CEJIL y otras organizaciones

Las organizaciones abajo firmantes reconocen la importancia de la sentencia contra el General Arias Cabrales

Declaración conjunta sobre sentencia en caso Palacio de Justicia

Washington, DC, 4 de mayo de 2011 - Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestra satisfacción por la condena a 35 años de prisión emitida el pasado 29 de abril por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá contra el General Jesús Armando Arias Cabrales, por la desaparición forzada de 11 personas, ocurrida después de la retoma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas armadas colombianas el 7 de noviembre de 1985.

Jue, 05/05/2011

Washington DC, 4 de mayo del 2011 - Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestra satisfacción por la condena a 35 años de prisión emitida el pasado 29 de abril por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá contra el General Jesús Armando Arias Cabrales, por la desaparición forzada de 11 personas, ocurrida después de la retoma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas armadas colombianas el 7 de noviembre de 1985.

 

Según la sentencia, fundamentada en más de 300 folios y sustentada por abundante prueba pericial y testimonial, el General Arias Cabrales es responsable como autor de la desaparición forzada agravada de Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazu Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, todos ellos civiles.

 

Para las organizaciones firmantes la condena supone un nuevo triunfo histórico para las víctimas y sus familiares, que llevan 25 años luchando por la obtención de la justicia. Junto con la condena a 30 años de prisión impuesta al coronel Plazas Vegas en junio de 2010, este nuevo pronunciamiento de la justicia colombiana presenta un gran avance en el afianzamiento del Estado de Derecho en Colombia, y un reconocimiento al derecho de las víctimas a obtener justicia por graves violaciones de derechos humanos y saber la verdad de lo ocurrido a sus seres queridos. Dicho avance en la obtención de justicia constituye también un paso hacia adelante frente a la impunidad, que ha imperado por años en torno a las desapariciones forzadas en Colombia.

 

Resaltamos además, la firmeza, integridad, y valentía de los operadores judiciales abocados a este caso, dado que los mismos se han visto sometidos a la presión de sectores cercanos a los militares ahora condenados en el caso del Palacio de Justicia, así como a declaraciones rendidas por altos funcionarios del Estado que han puesto en tela de juicio la labor de la justicia.

 

En este sentido, consideramos de gran gravedad las declaraciones rendidas por el Presidente Juan Manuel Santos, así como por el ex Presidente Uribe, que han mostrado su apoyo al General Arias Cabrales al conocer la condena. El Presidente Santos manifestó al respecto, que ha habido muchas injusticias en el proceso, y que Arias Cabrales les entregó sus mejores esfuerzos a las Fuerzas Militares en la defensa de la patria. Igualmente, Santos señaló que espera que prospere la solicitud de apelación presentada por la defensa del militar ante el Tribunal Superior de Bogotá. El ex Presidente Uribe, por su parte, fue más lejos al indicar que espera que “el Parlamento, en coordinación con el Gobierno del Presidente Santos, encuentre una fórmula constitucional que salve el honor y la libertad de los militares que intervinieron en el Palacio de Justicia”.

 

Estas manifestaciones muestran un grave irrespeto hacia las instituciones democráticas del Estado colombiano, que han cumplido con su deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, y suponen una amenaza frente a todos aquellos funcionarios, operadores de justicia, y otras personas abocadas al conocimiento de esta y otras causas relativas a crímenes de Estado. Al respecto, el Estado debe garantizar la seguridad de los familiares de las víctimas, testigos, abogados y agentes judiciales que participan en los procesos judiciales por graves violaciones a los derechos humanos.

 

Por ello, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Presidente Santos, así como a otros altos funcionarios del Estado colombiano, para que se retracten y muestren su respeto incondicional al Estado de Derecho y al acatamiento a las obligaciones internacionales del Estado, en cuanto a la investigación y sanción de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

 

En este sentido, recordamos a las autoridades colombianas que, de acuerdo a sus obligaciones internacionales, son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura y las desapariciones forzadas. Ello incluye toda limitación procesal que pretenda sustraer de la justicia u otorgar un beneficio procesal o penitenciario a los responsables de dichos ilícitos internacionales.

