CEJIL y otras organizaciones

Defensores Colombianos de Derechos Humanos Siguen Sufriendo Amenazas, Ataques, Acoso y Escuchas Ilegales Bajo el Gobierno de Santos en Colombia

El 10 de mayo, Kimberly Ann Stanton, ciudadana de Estados Unidos y esposa del abogado de derechos humanos, Rafael Barrios del Consejo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), y ex subdirectora de la Washington Office on Latin America (WOLA) recibió en su teléfono móvil una grabación de una conversación privada que tuvo con Barrios, mientras se encontraban en el auto proveído para la protección del Sr. Barrios por el programa de protección del gobierno colombiano. El mensaje de voz fue precedido por numerosas llamadas a su teléfono desde un teléfono móvil en Turbo, Antioquia. Una vez recibida la queja, la oficina del Fiscal General encontró un micrófono después de examinar el automóvil.

Mié, 25/05/2011

Pese a bienvenidas promesas en la mejora de los derechos humanos por parte de la administración de Santos, que asumió el cargo en agosto del 2010, defensores de derechos humanos en Colombia continúan sufriendo amenazas, ataques, acoso, entradas forzadas a sus casa y oficinas, y escuchas ilegales. Dos incidentes recientes que involucran a líderes de defensores de los derechos humanos ilustran cuán peligrosa es la situación.

El 10 de mayo, Kimberly Ann Stanton, ciudadana de Estados Unidos y esposa del abogado de derechos humanos, Rafael Barrios del Consejo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), y ex subdirectora de la Washington Office on Latin America (WOLA) recibió en su teléfono móvil una grabación de una conversación privada que tuvo con Barrios, mientras se encontraban en el auto proveído para la protección del Sr. Barrios por el programa de protección del gobierno colombiano. El mensaje de voz fue precedido por numerosas llamadas a su teléfono desde un teléfono móvil en Turbo, Antioquia. Una vez recibida la queja, la oficina del Fiscal General encontró un micrófono después de examinar el automóvil.

El 7 de abril, CCAJAR había devuelto algunas de las medidas de protección provistas por el gobierno, aquellas administradas por la agencia de inteligencia DAS, ya que de acuerdo con el Sr. Barrios “habíamos descubierto que el programa de protección para CCAJAR estaba siendo usado en contra nuestra”. Sin embargo, CCAJAR mantuvo el plan de protección provisto por el Ministerio de Justicia, incluyendo el automóvil que el Sr Barrios estaba utilizando para su protección, donde fue encontrado el micrófono.

Este evento tiene lugar en un contexto muy tenso debido al trabajo que CCAJAR lleva a cabo en la actualidad. Por un lado, los abogados de CCAJAR representan víctimas ante las cortes nacionales en el caso contra agentes del DAS por vigilar ilegalmente a civiles, incluyendo a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición. Por otra parte, CCAJAR también representa a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por altos oficiales militares. Hace apenas unas semanas, se emitió una sentencia condenando al General Arias Cabrales a 35 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas, todas representadas por CCAJAR, en el caso del Palacio de Justicia.

Esa misma semana, individuos forzaron la entrada de la casa de Danilo Rueda, destacado defensor de los derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), su computadora fue manipulada y dos USBs fueron robados. Los USBS contenían información sensible relacionada al caso Operación Génesis, una operación conjunta de militares y paramilitares realizada en el Chocó en 1996-7 y cuyas víctimas de descendencia africana son representadas por CIJP en una demanda contra el retirado General Rito Alejo del Rio.

El Sr. Rueda y otros miembros del equipo de CIJP son víctimas del caso de  escuchas ilegales del DAS. Este robo es el más reciente en una preocupante serie de incidentes de seguridad.

En abril, el personal de CIJP viajaba por Bogotá en autos blindados provistos por el programa de protección del gobierno cuando fueron seguidos por unos individuos sospechosos. El auto que llevaba a cuatro hombres siguió al Sr. Rueda hasta su hogar y se detuvo frente al apartamento del Sr. Rueda, donde uno de los hombres tocó el timbre. Al no haber respuesta se marcharon. El 1 de abril, Gisela Cañas, una abogada de CIJP, recibió un mensaje de texto con la siguiente amenaza de muerte: “Escucha Gisela perra sangrienta…sabemos dónde te encuentras y te vamos a matar por estar defendiendo cosas tontas. Tienes 48 horas para salir del país.”

