CEJIL y otras organizaciones

Las ONGs celebran creación de relatoría sobre defensores/as de derechos humanos

Esta oficina especializada de la CIDH se encargará de la protección de los/las que denuncian violaciones a los derechos humanos

Washington, DC., 4 de abril de 2011 - La CIDH anunció durante su último período de sesiones que culmino el pasado viernes, la creación de una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos. El Relator será el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana.

Mar, 05/04/2011


Washington, DC., 4 de abril de 2011 - La CIDH anunció durante su último período de sesiones que culmino el pasado viernes, la creación de una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos. El Relator será el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana.
 
El Comisionado Orozco declaró durante rueda de prensa, que la Relatoría, u oficina especializada, se crea en reacción al incremento de violaciones a los defensores/as de derechos humanos, y con la intención de hacer más visible la preocupación que ha mantenido la Comisión en esta temática. Asimismo, pretende respaldar la importante labor que realizan los defensores/as de derechos humanos, así como los operadores judiciales, que también entrarán en el mandato de la Relatoría, para hacer prevalecer el estado de derecho.
 
Las 94 organizaciones abajo firmantes (22 ONGs más la Red TDT conformada por 72 organizaciones) acogemos con gran entusiasmo la creación de la Relatoría, por cuanto ello fue expresamente solicitado en la audiencia mantenida ante la Comisión el 29 de marzo.
 
Asimismo, reiteramos nuestra preocupación por el mantenimiento del hostigamiento contra los y las defensores/as y su incremento en algunos países. En este sentido persisten los ataques por parte de actores estatales o grupos que actúan con su respaldo o tolerancia, y han aparecido nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y de empresas con intereses económicos en la región. Los y las defensores/as han sido víctimas, entre otros, de seguimiento por parte de agencias de inteligencia de los Estados, robos de información, uso indebido del derecho penal en su contra, y ataques contra su vida e integridad, y la de sus familias.
 
Ante esta realidad, confiamos en que la Relatoría contribuya a fortalecer el importante rol de la Comisión en el seguimiento y monitoreo sobre la labor de la defensa de los derechos humanos en la región.
 
Con ésta serán ya ocho las relatorías de la Comisión en temas tan relevantes como los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, libertad de expresión, personas privadas de libertad, afrodescendientes y discriminación racial, trabajadores migratorios, y niñez.
 


Listado de organizaciones firmantes: Amazon Watch/ Amnistía Internacional/ Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) / Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México/ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)/ Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) /Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) / Comité de Defensa integral de Derechos Humanos “Gobixha”, AC. / Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC)/Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) / Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)/ Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) / Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (IDHUCA) / Global Rights Partners for Justice/ Observatorio Ciudadano, Chile/ Peace Brigades International (PBI)/ Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) / Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) / Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) /   Washington Office on Latin America (WOLA) /
 
 
 

CIDH evalúa admitir caso de jueces destituidos en Honduras

Recomendaciones de la Comisión podrían reformar la normativo judicial en Honduras

Washington DC, 31 de marzo del 2011. Tres jueces y una magistrada que fueron despedidos arbitrariamente por la Corte Suprema de Justicia de Honduras presentaron una solicitud de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) para continuar el proceso internacional por la violación de sus derechos humanos. Una resolución favorable en este caso podría derivar tanto en la restitución de los funcionarios en sus puestos como en una reforma en la normativa judicial en Honduras para garantizar la independencia judicial.

Vie, 01/04/2011

Washington DC, 31 de marzo del 2011. Tres jueces y una magistrada que fueron despedidos arbitrariamente por la Corte Suprema de Justicia de Honduras presentaron una solicitud de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) para continuar el proceso internacional por la violación de sus derechos humanos. Una resolución favorable en este caso podría derivar tanto en la restitución de los funcionarios en sus puestos como en una reforma en la normativa judicial en Honduras para garantizar la independencia judicial.
 
El caso fue expuesto el viernes 25 de marzo durante el 141 periodo de sesiones de la CIDH en Washington DC, Estados Unidos.
 
El 5 de mayo del 2010, los jueces Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza fueron despedidos por haberse expresado en contra del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.
 
Durante la audiencia, los peticionarios afirmaron que la arbitrariedad en la separación de sus cargos viola varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por el Estado de Honduras. Entre las violaciones expuestas se encuentran el derecho a las garantías judiciales, la libertad de expresión, el derecho de reunión, a la libre asociación y a la protección judicial.
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) sostienen que ésta destitución debilitó la independencia judicial en Honduras y tuvo como objetivo intimidar a los operadores de justicia para que no cuestionen  a las autoridades que avalaron el golpe de Estado.
 
Por su parte, la representación del Estado pidió a la CIDH no admitir el caso alegando que los peticionarios aún no han agotado todos los recursos internos. Al respecto, la AJD y CEJIL señalaron que en Honduras no existe un órgano superior a la Corte Suprema de Justicia que sea independiente, imparcial y garantice justicia para las víctimas del caso.
 
El pasado 17 de marzo, durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, varios Estados recomendaron al Estado hondureño tomar medidas concretas para fortalecer la independencia judicial y solicitaron específicamente la reincorporación de los jueces y la magistrada despedida.
 
El Estado de Honduras aún no ha sido reintegrado a la Organización de Estados Americanos  ya que, según diversos organismos nacionales e internacionales, continúan las violaciones de derechos humanos contra su población y por tanto no reúne las condiciones mínimas de un Estado democrático.
 
