CEJIL y otras organizaciones

En 2012 asesinan a dos miembros más de la familia Barrios en Venezuela

Las últimas dos muertes ocurrieron a pesar de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Caracas, San José y Washington D.C., 7 de enero de 2013-  El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua) condenan el asesinato de dos miembros más de la Familia Barrios en Venezuela durante el año 2012.

Lun, 07/01/2013

Mapa VenezuelaCaracas, San José y Washington D.C., 7 de enero del 2013-  El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua) condenan el asesinato de dos miembros más de la Familia Barrios en Venezuela durante el año 2012.

Jorge Antonio Barrios y Víctor Tomás Navarro Barrios son el noveno y octavo miembros de dicha familia en ser ejecutados.

El 15 de diciembre de 2012, Jorge Antonio Barrios fue asesinado a disparos en el sector El Huete de la ciudad de Cagua, Estado de Aragua. Según los informes, Jorge Antonio Barrios recibió impactos de bala en la espalda mientras cruzaba la calle en motocicleta y en compañía de uno de sus primos. Los agresores se dieron a la fuga y Jorge Antonio Barrios falleció a causa del ataque. Jorge Antonio residía a unos 200 kilómetros del lugar de los hechos y hasta el momento se desconoce la identidad de los autores materiales o intelectuales, así como el posible móvil del hecho. Jorge Antonio Barrios era el hijo mayor de Benito Antonio Barrios, asesinado por funcionarios policiales del Estado de Aragua en 1998. Jorge Antonio presenció cuando su padre fue golpeado por los funcionarios y sacado con vida de su residencia, por lo cual era testigo clave para identificar a los agresores.

En circunstancias similares, el pasado 9 de junio de 2012, también en el sector El Huete de la ciudad de Cagua, Estado de Aragua, el menor Víctor Tomás Navarro Barrios fue asesinado mientras regresaba de una visita a un familiar en el mismo sector. Según los informes, sujetos desconocidos le dispararon causándole la muerte. Al igual que Jorge Antonio Barrios, Víctor Tomás solo se encontraba de visita en la casa de sus familiares. Actualmente, el proceso se encuentra en una fase inicial de investigación, sin que se haya procesado o acusado a presuntos responsables.

Entre 1998 y 2011 fueron asesinados siete miembros de la familia Barrios y sus muertes permanecen en total impunidad. Benito Antonio (1998), Narciso (2003) y Rigoberto Barrios (2005), de tan solo 16 años de edad, fueron privados de su vida por agentes de la policía del Estado de Aragua. En los siguientes años, Luis Alberto (2004), Oscar (2009), Wilmer (2010) y Juan José Barrios (2011), también fueron asesinados en circunstancias similares. En estos últimos casos Venezuela tenía conocimiento del riesgo que corrían sus vidas, ya que contaban con medidas de protección en el ámbito nacional e internacional, y el Estado no realizó acciones suficientes y efectivas para prevenir los atentados que resultaron en sus muertes. También en el 2011 Néstor Caudi Barrios de 24 años de edad sufrió un grave atentado que lo dejó con lesiones de carácter permanente.

Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Venezuela el 14 de noviembre de 2011, por la violación del derecho a la vida y la integridad de los miembros de la familia Barrios, así como por la ausencia de una investigación de lo sucedido.

Resulta lamentable que hechos como estos se repitan, más aún cuando el Tribunal Interamericano estableció claramente las medidas que el Estado venezolano debía tomar para evitar la repetición de este tipo de crímenes, entre ellos, una investigación seria, diligente y eficaz de los hechos. A pesar de la sentencia y de la existencia de medidas provisionales ordenadas por la Corte IDH en su beneficio, se suman dos nuevos asesinatos de miembros de la familia Barrios y hace que estas muertes se mantengan en la absoluta impunidad.

Consideramos que el pronto y cabal cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana es la mejor manera de garantizar la no repetición de hechos similares. A un año de la sentencia para el Caso Familia Barrios, condenamos estos asesinatos e insistimos en que Venezuela cumpla con lo ordenado por la Corte de manera pronta y seria.

Asimismo, instamos al Estado venezolano ofrecer la debida protección a los miembros de la familia Barrios que aún permanecen en grave riesgo.