Justicia y Paz, una organización religiosa, provee acompañamiento legal y físico a comunidades de descendencia afrocolombiana, indígenas, campesinos, y desplazados y víctimas en varias regiones de conflicto de Colombia, incluyendo el Chocó, Valle del Cauca, Sucre y Putumayo. La entrada forzada a la casa del Sr. Rueda y más recientemente a la oficina de Justicia y Paz en Curvaradó indican que tanto el Sr. Rueda como el personal corren peligro.

Nos unimos a estos defensores de derechos humanos y sus organizaciones en el llamado al gobierno colombiano a: prontamente investigar y castigar estas amenazas, robos, entradas y escuchas ilegales; a mejorar las medidas de protección tal  como lo solicitaron los grupos afectados; y a poner un final de una vez y por todas a las escuchas ilegales. La administración de Santos no sólo debe promover el lenguaje de los derechos humanos sino tomar medidas efectivas para garantizar el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, lo cual  es esencial para garantizar la libertad de expresión y una sociedad democrática. Junto con el gobierno estadounidense, le damos la bienvenida al mejorado discurso de derechos humanos adoptado por el Presidente Santos, pero el gobierno de Estados Unidos debe insistir en que la investigación y castigo de estos casos, el fortalecimiento de programas de protección, y la descontinuación de las acciones de inteligencia ilegales sean efectivos y produzcan resultados concretos.

Para mas información contacte a:

Gimena Sánchez-Garzoli, Washington Office on Latin America, (202) 546-7070, cell (202) 489-1702, gsanchez@wola.org

Lisa Haugaard, Latin America Working Group, lisah@lawg.org

Viviana Krsticevic, Center for Justice and International Law, vkrsticevic@cejil.org

Abigail Poe, Center for International Policy, abigail@ciponline.org

 

Desaparición forzada de seis niños y niñas en El Salvador fue expuesta ante la Corte IDH

Estado salvadoreño reconoció la veracidad de los hechos y su responsabilidad por las violaciones denunciadas

Ciudad de Panamá, 18 de mayo del 2011- La desaparición forzada de cuatro niñas y dos niños perpetrada por la Fuerza Armada de El Salvador entre 1981 y 1983 fue expuesta ayer, martes, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se celebró en Ciudad de Panamá, Panamá. Por primera vez en una sesión de este tipo, el Estado salvadoreño reconoció la verdad de estos hechos ocurridos durante el conflicto armado interno y su responsabilidad por las violaciones denunciadas.

Mié, 18/05/2011

Ciudad de Panamá, 18 de mayo del 2011- La desaparición forzada de cuatro niñas y dos niños perpetrada por la Fuerza Armada de El Salvador entre 1981 y 1983 fue expuesta ayer, martes, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se celebró en Ciudad de Panamá, Panamá. Por primera vez en una sesión de este tipo, el Estado salvadoreño reconoció la verdad de estos hechos ocurridos durante el conflicto armado interno y su responsabilidad por las violaciones denunciadas.

Las víctimas fueron representadas por la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El caso presentado ante la Corte es la fusión de tres procesos en los que se denunció la desaparición de los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristián y Julia Inés Contreras; de las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez; y del niño José Rubén Rivera.

La audiencia contó con el testimonio de Gregoria Herminia Contreras, la única joven reencontrada en este caso. La víctima narró los hechos que rodearon la separación de su familia, su vida junto a uno de los militares autores de su desaparición y su posterior reencuentro con sus padres biológicos cuando ya era una adulta. La Corte conoció las múltiples vejaciones de las que fue víctima Gregoria Contreras y el sufrimiento que la acompaña hasta hoy debido a la alteración de su identidad pues fue registrada, con un nombre distinto al suyo, como hija del militar que se la llevó.

Dada la aceptación de los hechos y de la responsabilidad internacional por parte del Estado, la audiencia se concentró en la discusión de las reparaciones que El Salvador debe adoptar para subsanar el daño causado.