 

 

 

 

 

 

Latin America Working Group

 

US Office on Colombia

 

Washington Office on Latin America

 

Center for Justice and International Law

 

 

 

Comisión Interamericana exige que Honduras proteja a integrantes de radio comunitaria

Ante numerosos actos de hostigamiento y un intento de asesinato

San José, 26 de abril del 2011. El pasado 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas cautelares en beneficio de todos los comunicadores que conforman La Voz de Zacate Grande debido a las agresiones, amenazas e intimidaciones que han enfrentado.

Mar, 26/04/2011

San José, 26 de abril del 2011. El pasado 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas cautelares en beneficio de todos los comunicadores que conforman La Voz de Zacate Grande debido a las agresiones, amenazas e intimidaciones que han enfrentado.

La Voz de Zacate Grande es una radio comunitaria que forma parte del Movimiento por la Titulación y Recuperación de Tierras de Zacate Grande, cuyo objetivo primordial es la recuperación y titulación de las tierras de 10 comunidades.

Desde la apertura de la emisora en abril del 2010, sus integrantes han sufrido diversos actos de hostigamiento y agresiones con el objetivo de intimidar a los comunicadores, cerrar la radio y callar la voz de los pobladores sobre una problemática muy sensible. Algunos integrantes de la emisora han sido detenidos arbitrariamente por miembros de la policía y agredidos en el ejercicio de su libertad de expresión. Estos ataques han sido continuos y han subido de intensidad. El hecho más grave se dio el 13 de marzo pasado, cuando hubo un intento de asesinato en contra del Presidente de la junta administrativa de la radio, quien se salvó aunque sufrió un disparo en la pierna.

La CIDH ha solicitado al Estado de Honduras la adopción de medidas de protección urgentes en favor de los comunicadores de La Voz de Zacate Grande con el fin de garantizar su vida e integridad física. Estas medidas cautelares fueron solicitadas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC ALC), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Asimismo, la Comisión Interamericana requirió que la implementación de las mismas sea debidamente consensuada con las personas beneficiarias y que el Estado informe sobre los avances adoptados en la investigación de los hechos denunciados. La CIDH puso un límite de 20 días para la presentación de información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y solicitó que estos informes sean actualizados periódicamente.

La actuación de la CIDH pone en evidencia el riesgo en el que aún se encuentran los comunicadores en Honduras. Por ello, AMARC ALC, COFADEH y CEJIL exhortan al Estado de Honduras a cumplir con lo dispuesto por la Comisión Interamericana para proteger efectivamente a los comunicadores de La Voz de Zacate Grande. Además, las autoridades competentes deben investigar seria y exhaustivamente los hechos para procesar y sancionar a los responsable y, así, evitar que este tipo de hechos se sigan repitiendo.

CIDH admite caso de jueces destituidos en Honduras

Adán Guillermo López Lone y otros vs Honduras es el primer caso por hechos relacionados con el golpe de Estado

San José, 6 de abril del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido el caso de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Chévez de la Rocha, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza, quienes fueron despedidos arbitrariamente por manifestarse y realizar acciones en contra del golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.

Mié, 06/04/2011

San José, 6 de abril del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido el caso de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Chévez de la Rocha, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza, quienes fueron despedidos arbitrariamente por manifestarse y realizar acciones en contra del golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.

En un comunicado emitido el viernes pasado, la CIDH anunció que el caso cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por ello continuará estudiando la petición que había sido presentada el 5 de julio del 2010 por la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Ambas organizaciones participaron en una audiencia pública para debatir la admisibilidad del caso el pasado 25 de marzo, durante el 141.er periodo de sesiones de la Comisión Interamericana.

El 5 de mayo del 2010, los jueces y la magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

La petición presentada por la AJD y CEJL denuncia la violación de varios derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a la libertad de asociación y al derecho a la protección judicial.

El caso de los jueces y la magistrada despedidos es el primero que la CIDH admite sobre hechos relacionados con el golpe de Estado ocurrido en Honduras. CEJIL y AJD celebran la decisión de la Comisión Interamericana, la cual cuestiona la legalidad de las acciones del Estado hondureño en momentos en que las autoridades insisten en negar que hubiera existido un rompimiento del orden constitucional y además mantienen sanciones arbitrarias en contra de los jueces y la magistrada por haber ejercido su derecho a defender la democracia y el Estado de Derecho.

