CEJIL y otras organizaciones

CIDH reitera a Nicaragua solicitud para establecer fechas para realizar visita al país

140 Periodo de sesiones de la CIDH

Managua y San José, 8 de noviembre de 2010.- Al terminar su 140º período de sesiones ordinarias, el pasado viernes 5 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Nicaragua establecer las fechas concretas para permitir el ingreso de este órgano de protección de derechos humanos al país.

Mar, 09/11/2010

Al culminar el 140 período de sesiones:
 
COMISIÓN INTERAMERICANA REITERA A NICARAGUA SOLICITUD PARA
ESTABLECER FECHAS PARA REALIZAR VISITA AL PAÍS
 
Managua y San José, 8 de noviembre de 2010
 
Al terminar su 140º período de sesiones ordinarias, el pasado viernes 5 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Nicaragua establecer las fechas concretas para permitir el ingreso de este órgano de protección de derechos humanos al país.
 
En su comunicado de final de audiencias, la Comisión Interamericana valoró positivamente “la invitación abierta y permanente que varios países de la región han extendido a la CIDH” calificando como “una muestra de voluntad de colaboración con la CIDH para que ésta pueda cumplir de manera eficiente con su función de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región”. Sin embargo, en relación con el Estado de Nicaragua, la CIDH expresó su deseo para que proponga fechas a la brevedad, “dado que no ha propuesto fechas para la realización de una visita, a pesar de las reiteradas solicitudes cursadas”.
 
Dicha solicitud surge a raíz de la información que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron a la CIDH en una audiencia sobre el Estado de Derecho y la situación de los derechos políticos en Nicaragua celebrada el pasado 26 de octubre en su sede en Washington D. C.
 
La CIDH también recibió información sobre la situación de defensores y defensoras de los derechos humanos en Nicaragua, quienes son víctimas de hostigamientos y agresiones, y especialmente de una campaña de desprestigio alentada desde las más altas autoridades estatales. Al respecto, la Comisión señaló que “resulta de especial preocupación los efectos que dichas expresiones pueden generar en la protección de la integridad física y mental de defensoras y defensores de derechos humanos”.
 
En este sentido, en una reunión de trabajo que la CIDH sostuvo con representantes del CENIDH y del Estado nicaragüense, en el marco de las medidas de protección que el órgano de protección otorgó a la organización desde el año 2008, la instancia internacional le pidió a las autoridades nicaragüenses celebrar una reunión para acordar las medidas necesarias en un plazo no mayor a 15 días. Asimismo se les hizo un llamado para abstenerse de emitir comentarios que estigmaticen la labor que realiza el CENIDH en Nicaragua y que afecte el ejercicio de la defensa de derechos humanos.
 
CENIDH y CEJIL instan al Estado de Nicaragua para que, a la brevedad posible, establezca las fechas para una visita pronta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, con el fin de que tal instancia internacional pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
 
 
Enlaces relacionados:
 
Comunicado de prensa de la Comisión Interamericana al finalizar el 140 período de sesiones:
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/109-10sp.htm
 
Anexo al comunicado de prensa:
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/109a-10sp.htm
Información sobre medidas cautelares otorgadas al CENIDH:
http://www.cidh.oas.org/medidas/2008.sp.htm

Para más información:
 
Maurio Ampie:            mampie@cenidh.org Teléfono: 505 2266 6265
Marcia Aguiluz:           mesoamerica@cejil.org Teléfono: 506 2280 7473
 
 

CIDH condena impunidad por esterilizaciones forzadas en Perú

140 Periodo de sesiones de la CIDH

Washington D.C., 5 de noviembre de 2010.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy en una rueda de prensa el incumplimiento por parte del Estado peruano de su obligación de investigar y sancionar a todos los culpables, por la esterilización forzada de Mamérita Mestanza, ciudadana peruana que falleció en 1998, tras ser sometida a una operación de ligadura de trompas bajo amenazas, sin consentimiento, ni exámenes previos de riesgo quirúrgico.

Mar, 09/11/2010

Washington D.C., 5 de noviembre de 2010.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy en una rueda de prensa el incumplimiento por parte del Estado peruano de su obligación de investigar y sancionar a todos los culpables, por la esterilización forzada de Mamérita Mestanza, ciudadana peruana que falleció en 1998, tras ser sometida a una operación de ligadura de trompas bajo amenazas, sin consentimiento, ni exámenes previos de riesgo quirúrgico.
 