Ley de Amnistía dejará de ser obstáculo para investigación de graves violaciones a derechos humanos

A 31 años de la masacre de El Mozote en El Salvador

San José, Costa Rica, 11 de diciembre de 2012- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, representantes de las víctimas en el caso de “La Masacre de El Mozote y lugares aledaños” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mostraron satisfacción con la sentencia que condena al Estado salvadoreño por los graves hechos de la masacre y que le ordena, entre otras cosas, nunca aplicar la Ley de Amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

Mar, 11/12/2012

- CEJIL aplaude fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- CEJIL representa legalmente a víctimas y monitoreará cumplimiento de la sentencia.

San José, Costa Rica, 11 de diciembre 2012- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, representantes de las víctimas en el caso de “La Masacre de El Mozote y lugares aledaños” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mostraron satisfacción con la sentencia que condena al Estado salvadoreño por los graves hechos de la masacre y que le ordena, entre otras cosas, nunca aplicar la Ley de Amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

La sentencia definitiva fue notificada a las partes la tarde de este lunes 10 de diciembre, día en que se celebró en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos y un día antes que se conmemorara el 31 Aniversario de La Masacre.

En palabras de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la sentencia marca un hito histórico ya que es la primera vez que el alto Tribunal Interamericano señala que la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz salvadoreña es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más aun, la Corte establece que dicha ley carece de validez. Por ello, esperamos que en los próximos meses El Salvador adelante procesos penales que permitan que se haga justicia para las víctimas de uno de los episodios más trágicos de la historia de nuestro continente, y que se devuelva la esperanza a la sociedad salvadoreña".

“El Mozote” es la masacre más grande cometida en América Latina, con un registro de víctimas asesinadas que se aproxima al millar, cientos de personas desplazadas y que abarcó al menos seis poblados. Por años, las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas han luchado por la obtención de la justicia. La sentencia de la Corte Interamericana representa la oportunidad de que su voz sea finalmente oída.

"Durante décadas el sufrimiento de los sobrevivientes tuvo como respuesta la indiferencia y la impunidad. La sentencia de la Corte es un paso definitivo que permite observar con cautela que habrá verdad y justicia para El Mozote", sostuvo Tutela Legal desde El Salvador.

En enero del 2012, el Estado aceptó su responsabilidad por los hechos de la masacre y se comprometió a adoptar las medidas necesarias para reparar el daño causado.

Para la abogada senior de CEJIL, Gisela De León, es importante señalar que "la sentencia de la Corte Interamericana es inapelable y el Estado salvadoreño está obligado a cumplir con lo dispuesto en ella en los plazos establecidos por el Tribunal".

CEJIL hace un llamado al Estado salvadoreño para que cumpla con este compromiso y que a la brevedad posible, adopte las medidas necesarias para reabrir las investigaciones relativas y asegure que la Ley de Amnistía deje de ser un obstáculo para la investigación y juzgamiento de este y otros casos similares.

Notas al editor

Información sobre el caso

La masacre de “El Mozote” y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada “Operación Rescate”. El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y asesinó a cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán, entre ellas: Arambala, El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo. Los hechos también provocaron el desplazamiento de cientos de personas.

Tutela Legal realizó esfuerzos para que los crímenes fueran investigados en la justicia interna. No obstante, el caso fue archivado en septiembre de 1993 aplicando la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que eximía de culpa a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha, estos graves hechos permanecen en la impunidad.

Corte IDH desestima recurso de revisión interpuesto por el Estado de Colombia en caso Mapiripán

Bogotá y Washington D.C, 28 de noviembre de 2012 “Esta resolución no es, ni puede ser una revisión de sentencia”.  De esta manera, la Corte IDH ratificó el carácter definitivo e inapelable de sus sentencias, y desestimó la solicitud de revisión que el Estado colombiano elevara en febrero de este año, frente al caso de la Masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997.  Ninguno de los elementos presentados por el Estado desvirtúa los fundamentos de atribución de responsabilidad estatal por la comisión de la masacre.

Mié, 28/11/2012

Bogotá y Washington D.C, 28 de noviembre de 2012 “Esta resolución no es, ni puede ser una revisión de sentencia”.  De esta manera, la Corte IDH ratificó el carácter definitivo e inapelable de sus sentencias, y desestimó la solicitud de revisión que el Estado colombiano elevara en febrero de este año, frente al caso de la Masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997.  Ninguno de los elementos presentados por el Estado desvirtúa los fundamentos de atribución de responsabilidad estatal por la comisión de la masacre.