Contacto de Prensa
Milli Legrain
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
mlegrain@cejil.org
Tel (1) 202 319 3000
 

23 organizaciones denuncian más de 2000 violaciones contra defensores/as de derechos humanos en las Américas

Audiencias ante la CIDH

Washington D.C, 29 de marzo de 2011 – El clima de inseguridad en el que trabajan los y las defensores/as de derechos humanos en las Américas ha alcanzado niveles alarmantes. Esta situación responde a la persistencia de ataques por parte de actores estatales o que actúan con su respaldo o tolerancia, como paramilitares, y a la aparición de nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y empresas extractivas con intereses económicos en la región. Así lo denunciaron hoy 23 ONGs de 11 países reunidas en Washington D.C para el 141 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mar, 29/03/2011

Washington D.C, 29 de marzo de 2011 – El clima de inseguridad en el que trabajan los y las defensores/as de derechos humanos en las Américas ha alcanzado niveles alarmantes. Esta situación responde a la persistencia de ataques por parte de actores estatales o que actúan con su respaldo o tolerancia, como paramilitares, y a la aparición de nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y empresas extractivas con intereses económicos en la región. Así lo denunciaron hoy 23 ONGs de 11 países reunidas en Washington D.C para el 141 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En un informe de 2010, Naciones Unidas señaló que entre 2004 y 2009 se registraron más de 146 denuncias de amenazas a defensores/as de derechos humanos en las Américas.  Según este organismo, los países donde más denuncias se producen son Colombia, México, Guatemala, Brasil y Perú (en ese orden).
 
Las organizaciones de defensores/as denunciaron una realidad aún más preocupante. Según sus investigaciones, en Colombia entre 2002 y 2009 más de 1000 defensores fueron víctimas de agresiones incluyendo asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas ;y sólo en el 2010 se registraron al menos 32 asesinatos de defensores. Son especialmente preocupantes las violaciones contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, lideresas de grupos de mujeres, los/las que trabajan por la restitución de tierras y sindicalistas. Así,  46 líderes de desplazados activos en procesos de restitución de tierras fueron asesinados entre el 2002 y el 2011.
 
En Guatemala se registraron 1072 agresiones de 2007 a 2010, de las cuales 45 fueron asesinatos y el 98% quedaron impunes. Mientras tanto, en Honduras por lo menos 50 defensores/as han sido asesinados desde que se produjo el golpe de Estado.
 
Los representantes de la sociedad civil reunidos en Washington D.C hicieron particular hincapié en el incremento de actividades ilegítimas de inteligencia por parte de los Estados contra los defensores/as de derechos humanos.
 
Las organizaciones solicitaron a la CIDH crear una relatoría u oficina específica encargada de la protección de los defensores/as. También pidieron a este organismo que exija a los Estados que implementen medidas efectivas de protección y mejores políticas públicas que garanticen el trabajo de defensores/as, y la investigación de los actos de violencia y amenazas realizados en contra de personas que ponen en riesgo su vida para denunciar situaciones de injusticia social.

Listado de organizaciones: Amazon Watch/ Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) / Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México/ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)/ Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) /Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) / Comité de Defensa integral de Derechos Humanos “Gobixha”, AC. / Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC)/Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) / Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)/ / Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) / Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (IDHUCA) / Global Rights Partners for Justice/ Observatorio Ciudadano, Chile/ Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) / Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) / Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) /   Washington Office on Latin America (WOLA) /
 
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Comisión Interamericana recibe denuncias sobre violaciones a los derechos de las mujeres y niñas en Nicaragua

Audiencias ante la CIDH

Washington D.C., 28 de marzo del 2011. Quince organizaciones de derechos humanos, tanto nicaragüenses como internacionales, denunciaron la grave situación de indefensión y desprotección en que se encuentran las mujeres y niñas en Nicaragua, durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada el pasado viernes 25 de marzo en Washington D.C., Estados Unidos.

Lun, 28/03/2011

 
Washington D.C., 28 de marzo del 2011. Quince organizaciones de derechos humanos, tanto nicaragüenses como internacionales, denunciaron la grave situación de indefensión y desprotección en que se encuentran las mujeres y niñas en Nicaragua, durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada el pasado viernes 25 de marzo en Washington D.C., Estados Unidos.
 
Según datos oficiales, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia sexual o física en Nicaragua. La gran mayoría de las víctimas son menores de 17 años y los victimarios más comunes son sus familiares.  El Instituto de Medicina Legal registró un promedio de 944 casos de violencia intrafamiliar por mes durante el 2009. Este mismo órgano estatal reportó la realización de 413 peritajes relacionados con violencia sexual por mes, lo que representa 14 por día y un peritaje cada dos horas.
 
Las organizaciones denunciaron ante la CIDH que, pese a la gravedad de la situación, el Estado de Nicaragua no considera prioritario este tema. Por ejemplo, solo un 25 por ciento de los casos son remitidos a los tribunales de justicia, y las penas que se dictan son mínimas en muchos casos.
 
Las sobrevivientes de violaciones y de abusos sexuales que reportan el delito muchas veces abandonan el proceso legal porque resulta económicamente costoso, traumático y además no tienen protección frente a las posteriores agresiones de los victimarios. La cancelación continua de audiencias legales, la carencia de personal judicial, el incumplimiento de protocolos de atención a víctimas de violencia sexual, los estereotipos y las actitudes negativas hacia víctimas, entre otros, forman parte de los obstáculos que las mujeres y niñas enfrentan al momento de llevar un proceso judicial.
 
Las organizaciones señalaron que la misma CIDH y 5 órganos de las Naciones Unidas, entre ellos el Comité contra la Tortura y el Comité sobre los Derechos del Niño, han recomendado al Estado de Nicaragua tomar acciones concretas para prevenir la violencia contra las niñas y mujeres, así como asegurar adecuados servicios médicos y psicosociales para las víctimas de violencia.
 
En la audiencia, el Estado de Nicaragua aceptó la gravedad de la situación y explicó algunas políticas públicas existentes, sin embargo no asumió ningún compromiso concreto para implementar estas recomendaciones con la urgencia requerida. Por ello, las organizaciones solicitaron a la CIDH dar seguimiento cercano a la situación en este país y asegurar que las mujeres y niñas nicaragüenses pueden vivir sus vidas libres de violencia y con dignidad.
 
Las peticionarias también expresaron su preocupación por el hecho de que mujeres y niñas que quedan embarazadas producto de una violación no tienen acceso a la opción de servicios de aborto terapéutico. Esta opción ni siquiera es posible cuando el embarazo pone en peligro la salud o la vida de las mujeres y niñas, lo cual representa una violación a sus derechos humanos.
 
Las organizaciones informaron a la CIDH sobre la interposición de decenas de acciones de inconstitucionalidad en contra de esta prohibición, las cuales están pendientes de resolución desde hace 4 años en la Sala Constitucional, órgano judicial presidido por el Magistrado Francisco Rosales, quien estuvo presente en la audiencia.
 