En 1999 las organizaciones CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), junto a DEMUS (Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer), CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos) y CRR (Centro de Derechos Reproductivos) presentaron el caso ante la CIDH contra el Estado peruano. El 10 de octubre de 2003, las partes firmaron un Acuerdo de Solución Amistosa por el que el Estado reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos de Mamérita Mestanza, y se comprometió a adoptar medidas de reparación en beneficio de los familiares de la víctima, a investigar y sancionar a los responsables y a adoptar medidas de prevención para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.
 
La condena de la CIDH confirma los reclamos de las peticionarias ante el archivo definitivo de las investigaciones del caso por parte del Ministerio Público peruano en noviembre de 2009. En este sentido, denunciamos que el Estado peruano siga perpetuando la impunidad al no llevar a cabo una investigación exhaustiva de los hechos, y no aplicar las sanciones penales y administrativas contra los responsables intelectuales y materiales, incluyendo personal médico y operadores judiciales.
 
El caso de Mamérita Mestanza es emblemático por representar a las más de 2000 mujeres que fueron víctimas, durante los años 1996 al 2000, de la política pública del Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) implementado por el gobierno de Alberto Fujimori. Mediante diferentes formas de coacción, el programa focalizó su aplicación a mujeres en edad fértil, la mayoría campesinas, indígenas, en situaciones de pobreza, y pertenecientes a zonas rurales. Dicho programa estuvo a cargo del propio aparato del poder público, desde el Ejecutivo hasta el Ministerio de Salud.
 
El archivo de la investigación del caso de Mamérita Mestanza es una muestra de la falta de voluntad del Estado para acabar con la impunidad de una práctica que resultó en graves violaciones para los derechos humanos de las mujeres peruanas.

Incompleta y lesiva la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar

Justicia militar en México

México, D.F., 19 de octubre de 2010 - La iniciativa de reformas relativas a la procuración e impartición de justicia militar enviada ayer por Felipe Calderón al Senado de la República mantiene sin alteración las condiciones que favorecen la impunidad en los abusos cometidos por personal castrense contra la población civil. Las modificaciones propuestas no satisfacen plenamente la necesidad de armonizar la legislación interna con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Mié, 27/10/2010

 

  • La iniciativa presidencial mantiene inalteradas las condiciones que favorecen la impunidad en los casos de abusos militares
  • La jurisdicción castrense debe limitarse a delitos estrictamente militares cometidos por miembros del ejército
  • El Estado mexicano no satisface las exigencias derivadas de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo las Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

México, D.F., 19 de octubre de 2010 - La iniciativa de reformas relativas a la procuración e impartición de justicia militar enviada ayer por Felipe Calderón al Senado de la República mantiene sin alteración las condiciones que favorecen la impunidad en los abusos cometidos por personal castrense contra la población civil. Las modificaciones propuestas no satisfacen plenamente la necesidad de armonizar la legislación interna con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

La exigencia central de las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del ejército, de las organizaciones civiles y de organismos internacionales de derechos humanos no es atendida debido a que en la propuesta presidencial no se advierte la intención de establecer controles civiles sobre las Fuerzas Armadas. Entre estos controles debe destacar la reducción de la jurisdicción militar a los asuntos estrictamente relacionados con la disciplina militar. En la iniciativa la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar tiene un carácter taxativo que deja un amplio margen para la impunidad. Ninguna razón justifica que las instancias militares extiendan su jurisdicción sobre delitos cuyo carácter no corresponde estrictamente a la disciplina castrense.

La exclusión de tres delitos —desaparición forzada de personas, violación y tortura—, cuya investigación sigue estando en manos de los militares, la posibilidad de su reclasificación para no ser tratados por el fuero civil, así como la manipulación de los hechos generan más incertidumbre que certezas y lesionan de manera grave los derechos de las víctimas. La única posibilidad para terminar con la impunidad en estos casos consiste en dejar fuera de la jurisdicción militar todos los delitos cometidos por miembros del ejército contra la población civil.

Por otra parte las atribuciones conferidas a la Policía Ministerial Militar, como auxiliar del Ministerio Público, así como la posibilidad de que ésta esté facultada para brindar protección a víctimas, ofendidos o testigos resulta, contra toda lógica, ineficiente para garantizar la vida o la integridad física de tales personas.

Resulta absurdo que el Ejecutivo presente su iniciativa como muestra de su compromiso con la vigencia de los derechos humanos y con las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia. Maquilla las diferentes disposiciones legales para aparentar que cumple lo que en la práctica cotidiana niega, porque hasta la fecha se mantiene en la actuación del ejército la tendencia a la comisión d

e delitos

que constituyen violaciones de derechos humanos.

Las reformas presentadas por el Ejecutivo no pueden ser consideradas de manera alguna como parte del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano que se desprenden de las Sentencias sobre los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se precisa la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar bajo la consideración de que el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancia, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles.