De hecho la Corte recordó que su sentencia contra el Estado colombiano en este caso, se basó en el reconocimiento de responsabilidad internacional de buena fe, que hiciese aquel el 7 de marzo de 2005.

Pese a las declaraciones realizadas ante los medios de comunicación por la Ministra de Relaciones Exteriores y el entonces Ministro de Justicia en febrero de este año, el Estado no presentó ninguna evidencia que desvirtuara la responsabilidad de sus agentes en la planeación y ejecución de la masacre de Mapiripán,  la falta de investigación adecuada y  la ausencia de debida diligencia en la identificación plena de las víctimas.

Con relación a la falta de determinación de las víctimas, la Corte recordó que “las faltas del Estado en sus deberes de protección de las víctimas y familiares durante la masacre y en su debida diligencia en las investigaciones propiciaron que, a la fecha de la Sentencia, la mayoría de las víctimas y sus familiares no hubiesen sido identificados”.

La Corte deja claro en su decisión que los yerros en la determinación de las víctimas en las que incurrió el Tribunal internacional se debieron a la actuación del Poder Ejecutivo en el caso y las manifiestas deficiencias investigativas de la Fiscalía.

Al respecto, el Tribunal reconoció que, activadas las investigaciones internas han surgido hechos respecto a algunas de las víctimas que no fueron conocidos con anterioridad, pero que en nada modifican “la magnitud de los hechos de la masacre” ni el “alcance de la responsabilidad del Estado”.

La Corte recibió  testimonio directo de algunas personas que ratificaron que no eran víctimas de la Masacre de Mapiripán, tal como lo habían señalado ante la Fiscalía.  El Tribunal determinó que esta situación no era objeto de revisión, sino que hacía parte del procedimiento de supervisión de sentencia, y con fundamento en la solicitud y pruebas aportadas por las partes estableció que el núcleo familiar de la señora Mariela Contreras, compuesto por ella, sus hijos, esposo y consuegro debían ser excluidas  como víctimas del caso, y el Estado debía adelantar las acciones a nivel interno que considerara necesarias para recuperar los pagos indemnizatorios realizados.

De igual modo la Corte excluyó como víctimas a los señores Omar Patiño Vaca y Eliécer Martínez Vaca, quienes habiendo sido reconocidos y propuestos como tales por el propio Estado, fueron luego cuestionados por el mismo.  Es de notar que ni estas personas ni sus familiares contaron con representación o patrocinio alguno en el proceso.

La Corte desestimó asimismo las otras solicitudes elevadas por el Estado colombiano, incluyendo aquella relativa a presentar información y pruebas adicionales sobre el objeto de su recurso.  Al respecto, la Corte señaló que la identificación o exclusión de víctimas, hacía parte de la obligación de investigar adecuadamente y reiteró la obligación del Estado de continuar con las investigaciones internas para definir la situación de todas las víctimas de la Masacre.

La Resolución de la Corte confirma que las organizaciones que representamos a las víctimas en este caso actuamos siempre de buena fe y en el más estricto apego a nuestras obligaciones profesionales.

La presente decisión de la Corte reafirma que es obligación de los Estados llevar a cabo investigaciones serias y efectivas para determinar los alcances y responsabilidades de graves violaciones de derechos humanos como las ocurridas en Mapiripán; y evidencia las limitaciones del Ejecutivo nacional y la administración de justicia en esta materia.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) co­litigaron el caso de la masacre de Mapiripán frente  a la Corte Intermericana. La sentencia se emitió el 15 de septiembre del 2005.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordena proteger ambientalistas en Honduras

Los defensores de derechos humanos enfrentan situación de riesgo y violencia

San José y Washington D.C, 9 de octubre de 2012. - El pasado 5 de octubre de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó su decisión de otorgar medidas cautelares (medidas de protección) a favor de los defensores de derechos humanos César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnes. La petición había sido solicitada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

 

Mar, 09/10/2012

San José y Washington D.C, 9 de octubre de 2012. - El pasado 5 de octubre de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó su decisión de otorgar medidas cautelares (medidas de protección) a favor de los defensores de derechos humanos César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnes. La petición había sido solicitada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Desde hace varios años, César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnes, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, realizan su labor en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en el departamento de Atlántida, en la zona del Caribe norte de Honduras.

Por su labor de defensa, ambos han sido víctimas de presiones, hostigamientos y amenazas cuya frecuencia y gravedad ha aumentado en los últimos meses. Entre otros actos, han sido objeto de amenazas escritas y telefónicas. Asimismo, en agosto de este año, sujetos desconocidos ingresaron ilegalmente a la vivienda de Alvarenga Amador con el objeto de intimidarlo.