El Comisionado Felipe González llamó la atención al Estado de Nicaragua sobre la prohibición del aborto terapéutico, y recordó la recomendación del Comité contra la Tortura al respecto.
 
La audiencia fue solicitada por el Movimiento Autónomo de Mujeres, IPAS Centroamérica, Amnistía Internacional, Women’s Link World Wide, la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la  Niñez y la Adolescencia (CODENI), Asociación de Mujeres Axayacatl, Fundación Puntos de Encuentro, Centros  de Mujeres Ixchen, Movimiento Contra el Abuso Sexual, Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia, Sociedad Nicaragüense de Médicos Generales, Asociación Para el Apoyo de la Nueva Familia en Nicaragua (ANFAM), Alianza de  Centros de Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir Nicaragua y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
 
 
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Defensores de derechos humanos denuncian ante la CIDH graves irregularidades en el proceso electoral nicaragüense

Audiencias ante la CIDH

Washington DC, 28 de marzo del 2011. El proceso hacia los comicios presidenciales de este año en Nicaragua se desarrolla con una ley electoral que limita la participación política, con un Consejo Supremo Electoral (CSE) cuyos miembros ejercen sus funciones ilegalmente y con un Presidente de la República que utilizó una institucionalidad muy frágil para abrir paso a su reelección, prohibida por la Constitución.

Lun, 28/03/2011

Washington DC, 28 de marzo del 2011. El proceso hacia los comicios presidenciales de este año en Nicaragua se desarrolla con una ley electoral que limita la participación política, con un Consejo Supremo Electoral (CSE) cuyos miembros ejercen sus funciones ilegalmente y con un Presidente de la República que utilizó una institucionalidad muy frágil para abrir paso a su reelección, prohibida por la Constitución.
 
Estas fueron las principales denuncias que presentaron el viernes pasado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional de los Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia sobre la situación de los derechos políticos en Nicaragua,  que tuvo lugar en Washington DC, Estados Unidos.
 
Los peticionarios expresaron que las intenciones electorales del Presidente Daniel Ortega Saavedra han generado una polarización política en el país que podría derivar en amenazas contra la vida y la integridad física tanto de quienes se oponen a la reelección como de quienes la apoyan.
 
Las organizaciones también denunciaron la negativa presidencial y del CSE de permitir la observación internacional durante los comicios que se celebrarán el 6 de noviembre del 2011, lo cual pone en riesgo la transparencia en el proceso.
 
También se destacó que los derechos a la libre expresión, y a la manifestación política han sido violados en numerosas ocasiones, tema que preocupó especialmente a Catalina Botero, Relatora Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión.  Como ejemplo se citó la detención de materiales del periódico Nuevo Diario en la aduana aérea como represalia contra un artículo del periodista Luis Galeano denunciando temas de corrupción dentro del CSE.
 
Los peticionarios aprovecharon para resaltar además que Nicaragua no cumple las sentencias del Sistema Interamericano, en referencia a la sentencia de la Corte Interamericana del año 2005 en relación al caso Yatama.
 
Las organizaciones reiteraron su petición para que la CIDH realice una visita a Nicaragua y solicitaron a este organismo que inste el Estado a garantizar las condiciones para el ejercicio del derecho al voto en forma igualitaria, incluyendo el otorgamiento de cédulas a todos/as nicaragüenses sin discriminación, el cese de toda práctica que limite el derecho a la libertad de expresión y finalmente, adoptar medidas para proteger a los defensores/as de derechos humanos y al  periodista Luis Galeano.
 
Durante la audiencia, Felipe González, relator de la CIDH para Nicaragua, citó el reglamento de la CIDH y expresó una preocupación particular por el intento de deslegitimación del Estado hacia la labor de las organizaciones presentes. Adicionalmente se solicitó nuevamente al Estado permitir la visita de la Comisión al país. El Estado guardó silencio.


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Corte de Constitucionalidad debe dejar de obstaculizar cumplimiento de sentencias de la Corte IDH en Guatemala

Llamado de organizaciones civiles del contienente

San José, 4 de marzo del 2011. CEJIL y otras 18 organizaciones del continente urgieron ayer a la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca a que rectifique sus recientes decisiones que han demorado la justicia en los casos de la desaparición forzada de Efraín Bámaca y la masacre de Las Dos Erres.

Vie, 04/03/2011

San José, 4 de marzo del 2011. CEJIL y otras 18 organizaciones del continente urgieron ayer a la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca a que rectifique sus recientes decisiones a los efectos de que no se dilaten aún  más los procesos en los casos de la desaparición forzada de Efraín Bámaca y la masacre de Las Dos Erres.

Las organizaciones presentaron el pasado miércoles una carta ante el Presidente de la  CC, el magistrado Roberto Molina Barreto, en la que expresan su preocupación por diversas decisiones emitidas por este órgano, que implican el incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Específicamente, la CC ha otorgado amparos a favor de quienes figuran como imputados en ambos casos. Esta medida ha tenido como consecuencia la suspensión de los procesos y ha sentado un precedente lamentable para muchos otros casos que se encuentran a la espera de que se haga justicia después de décadas de obstaculización. La Corte IDH ha sido clara en criticar una institución noble –como lo es el amparo– que en el caso de Guatemala se ha usado para demorar procesos y no para garantizar derechos.

“Instamos a que, respetando el debido proceso y de acuerdo con el mandato conferido a la CC por la legislación interna y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, revierta los fallos que podrían ser contrarios a lo ordenado por la Corte Interamericana y a las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala en materia de justicia”, expresa la misiva.

Lea la carta completa aquí.

México desafía las sentencias de la Corte Interamericana en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega

Estado mexicano cuestiona participación de militares en violación y tortura de dos mujeres indígenas a pesar de dos sentencias emitidas en su contra

México DF, 11 de febrero de 2011. Hoy, la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, presentamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestros argumentos sobre las solicitudes de interpretación de sentencias que el Estado mexicano presentó al Tribunal.