Con base en las declaraciones de Gregoria Contreras y de los familiares de los infantes desaparecidos, las representantes señalaron que el principal anhelo de las víctimas es conocer el paradero de sus seres queridos. Por ello solicitaron que la Comisión Nacional de Búsqueda de El Salvador se fortalezca mediante una ley que garantice su permanencia.

Asimismo pidieron que, en la Fiscalía General de la República, se cree una unidad de investigación sobre la desaparición forzada de niños y niñas pues en ninguno de los casos se ha establecido responsabilidades por este tipo de hechos. Las autoridades militares se han negado a dar datos que informen sobre el paradero de las víctimas de desaparición durante los años del conflicto armado interno. Por ello, las representantes también solicitaron la creación de mecanismos para garantizar que esta información sea transmitida y nutra las investigaciones que se adelantan en la Fiscalía y el Poder Judicial.

La abogada Gisela De León, de CEJIL, instó a la Corte IDH para que tome en cuenta la aceptación de responsabilidad por parte de El Salvador y reconozca, en su sentencia, el patrón de desapariciones forzadas de infantes que, de acuerdo a los registros de Pro-Búsqueda, asciende a más de 881 niños y niñas de este país.

Finalmente, Ester Alvarenga, de Pro-Búsqueda, resaltó la necesidad de que las medidas que la Corte ordene tengan un alcance general para que den respuesta tanto a las familias de las víctimas de este caso como a los cientos de familiares que se encuentran en sus mismas circunstancias.

Paraguay se expone a nueva condena internacional por violaciones a derechos humanos de la niñez

 

El pasado 10 de mayo de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado de Paraguay la interposición de una demanda internacional por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, en razón de la entrega irregular en guarda provisoria del niño LM a un matrimonio con pretensiones de adopción.

 

Mar, 17/05/2011

 
El pasado 10 de mayo de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado de Paraguay la interposición de una demanda internacional por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, en razón de la entrega irregular en guarda provisoria del niño LM a un matrimonio con pretensiones de adopción.
 
En efecto, el 12 de noviembre de 2009, el niño LM fue entregado irregularmente en guarda provisoria a un matrimonio registrado en la lista de aspirantes a adoptar, a pesar de que esto se encuentra expresamente prohibido por las leyes nacionales y de que, desde esa misma fecha, sus padres y abuelos reclaman la tenencia y custodia del niño.
 
El caso del niño LM ilustra una práctica estructural vigente en el Paraguay y  relativa a la concesión de guardas preadoptivas. En efecto, se estima que el 66% de las adopciones  registradas desde 1999 fueron realizadas a partir de guardas irregulares.
 
En razón de la falta de diligencia en el avance de las causas judiciales y el grave efecto que el transcurso del tiempo tiene para los derechos del niño y su familia de origen, se solicitó la intervención de la CIDH para que, en ejercicio de sus funciones, garantice la pronta tutela de los derechos del niño LM. El pasado 10 de mayo la CIDH notificó formalmente al Estado de Paraguay la presentación de esa demanda y le otorgó un plazo de 2 meses para que presente sus observaciones.
Por la urgencia que presenta el caso, la CIDH ya había dictado una medida cautelar en el caso, ordenando la pronta resolución del proceso de guarda del niño LM. Estas medidas se encuentran aún vigentes y continúan siendo incumplidas por el Estado paraguayo.

Honduras no reúne garantías suficientes para regresar a la OEA

20 organizaciones se manifestaron contra la reincorporación de este Estado

San José, 16 de mayo del 2011. 20 organizaciones de derechos humanos han solicitado que se mantenga la suspensión de Honduras de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La recomendación se hizo por medio de una carta dirigida el día de hoy, 16 de mayo, a los 35 embajadores de las misiones permanentes de los países miembros de la OEA, en la cual se les recuerda que el Estado hondureño aún tiene serias deudas con la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Lun, 16/05/2011

San José, 16 de mayo del 2011. 20 organizaciones de derechos humanos han solicitado que se mantenga la suspensión de Honduras de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La recomendación se hizo por medio de una carta dirigida el día de hoy, 16 de mayo, a los 35 embajadores de las misiones permanentes de los países miembros de la OEA, en la cual se les recuerda que el Estado hondureño aún tiene serias deudas con la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

La petición se emitió ante las manifestaciones de varios representantes estatales sobre la necesidad de analizar la inmediata reincorporación del Estado de Honduras.