A pesar de la denuncia de estos hechos ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, hasta la fecha las autoridades estatales no han tomado las medidas necesarias para proteger a las víctimas, ni para investigar los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los responsables.

Estos hechos no son aislados. Las amenazas y actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos en Honduras, y en específico contra ambientalistas cada vez son más frecuentes. De hecho, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la señora Margaret Sekaggya, en una visita reciente a Honduras expresó su preocupación porque los defensores de derechos humanos continúan sufriendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y malos tratos, amenazas de muerte, ataques, acoso y estigmatización. Ante ello recomendó al Estado la creación de un mecanismo para la protección de defensores y defensoras.

En virtud de la decisión tomada por la CIDH, el Estado de Honduras deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de los defensores César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnes, e informar periódicamente sobre las acciones adoptadas para la plena investigación de los hechos denunciados.

El ERIC y CEJIL exhortan a Honduras a que cumpla con lo dispuesto por la Comisión Interamericana y hacen un llamado para que se atienda la situación de riesgo y violencia que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos en dicho país, implementando medidas para protegerles adecuadamente y para permitirles ejercer su labor en la defensa de los derechos humanos.

Contacto en San José

CEJIL

Eleanor Rosenbach

difusion@cejil.org

506 2280 7473

Contacto en Washington

CEJIL

Milli Legrain

mlegrain@cejil.org

1 202 319 3000

CEJIL y WOLA expresan preocupación por posible indulto a Fujimori

Las organizaciones enviaron una carta al Presidente Humala

El día 28 de septiembre del presente, la familia del ex Presidente Alberto Fujimori, actualmente preso por varios crímenes, entre ellos crímenes de lesa humanidad, anunció que solicitará a su Gobierno que aplique el indulto humanitario al ex mandatario.

Vea la carta aquí.

 

Jue, 04/10/2012

3 de octubre de 2012

 

 

Su Excelencia Ollanta Humala

Presidente de la República del Perú

Lima, Perú

 

Su Excelencia Presidente Humala:

 

El día 28 de septiembre del presente, la familia del ex Presidente Alberto Fujimori, actualmente preso por varios crímenes, entre ellos crímenes de lesa humanidad, anunció que solicitará a su Gobierno que aplique el indulto humanitario al ex mandatario.

 

Al respecto, le exhortamos a Usted, como Presidente de la República, considerar que:

(1) Alberto Fujimori fue condenando en varios procesos judiciales que respetaron las garantías del debido proceso y probaron su responsabilidad por una serie de hechos criminales, entre ellos, la matanza de 15 personas en Barrios Altos, incluyendo un niño de ocho años; la desaparición forzada de diez personas de la Universidad La Cantuta; y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer; así como varios casos de abuso de autoridad y corrupción.

 

(2) El indulto presidencial es potestad del Presidente de la República. Sin embargo, existen límites en su aplicación, tanto por la legislación nacional peruana como por el derecho internacional.

 

(a)  Según la legislación peruana (Ley 26478 de 1995): "Quedan excluidos del beneficio del indulto los autores del delito de secuestro agravado".  En el caso del ex mandatario Alberto Fujimori, el mismo fue condenado por el secuestro agravado de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, sentencia que fue afirmada en segunda instancia, lo cual excluye al ex Presidente del beneficio del indulto.

 

(b)  El derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías, indultos, u otras excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que los crímenes perpetrados en el caso La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad del ex mandatario por crímenes de lesa humanidad en los casos Barrios Altos y Cantuta fue posteriormente confirmada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú en su sentencia del 7 de abril de 2009. Según dicha Sala, de acuerdo al derecho internacional, los crímenes por los cuales encontraron culpable al ex Presidente Fujimori constituyen crímenes de lesa humanidad. La sentencia de la Sala fue confirmada por la Corte Suprema el 30 de diciembre de 2009.

 

(3) El ex Presidente Fujimori es mayor de edad y padece ciertos problemas de salud. Sin embargo, para que sea beneficiado con un indulto humanitario, según la Resolución Ministerial 0162-2010-JUS, del 13 de julio de 2010, Fujimori tendría que cumplir uno de dos requisitos: tener una enfermedad terminal o una enfermedad grave en estado avanzado, degenerativa e incurable; o padecer condiciones carcelarias que ponen en grave riesgo su vida y estado de salud.