Vie, 11/02/2011


México DF, 11 de febrero de 2011. Hoy, la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, presentamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestros argumentos sobre las solicitudes de interpretación de sentencias que el Estado mexicano presentó al Tribunal.
El pasado 29 de diciembre, México presentó ante la Corte Interamericana dos solicitudes de interpretación de las sentencias emitidas los días 30 y 31 de agosto de 2010 a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. De acuerdo con el Estado, tales solicitudes se basaron en lo establecido por el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.”
 
En este sentido, el 7 de enero del 2011, en comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación informó que: “el Gobierno de México es enfático al señalar que, las solicitudes de interpretación formuladas no constituyen en modo alguno un desconocimiento o cuestionamiento de los puntos resolutivos de las sentencias, ni se trata de recursos que pretendan modificar los términos de los fallos dictados por la Corte Interamericana.”

 
Sin embargo, el escrito presentado por el Estado cuestiona la participación de militares en los hechos del caso. El requerimiento pretende entonces ser utilizado como un mecanismo de impugnación de las sentencias respectivas. Éstas, en agosto del año pasado, declararon la responsabilidad de México por las violaciones sexuales y torturas que Valentina Rosendo e Inés Fernández padecieron a manos de miembros del ejército mexicano, así como por las deficiencias en la investigación de los hechos y la intervención del fuero militar, entre otras transgresiones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas internacionales.
 
En su solicitud, el Estado mexicano cuestiona el fallo de la Corte Interamericana, sosteniendo como ya lo hizo durante el proceso contencioso que no ha sido probado que fueron militares quienes cometieron los actos de violación sexual y tortura en perjuicio de ambas víctimas. Del mismo modo, los escritos presentados por el Estado señalan que compete a autoridades ministeriales y judiciales internas establecer esos hechos,  e incluso anticipa que los mismos podrían quedar impunes. Lo anterior es contrario a lo establecido por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”
 
Las solicitudes presentadas por el Estado, además, entrañan un nuevo cuestionamiento a la palabra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y a las propias sentencias emitidas por parte de la Corte en la que señalan que existen todos los elementos y prueba para declarar que los hechos ocurrieron y que fueron elementos del ejército los involucrados.
 
Frente a esto, en nuestros argumentos presentados como organizaciones representantes de Valentina Rosendo e Inés Fernández solicitamos a la Corte Interamericana que deseche tales solicitudes, declarándolas inadmisibles, puesto que el pedido de interpretación del Estado es un desafío al Tribunal, y no una consulta. En consecuencia, se ha solicitado al Tribunal que reitere al Estado mexicano su obligación de cumplir cabalmente el fallo.
 
Cabe recordar que las sentencias -que tienen un carácter definitivo e inapelable según la Convención Americana- ordenaron al Estado mexicano conducir en el fuero civil las investigaciones sobre los hechos del caso, a fin de sancionar penalmente a los responsables de las violaciones sexuales sufridas en el año 2002 por las indígenas me’phaas en el estado de Guerrero. Hasta este momento ambas investigaciones siguen siendo conocidas por la Procuraduría General de Justicia Militar, en lo que constituye una muestra clara de las reticencias a cumplir cabalmente con los fallos, en aras de preservar la impunidad de que gozan los elementos de las Fuerzas Armadas responsables.
 
Por otro lado, es importante destacar que la presentación de las solicitudes de información se suma a la ausencia –en los cuatro meses transcurridos- de acciones efectivas tendentes al cumplimiento de las sentencias. En esa medida, evidencia el nulo compromiso con el que Estado mexicano se aproxima al cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
 
Las organizaciones representantes de Inés y Valentina instan a las autoridades mexicanas a dar pronto cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. En particular, advierten la necesidad de que en forma inmediata avancen, en el ámbito de la justicia civil, los procesos respectivos tendientes a ejercer el poder punitivo contra todas las personas responsables de los ataques, perpetrados por militares, contra la integridad sexual de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Como lo señaló la Corte en sus sentencias, esas investigaciones deberán ser conducidas con perspectiva de género y adecuación a la identidad cultural de las víctimas, garantizando el pleno acceso de sus representantes a las actuaciones y sin exponer a nuevos riesgos a las señoras Rosendo Cantú y Fernández Ortega  El desacato de esta orden del tribunal internacional implica la negación del acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.
Para mayor información comunicarse con:
Román Hernández. Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. Tel.: + (52) 757 476 1220. Celular: 045 757 106 6095
Milli Legrain. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Tel.: + (1) 202 319 3000
 
 

Asamblea General OEA

Dom, 05/06/2011 (Todo el día) - Mar, 07/06/2011 (Todo el día)
El Salvador
San Salvador

Carta de denuncia por el asesinato de la defensora mexicana de derechos humanos Marisela Escobedo Ortiz

Violencia de género en México

San José, 23 de diciembre de 2010. Más de 90 organizaciones y 180 activistas de México y América, queremos expresar nuestro repudio por la muerte de Marisela Escobedo Ortíz, defensora de derechos humanos de Chihuahua, México.

Jue, 23/12/2010

Sra Margaret Sekaggya

Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Presente

 

Más de 90 organizaciones y 180 activistas de México y América, queremos expresar nuestro repudio por la muerte de Marisela Escobedo Ortíz, defensora de derechos humanos de Chihuahua, México.

El 16 de diciembre de 2010, un grupo de hombres llegó a la plaza principal de la ciudad de Chihuahua, y se acercó a Marisela Escobedo Ortiz, quien desde hacía 8 días se manifestaba pacíficamente, exigiendo la actuación de las autoridades para detener al asesino de su hija Rubí. Ella corrió buscando refugio al Palacio de Gobierno, a sus puertas, uno de los hombres le disparó a la cabeza y la asesinó.

La causa de este asesinato es la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que el Estado mexicano ha sostenido en las últimas dos décadas en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Durante los últimos 27 meses la actividad central de Marisela fue exigir justicia por el asesinato de su hija, denunciar a las autoridades cómplices y negligentes del feminicidio, y demandar al sistema de justicia para que efectivamente garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El 28 de agosto de 2008, ante el asesinato de su hija Rubí, Marisela comenzó los trámites correspondientes para su denuncia y para que las autoridades actuaran conforme a derecho, pues se tenía claras sospechas de quien podía haber sido el asesino.