Todas las acciones emprendidas por el titular del Ejecutivo y por los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional constituyen paliativos ante la falta de voluntad para poner fin a una de los más graves obstáculos que impiden el acceso a la justicia a las víctimas de abusos militares: la inconstitucional extensión del fuero militar. Mientras estas condiciones no se reviertan será imposible la construcción de una sociedad democrática.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Chiapas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Jalisco

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Fundación Diego Lucero, Michoacán

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Yucatán

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 70 organizaciones)

 

CHILE: reforma parcial de la justicia militar no se adecua a lo ordenado por la Corte Interamericana en su sentencia en el caso Palamara Iribarne

Reforma de la justicia militar

Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina- 13 de octubre de 2010. - El Congreso Nacional chileno aprobó con modificaciones, en discusión inmediata, el proyecto de ley que limita la competencia de la justicia penal militar excluyendo de su jurisdicción en tiempo de paz, el juzgamiento de civiles y menores de edad.

Lun, 25/10/2010

Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina- 13 de octubre de 2010 - El Congreso Nacional chileno aprobó con modificaciones, en discusión inmediata, el proyecto de ley que limita la competencia de la justicia penal militar excluyendo de su jurisdicción en tiempo de paz, el juzgamiento de civiles y menores de edad.

El 9 de septiembre de 2010 el Poder Ejecutivo remitió al parlamento chileno un proyecto de ley para modificar parcialmente la jurisdicción penal militar, que pretendía –entre otros- establecer un régimen más estricto de sanciones para delitos contra los miembros de las policías (Boletín legislativo 7203-02).

Esta modificación parcial de la jurisdicción penal militar, mantendría vigente la competencia de esta justicia especial para el conocimiento de delitos comunes cometidos por militares y Carabineros –fuerza policial chilena-, dejando así en pie la posibilidad de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas militares y policiales en servicio activo, queden bajo su competencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Chile en su sentencia en el caso Palamara Iribarne de 22

de noviembre de 2005, adecuar su normativa interna a los estándares internacionales en la materia, limitando la justicia militar en tiempos de paz únicamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. La adecuación normativa debe establecer garantías de debido proceso –independencia e imparcialidad-, la protección judicial y la tipificación de los delitos militares de acuerdo con la naturaleza específica de los deberes militares, estableciendo la prohibición absoluta de los tribunales castrenses para juzgar a civiles.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y CEJIL, lamentan que esta primera reforma parcial de la justicia penal militar, que se encuentra pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo, no satisfaga plenamente las obligaciones internacionales asumidas por Chile. El Estado chileno aún mantiene vigente una justicia militar contraria al derecho internacional.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y CEJIL, esperan que Chile adopte en forma urgente las medidas necesarias para reformar la jurisdicción penal militar, estableciendo su carácter restringido y excepcional de modo de adecuarla a los tratados internacionales de derechos humanos de los que es parte, cumpliendo cabalmente lo dispuesto en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Sentencia caso Palamara Iribarne

El caso Palamara Iribarne refiere sobre la censura y enjuiciamiento militar que sufrió un ex agente de la inteligencia naval de Chile, al escribir y publicar un libro sobre ética y servicios de inteligencia, en1992.

En noviembre de 2005 la Corte Interamericana estableció que Chile era culpable de haber violado los derechos de Palamara a la libertad de expresión, a la propiedad privada, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la libertad personal, y obligó al Estado chileno a restituirle los materiales usados para escribir el libro y a devolverle la edición secuestrada.

 

Jorge Contesse Singh
Director - Centro de Derechos Humanos
Universidad Diego Portales
Tel: (56-2) 676 2609
jorge.contesse@udp.cl
www.derechoshumanos.udp.cl

Liliana Tojo
Directora CEJIL
Center for Justice and International Law
Tel: (54-11) 50312331/cel: 15-56376537

ltojo@cejil.org
www.cejil.org

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS DESAFIA A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Despido ilegal de jueces en Honduras

San José y San Pedro Sula, 27 de septiembre de 2010- El pasado 23 de septiembre se hizo efectivo el despido arbitrario e ilegal del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha, en virtud del nombramiento de su sustituto por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

Lun, 27/09/2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS DESAFÍA A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 

San José y San Pedro Sula, 27 de septiembre de 2010- El pasado 23 de septiembre se hizo efectivo el despido arbitrario e ilegal del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha, en virtud del nombramiento de su sustituto por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

 

El juez Chévez forma parte del grupo de cuatro jueces hondureños que fueron despedidos injustamente por haber realizado distintas acciones y haberse expresado en contra del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.