Las organizaciones firmantes señalaron que la institucionalidad democrática hondureña continúa comprometida después de casi dos años del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Así, por ejemplo, todavía se mantienen en sus cargos los altos funcionarios que apoyaron y/o avalaron la ruptura constitucional desde la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de la República, la Procuraduría General de la República e, incluso, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este continuismo genera dudas con respecto a la independencia e imparcialidad de estos órganos del Estado.

En este mismo sentido, varios oficiales del Ejército implicados en la expulsión del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales fueron nombrados en la dirigencia de instituciones civiles durante el actual gobierno de Porfirio Lobo.

Las organizaciones denunciaron además que Honduras sigue teniendo graves fallas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el Estado no ha investigado adecuadamente los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos ocurridos durante y después de la ruptura constitucional. Tampoco ha adoptado las medidas adecuadas para detener las amenazas y hostigamientos contra los defensores y defensoras, comunicadores, activistas y docentes, así como contra los jueces que se manifestaron contra el golpe de Estado.

Las organizaciones de la sociedad civil llamaron la atención sobre el hecho de que el Estado ni siquiera ha acatado adecuadamente las recomendaciones que realizó la Comisión de Alto Nivel nombrada en junio de 2010 por la propia Asamblea General de la OEA para analizar la situación del país.

Por ejemplo, aunque las autoridades judiciales han suspendido los juicios iniciados contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores, esta medida no garantiza la anulación definitiva del proceso, por lo que las causas en contra del ex mandatario podrían ser reabiertas en el futuro.

Las organizaciones firmantes alertaron a los embajadores sobre el peligroso precedente que podría significar para la OEA la reincorporación de un Estado que, habiendo ocurrido un golpe de Estado, no ha respondido adecuadamente ante las exigencias democráticas presentadas en informes de órganos políticos y de monitoreo de los derechos humanos de la comunidad internacional.

“Esta es una oportunidad histórica para que la OEA brinde una respuesta coherente con la garantía de los derechos amparados en la Carta Democrática Interamericana. Confiamos en que la misma no será desaprovechada”, concluyeron.

 

Organizaciones firmantes:

 

- Asociación de Jueces por la Democracia - Honduras

- Asociación para una vida mejor de las personas infectadas/afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)

- Centro de Derechos de Mujeres de Honduras (CDM)

- Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) - Honduras

- Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad

- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

- Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)

- Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)

- Comité por la Libre Expresión C-LIBRE – Honduras

- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) – Colombia

- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) – Honduras

- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

- Frente de Abogados y Abogadas en Resistencia - Zona Norte - Honduras

- FIAN Internacional

- GMB - Sindicato General de Gran Bretaña

- Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) - El Salvador

- Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) – España

- Organización Fraternal Negra (OFRANEH) – Honduras

- Red Lésbica Cattrachas – Honduras

- Solidaridad Mundial – Bélgica

Corte Interamericana juzgará el caso de la desaparición de seis niñas y niños en El Salvador

Hechos del conflicto armado interno

San Salvador, 13 de mayo de 2011. La desaparición forzada de seis niños y niñas durante el conflicto armado salvadoreño será juzgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), durante una audiencia pública que se celebrará en Ciudad de Panamá, Panamá, el próximo martes, 17 de mayo.

Vie, 13/05/2011

San Salvador, 13 de mayo de 2011. La desaparición forzada de seis niños y niñas durante el conflicto armado salvadoreño será juzgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), durante una audiencia pública que se celebrará en Ciudad de Panamá, Panamá, el próximo martes, 17 de mayo.

La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) actuarán como representantes de las hermanas Gregoria Herminia y Julia Inés Contreras, y de su hermano Serapio Cristian Contreras; de las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez; y de José Rubén Rivera. Todas las víctimas desaparecieron entre 1981 y 1983, durante operativos contrainsurgentes realizados por la Fuerza Armada de El Salvador.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (instancia preliminar de denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos) decidió acumular los tres casos en uno solo y emitió un informe de fondo solicitando al Estado salvadoreño que reparara el daño causado a las víctimas. Al no obtener una respuesta al respecto, la Comisión decidió interponer la demanda ante la Corte IDH el 28 de junio del año 2010.