Rubí Marisol, de 19 años, fue asesinada en Ciudad Juárez por su pareja, Sergio Rafael Barraza, con quien tenía una hija. Barraza Bocanega ejerció violencia desde el inicio de la relación, misma que incrementó hasta que la asesinó, quemó y tiró en un basurero clandestino y cementerio de cerdos. Huyó al estado de Zacatecas, confiado en que después de un tiempo su crimen quedaría impune, como los cientos de otros asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Su crimen no fue investigado, posteriormente fue absuelto por los tribunales y finalmente, ya que se había dado a la fuga, encontrado culpable mediante un juicio de casación.

Ante las graves irregularidades y omisiones de las autoridades en las investigaciones ministeriales, Marisela tuvo la tenacidad de buscar, siempre dentro del marco de la ley, las pruebas de los hechos. Sergio Rafael Barraza, personalmente y ante ella, ubicó el lugar exacto donde había depositado a su víctima, confesó su crimen y pidió perdón en la audiencia de juicio oral que se realizó. Sin embargo, el 29 de abril de 2010, las y los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudib Jurado decidieron absolverlo.

El hecho estremeció a Ciudad Juárez y a Chihuahua. Las familias de las víctimas y las organizaciones civiles locales, acompañadas por organizaciones e instancias nacionales e internacionales, desde 1993 han documentado el feminicidio, denunciado la negligencia y complicidad de las autoridades y han realizado un trabajo constante de propuestas y acciones para que las instituciones del Estado actúen de acuerdo a sus obligaciones con la ciudadanía. Justo unos meses antes se había tenido un logro importante en ese sentido. En diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. El Estado mexicano había argumentado en el juicio interamericano que el nuevo sistema de justicia en Chihuahua ya no repetía la impunidad de las décadas anteriores. El asesinato de Rubí y la impunidad ante la contundencia de las pruebas, hizo evidente que la situación en Ciudad Juárez y Chihuahua era peor que en cualquier año anterior.

Durante este año 2010, cada 24 horas una mujer ha sido asesinada en el estado de Chihuahua por razones principalmente vinculadas al hecho de ser mujer. Una cifra sin precedentes en la que la gran mayoría de los casos está en total impunidad.

La Corte Interamericana también reconoció que existe un hostigamiento y agresión sistemática contra las familias y defensoras que exigen justicia por estos casos, y condenó a México por no garantizar su protección, dejar los hechos en la impunidad y por no reparar los daños.

Marisela Escobedo Ortiz, exigió justicia siempre de una manera pacífica. Utilizó sus propios recursos, económicos y vitales, para realizar el trabajo que las autoridades no cumplían. Realizó todas las investigaciones para conocer la verdad y dar con el asesino de su hija. Caminó desde Ciudad Juárez a Chihuahua para que el Gobernador del estado, en ese momento José Reyes Baeza, mandatara las acciones necesarias para detener al asesino. Ante la absolución de Sergio Rafael Barraza, realizó el juicio de casación y logró que en dicha sentencia se condenara al asesino. Sin embargo, como no se dictó arraigo él volvió a huir y desde su fuga comenzó a amenazar a Marisela. En julio de este año, ella se instaló en la Alameda Central de la Ciudad de México para exigir al Presidente, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que buscaran y detuvieran al asesino. En septiembre acudió al Encuentro Nacional Feminista que se realizó en Zacatecas y ahí pidió que las autoridades que buscaran a Barraza, pues se tenían indicios de que se encontraba en esa entidad. En noviembre de este año presentó testimonio ante la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres.

Ella afirmaba, que mientras no se detuviera al asesino de Rubí y a todos los demás asesinos de mujeres, éstos seguirían cometiendo dichos crímenes. Su conciencia de la necesidad de realizar medidas para que los hechos no se repitieran permitió que en el estado de Chihuahua, se instalara la Comisión Investigadora para el caso Rubí, con el fin de detectar los errores en el proceso y tomar medidas en el sistema judicial para que no se repitiera la impunidad. Sin embargo, todo quedó paralizado ante el cambio de gobierno estatal y municipal. Marisela protestaba ayer porque el nuevo gobernador, Cesar Duarte Jáquez, no había realizado ninguna acción respecto de su hija -y demás mujeres desaparecidas y asesinadas- pero sí había movilizado todo el aparato de procuración de justicia para familiares de funcionarios de alto nivel del Estado.

Las organizaciones firmantes continuaremos la voz y demanda de Marisela:

En su memoria decimos que no queremos más simulación por parte de las autoridades.

Exigimos fin al feminicidio y a la impunidad.

Demandamos que se cumplan todas las disposiciones de la Sentencia Campo Algodonero, en la que la Corte Interamericana especifica acciones para prevenir, investigar y sancionar debidamente las desapariciones, violencia sexual y homicidios en contra de mujeres, así como investigar y sancionar a quienes realizan los hostigamientos y agresiones en contra de las familias y organizaciones que buscan justicia por dichos hechos.

Siguiendo a la Corte Interamericana, exigimos se garantice la integridad y seguridad para todos los familiares de víctimas de desaparición, violencia sexual y homicidios de mujeres, es decir, del feminicidio. Esto implica una atención integral, la investigación de los hechos y la debida reparación de los daños, de manera urgente para la familia Frayre Escobar.

Ante el gravísimo incremento de violencia en contra de las defensoras de derechos humanos, responsabilizamos al Estado mexicano de cualquier otro acto en su contra, pues hasta la fecha no ha investigado, ni a realizado las acciones básicas para garantizar su vida y su integridad. En ello se incluye a los cuerpos de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno –federal, estatal y municipal- que desde 2008 tienen ocupada Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, sin que ello se haya traducido en una mejora para la seguridad de las mujeres.

Denunciamos que en el actual debate para aprobar el presupuesto estatal de Chihuahua no se han incorporado recursos para implementar Ley estatal por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ni para cumplir con la Sentencia de Campo Algodonero.