La insistencia del Estado en continuar con estas violaciones contradice los pronunciamientos de representantes de mecanismos internacionales de protección como la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, el Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión, la Relatora Especial sobre la situación de Defensores y Defensoras y el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal.

La AJD y CEJIL continuarán impulsando el trámite de este caso que reviste especial importancia no solo porque su resolución producirá la ulterior restitución de los funcionarios judiciales en sus puestos, sino porque las recomendaciones de la CIDH podrían impulsar algunas reformas normativas que contribuyan al fortalecimiento de la independencia judicial y al respeto de la libertad de expresión. Dadas las circunstancias actuales en Honduras, estos dos aspectos, entre otros, requieren especial atención de la comunidad internacional.

 

Periodista en Costa Rica: Darío Chinchilla

Tels.: + (506) 2280-7473/7608

Fax: + (506) 2280-5280

dchinchilla@cejil.org

www.cejil.org

 

Comunicado de la CIDH:

Anexo al comunicado de prensa 28/11 sobre el 141º periodo ordinario de sesiones de la CIDH

 

Pronunciamiento desde la ONU:

Despido de jueces en Honduras envía mensaje intimidatorio al Poder Judicial, advierten expertos de la ONU

 

Pronunciamientos relacionados desde CEJIL:

CIDH evalúa admitir caso de jueces destituidos en Honduras

Expertos de Naciones Unidas condenan despido de jueces en Honduras

Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre

CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras

Las ONGs celebran creación de relatoría sobre defensores/as de derechos humanos

Esta oficina especializada de la CIDH se encargará de la protección de los/las que denuncian violaciones a los derechos humanos

Washington, DC., 4 de abril de 2011 - La CIDH anunció durante su último período de sesiones que culmino el pasado viernes, la creación de una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos. El Relator será el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana.

Mar, 05/04/2011


Washington, DC., 4 de abril de 2011 - La CIDH anunció durante su último período de sesiones que culmino el pasado viernes, la creación de una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos. El Relator será el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana.
 
El Comisionado Orozco declaró durante rueda de prensa, que la Relatoría, u oficina especializada, se crea en reacción al incremento de violaciones a los defensores/as de derechos humanos, y con la intención de hacer más visible la preocupación que ha mantenido la Comisión en esta temática. Asimismo, pretende respaldar la importante labor que realizan los defensores/as de derechos humanos, así como los operadores judiciales, que también entrarán en el mandato de la Relatoría, para hacer prevalecer el estado de derecho.
 
Las 94 organizaciones abajo firmantes (22 ONGs más la Red TDT conformada por 72 organizaciones) acogemos con gran entusiasmo la creación de la Relatoría, por cuanto ello fue expresamente solicitado en la audiencia mantenida ante la Comisión el 29 de marzo.
 
Asimismo, reiteramos nuestra preocupación por el mantenimiento del hostigamiento contra los y las defensores/as y su incremento en algunos países. En este sentido persisten los ataques por parte de actores estatales o grupos que actúan con su respaldo o tolerancia, y han aparecido nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y de empresas con intereses económicos en la región. Los y las defensores/as han sido víctimas, entre otros, de seguimiento por parte de agencias de inteligencia de los Estados, robos de información, uso indebido del derecho penal en su contra, y ataques contra su vida e integridad, y la de sus familias.
 
Ante esta realidad, confiamos en que la Relatoría contribuya a fortalecer el importante rol de la Comisión en el seguimiento y monitoreo sobre la labor de la defensa de los derechos humanos en la región.
 
Con ésta serán ya ocho las relatorías de la Comisión en temas tan relevantes como los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, libertad de expresión, personas privadas de libertad, afrodescendientes y discriminación racial, trabajadores migratorios, y niñez.
 


