de las sentencias, el Estado mexicano debió ya haber informado a la CoIDH las acciones concretas realizadas durante este año para cumplir lo dispuesto por el tribunal. Dada la insuficiencia de las acciones realizadas, es de esperarse que el máximo tribunal interamericano emita resoluciones, en relación a ambas sentencias, reiterando los compromisos del Estado Mexicano para su cumplimiento.

Instamos, por lo tanto, al Estado mexicano, a dar pronto y adecuado cumplimiento a todas las medidas de reparación ordenadas por la CoIDH en sus sentencias.

Honduras continúa violando los derechos humanos de los jueces que se opusieron al golpe de Estado

Tres jueces y una magistrada fueron cesados el 5 de mayo del 2010

San Pedro Sula, 26 de septiembre de 2011- El pasado 22 de septiembre, el Estado de Honduras notificó la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que ratifica el despido de los jueces Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza por haberse opuesto al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009. Ese Consejo también ordenó el pago de las prestaciones laborales a favor del juez Luis Chévez de la Rocha pero no ordenó su reintegro laboral y sólo en el caso del juez Ramón Barrios decidió mantenerlo en su cargo. En ninguno de estos casos el Estado reconoce o repara la totalidad de violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.

Lun, 26/09/2011

Guillermo López habla con la prensa  durante la 41a Asamblea General de la OEA en El Salvador, en junio del 2011. Lo acompañaron Viviana Krsticevic, de CEJIL, y María V. Fallon, del GIDH. San Pedro Sula, 26 de septiembre de 2011- El pasado 22 de septiembre, el Estado de Honduras notificó la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que ratifica el despido de los jueces Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza por haberse opuesto al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.

Ese Consejo también ordenó el pago de las prestaciones laborales a favor del juez Luis Chévez de la Rocha pero no ordenó su reintegro laboral y sólo en el caso del juez Ramón Barrios decidió mantenerlo en su cargo. En ninguno de estos casos el Estado reconoce o repara la totalidad de violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.

El 5 de mayo del 2010, los jueces y la magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

La decisión recién tomada por las autoridades hondureñas constituye un nuevo hecho violatorio de los derechos humanos de los jueces despedidos, confirmándose con este hecho que persiste la aplicación arbitraria y sesgada de la ley.

El Estado hondureño nuevamente niega la ocurrencia del golpe de Estado e insiste en que actos de oposición a dicho acontecimiento deben ser sancionados. De esta manera, las autoridades no reconocen que los despidos fueron arbitrarios y que constituyeron restricciones ilegítimas a los derechos humanos de los jueces.

En el proceso ante el Consejo de la Carrera Judicial no se les garantizó a los jueces el derecho a ser oídos por un tribunal independiente e imparcial ya que dicho órgano se integró a través de un procedimiento arbitrario no previsto en la ley y que no satisface las garantías procesales establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La decisión tomada por el Estado de Honduras contradice las recomendaciones que han sido brindadas al país por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de Jueces y Abogados, por el Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión, por la Relatora Especial sobre la situación de Defensores y Defensoras, por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUCHD) y por el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal.

El caso de los jueces despedidos está siendo conocido actualmente por la Comisión Interamericana de Derechos HumanosLa petición fue admitida por dicho órgano el pasado mes de abril, y la decisión sobre el fondo del caso se encuentra pendiente.

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra condena por la decisión que han tomado las autoridades hondureñas y denunciamos ante la comunidad internacional que este nuevo hecho sólo confirma la inefectividad de los recursos judiciales establecidos y la indefensión en que se encuentra la mayor parte de la población hondureña.

La AJD y CEJIL exigimos que se cumpla con las recomendaciones dadas por la OACNUDH y se investigue y sancione a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que incumplieron con sus obligaciones durante el golpe de Estado y que continúan impidiendo el acceso a una tutela judicial efectiva.

WOLA y CEJIL rechazan declaraciones del Ministro de Defensa del Perú contra los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Funcionario promueve acuerdo de "punto final y reconciliación"

Washington, D.C., 22 de setiembre del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechazamos energéticamente las declaraciones emitidas el día de ayer por parte del Ministro de Defensa del Perú Daniel Mora contra el trabajo de los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante una presentación ante el Congreso el Ministro Mora acertó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) estaban coordinando acciones para "desaparecer a las Fuerzas Armadas" y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido injustas con el Perú.

Jue, 22/09/2011

Washington, D.C., 22 de setiembre del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechazamos energéticamente las declaraciones emitidas el día de ayer por parte del Ministro de Defensa del Perú Daniel Mora contra el trabajo de los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante una presentación ante el Congreso el Ministro Mora acertó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) estaban coordinando acciones para "desaparecer a las Fuerzas Armadas" y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido injustas con el Perú.