Marisela Escobedo Ortiz, fue una defensora de derechos humanos que a partir del crimen contra su hija movilizó a personas y organizaciones, a instituciones y poderes para acabar con el feminicidio, siempre a través de fortalecer las instituciones de justicia, de acciones ciudadanas y democráticas. Su asesinato revela la desprotección criminal que el Estado mexicano sostiene contra las defensoras y su falta de voluntad efectiva para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

 

ORGANIZACIONES Y REDES MEXICANAS:

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Justicia para Nuestras Hijas, El Barzón Chihuahua, Mujeres por México en Chihuahua A.C., Colectiva: arte, comunidad y equidad; Movimiento pacto por la Cultura, Salud y Bienestar Comunitario, Comité Medico Ciudadano Ciudad Juárez, Plan estratégico de Juárez, Pastoral Obrera, Centro Caritas Diocesano de Ciudad Juárez, Frente Plural Ciudadano, Redes Universitarias Ciudad Juárez, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Humanidas sin Fronteras, A.C, Frontera con Justicia, A.C, Posada del Migrante, Area de Comunicación de la Diocesis de Saltillo, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., Observatorio Ciudadano de Derechos de las Mujeres, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Cátedra UNESCO de derechos Humanos de la UNAM, Servicios y Asesoría para la Paz, Formación y Capacitación A.C., Servicios Humanitarios en Salud sexual y Reproductiva, AC, Comite Derechos Humanos Ajusco, Incide Social A.C., Casa de los derechos del Periodista, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., Frontera con Justicia, A.C., Humindad sin Fronteras, A.C., Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila, Colectivo Feminista de Xalapa, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, ProDESC, ENLACE Comunicación y Capacitación A.C., Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Red Feminista Sonorense, Comité "Hasta Encontrarlos", Comité Cerezo, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Comisión De Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casa, A.C., Instituto Guerrerense de Derechos Humanos A.C., La Madeja, un espacio para mujeres. A.C., Camino con Alas A.C., Colectivo Nosotras, Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, Mujeres Organizadas Yuubani, A.C., Área de Mujeres de la UNOSJO S.C., Territorios de Cultura A.C., Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., Centro Mujeres A.C., Centro Mujeres Graciela Hierro A.C., Programa Jóvenes en Acción B.C.S., Movimiento Ciudadano por la Paz y la Vida digna en Chihuahua, CIDEM AC, Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres AC, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México- ECOMUNIDADES, Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales, Casa de Engracia.


ORGANIZACIONES Y REDES INTERNACIONALES:

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer -CLADEM-, confluencia mesoamericana Las Petateras, Alianza Feminista Centroamericana Transformando La Cultura Patriarcal, Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo –AWID-, Fondo Centroamericano de Mujeres, Asociadas por lo Justo -JASS-, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL-, Radio Internacional Feminista, Frente Nacional de Lucha FNL (Guatemala), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Guatemala), Sinergia Noj (Guatemala), Colectiva de Lesbianas Liberadas LESBIRADAS (Guatemala), Organización de Mujeres en Superación (Guatemala), Asociación de Abogados y Abogadas Mayas de Guatemala (Guatemala), Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), OROMUSA (Panamá), Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas (El Salvador), Colectiva Feminista (El Salvador), Grupo Venancia (Nicaragua), Punto Focal de la Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto (Nicaragua), Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” (Honduras), Centro de Derechos de Mujeres (Honduras), Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas (El Salvador)Feministas en Resistencia (Honduras), Centro Flora Tristán (Perú), B.A.S.T.A. (Alemania), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador (Ecuador), Centro de Información y Desarrollo de la Mujer- CIDEM- (Bolivia), Centro Mirabal (Chile), Colectivo Rebeldía (Bolivia), Liga de Mujeres Desplazadas (Colombia), Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres (Costa Rica), CEFEMINA, Oficina de Equidad de Género del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Costa Rica), Ciudadanía por los Derechos Humanos (Costa Rica), AC Democracia (Ecuador)

Firmas individuales nacionales:

Teresita De Barbieri , Laura Gutiérrez (MUGAC, Baja California, Tecate), Silvia Vázquez Camacho (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Baja California, Tijuana), Blanca Mesina (Representante de 25 policías torturados por militares en Tijuana BC), Blanca Isabel Martínez Bustos (Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., Coahuila, Saltillo), María Luisa García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C, Chihuahua, Ciudad Juárez), Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres Chihuahua, Ciudad Juárez), Verónica Corchado (Pacto por la Cultura, Chihuahua, Ciudad Juárez), Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Emilia González (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Lucha Castro Rodríguez (Centro de Derechos de las Mujeres A.C. Chihuahua, Ciudad Juárez), Martha Graciela Ramos Carrasco (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Margarita Guadalupe Martínez Martínez (ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C., Chiapas), Martha Figueroa (Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., Chiapas, San Cristobal), Diana Damián (Formación y Capacitación, Chiapas), Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversidad y VIHDA Trans A.C., Tamaulipas, Tampico), Alicia Leal Puertas (Alternativas Pacíficas A.C., Nuevo León, Monterrey), Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Nuevo León, Monterrey), Angélica Araceli Reveles Soto (CLADEM-México, Jalisco, Guadalajara), Guadalupe López García (Lesbianas en Patlatonalli A. C., Jalisco, Guadalajara), Dora Ávila (Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin, Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Oaxaca, Matías Romero), Beatriz Teresa Casas Arellanes (BARCA, Oaxaca), Emelia Ortiz García (Campaña “Si no están ellas no estamos todas”, Oaxaca, Región Triqui), Beatriz Hernández (Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género ¡Ndudxa Ndandi!, Oaxaca, Tlaxiaco), Edita Alavez Ruiz (UNOSJO, Mujeres Organizadas Yuubani, Oaxaca, Guelatao), Ana María Hernández (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Theres Hoechli (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Yessica Maya Sánchez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Nadia Altamirano Díaz (Comunicación e Información de la Mujer AC., Oaxaca), Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora, Ciudad Obregón), Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán, Mérida), Espinoza Núñez (Zacatecas), Nora Isabel Bucio Nava (Comunicación e Información de la Mujer AC., Morelos, Cuernavaca), María del María del Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa A.C., Veracruz, Xalapa), Ofelia Cesareo Sánchez (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicana, Guerrero, Chilpancingo), Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos A.C., Guerrero, Chilpancingo), Obtilia Eugenio Manuel (OPIM, Guerrero), Andrea Eugenio Manuel (OPIM, Guerrero), Soledad Eugenio (OPIM, Guerrero), Cristina Hardaga Fernández (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, Tlapa), Carolina Cantú (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero, Tlacopa), Georgina Vargas Vera (Centro de Derechos Humanos Victoria Díez A.C. Guanajuato, León), Verónica Cruz (Las Libres A.C. Guanajuato, León), María Trinidad Ramirez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Estado de México, San Salvador Atenco), Martha Perez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Estado de México, San Salvador Atenco), Clemencia Correa (D.F.), Yunuhen Rangel (Comunicación e Información de la Mujer AC., DF), Lucía Lagunes Huerta (Comunicación e Información de la Mujer , DF), Cirenia Celestino Ortega (Comunicación e Información de la Mujer , DF), Alejandra Ancheita Pagaza (Proyecto Derechos Económicos Sociales y Culturales, DF), Elga Aguilar (Comité Cerezo México, DF), Eréndira Cruz Villegas Fuentes (Incide Social, Frente de Protección a Periodistas, DF), Dolores González (Serapaz, DF), Tania Ramírez Hernández (HIJOS, DF), Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, PRT, DF), Andrea de la Barrera Montppellier (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., DF), Marusia López (Asociadas por lo Justo, D.F.), Andrea Medina Rosas (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., D.F.), Orfe Castillo (D.F.), Laura García Coudurier (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Erika González (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Carmen Morales (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Alejandra González (Tlachinollan, D.F.), Irma Estrada Martinez (Tribunal Internacional de Conciencia, DF), Aline Castellanos Jurado (Consorcio Oaxaca A.C.), Teresa Emeterio Martinez (Consorcio Oaxaca A.C.), Zenaida Gurierrez Perez (Consorcio Oaxaca A.C.), Elia Santiago Antonio (Consorcio Oaxaca A.C.), Laura Jimenez (Consorcio Oaxaca A.C.), Nallely Tello (Consorcio Oaxaca A.C.), Ana María Emeterio Martinez (Consorcio Oaxaca A.C.), Marieli Hernandez Cernaz (Consorcio Oaxaca A.C.), Cecilia Espinosa Martínez (México, Red Mesa de mujeres de Cd. Juárez), Martha Alicia Delgado Portales (Colectivo Feminista de Xalapa), Gladys Villegas Morales (Colectivo Feminista de Xalapa), Silvia Cabrera Huerta (Colectivo Feminista de Xalapa), Carmen Valenzuela (Colectivo Feminista de Xalapa), Armida Sosa (Colectivo Feminista de Xalapa), Blanca Arely Navarro (Chiapas), Abelardo Palma Molina (Chiapas), Carolina Damián (Chiapas), Isaura Pagaza (ProDESC), Valeria Escozar (ProDESC). Stephanie Delgado (ProDESC), Rosalinda Márquez (ProDESC), Darío Maldonado (ProDESC), Ixchel Carrasco Arias (ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.), Jaime Cuevas (ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.), Daniel Escobar (ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.), Miguel Ángel Paz Carrasco (ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.), Blanca Isabel Martínez Bustos (Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila), Alma Rosa Garcia Guevara (Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila), María Eugenia Arriaga Salomón (Área de Comunicación de la Diócesis de Saltillo, Coahuila), Sandra Albicker (Humanidas sin Fronteras, A.C), Paola Ramos (Frontera con Justicia, A.C, Coahuila), Guadalupe Arguello Reyes (Posada del Migrante, Coahuila), Rosalba Robles Ortega (Profesora-Investigadora Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), Mons. Raúl Vera López, OP obispo de Saltillo (Coahuila), Alberto Xicotencatl Carrasco (Coahuila), Noe Leonardo Ruiz Malacara (Coahuila), Martín Rodolo Hernández Linares (Coahuila), José Francisco Ovando Zuñiga (Chiapas), Rosario Figueiras Figueroa (Chiapas), Jose Roberto Ovando Figueroa (Chiapas), Julio Ovando Figueroa (Chiapas), Eduardo Ovando Figueroa (Chiapas), Aidé Álvarez Arellano (DF), Estefanía Landa Juárez (DF), Blanca Rico (DF), Marcela Salazar (DF), Erika Tamayo (DF), Guillermina Mendoza (DF), Noëmi Noto (DF), Cecilia Vega (DF), Yanina Flores (DF), Arturo Martínez (DF), Norma Martínez (DF), Catalina Delgado (DF), Angélica Herrera (DF), Elvira Nenclares (DF), Rebeca González (Chiapas), Humberto Robles (DF),

 

Firmas individuales internacionales:

Adelay Carias (Honduras, Feministas en Resistencia), Alejandra Nuño (Costa Rica, Centro por la Justicia y en Derecho Internacional-CEJIL), Amandine Fulchiron (Guatemala, Actoras del Cambio), Ana Ixmucané Gatica (Guatemala, Comité de Unidad Campesina), Lucía Morán Vásquez (Guatemala, Mujeres Transformando el Mundo), Carmela Curup Chajon (Guatemala, Asociación de abogadas Mayas), Claudia Hernández Cruz (Guatemala, Fundación Sobrevivientes), Claudia Acevedo (Guatemala, LESBIRADAS), Claudia Spellmant Medina (Honduras, Colectivo III/RedLacTrans), Claudia Samayoa (Guatemala, UDEFEGUA), Daysi Flores (Honduras, Jass Mesoamérica/ Petateras/Feministas en Resistencia), Dora Ruano (Guatemala, Frente Nacional de Lucha -FNL), Erika Guevara (USA, Global Fund For Women), Evelyn García (Guatemala, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos), Evelyn Morales Pineda (Guatemala, Mujeres Tierra Viva), Gilda Rivera Sierra (Honduras, Centro de Derechos de Mujeres), Gladys Lanza Ochoa (Honduras, Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”), Inmaculada Barcia (España, AWID), Jacqueline Nolley Echegaray (USA/Peru, Just Associates -JASS), Lisa VeneKlasen (USA, Just Associates -JASS), Luisa Pérez Herrán (Nicaragua, Grupo Venancia), Aleyda Terán (Panamá, Alianza de Mujeres/ Codim/Petateras), Lydia Alpizar (Costa Rica/ México, AWID), Mariana Moisa (El Salvador, Mujeres Solidarias/ Colectiva feminista), Marleni del Carmen Ortiz (El Salvador, Asociación para el Desarrollo y Defensa de la Mujer-APDM), Marta María Blandón (Nicaragua, IPAS), Mary Jane Real (Philippines, Women Human Rights Defenders International Coalition), Morena Herrera Argueta (El Salvador, Alianza Feminista Centroamericana /Colectiva Feminista para el Desarrollo Local), Nohelia Nuñez Licona (Honduras, Plataforma de DH de Honduras / E.DEF.), Olga Lorena Lobos Cruz (Guatemala, Asociación de Mujeres de Petén Ixqik), Patricia Orozco Andrade (Nicaragua, Campaña 28 de Septiembre), Patricia Ardón (Guatemala, Sinergia Nój/ JASS/ Petateras), Patricia Guerrero Acevedo (Colombia, Liga de Mujeres Desplazadas), Paz Arau Picado (Nicaragua, Grupo Venancia), Ruth Polanco (El Salvador, Las Dignas), Silvia Ivethe Juárez (El Salvador, ORMUSA), Tara Madden (Irlanda, Front Line), Yanira Argueta (El Salvador, Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas), Yanira Tobar Márquez (Guatemala, Mujeres en Superación/Red Trasex), Mariela Arce (CEASPA/JASS/PETATERAS), Gabriela Vargas Vargas (Costa Rica), Ana Cofiño (Guatemala), Walda Barrios (Guatemala), Adriana Palacios (Nicaragua), Ibán Alvarez Requejo (Estado español), Pere Perelló Nomdedéu (Paisos Catalans), Andrea, Alvarado Vargas (Costa Rica),Katerina Anfossi Gómez (Costa Rica), Ricardo Plá (Estado Español), Montserrat Sagot Rodríguez (Directora de la Maestría Regional en Estudios de la Mujer-Universidad de Costa Rica.)

17 de diciembre de 2010 Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Venezuela debe responder por atentados a miembros de la familia Barrios

El último de ellos fue baleado a principios de año y su vida corre peligro

 
Washington D.C, 24 de enero de 2011. – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua, representantes de la familia Barrios ante el Sistema Interamericano, condenan enérgicamente el atentado cometido el pasado 2 de enero contra Néstor Caudi Barrios en el cual recibió ocho  impactos de arma de fuego. La agresión se perpetró  en el Estado de Aragua (Venezuela) tras múltiples amenazas de la policía local. El hecho se enmarca en un patrón de violencia e impunidad por fuerzas parapoliciales en ese Estado. Desde 1998, seis miembros de la familia Barrios han sido asesinados.

Lun, 24/01/2011

Washington D.C, 24 de enero de 2011. – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua, representantes de la familia Barrios ante el Sistema Interamericano, condenan enérgicamente el atentado cometido el pasado 2 de enero contra Néstor Caudi Barrios en el cual recibió ocho  impactos de arma de fuego. La agresión se perpetró  en el Estado de Aragua (Venezuela) tras múltiples amenazas de la policía local. El hecho se enmarca en un patrón de violencia e impunidad por fuerzas parapoliciales en ese Estado. Desde 1998, seis miembros de la familia Barrios han sido asesinados.
 
Néstor Caudi Barrios fue testigo presencial de la ejecución extrajudicial por parte de policías del Estado Aragua de su tío Narciso Barrios el 11 de diciembre de 2003 y del atentado mortal que sufrió su hermano Wilmer José Flores Barrios el pasado mes de septiembre de 2010. Desde la muerte de su tío en 2003, Néstor Caudi habría sufrido una campaña de intimidación por parte de funcionarios policiales con el propósito de evitar que declarara en las investigaciones. Néstor Caudi fue detenido de manera arbitraria y amenazado de muerte en diciembre de 2004 y marzo de 2005.
 
La víctima es beneficiaria de medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2004, mediante las cuales el Tribunal ordenó a Venezuela proteger a más de 30 integrantes de la familia Barrios de ataques policiales. La orden de la Corte fue reiterada en varias ocasiones, la última siendo el 25 de noviembre de 2010.
 
El ataque se produjo por la noche en el pueblo de Guanayen cuando dos sujetos vestidos de civil y con cascos a bordo de una motocicleta interceptaron a Néstor Barrios mientras estacionaba su moto frente a la casa de su madre. Los agresores  dispararon ocho veces con una escopeta y un revolver antes de huir.
 
La agresión se realiza apenas cuatro meses después del asesinato de su hermano Wilmer José Flores Barrios. Fue también precedida de la ejecución extrajudicial de su primo Oscar (2009), su hermano Rigoberto (2005), y sus tíos Luis (2004), Narciso (2003) y Benito (1998), todos ellos de apellido Barrios.
 
En la investigación de los crímenes cometidos en contra de al menos cuatro integrantes de la familia Barrios ha quedado en evidencia la participación de funcionarios de la policía adscritos a las Comisarías del pueblo de Guanayen y de Barbacoa, en el Estado Aragua. Sin embargo, los funcionarios sospechosos de participar en los crímenes continúan trabajando en esas dependencias, lo cual agrava e incrementa la situación de vulnerabilidad y riesgo en la cual se encuentran las víctimas.
 
El caso de la familia Barrios, litigado por CEJIL y Justicia y Paz, se encuentra actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los representantes de la familia ante esta instancia remitieron todos sus argumentos legales escritos en el mes de febrero, por lo que Venezuela deberá dar respuesta al Tribunal en el lapso de dos meses, una vez que estos le sean notificados. Se espera una audiencia pública sobre este caso ante la Corte IDH en el transcurso del 2011.
 
Para más información:
Milli Legrain
Coordinadora de Comunicación - CEJIL
mlegrain@cejil.org
+1 202 319 3000

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