Listado de organizaciones firmantes: Amazon Watch/ Amnistía Internacional/ Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) / Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México/ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)/ Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) /Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) / Comité de Defensa integral de Derechos Humanos “Gobixha”, AC. / Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC)/Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) / Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)/ Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) / Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (IDHUCA) / Global Rights Partners for Justice/ Observatorio Ciudadano, Chile/ Peace Brigades International (PBI)/ Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) / Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) / Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) /   Washington Office on Latin America (WOLA) /
 
 
 

CIDH evalúa admitir caso de jueces destituidos en Honduras

Recomendaciones de la Comisión podrían reformar la normativo judicial en Honduras

Washington DC, 31 de marzo del 2011. Tres jueces y una magistrada que fueron despedidos arbitrariamente por la Corte Suprema de Justicia de Honduras presentaron una solicitud de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) para continuar el proceso internacional por la violación de sus derechos humanos. Una resolución favorable en este caso podría derivar tanto en la restitución de los funcionarios en sus puestos como en una reforma en la normativa judicial en Honduras para garantizar la independencia judicial.

Vie, 01/04/2011

Washington DC, 31 de marzo del 2011. Tres jueces y una magistrada que fueron despedidos arbitrariamente por la Corte Suprema de Justicia de Honduras presentaron una solicitud de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) para continuar el proceso internacional por la violación de sus derechos humanos. Una resolución favorable en este caso podría derivar tanto en la restitución de los funcionarios en sus puestos como en una reforma en la normativa judicial en Honduras para garantizar la independencia judicial.
 
El caso fue expuesto el viernes 25 de marzo durante el 141 periodo de sesiones de la CIDH en Washington DC, Estados Unidos.
 
El 5 de mayo del 2010, los jueces Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza fueron despedidos por haberse expresado en contra del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.
 
Durante la audiencia, los peticionarios afirmaron que la arbitrariedad en la separación de sus cargos viola varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por el Estado de Honduras. Entre las violaciones expuestas se encuentran el derecho a las garantías judiciales, la libertad de expresión, el derecho de reunión, a la libre asociación y a la protección judicial.
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) sostienen que ésta destitución debilitó la independencia judicial en Honduras y tuvo como objetivo intimidar a los operadores de justicia para que no cuestionen  a las autoridades que avalaron el golpe de Estado.
 
Por su parte, la representación del Estado pidió a la CIDH no admitir el caso alegando que los peticionarios aún no han agotado todos los recursos internos. Al respecto, la AJD y CEJIL señalaron que en Honduras no existe un órgano superior a la Corte Suprema de Justicia que sea independiente, imparcial y garantice justicia para las víctimas del caso.
 
El pasado 17 de marzo, durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, varios Estados recomendaron al Estado hondureño tomar medidas concretas para fortalecer la independencia judicial y solicitaron específicamente la reincorporación de los jueces y la magistrada despedida.
 
El Estado de Honduras aún no ha sido reintegrado a la Organización de Estados Americanos  ya que, según diversos organismos nacionales e internacionales, continúan las violaciones de derechos humanos contra su población y por tanto no reúne las condiciones mínimas de un Estado democrático.
 
Contacto de Prensa
Milli Legrain
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
mlegrain@cejil.org
Tel (1) 202 319 3000
 

23 organizaciones denuncian más de 2000 violaciones contra defensores/as de derechos humanos en las Américas

Audiencias ante la CIDH

Washington D.C, 29 de marzo de 2011 – El clima de inseguridad en el que trabajan los y las defensores/as de derechos humanos en las Américas ha alcanzado niveles alarmantes. Esta situación responde a la persistencia de ataques por parte de actores estatales o que actúan con su respaldo o tolerancia, como paramilitares, y a la aparición de nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y empresas extractivas con intereses económicos en la región. Así lo denunciaron hoy 23 ONGs de 11 países reunidas en Washington D.C para el 141 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mar, 29/03/2011

Washington D.C, 29 de marzo de 2011 – El clima de inseguridad en el que trabajan los y las defensores/as de derechos humanos en las Américas ha alcanzado niveles alarmantes. Esta situación responde a la persistencia de ataques por parte de actores estatales o que actúan con su respaldo o tolerancia, como paramilitares, y a la aparición de nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y empresas extractivas con intereses económicos en la región. Así lo denunciaron hoy 23 ONGs de 11 países reunidas en Washington D.C para el 141 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En un informe de 2010, Naciones Unidas señaló que entre 2004 y 2009 se registraron más de 146 denuncias de amenazas a defensores/as de derechos humanos en las Américas.  Según este organismo, los países donde más denuncias se producen son Colombia, México, Guatemala, Brasil y Perú (en ese orden).
 