 

(a)  En declaraciones a la prensa la semana pasada, la hija del ex mandatario, Keiko Fujimori, confirmó que su padre no padece una enfermedad terminal. En todo caso, para poderse otorgar el indulto humanitario se tendría que confirmar, con una evaluación médica rigurosa e independiente, el estado de salud del ex mandatario para poder luego tomar cualquier decisión.

 

(b)  No se puede afirmar que las condiciones carcelarias del ex mandatario impidan que reciba el cuidado que pudiera requerir. Fujimori es el único reo en las instalaciones de DIROES, vive en una instalación construida especialmente para él, y goza de pleno acceso a tratamiento médico cuando ha sido necesario, como se ha constatado a través de los años.

 

En virtud  de lo arriba expuesto, los abajo firmantes proclamamos que:

 

(4) Si bien el Presidente de la República tiene la potestad de otorgar el indulto humanitario, está a su vez obligado a ceñirse al Estado de derecho, y su decisión debe respetar las obligaciones internacionales del Perú.

 

(a)  Es especialmente importante tomar en cuenta el derecho de los familiares a la verdad y la justicia, derechos que les fueron negados por casi 20 años.

 

(b)  Sería un agravio para los sobrevivientes y familiares de las víctimas que el Presidente de la República otorgara el indulto humanitario sin que ello se amerite por las condiciones de salud del ex mandatario.

 

(5) Debido a la gravedad de los crímenes por los cuales el ex Presidente Fujimori fue condenado, le exhortamos no ceder ante las presiones de concederle el indulto humanitario a menos que estén plenamente demostrados los criterios para concederlo.

 

El juicio y condena al ex Presidente Fujimori fueron un hito en la lucha contra la impunidad en el Perú y en América Latina en general. Es por ello que su Gobierno debe afirmar el Estado de derecho en el Perú y no ceder ante presiones que desconocen la legalidad nacional e internacional en esta materia.

 

Atentamente,

 

 

 

Joy Olson                                Jo-Marie Burt                          Coletta Youngers

Directora Ejecutiva              Asesora Principal                  Asesora Principal

WOLA                                     WOLA                                     WOLA

 

 

 

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva

CEJIL

 

CC:
Presidente de la República, Ollanta Humala
Primera Vice Presidenta, Marisol Espinoza
Primer Ministro, Juan Jiménez Mayor

Harold Forsyth, Embajador Peruano a los Estados Unidos
Presidente del Congreso de la República, Víctor Isla

Congresista del Partido Nacionalista, Daniel Abugattas
Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas
Vice Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Avila

Fiscal de la Nación, José Peláez

Presidente del Poder Judicial, César San Martin

Defensor del Pueblo, Eduardo Vega

Marisol Perez Tello, Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República

Javier Diez Canseco, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de la República

 

 

Perú anula el fallo Villa Stein por su incompatibilidad con la Convención Americana

La decisión cumple con el fallo de la Corte IDH

Lima, Perú / Washington, D.C., 27 de septiembre de 2012. Perú anula el fallo que quitaba la denominación de lesa humanidad a la masacre de Barrios Altos y bajaba las penas a los perpetradores. La masacre tuvo lugar bajo el gobierno de Fujimori, en 1991. La decisión de Perú cumple con la resolución emitida por la Corte IDH esta semana.

Lean aquí el comunicado de APRODEH y CEJIL sobre el fallo de la Corte Interamericana.

 

 

Mar, 25/09/2012

Venezuela debilita la protección de los derechos de sus ciudadanos/as al denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Washington D.C, 19 de septiembre de 2012- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la decisión del gobierno de Venezuela, anunciada la semana pasada, de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta medida tendrá graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as. Una vez transcurrido un año a partir de la presentación de la denuncia ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sus ciudadanos no podrán acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones ocurridas a partir de esa fecha, para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

 