Hace apenas dos semanas el Ministro Mora fue cuestionado por sus declaraciones en relación a los juicios actualmente en proceso contra miembros de las fuerzas del orden bajo acusaciones de violaciones contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno del Perú (1980-2000). El Ministro declaró que el Perú debería llegar a un acuerdo político de “punto final y reconciliación” para poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas militares y policiales acusados de graves violaciones a los derechos humanos. WOLA expresó su rechazo en aquella oportunidad, y lo reitera ahora, de cualquier propuesta de amnistía para militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

Durante el gobierno anterior de Alan García, hubo una campaña mediática fuerte contra los organismos de derechos humanos, particularmente los que representan a las víctimas en los procesos penales contra los acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos. En aquella época, el Ministerio de Defensa se había convertido en un verdadero obstáculo a la judicialización de los casos de violaciones a los derechos humanos. "Negaron colaborar con la justicia con documentos oficiales, y varios de los encargados de la cartera de Defensa, y especialmente el ex ministro Rafael Rey Rey, tuvieron una actitud abiertamente hostil a los organismos de derechos humanos y a las instituciones del Estado encargados de la justicia, el Ministerio Pública y el Poder Judicial", dijo Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA. "cusaron a los organismos de derechos humanos de entablar una persecución política contra las fuerzas armadas al impulsar la investigación y juzgamiento de algunos de sus miembros acusados de crímenes tan graves como la masacre de 69 campesinos de Accomarca (23 de ellos niños) o la tortura y desaparición forzada de por lo menos 54 personas del Cuartel Militar Los Cabitos durante el año 1983, casos actualmente en proceso judicial".

Con la asunción de un nuevo gobierno bajo el liderazgo de Ollanta Humala, que ha demostrado una actitud positiva en una serie de iniciativas como la firma de la Ley de Consulta Previa, se esperaba una nueva actitud frente este tema. "El gobierno de Ollanta Humala tiene la palabra", dijo Jo-Marie Burt. "El Presidente Humala no puede mantenerse en silencio frente a declaraciones del tipo que acaba de emitir el Ministro Mora, tan similares a declaraciones de ministros anteriores como Rafael Rey, que conllevan una actitud de intimidación y hostigamiento frente a los organismos de derechos humanos, cuyo labor es fundamental en cualquier sociedad democrática".

Burt señaló que el gobierno del Perú acaba de suscribir a un acuerdo internacional sobre la transparencia en el manejo gubernamental que debería aplicarse en todos los sectores, y especialmente en términos de la urgente necesidad de abrir los archivos militares y policiales para así poder esclarecer graves casos de violaciones a los derechos humanos y permitir que los procesos judiciales avancen con celeridad tanto para los imputados como para las víctimas y sus familiares.

De acuerdo a las obligaciones internacionales del Perú, la justicia peruana tiene la obligación de investigar y castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, expresó su preocupación de que el debate en este sentido persista y señaló que "además de las reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben al Perú aplicar leyes de amnistía u otras eximentes de responsabilidad, también se ha restringido el uso del fuero militar para la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Además, Perú asumió obligaciones en este sentido al firmar diversos tratados de derechos humanos tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en la OEA. Es preciso recordar que estos tipos de medidas no podrán ser utilizadas aún si aquellas resultan de un proceso de debate democrático. La Corte Interamericana ya ha dado elementos claves en este sentido en las sentencias de La Rochela v. Colombia y Gelman v. Uruguay, entre otras".

WOLA y CEJIL recuerda que el Presidente Ollanta Humala se comprometió a respetar a los derechos humanos e impulsar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, las cuales incluyen la judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos. Hacemos un llamado al Presidente Humala a rechazar las declaraciones del Ministro Mora y a afirmar una política de derechos humanos que incorpora la búsqueda para la verdad y la justicia en el Perú.

El Caso de los Campesinos Ecologistas por fin se investiga en el fuero ordinario

Acción se ajusta a lo ordenado por la Corte IDH

México D. F. y San José, Costa Rica, 20 de setiembre de 2011- El Estado mexicano informó el pasado 2 de setiembre que abrió las investigaciones en el fuero civil federal por la tortura sufrida por Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Esta acción se ajusta a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del “Caso Campesinos Ecologistas”. Representantes de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación anunciaron sobre el inicio del proceso durante una reunión con el Centro PRODH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que representan a las víctimas.