Las organizaciones de defensores/as denunciaron una realidad aún más preocupante. Según sus investigaciones, en Colombia entre 2002 y 2009 más de 1000 defensores fueron víctimas de agresiones incluyendo asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas ;y sólo en el 2010 se registraron al menos 32 asesinatos de defensores. Son especialmente preocupantes las violaciones contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, lideresas de grupos de mujeres, los/las que trabajan por la restitución de tierras y sindicalistas. Así,  46 líderes de desplazados activos en procesos de restitución de tierras fueron asesinados entre el 2002 y el 2011.
 
En Guatemala se registraron 1072 agresiones de 2007 a 2010, de las cuales 45 fueron asesinatos y el 98% quedaron impunes. Mientras tanto, en Honduras por lo menos 50 defensores/as han sido asesinados desde que se produjo el golpe de Estado.
 
Los representantes de la sociedad civil reunidos en Washington D.C hicieron particular hincapié en el incremento de actividades ilegítimas de inteligencia por parte de los Estados contra los defensores/as de derechos humanos.
 
Las organizaciones solicitaron a la CIDH crear una relatoría u oficina específica encargada de la protección de los defensores/as. También pidieron a este organismo que exija a los Estados que implementen medidas efectivas de protección y mejores políticas públicas que garanticen el trabajo de defensores/as, y la investigación de los actos de violencia y amenazas realizados en contra de personas que ponen en riesgo su vida para denunciar situaciones de injusticia social.

Listado de organizaciones: Amazon Watch/ Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) / Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México/ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)/ Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) /Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) / Comité de Defensa integral de Derechos Humanos “Gobixha”, AC. / Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC)/Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) / Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)/ / Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) / Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (IDHUCA) / Global Rights Partners for Justice/ Observatorio Ciudadano, Chile/ Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) / Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) / Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) /   Washington Office on Latin America (WOLA) /
 
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Comisión Interamericana recibe denuncias sobre violaciones a los derechos de las mujeres y niñas en Nicaragua

Audiencias ante la CIDH

Washington D.C., 28 de marzo del 2011. Quince organizaciones de derechos humanos, tanto nicaragüenses como internacionales, denunciaron la grave situación de indefensión y desprotección en que se encuentran las mujeres y niñas en Nicaragua, durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada el pasado viernes 25 de marzo en Washington D.C., Estados Unidos.

Lun, 28/03/2011

 
Washington D.C., 28 de marzo del 2011. Quince organizaciones de derechos humanos, tanto nicaragüenses como internacionales, denunciaron la grave situación de indefensión y desprotección en que se encuentran las mujeres y niñas en Nicaragua, durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada el pasado viernes 25 de marzo en Washington D.C., Estados Unidos.
 
Según datos oficiales, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia sexual o física en Nicaragua. La gran mayoría de las víctimas son menores de 17 años y los victimarios más comunes son sus familiares.  El Instituto de Medicina Legal registró un promedio de 944 casos de violencia intrafamiliar por mes durante el 2009. Este mismo órgano estatal reportó la realización de 413 peritajes relacionados con violencia sexual por mes, lo que representa 14 por día y un peritaje cada dos horas.
 
Las organizaciones denunciaron ante la CIDH que, pese a la gravedad de la situación, el Estado de Nicaragua no considera prioritario este tema. Por ejemplo, solo un 25 por ciento de los casos son remitidos a los tribunales de justicia, y las penas que se dictan son mínimas en muchos casos.
 