Mié, 19/09/2012

Washington D.C, 19 de septiembre de 2012- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la decisión del gobierno de Venezuela, anunciada la semana pasada, de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta medida tendrá graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as. Una vez transcurrido un año a partir de la presentación de la denuncia ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sus ciudadanos no podrán acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones ocurridas a partir de esa fecha, para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Comisión Interamericana, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus funciones han contribuido a la construcción de estándares más garantistas de los derechos humanos en nuestra región. Estos órganos han sido instrumentales en la protección de los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente. En su documento de denuncia, Venezuela pretende desvincularse también de la supervisión de la Comisión Interamericana. Sin embargo, este organismo podrá seguir recibiendo denuncias o analizando situaciones de derechos humanos en ese país, en virtud de su adhesión a la Carta de la OEA y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La medida adoptada por Venezuela debilita el camino hacia la universalidad del Sistema Interamericano que trazaron los Estados de la región. El continente necesita que todos los Estados reconozcan los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos. La denuncia de Venezuela es un retroceso para alcanzar dicho objetivo. Por ello, solicitamos a Venezuela que revierta su decisión de denunciar la Convención Americana y reitere su compromiso con la protección de los derechos humanos de todos/as los/as venezolanos/as. Asimismo, hacemos un llamado a los demás Estados de la OEA para que exhorten a Venezuela a no privar a sus ciudadanos del acceso al más alto Tribunal del sistema regional de protección de los derechos humanos.

 

FIRMANTES:

Organizaciones Internacionales y Regionales

Abogados sin fronteras Canadá

Amnistía Internacional (AI)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Global Rights

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

 

POR PAIS

Bolivia

Oficina Jurídica de la Mujer

Brasil

Conectas Direitos Humanos

Colombia

Comisión Colombiana de Juristas

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos

Ecuador

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

(IDHUCA)

Estados Unidos

Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho, Universidad de Texas at Austin

Washington Office on Latin America (WOLA)

Guatemala

Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH)

México

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.

Asistencia Legal Por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Panamá

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)

Paraguay

AGORA Espacio Civil Paraguay

Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

CEDAL- Centro de Derechos y Desarrollo

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú Equidad

Venezuela

Acción Solidaria en VIH/SIDA

CIVILIS Derechos Humanos

Espacio Público

Género, Democracia, Derechos Humanos

Humberto Prado, Defensor de Derechos Humanos de la Población Reclusa

Oficina de Derechos Humanos de la Diócesis de Los Teques

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

 

 

Venezuela debilita la protección de los derechos de sus ciudadanos/as al denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Washington D.C, 19 de septiembre de 2012- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la decisión del gobierno de Venezuela, anunciada la semana pasada, de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta medida tendrá graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as. Una vez transcurrido un año a partir de la presentación de la denuncia ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sus ciudadanos no podrán acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones ocurridas a partir de esa fecha, para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

Mié, 19/09/2012

Washington D.C, 19 de septiembre de 2012- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la decisión del gobierno de Venezuela, anunciada la semana pasada, de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta medida tendrá graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as. Una vez transcurrido un año a partir de la presentación de la denuncia ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sus ciudadanos no podrán acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones ocurridas a partir de esa fecha, para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Comisión Interamericana, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus funciones han contribuido a la construcción de estándares más garantistas de los derechos humanos en nuestra región. Estos órganos han sido instrumentales en la protección de los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente. En su documento de denuncia, Venezuela pretende desvincularse también de la supervisión de la Comisión Interamericana. Sin embargo, este organismo podrá seguir recibiendo denuncias o analizando situaciones de derechos humanos en ese país, en virtud de su adhesión a la Carta de la OEA y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La medida adoptada por Venezuela debilita el camino hacia la universalidad del Sistema Interamericano que trazaron los Estados de la región. El continente necesita que todos los Estados reconozcan los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos. La denuncia de Venezuela es un retroceso para alcanzar dicho objetivo. Por ello, solicitamos a Venezuela que revierta su decisión de denunciar la Convención Americana y reitere su compromiso con la protección de los derechos humanos de todos/as los/as venezolanos/as. Asimismo, hacemos un llamado a los demás Estados de la OEA para que exhorten a Venezuela a no privar a sus ciudadanos del acceso al más alto Tribunal del sistema regional de protección de los derechos humanos.

 

FIRMANTES:

Organizaciones Internacionales y Regionales

Amnistía Internacional (AI)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Global Rights

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

 

POR PAIS

Bolivia:

Oficina Jurídica de la Mujer

Brasil

Conectas Direitos Humanos

Canadá

Abogados sin Fronteras

Colombia

Comisión Colombiana de Juristas

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos

Ecuador

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Estados Unidos

Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho, Universidad de Texas at Austin

Washington Office on Latin America (WOLA)

Guatemala

Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH)

México

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.