Durante la audiencia, la Corte escuchará la declaración de Gregoria Herminia Contreras, joven reencontrada por la Asociación Pro-Búsqueda en el año 2006 y las opiniones expertas de dos peritos.

Asimismo, el Tribunal escuchará los alegatos finales, de carácter oral, de Pro-Búsqueda y de CEJIL –en su calidad de representantes de las víctimas–, así como del Estado de El Salvador.

Según lo expresa la Comisión, las circunstancias que rodearon las seis desapariciones aún no han sido esclarecidas, los responsables no han sido identificados ni sancionados y “pasados casi 30 años desde la desaparición de los infantes, los hechos permanecen en la impunidad”.

En el año 2004, la Corte IDH condenó al Estado salvadoreño por el caso de desaparición forzada de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz. El Caso “Gregoria Herminia Contreras v. El Salvador” es el segundo proceso que conocerá la Corte IDH en relación a la desaparición forzada de niños y niñas durante el conflicto armado salvadoreño, que afectó a más de 881 niños y niñas, de acuerdo a los registros de la Asociación Pro-Búsqueda.

CIDH ordena a Honduras proteger a ex comisionado de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana determinó que Leo Valladares Lanza y su esposa corren un riesgo inminente

San José, 9 de mayo del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Honduras, el pasado 26 de abril, adoptar medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física de Leo Valladeres Lanza y su esposa Daysi Pineda Madrid. La solicitud de medidas cautelares fue realizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Lun, 09/05/2011

San José, 9 de mayo del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Honduras, el pasado 26 de abril, adoptar medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física de Leo Valladeres Lanza y su esposa Daysi Pineda Madrid. La solicitud de medidas cautelares fue realizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Leo Valladares ha sido víctima de hostigamientos desde el mes de febrero pasado. El defensor de los derechos humanos y su esposa han recibido llamadas anónimas e intimidatorias a su casa. Asimismo, él fue amenazado públicamente desde una emisora oficial y ha sido vigilado desde vehículos estacionados en la vía pública. El 28 de marzo pasado, Valladares se percató de que sujetos desconocidos habían forzado la entrada a su oficina y revisaron sus archivos de trabajo.

Las amenazas contra el defensor de los derechos humanos empezaron después de que participó en un programa televisivo de difusión nacional en el que criticó la participación de las fuerzas armadas hondureñas en el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales. Asimismo, en esa ocasión objetó la incorporación posterior de varios oficiales del Ejército –involucrados en la expulsión de Zelaya– en altos puestos de instituciones civiles del Estado.

Leo Valladares ha sido un tenaz defensor de las garantías fundamentales en Honduras, país en el que ocupó el puesto de Comisionado Nacional de Derechos Humanos entre 1992 y el 2002. Actualmente es Director Ejecutivo de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) y también trabaja en proyectos relacionados con el monitoreo del gasto público y de la corrupción en su país.

Además de garantizar la vida y la integridad física del defensor de los derechos humanos y de su esposa, la Comisión Interamericana ordenó al Estado adoptar “las medidas necesarias a fin de garantizar que el señor Leo Valladares continúe ejerciendo su actividad de defensa y promoción de los derechos humanos en condiciones de seguridad”. Asimismo, Honduras debe investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas disposiciones de protección en primer lugar.

Estos sucesos son una muestra del ambiente de riesgo en el que deben ejercer su labor los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, cuya gravedad se ha intensificado a partir del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009. Ante ese escenario adverso, la Comisión Interamericana ha emitido una diversidad de medidas cautelares que protegen a más de doscientas personas.