Las sobrevivientes de violaciones y de abusos sexuales que reportan el delito muchas veces abandonan el proceso legal porque resulta económicamente costoso, traumático y además no tienen protección frente a las posteriores agresiones de los victimarios. La cancelación continua de audiencias legales, la carencia de personal judicial, el incumplimiento de protocolos de atención a víctimas de violencia sexual, los estereotipos y las actitudes negativas hacia víctimas, entre otros, forman parte de los obstáculos que las mujeres y niñas enfrentan al momento de llevar un proceso judicial.
 
Las organizaciones señalaron que la misma CIDH y 5 órganos de las Naciones Unidas, entre ellos el Comité contra la Tortura y el Comité sobre los Derechos del Niño, han recomendado al Estado de Nicaragua tomar acciones concretas para prevenir la violencia contra las niñas y mujeres, así como asegurar adecuados servicios médicos y psicosociales para las víctimas de violencia.
 
En la audiencia, el Estado de Nicaragua aceptó la gravedad de la situación y explicó algunas políticas públicas existentes, sin embargo no asumió ningún compromiso concreto para implementar estas recomendaciones con la urgencia requerida. Por ello, las organizaciones solicitaron a la CIDH dar seguimiento cercano a la situación en este país y asegurar que las mujeres y niñas nicaragüenses pueden vivir sus vidas libres de violencia y con dignidad.
 
Las peticionarias también expresaron su preocupación por el hecho de que mujeres y niñas que quedan embarazadas producto de una violación no tienen acceso a la opción de servicios de aborto terapéutico. Esta opción ni siquiera es posible cuando el embarazo pone en peligro la salud o la vida de las mujeres y niñas, lo cual representa una violación a sus derechos humanos.
 
Las organizaciones informaron a la CIDH sobre la interposición de decenas de acciones de inconstitucionalidad en contra de esta prohibición, las cuales están pendientes de resolución desde hace 4 años en la Sala Constitucional, órgano judicial presidido por el Magistrado Francisco Rosales, quien estuvo presente en la audiencia.
 
El Comisionado Felipe González llamó la atención al Estado de Nicaragua sobre la prohibición del aborto terapéutico, y recordó la recomendación del Comité contra la Tortura al respecto.
 
La audiencia fue solicitada por el Movimiento Autónomo de Mujeres, IPAS Centroamérica, Amnistía Internacional, Women’s Link World Wide, la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la  Niñez y la Adolescencia (CODENI), Asociación de Mujeres Axayacatl, Fundación Puntos de Encuentro, Centros  de Mujeres Ixchen, Movimiento Contra el Abuso Sexual, Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia, Sociedad Nicaragüense de Médicos Generales, Asociación Para el Apoyo de la Nueva Familia en Nicaragua (ANFAM), Alianza de  Centros de Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir Nicaragua y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
 
 
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Darío Chinchilla
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Defensores de derechos humanos denuncian ante la CIDH graves irregularidades en el proceso electoral nicaragüense

Audiencias ante la CIDH

Washington DC, 28 de marzo del 2011. El proceso hacia los comicios presidenciales de este año en Nicaragua se desarrolla con una ley electoral que limita la participación política, con un Consejo Supremo Electoral (CSE) cuyos miembros ejercen sus funciones ilegalmente y con un Presidente de la República que utilizó una institucionalidad muy frágil para abrir paso a su reelección, prohibida por la Constitución.

Lun, 28/03/2011

Washington DC, 28 de marzo del 2011. El proceso hacia los comicios presidenciales de este año en Nicaragua se desarrolla con una ley electoral que limita la participación política, con un Consejo Supremo Electoral (CSE) cuyos miembros ejercen sus funciones ilegalmente y con un Presidente de la República que utilizó una institucionalidad muy frágil para abrir paso a su reelección, prohibida por la Constitución.
 
Estas fueron las principales denuncias que presentaron el viernes pasado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional de los Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia sobre la situación de los derechos políticos en Nicaragua,  que tuvo lugar en Washington DC, Estados Unidos.
 
Los peticionarios expresaron que las intenciones electorales del Presidente Daniel Ortega Saavedra han generado una polarización política en el país que podría derivar en amenazas contra la vida y la integridad física tanto de quienes se oponen a la reelección como de quienes la apoyan.
 