Asistencia Legal Por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Panamá

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)

Paraguay

AGORA Espacio Civil Paraguay

Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

CEDAL- Centro de Derechos y Desarrollo

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú Equidad

Venezuela

Acción Solidaria en VIH/SIDA

CIVILIS Derechos Humanos

Espacio Público

Género, Democracia, Derechos Humanos

Humberto Prado, Defensor de Derechos Humanos de la Población Reclusa

Oficina de Derechos Humanos de la Diócesis de Los Teques

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

 

 

Celebran Organizaciones de la Sociedad Civil restricción del Fuero Militar en México

23 de agosto del 2012 - Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, acogemos con beneplácito el fallo adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del amparo en revisión 133/2012, promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, a través del cual declaró inconstitucional el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, a la luz del artículo 13 constitucional, 2º y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De reiterarse este fallo y establecerse jurisprudencia, lo anterior permitirá restringir el llamado “fuero de guerra” en los casos donde personal de las fuerzas castrenses cometa violaciones a derechos humanos en contra de civiles. Esto, a su vez, garantizará que las víctimas directas o sus familiares no comparezcan ante autoridades militares legalmente incompetentes para hacer efectivos sus derechos de acceso a la justicia, debido proceso y reparación del daño. En adelante, serán jueces del fuero civil quienes conozcan casos de este tipo, asegurando que el  procedimiento se sustancie ante órganos jurisdiccionales con mayores márgenes de independencia e imparcialidad.

Jue, 23/08/2012

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, acogemos con beneplácito el fallo adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del amparo en revisión 133/2012, promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, a través del cual declaró inconstitucional el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, a la luz del artículo 13 constitucional, 2º y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

De reiterarse este fallo y establecerse jurisprudencia, lo anterior permitirá restringir el llamado “fuero de guerra” en los casos donde personal de las fuerzas castrenses cometa violaciones a derechos humanos en contra de civiles. Esto, a su vez, garantizará que las víctimas directas o sus familiares no comparezcan ante autoridades militares legalmente incompetentes para hacer efectivos sus derechos de acceso a la justicia, debido proceso y reparación del daño. En adelante, serán jueces del fuero civil quienes conozcan casos de este tipo, asegurando que el  procedimiento se sustancie ante órganos jurisdiccionales con mayores márgenes de independencia e imparcialidad.

 

La demanda de limitar el fuero militar ha sido una exigencia histórica del movimiento de derechos humanos en México, por la que muchas víctimas y organizaciones han trabajado. Ejemplo de ello, son las sentencias de los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Campesinos Ecologistas (Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García) en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), se pronunció por el carácter excepcional y restrictivo del fuero militar respecto de la investigación y juzgamiento de delitos cometidos contra la disciplina castrense. Y que precisamente, fue con base en estas sentencias, que el día de ayer la SCJN  confirmó el amparo otorgado por un Juez de Distrito a los familiares del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, oriundo de la Montaña de Guerrero, quien fuera ejecutado extrajudicialmente en un retén militar en 2009.

 

La resolución adoptada por la SCJN implica que el expediente será turnado a un juez federal en materia penal ajeno al ámbito castrense, y que sea esta autoridad la que decida si convalida lo actuado por la jurisdicción militar. Así, la resolución  abre la puerta para que por primera vez  los familiares de la víctima puedan coadyuvar con  instancias legalmente competentes e imparciales. En esa medida, constituye un indudable reconocimiento a la determinación y a la perseverancia de la familia Rubio Villegas y de las víctimas que ayer y hoy han alzado la voz contra los abusos castrenses.

 

A partir de este fallo, si la SCJN reitera lo decidido en otros cuatro juicios de amparo podrá  crear jurisprudencia que obligue a todos los Tribunales del Poder Judicial, lo que resulta necesario en vista de que subsisten reticencias a acatar el carácter vinculatorio de la jurisprudencia de la CorIDH.  Esto podría suceder en los próximos días, ya que hay 27 juicios en lista, de los cuales la mayoría involucra la impugnación del citado artículo del Código de Justicia Militar.

 

En este sentido, alentamos a la SCJN a que establezca jurisprudencia compatible con las obligaciones internacionales del Estado Mexicano e instamos a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial Federal para que hagan efectiva su competencia en casos de violaciones a derechos humanos perpetrados por militares contra civiles, a efecto de que los abusos militares -hoy en constante aumento- no queden en la impunidad.