El COFADEH y CEJIL deploran los hostigamientos recibidos por Leo Valladares y su esposa Daysi Pineda y urgen al Estado hondureño a acatar sin demora las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

Las organizaciones abajo firmantes reconocen la importancia de la sentencia contra el General Arias Cabrales

Declaración conjunta sobre sentencia en caso Palacio de Justicia

Washington, DC, 4 de mayo de 2011 - Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestra satisfacción por la condena a 35 años de prisión emitida el pasado 29 de abril por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá contra el General Jesús Armando Arias Cabrales, por la desaparición forzada de 11 personas, ocurrida después de la retoma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas armadas colombianas el 7 de noviembre de 1985.

Jue, 05/05/2011

Washington DC, 4 de mayo del 2011 - Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestra satisfacción por la condena a 35 años de prisión emitida el pasado 29 de abril por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá contra el General Jesús Armando Arias Cabrales, por la desaparición forzada de 11 personas, ocurrida después de la retoma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas armadas colombianas el 7 de noviembre de 1985.

 

Según la sentencia, fundamentada en más de 300 folios y sustentada por abundante prueba pericial y testimonial, el General Arias Cabrales es responsable como autor de la desaparición forzada agravada de Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazu Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, todos ellos civiles.

 

Para las organizaciones firmantes la condena supone un nuevo triunfo histórico para las víctimas y sus familiares, que llevan 25 años luchando por la obtención de la justicia. Junto con la condena a 30 años de prisión impuesta al coronel Plazas Vegas en junio de 2010, este nuevo pronunciamiento de la justicia colombiana presenta un gran avance en el afianzamiento del Estado de Derecho en Colombia, y un reconocimiento al derecho de las víctimas a obtener justicia por graves violaciones de derechos humanos y saber la verdad de lo ocurrido a sus seres queridos. Dicho avance en la obtención de justicia constituye también un paso hacia adelante frente a la impunidad, que ha imperado por años en torno a las desapariciones forzadas en Colombia.

 

Resaltamos además, la firmeza, integridad, y valentía de los operadores judiciales abocados a este caso, dado que los mismos se han visto sometidos a la presión de sectores cercanos a los militares ahora condenados en el caso del Palacio de Justicia, así como a declaraciones rendidas por altos funcionarios del Estado que han puesto en tela de juicio la labor de la justicia.

 

En este sentido, consideramos de gran gravedad las declaraciones rendidas por el Presidente Juan Manuel Santos, así como por el ex Presidente Uribe, que han mostrado su apoyo al General Arias Cabrales al conocer la condena. El Presidente Santos manifestó al respecto, que ha habido muchas injusticias en el proceso, y que Arias Cabrales les entregó sus mejores esfuerzos a las Fuerzas Militares en la defensa de la patria. Igualmente, Santos señaló que espera que prospere la solicitud de apelación presentada por la defensa del militar ante el Tribunal Superior de Bogotá. El ex Presidente Uribe, por su parte, fue más lejos al indicar que espera que “el Parlamento, en coordinación con el Gobierno del Presidente Santos, encuentre una fórmula constitucional que salve el honor y la libertad de los militares que intervinieron en el Palacio de Justicia”.

 

Estas manifestaciones muestran un grave irrespeto hacia las instituciones democráticas del Estado colombiano, que han cumplido con su deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, y suponen una amenaza frente a todos aquellos funcionarios, operadores de justicia, y otras personas abocadas al conocimiento de esta y otras causas relativas a crímenes de Estado. Al respecto, el Estado debe garantizar la seguridad de los familiares de las víctimas, testigos, abogados y agentes judiciales que participan en los procesos judiciales por graves violaciones a los derechos humanos.

 

Por ello, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Presidente Santos, así como a otros altos funcionarios del Estado colombiano, para que se retracten y muestren su respeto incondicional al Estado de Derecho y al acatamiento a las obligaciones internacionales del Estado, en cuanto a la investigación y sanción de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

 

En este sentido, recordamos a las autoridades colombianas que, de acuerdo a sus obligaciones internacionales, son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura y las desapariciones forzadas. Ello incluye toda limitación procesal que pretenda sustraer de la justicia u otorgar un beneficio procesal o penitenciario a los responsables de dichos ilícitos internacionales.