Las organizaciones también denunciaron la negativa presidencial y del CSE de permitir la observación internacional durante los comicios que se celebrarán el 6 de noviembre del 2011, lo cual pone en riesgo la transparencia en el proceso.
 
También se destacó que los derechos a la libre expresión, y a la manifestación política han sido violados en numerosas ocasiones, tema que preocupó especialmente a Catalina Botero, Relatora Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión.  Como ejemplo se citó la detención de materiales del periódico Nuevo Diario en la aduana aérea como represalia contra un artículo del periodista Luis Galeano denunciando temas de corrupción dentro del CSE.
 
Los peticionarios aprovecharon para resaltar además que Nicaragua no cumple las sentencias del Sistema Interamericano, en referencia a la sentencia de la Corte Interamericana del año 2005 en relación al caso Yatama.
 
Las organizaciones reiteraron su petición para que la CIDH realice una visita a Nicaragua y solicitaron a este organismo que inste el Estado a garantizar las condiciones para el ejercicio del derecho al voto en forma igualitaria, incluyendo el otorgamiento de cédulas a todos/as nicaragüenses sin discriminación, el cese de toda práctica que limite el derecho a la libertad de expresión y finalmente, adoptar medidas para proteger a los defensores/as de derechos humanos y al  periodista Luis Galeano.
 
Durante la audiencia, Felipe González, relator de la CIDH para Nicaragua, citó el reglamento de la CIDH y expresó una preocupación particular por el intento de deslegitimación del Estado hacia la labor de las organizaciones presentes. Adicionalmente se solicitó nuevamente al Estado permitir la visita de la Comisión al país. El Estado guardó silencio.


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Corte de Constitucionalidad debe dejar de obstaculizar cumplimiento de sentencias de la Corte IDH en Guatemala

Llamado de organizaciones civiles del contienente

San José, 4 de marzo del 2011. CEJIL y otras 18 organizaciones del continente urgieron ayer a la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca a que rectifique sus recientes decisiones que han demorado la justicia en los casos de la desaparición forzada de Efraín Bámaca y la masacre de Las Dos Erres.

Vie, 04/03/2011

San José, 4 de marzo del 2011. CEJIL y otras 18 organizaciones del continente urgieron ayer a la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca a que rectifique sus recientes decisiones a los efectos de que no se dilaten aún  más los procesos en los casos de la desaparición forzada de Efraín Bámaca y la masacre de Las Dos Erres.

Las organizaciones presentaron el pasado miércoles una carta ante el Presidente de la  CC, el magistrado Roberto Molina Barreto, en la que expresan su preocupación por diversas decisiones emitidas por este órgano, que implican el incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Específicamente, la CC ha otorgado amparos a favor de quienes figuran como imputados en ambos casos. Esta medida ha tenido como consecuencia la suspensión de los procesos y ha sentado un precedente lamentable para muchos otros casos que se encuentran a la espera de que se haga justicia después de décadas de obstaculización. La Corte IDH ha sido clara en criticar una institución noble –como lo es el amparo– que en el caso de Guatemala se ha usado para demorar procesos y no para garantizar derechos.

“Instamos a que, respetando el debido proceso y de acuerdo con el mandato conferido a la CC por la legislación interna y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, revierta los fallos que podrían ser contrarios a lo ordenado por la Corte Interamericana y a las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala en materia de justicia”, expresa la misiva.

Lea la carta completa aquí.

México desafía las sentencias de la Corte Interamericana en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega

Estado mexicano cuestiona participación de militares en violación y tortura de dos mujeres indígenas a pesar de dos sentencias emitidas en su contra

México DF, 11 de febrero de 2011. Hoy, la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, presentamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestros argumentos sobre las solicitudes de interpretación de sentencias que el Estado mexicano presentó al Tribunal.

Vie, 11/02/2011


México DF, 11 de febrero de 2011. Hoy, la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, presentamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestros argumentos sobre las solicitudes de interpretación de sentencias que el Estado mexicano presentó al Tribunal.
El pasado 29 de diciembre, México presentó ante la Corte Interamericana dos solicitudes de interpretación de las sentencias emitidas los días 30 y 31 de agosto de 2010 a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. De acuerdo con el Estado, tales solicitudes se basaron en lo establecido por el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.”
 