 

Igualmente, debemos recordar que en las sentencias emitidas por la CorIDH se ordenó reformar el Código de Justicia Militar, deber que ha sido incumplido por los poderes Legislativo y Ejecutivo. Por ello, exhortamos al Congreso de la Unión para que lleve a cabo el proceso de modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, a efecto de que sea armónico con estándares internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos.

 

Organizaciones Nacionales firmantes:

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos¨. conformada actualmente por 71 organizaciones en 21 estados de la República; Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE); Fundar Centro de Análisis e Investigación; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Equis Justicia para las Mujeres.

 

Organizaciones Internacionales:

El Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG); JASS, Asociadas por lo Justo; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos(WOLA).

Retiro de Venezuela de la Corte IDH debilitaría la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos/as

Pronunciamiento de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en Las Américas

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestra profunda preocupación por las recientes declaraciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías y del Ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, sobre el retiro definitivo del Estado venezolano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una medida de este tipo tendría graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as, quienes no podrían acudir a dicho órgano de protección del Sistema Interamericano para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

Mar, 31/07/2012

31 de julio de 2012

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestra profunda preocupación por las recientes declaraciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías y del Ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, sobre el retiro definitivo del Estado venezolano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una medida de este tipo tendría graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as, quienes no podrían acudir a dicho órgano de protección del Sistema Interamericano para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Comisión Interamericana, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus funciones han contribuido a la construcción de estándares más garantistas de los derechos humanos en nuestra región. Estos órganos han sido instrumentales en la protección de los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente.

Desde su creación ambos órganos del Sistema han analizado situaciones de graves violaciones a los derechos humanos aportando de forma significativa a la consolidación de instituciones democráticas, la adopción de legislación más igualitaria y garantista, así como a la lucha contra la impunidad. Cabe destacar la labor enfocada en la debida protección de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, la lucha por la erradicación de la violencia de género y la discriminación por orientación sexual, la protección de los derechos de los pueblos indígenas,  la prohibición de la tortura así como de prácticas de desaparición forzada. Asimismo, ambos órganos han hecho una importante contribución para la promoción, desarrollo y una mejor garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes consideramos que la existencia del Sistema Interamericano en nuestra región cumple un papel esencial y que el posible retiro de Venezuela socavaría  la protección de los derechos humanos en el país al eliminar un último recurso de justicia frente a  las violaciones de los derechos humanos. El anunciado retiro de la Corte Interamericana está precedido por un  incumplimiento de las sentencias y medidas de protección emitidas por dicho órgano. Las organizaciones firmantes instamos al gobierno venezolano a ratificar su compromiso con la protección de los derechos humanos a través de un efectivo cumplimiento de los fallos emitidos por la Corte Interamericana y a reconsiderar su denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, queremos reiterar nuestra preocupación a los Estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el riesgo que el retiro de Venezuela de uno de los órganos del Sistema Interamericano representaría para la región, todos/as los/as venezolanos/as y sobre todo para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en ese país. Por ello, hacemos un llamado a los Estados parte de la OEA a reafirmar su compromiso con la universalidad del Sistema Interamericano mediante la realización de todas las acciones necesarias para que el Estado venezolano reconsidere su decisión de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Firmantes:

 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

Amnistía Internacional (AI)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Peace Brigades International (PBI)

 

ORGANIZACIONES REGIONALES:

Abogados sin fronteras Canadá

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

 

POR PAIS


Argentina:

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

 

Bolivia:

Oficina Jurídica Para la Mujer

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer  (CLADEM ) – Bolivia

 

Brasil:

Conectas Direitos Humanos

 

Chile:

Corporación Humanas - Chile

 

Colombia:

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – Reiniciar

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

 

Costa Rica:

Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica

 

Ecuador:

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo .J.” (CSMM)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

 

Estados Unidos:

Washington Office on Latin America (WOLA)

 

Guatemala:

Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM)

Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

 

México:

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh)

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C. (COLEM)

 

Nicaragua:

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

 

Paraguay:

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)

 

Perú:

Asociación Nacional de Centros (ANC)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

CEDAL - Centro de Derechos y Desarrollo

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

 

Uruguay:

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

 

Venezuela:

Acción Solidaria en VIH/Sida

Civilis Derechos Humanos

Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Espacio Público

Justicia y Pas Los Teques

Observatorio Venezonalano de Prisiones (OVP)

Oficina de Derechos Humanos de la Diócesis de Los Teques

Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea)

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Transparencia – Venezuela

Una Ventana a la Libertad

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

 

 

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