 

 

 

 

 

 

Latin America Working Group

 

US Office on Colombia

 

Washington Office on Latin America

 

Center for Justice and International Law

 

 

 

Comisión Interamericana exige que Honduras proteja a integrantes de radio comunitaria

Ante numerosos actos de hostigamiento y un intento de asesinato

San José, 26 de abril del 2011. El pasado 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas cautelares en beneficio de todos los comunicadores que conforman La Voz de Zacate Grande debido a las agresiones, amenazas e intimidaciones que han enfrentado.

Mar, 26/04/2011

San José, 26 de abril del 2011. El pasado 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas cautelares en beneficio de todos los comunicadores que conforman La Voz de Zacate Grande debido a las agresiones, amenazas e intimidaciones que han enfrentado.

La Voz de Zacate Grande es una radio comunitaria que forma parte del Movimiento por la Titulación y Recuperación de Tierras de Zacate Grande, cuyo objetivo primordial es la recuperación y titulación de las tierras de 10 comunidades.

Desde la apertura de la emisora en abril del 2010, sus integrantes han sufrido diversos actos de hostigamiento y agresiones con el objetivo de intimidar a los comunicadores, cerrar la radio y callar la voz de los pobladores sobre una problemática muy sensible. Algunos integrantes de la emisora han sido detenidos arbitrariamente por miembros de la policía y agredidos en el ejercicio de su libertad de expresión. Estos ataques han sido continuos y han subido de intensidad. El hecho más grave se dio el 13 de marzo pasado, cuando hubo un intento de asesinato en contra del Presidente de la junta administrativa de la radio, quien se salvó aunque sufrió un disparo en la pierna.

La CIDH ha solicitado al Estado de Honduras la adopción de medidas de protección urgentes en favor de los comunicadores de La Voz de Zacate Grande con el fin de garantizar su vida e integridad física. Estas medidas cautelares fueron solicitadas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC ALC), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Asimismo, la Comisión Interamericana requirió que la implementación de las mismas sea debidamente consensuada con las personas beneficiarias y que el Estado informe sobre los avances adoptados en la investigación de los hechos denunciados. La CIDH puso un límite de 20 días para la presentación de información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y solicitó que estos informes sean actualizados periódicamente.

La actuación de la CIDH pone en evidencia el riesgo en el que aún se encuentran los comunicadores en Honduras. Por ello, AMARC ALC, COFADEH y CEJIL exhortan al Estado de Honduras a cumplir con lo dispuesto por la Comisión Interamericana para proteger efectivamente a los comunicadores de La Voz de Zacate Grande. Además, las autoridades competentes deben investigar seria y exhaustivamente los hechos para procesar y sancionar a los responsable y, así, evitar que este tipo de hechos se sigan repitiendo.

CIDH admite caso de jueces destituidos en Honduras

Adán Guillermo López Lone y otros vs Honduras es el primer caso por hechos relacionados con el golpe de Estado

San José, 6 de abril del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido el caso de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Chévez de la Rocha, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza, quienes fueron despedidos arbitrariamente por manifestarse y realizar acciones en contra del golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.

Mié, 06/04/2011

San José, 6 de abril del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido el caso de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Chévez de la Rocha, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza, quienes fueron despedidos arbitrariamente por manifestarse y realizar acciones en contra del golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.

En un comunicado emitido el viernes pasado, la CIDH anunció que el caso cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por ello continuará estudiando la petición que había sido presentada el 5 de julio del 2010 por la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Ambas organizaciones participaron en una audiencia pública para debatir la admisibilidad del caso el pasado 25 de marzo, durante el 141.er periodo de sesiones de la Comisión Interamericana.

El 5 de mayo del 2010, los jueces y la magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

La petición presentada por la AJD y CEJL denuncia la violación de varios derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a la libertad de asociación y al derecho a la protección judicial.

El caso de los jueces y la magistrada despedidos es el primero que la CIDH admite sobre hechos relacionados con el golpe de Estado ocurrido en Honduras. CEJIL y AJD celebran la decisión de la Comisión Interamericana, la cual cuestiona la legalidad de las acciones del Estado hondureño en momentos en que las autoridades insisten en negar que hubiera existido un rompimiento del orden constitucional y además mantienen sanciones arbitrarias en contra de los jueces y la magistrada por haber ejercido su derecho a defender la democracia y el Estado de Derecho.