 

El pasado 5 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por una votación de 10 magistrados a favor y 5 magistrados en contra, resolvió despedir a los jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, y la Magistrada Tirza Flores Lanza. De esta manera se dio un nuevo golpe a la independencia judicial y al Estado de Derecho en ese país.

 

Por tales hechos, el 5 de julio pasado, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que alegaron la violación de distintos derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos..

 

El 20 de agosto la Comisión Interamericana trasladó la petición al Estado de Honduras y le otorgó dos meses para dar sus explicaciones sobre los hechos denunciados. Así, la decisión de materializar el despido del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha ocurre mientras el órgano de protección de derechos humanos del continente le está pidiendo cuentas al Estado hondureño sobre las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.

 

La Corte Suprema de Justicia desafía a todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos e irrespeta las recomendaciones dadas el 29 de julio anterior por la Relatora Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Sra. Gabriela Knaul, el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Sr. Frank La Rue, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra. Margaret Sekaggya, quienes señalaron en un comunicado conjunto su deseo para que “este conflicto se pueda resolver de manera positiva y conforme a los estándares internacional en la materia”.

 

Para los relatores independientes “Resulta necesario avanzar en la consolidación de la independencia judicial en Honduras, garantía de la democracia y del Estado de Derecho”.  De igual manera, después de su visita a Honduras en mayo pasado, la CIDH señaló que “Es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia. La CIDH hace un llamado urgente a que se revierta esta situación que afecta seriamente el estado de Derecho.”

 

La AJD y CEJIL esperan que el Estado de Honduras cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de derechos humanos y se abstenga de continuar agraviando los derechos y la dignidad de los jueces despedidos, asimismo se exhorta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, una vez realizado el proceso correspondiente, determine en el menor plazo posible, la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos antes mencionadas.

 

 

 

Para más información contactar a:

 

Guillermo López Lone: + (504) 9986-6565

Marcia Aguiluz: + (506) 2280 7473

 

Enlaces relacionados:

 

Despido de jueces en Honduras envía mensaje intimidatorio al Poder Judicial, advierten expertos de la ONU.

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10235&LangID=S

 

CIDH expresa preocupación por violaciones de derechos humanos en Honduras. http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/54-10sp.htm

 

CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras.

http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras

 

Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre.

http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre

 

Corte Interamericana ordena medidas provisionales para proteger a defensora de derechos humanos en Honduras

Por ineficacia en la protección de los derechos a la vida e integridad personales

El pasado 3 de setiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la resolución mediante la cual otorga medidas de protección a favor de la defensora de derechos humanos Gladys Lanza Ochoa, Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, organización hondureña con más de 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Vie, 10/09/2010

 

San José y Tegucigalpa, 10 de setiembre de 2010

 

El pasado 3 de setiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la resolución mediante la cual otorga medidas de protección a favor de la defensora de derechos humanos Gladys Lanza Ochoa, Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, organización hondureña con más de 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

A partir del Golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009, la señora Lanza Ochoa ha sido víctima de una serie de amenazas y hostigamientos, tales como amenazas telefónicas y vía correo electrónico, seguimientos, vigilancia en su casa de habitación y lugar de trabajo, entre otros.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Honduras proteger a la señora Lanza desde el 24 de julio del año pasado; no obstante, dado que hubo más incidentes a partir de la adopción de las medias cautelares y, en virtud de que las autoridades hondureñas no habían cumplido con las mismas, el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), pidieron desde el 23 de julio anterior a la Comisión Interamericana que solicitara la intervención de la Corte Interamericana.

Al analizar el contexto actual hondureño y en especial la situación de riesgo que vive la defensora Gladys Lanza Ochoa, la Corte Interamericana le recuerda al Estado hondureño que “tiene el deber particular de proteger a aquellas personas que trabajen en organizaciones no gubernamentales, así como de otorgar garantías efectivas y adecuadas a los defensores de derechos humanos para que éstos realicen libremente sus actividades, evitando acciones que limiten u obstaculicen su trabajo, ya que la labor que realizan constituye un aporte positivo y complementario a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de garante de los derechos de las personas bajo su jurisdicción”.

En su resolución, la Corte Interamericana aclara que de conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado de Honduras está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos aún cuando se encuentra suspendido de su derecho de participar en la OEA.

Cabe recordar que a partir del Golpe de Estado, la Comisión Interamericana ha adoptado aproximadamente 200 medidas cautelares (algunas individuales y otras colectivas) y, desafortunadamente, la mayoría de ellas no han sido cumplida de manera eficaz por el Estado hondureño. De hecho, en el mes de marzo de este año el periodista Nahúm Palacios fue asesinado pese a ser beneficiario de medidas de protección.