Mar, 20/09/2011

Rodolfo Montiel y su esposa Ubalda Cortés durante la audiencia del caso 'Ecologistas' ante la Corte IDH en San José, Costa Rica, 26 de agosto del 2010. México D.F. y San José, Costa Rica, 20 de septiembre de 2011- El pasado 2 de septiembre de 2011, el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organizaciones que acompañamos el caso de los señores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, Campesinos Ecologistas de la Sierra de Guerrero, sostuvimos una reunión con representantes de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, en la que fuimos informados de la apertura, en el fuero civil federal, de las investigaciones por las alegaciones de tortura, de conformidad con lo ordenado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

En su sentencia de 26 de noviembre de 2010, la CoIDH, resolvió que:

El Estado debe, en un plazo razonable, conducir eficazmente la investigación penal de los hechos del presente caso, en particular por los alegados actos de tortura en contra de los señores Cabrera y Montiel, para determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea; así como adelantar las acciones disciplinarias, administrativas o penales pertinentes en el evento de que en la investigación de los mencionados hechos se demuestren irregularidades procesales e investigativas relacionadas con los mismos, de conformidad con el párrafo 215 de la presente Sentencia.

De acuerdo con la información proporcionada, las investigaciones fueron iniciadas el 15 de julio de 2011, bajo el número de expediente 173/UEIDLAPE/12/2011 y turnadas a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República. Al respecto, la propia Titular de la Unidad, la Lic. Alicia Rosas Rubí, refirió que la investigación había sido iniciada por el delito de tortura contemplado en la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar la Tortura, y bajo su cargo, puesto que recae en su competencia.

La apertura de las investigaciones en el fuero federal representa un paso importante en la demanda de justicia que Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera han mantenido desde 1999, año en que con motivo de su activismo ambiental fueron arbitrariamente detenidos por el Ejército y violentados en su integridad física y psicológica, para obligarlos a firmar confesiones autoinculpatorias sobre delitos que no cometieron. En las semanas que siguen, agentes de la PGR, con la coadyuvancia de los representantes de las víctimas, realizarán diversas diligencias para recabar más pruebas del delito de tortura y para deslindar responsabilidades por este crimen, por lo cual es de esperarse que la investigación cuente con avances para finales de este año cuando le toque al Estado mexicano informar a la Corte Interamericana del estado de cumplimiento de la sentencia internacional.

Por lo tanto, desde el Centro Prodh y Cejil:

- Recordamos que la autoridad investigadora deberá tomar en cuenta la verdad histórica y legal establecida en la sentencia de la CoIDH, donde claramente se prueba la participación de elementos castrenses tanto en la detención arbitraria como en la tortura perpetrada en contra de los Campesinos Ecologistas.

- Exhortamos a la autoridad a investigar de acuerdo a los criterios señalados en la sentencia sobre las diversas hipótesis que motivaron los hechos, incluida aquella que refiere su activismo en la defensa del medio ambiente.

- Recordamos que las investigaciones deberán conducirse de manera diligente, atendiendo a los estándares más altos de derechos humanos y velando en todo momento por el derecho de las víctimas.

Colombia no debe retroceder en su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación frente a graves violaciones a los derechos humanos

Washington D.C, 15 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y el Latin America Working Group (LAWG) manifestamos nuestra más profunda preocupación por las declaraciones formuladas por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el comandante de las Fuerzas Armadas, General Alejandro Navas, y el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, en el sentido de otorgar amnistías y otras medidas que eximirían de responsabilidad a militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos así como por su apoyo a la reinstauración de una jurisdicción militar para investigar este tipo de crímenes.

Jue, 15/09/2011

Washington D.C, 15 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y el Latin America Working Group (LAWG) manifestamos nuestra más profunda preocupación por las declaraciones formuladas por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el comandante de las Fuerzas Armadas, General Alejandro Navas, y el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, en el sentido de otorgar amnistías y otras medidas que eximirían de responsabilidad a militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos así como por su apoyo a la reinstauración de una jurisdicción militar para investigar este tipo de crímenes.

La semana pasada, el ex presidente Uribe señaló que el Congreso y el Gobierno deberían pensar en una reforma a la Constitución que permitiera la excarcelación a los militares que participaron en los eventos de la retoma del Palacio de Justicia en 1985 y en segundo lugar “como un gesto de confianza, crear una jurisdicción especial y transitoria para que revise todas las sentencias condenatorias contra los integrantes de las Fuerzas Armadas”[1].

Por su parte, el recién designado Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, propuso reactivar el fuero militar para que soldados y oficiales sean procesados prioritariamente por la justicia castrense[2]. Asimismo, el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, el General Alejandro Navas, manifestó el pasado 13 de septiembre que creía en la necesidad de revisar el sistema de justicia militar y estudiar los mecanismos por los cuales se juzgan las actuaciones militares. En particular se refirió al caso del Palacio de Justicia y añadió que el Coronel(r) Plazas Vega es un “héroe nacional” y que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas[3].