En este sentido, el 7 de enero del 2011, en comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación informó que: “el Gobierno de México es enfático al señalar que, las solicitudes de interpretación formuladas no constituyen en modo alguno un desconocimiento o cuestionamiento de los puntos resolutivos de las sentencias, ni se trata de recursos que pretendan modificar los términos de los fallos dictados por la Corte Interamericana.”

 
Sin embargo, el escrito presentado por el Estado cuestiona la participación de militares en los hechos del caso. El requerimiento pretende entonces ser utilizado como un mecanismo de impugnación de las sentencias respectivas. Éstas, en agosto del año pasado, declararon la responsabilidad de México por las violaciones sexuales y torturas que Valentina Rosendo e Inés Fernández padecieron a manos de miembros del ejército mexicano, así como por las deficiencias en la investigación de los hechos y la intervención del fuero militar, entre otras transgresiones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas internacionales.
 
En su solicitud, el Estado mexicano cuestiona el fallo de la Corte Interamericana, sosteniendo como ya lo hizo durante el proceso contencioso que no ha sido probado que fueron militares quienes cometieron los actos de violación sexual y tortura en perjuicio de ambas víctimas. Del mismo modo, los escritos presentados por el Estado señalan que compete a autoridades ministeriales y judiciales internas establecer esos hechos,  e incluso anticipa que los mismos podrían quedar impunes. Lo anterior es contrario a lo establecido por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”
 
Las solicitudes presentadas por el Estado, además, entrañan un nuevo cuestionamiento a la palabra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y a las propias sentencias emitidas por parte de la Corte en la que señalan que existen todos los elementos y prueba para declarar que los hechos ocurrieron y que fueron elementos del ejército los involucrados.
 
Frente a esto, en nuestros argumentos presentados como organizaciones representantes de Valentina Rosendo e Inés Fernández solicitamos a la Corte Interamericana que deseche tales solicitudes, declarándolas inadmisibles, puesto que el pedido de interpretación del Estado es un desafío al Tribunal, y no una consulta. En consecuencia, se ha solicitado al Tribunal que reitere al Estado mexicano su obligación de cumplir cabalmente el fallo.
 
Cabe recordar que las sentencias -que tienen un carácter definitivo e inapelable según la Convención Americana- ordenaron al Estado mexicano conducir en el fuero civil las investigaciones sobre los hechos del caso, a fin de sancionar penalmente a los responsables de las violaciones sexuales sufridas en el año 2002 por las indígenas me’phaas en el estado de Guerrero. Hasta este momento ambas investigaciones siguen siendo conocidas por la Procuraduría General de Justicia Militar, en lo que constituye una muestra clara de las reticencias a cumplir cabalmente con los fallos, en aras de preservar la impunidad de que gozan los elementos de las Fuerzas Armadas responsables.
 
Por otro lado, es importante destacar que la presentación de las solicitudes de información se suma a la ausencia –en los cuatro meses transcurridos- de acciones efectivas tendentes al cumplimiento de las sentencias. En esa medida, evidencia el nulo compromiso con el que Estado mexicano se aproxima al cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
 
Las organizaciones representantes de Inés y Valentina instan a las autoridades mexicanas a dar pronto cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. En particular, advierten la necesidad de que en forma inmediata avancen, en el ámbito de la justicia civil, los procesos respectivos tendientes a ejercer el poder punitivo contra todas las personas responsables de los ataques, perpetrados por militares, contra la integridad sexual de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Como lo señaló la Corte en sus sentencias, esas investigaciones deberán ser conducidas con perspectiva de género y adecuación a la identidad cultural de las víctimas, garantizando el pleno acceso de sus representantes a las actuaciones y sin exponer a nuevos riesgos a las señoras Rosendo Cantú y Fernández Ortega  El desacato de esta orden del tribunal internacional implica la negación del acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.
Para mayor información comunicarse con:
Román Hernández. Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. Tel.: + (52) 757 476 1220. Celular: 045 757 106 6095
Milli Legrain. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Tel.: + (1) 202 319 3000
 
 

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