La insistencia del Estado en continuar con estas violaciones contradice los pronunciamientos de representantes de mecanismos internacionales de protección como la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, el Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión, la Relatora Especial sobre la situación de Defensores y Defensoras y el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal.

La AJD y CEJIL continuarán impulsando el trámite de este caso que reviste especial importancia no solo porque su resolución producirá la ulterior restitución de los funcionarios judiciales en sus puestos, sino porque las recomendaciones de la CIDH podrían impulsar algunas reformas normativas que contribuyan al fortalecimiento de la independencia judicial y al respeto de la libertad de expresión. Dadas las circunstancias actuales en Honduras, estos dos aspectos, entre otros, requieren especial atención de la comunidad internacional.

 

Periodista en Costa Rica: Darío Chinchilla

Tels.: + (506) 2280-7473/7608

Fax: + (506) 2280-5280

dchinchilla@cejil.org

www.cejil.org

 

Comunicado de la CIDH:

Anexo al comunicado de prensa 28/11 sobre el 141º periodo ordinario de sesiones de la CIDH

 

Pronunciamiento desde la ONU:

Despido de jueces en Honduras envía mensaje intimidatorio al Poder Judicial, advierten expertos de la ONU

 

Pronunciamientos relacionados desde CEJIL:

CIDH evalúa admitir caso de jueces destituidos en Honduras

Expertos de Naciones Unidas condenan despido de jueces en Honduras

Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre

CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras

Las ONGs celebran creación de relatoría sobre defensores/as de derechos humanos

Esta oficina especializada de la CIDH se encargará de la protección de los/las que denuncian violaciones a los derechos humanos

Washington, DC., 4 de abril de 2011 - La CIDH anunció durante su último período de sesiones que culmino el pasado viernes, la creación de una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos. El Relator será el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana.

Mar, 05/04/2011


Washington, DC., 4 de abril de 2011 - La CIDH anunció durante su último período de sesiones que culmino el pasado viernes, la creación de una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos. El Relator será el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana.
 
El Comisionado Orozco declaró durante rueda de prensa, que la Relatoría, u oficina especializada, se crea en reacción al incremento de violaciones a los defensores/as de derechos humanos, y con la intención de hacer más visible la preocupación que ha mantenido la Comisión en esta temática. Asimismo, pretende respaldar la importante labor que realizan los defensores/as de derechos humanos, así como los operadores judiciales, que también entrarán en el mandato de la Relatoría, para hacer prevalecer el estado de derecho.
 
Las 94 organizaciones abajo firmantes (22 ONGs más la Red TDT conformada por 72 organizaciones) acogemos con gran entusiasmo la creación de la Relatoría, por cuanto ello fue expresamente solicitado en la audiencia mantenida ante la Comisión el 29 de marzo.
 
Asimismo, reiteramos nuestra preocupación por el mantenimiento del hostigamiento contra los y las defensores/as y su incremento en algunos países. En este sentido persisten los ataques por parte de actores estatales o grupos que actúan con su respaldo o tolerancia, y han aparecido nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y de empresas con intereses económicos en la región. Los y las defensores/as han sido víctimas, entre otros, de seguimiento por parte de agencias de inteligencia de los Estados, robos de información, uso indebido del derecho penal en su contra, y ataques contra su vida e integridad, y la de sus familias.
 
Ante esta realidad, confiamos en que la Relatoría contribuya a fortalecer el importante rol de la Comisión en el seguimiento y monitoreo sobre la labor de la defensa de los derechos humanos en la región.
 
Con ésta serán ya ocho las relatorías de la Comisión en temas tan relevantes como los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, libertad de expresión, personas privadas de libertad, afrodescendientes y discriminación racial, trabajadores migratorios, y niñez.
 


Listado de organizaciones firmantes: Amazon Watch/ Amnistía Internacional/ Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) / Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México/ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)/ Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) /Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) / Comité de Defensa integral de Derechos Humanos “Gobixha”, AC. / Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC)/Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) / Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)/ Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) / Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (IDHUCA) / Global Rights Partners for Justice/ Observatorio Ciudadano, Chile/ Peace Brigades International (PBI)/ Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) / Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) / Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) /   Washington Office on Latin America (WOLA) /
 
 
 

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