CEJIL, WOLA y LAWG instan al Presidente Santos a enviar un mensaje contundente acorde con sus obligaciones internacionales a favor del respeto de los derechos humanos que excluye la utilización de la jurisdicción militar como fuero adecuado para tratar graves violaciones a los derechos humanos, así como la utilización de medidas veladas o explícitas que permitan que aquellas permanezcan impunes.

Lisa Haugaard, Directora de LAWG, señaló que “de conformidad con el derecho internacional no es posible dictar leyes de amnistía o cualquier otra medida que elimine la responsabilidad o pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En los últimos años hemos visto algunos avances, si bien tentativos, de garantizar justicia en las cortes civiles por graves violaciones a los derechos humanos por miembros del ejército. En lugar de regresar a las prácticas del pasado que han llevado a la impunidad, el progreso logrado para alcanzar la justicia en las cortes civiles debe ser fortalecido”.

Sobre Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido varias sentencias en los casos de las masacres de Mapiripán (2005), Pueblo Bello (2006) y La Rochela (2007), en los que decretó la inadmisibilidad de medidas que impidan la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos; entre ellas, la Corte IDH excluye el uso del fuero militar en la investigación de este tipo de violaciones.

Por su parte, la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, señaló que “las obligaciones en derechos humanos asumidas por Colombia tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en la OEA objetan el uso de amnistías, indultos y otras eximentes de responsabilidad que impidan la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, aún si aquellas resultan de un proceso de debate democrático. Quizás sea necesario recordar que la Corte Interamericana ya ha dado elementos claves en este sentido en las sentencias de La Rochela v. Colombia, Gelman v. Uruguay, entre otras”.

Krsticevic añadió que “las declaraciones de los altos funcionarios de Ejecutivo que contradicen los compromisos asumidos en la Ley de Víctimas y los tratados de derechos humanos deberían ser rechazadas con vehemencia por el Señor Presidente para demostrar su apego a la constitución y al Estado de derecho”.

Gimena Sánchez, titular de Programa para Colombia de WOLA, expresó que “pronunciamientos como estos, provenientes de miembros del Poder Ejecutivo, no hacen otra cosa que minar la independencia del poder judicial en ese país”. Estos pronunciamientos han tomado mayor fuerza ahora que existen un elevado número de juicios contra miembros del ejército por violaciones a derechos humanos, y muy particularmente cuando en los próximos días podría dictarse la sentencia de apelación por parte del Tribunal Supremo de Bogotá en el caso del Coronel en retiro Plazas Vega que objetó su condena a 30 años de cárcel por su responsabilidad en las personas desaparecidas en el caso de la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Por todo esto, CEJIL, WOLA y LAWG hacemos un llamado al Presidente Santos a que se deslinde de cualquier declaración e intención de su gobierno de apoyar iniciativas de esta naturaleza; y al Poder Legislativo a que no dé pasos en falso a través de la emisión de leyes que coloquen a Colombia al margen de sus obligaciones internacionales en derechos humanos.

Para más información:

 

Milli Legrain

CEJIL

mlegrain@cejil.org

Tel (1) 202 319 3000

Lisa Hauguaard

LAWG

lisah@lawg.org

(202) 546-7010

Gimena Sánchez

WOLA

GSanchez@wola.org

Tel: (202) 797-2171

 

 


[1] Revista Semana, Uribe propuso excarcelar a militares condenados por la "recuperación del Palacio de Justicia", 7 de septiembre de 2011, en http://www.semana.com/nacion/uribe-propuso-excarcelar-militares-condenados-recuperacion-del-palacio-justicia/163744-3.aspx

[2] El Nuevo Herald, Pinzón plantea reactivar fuero militar, http://www.elnuevoherald.com/2011/09/06/1019482/pinzon-plantea-reactivar-fuero.html

[3] RCN Radio, Comandante de las FFMM calificó como un héroe nacional al coronel (r) Plazas Vega, en http://www.rcnradio.com/noticias/comandante-de-las-ffmm-califico-como-un--108297

Audiencias Corte Interamericana

Lun, 22/08/2011 (Todo el día) - Mié, 31/08/2011 (Todo el día)
San José
Costa Rica

Audiencias CIDH

Mié, 19/10/2011 (Todo el día) - Vie, 04/11/2011 (Todo el día)
CIDH
Washington D.C

Reunión en la OEA sobre reforma del Capítulo 11

Reunión del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA para la "Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos"
 
El diálogo del Grupo de Trabajo con los Comisionados de la CIDH girará entorno a la reforma del Capítulo 11 del Reglamento de la CIDH.

Mar, 30/08/2011 - 15:00 - 18:00
OEA
Washington D.C

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Mar, 09/08/2011 (Todo el día)
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