El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saludan la resolución otorgada por la Corte Interamericana e instan a las autoridades hondureñas para que procedan de inmediato a implementar medidas efectivas para garantizar la vida e integridad de la señora Gladys Lanza, así como se le permita continuar su labor de defensa de derechos humanos libre de temores, obstáculos y restricciones indebidas.

Para mayor información:

Marcia Aguiluz:           mesoamerica@cejil.org

Enlaces relacionados:

Resolución de la CIDH que otorga medidas cautelares a Gladys Lanza Ochoa

http://www.cidh.oas.org/medidas/2009.sp.htm

Resolución de la Corte IDH que otorga medidas provisionales a  Gladys Lanza Ochoa

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/lanza_se_01.pdf

Informes de la CIDH respecto del Golpe de Estado en Honduras:

http://www.cidh.oas.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm

http://www.cidh.org/countryrep/Honduras10sp/Honduras10.Indice.htm

Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el Golpe de Estado en Honduras:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/117/03/PDF/G1011703.pdf?OpenElement

 

CENIDH y CEJIL solicitan intervención de relatora de Naciones Unidas

Crisis en el Poder Judicial de Nicaragua

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL) enviaron, el pasado 6 de septiembre de 2010, una carta a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, la brasileña Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva en la que denunciaron hechos recientes que demuestran la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

Jue, 09/09/2010

 

Managua y San José, 8 de septiembre de 2010.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL) enviaron, el pasado 6 de septiembre de 2010, una carta a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, la brasileña Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva en la que denunciaron hechos recientes que demuestran la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

En la misiva, las organizaciones relataron los diversos acontecimientos ocurridos desde el año 2000 y que han tenido como consecuencia un debilitamiento del Poder Judicial en Nicaragua. Particularmente, se denunció la politización de los integrantes de la Corte Suprema quienes por años han respondido a los intereses de los Partidos Liberal Constitucional o Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Para CENIDH y CEJIL, es alarmante la reciente decisión de ocho magistrados sandinistas de sustituir en la Corte Suprema a seis magistrados liberales y proceder a nombrar conjueces (jueces sustitutos). Tal decisión se llevó a cabo sin el debido soporte legal y con el único objetivo de lograr mayoría de miembros en la Corte afines al partido de gobierno, lo cual constituye un ejemplo claro de la falta de independencia y de la ausencia de un Estado de Derecho en el país.

La Doctora Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del CENIDH declaró con preocupación que “cada día los y las nicaragüenses somos testigos del debilitamiento de nuestro Estado de Derecho. El actual gobierno utiliza todos los mecanismos a su alcance para garantizar su permanencia en el poder sin que importe la afectación a nuestra institucionalidad. Lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia afecta además la garantía y protección de los derechos humanos de las personas en Nicaragua quienes, ante la falta de competencia de los miembros actuales, nos encontramos en un estado absoluto de indefensión.”

Cabe destacar que las debilidades de la administración de justicia en Nicaragua merecieron la atención del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en febrero de 2010, órgano que emitió seis recomendaciones al Estado nicaragüense relacionadas con este tema. Sin embargo, el Estado rechazó todas las recomendaciones que abogaban por la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.

“La comunidad internacional debe mantenerse vigilante ante los hechos que están ocurriendo en Nicaragua y condenar toda actuación que tenga como fin debilitar el Estado de Derecho en este país. El golpe de Estado ocurrido el año pasado en Honduras nos recuerda que las crisis institucionales deben ser resueltas oportunamente a través de las vías democráticas. No es legítimo ampararse en la institucionalidad y abusar de sus atribuciones para satisfacer los intereses de los gobernantes de turno” declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

CENIDH y CEJIL se han dirigido a la Doctora Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados para que solicite información urgente al Estado de Nicaragua sobre los hechos narrados y, en su oportunidad, informe al respecto ante el Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo se le ha solicitado que emita un pronunciamiento público sobre los hechos denunciados y realice una visita a Nicaragua en el menor plazo posible.

Enlaces relacionados:

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal realizado a Nicaragua:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/121/66/PDF/G1012166.pdf?OpenElement

 

Para más información contactar a:

Marcia Aguiluz:        mesoamerica@cejil.org

Mauro Ampié            mampie@cenidh.org

 

Carta enviada al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos

Despido Fiscal investigadora del caso Palacio de Justicia - Colombia

El día de ayer, 7 de septiembre de 2010, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y U.S. Office on Colombia enviaron una carta al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresando su preocupación acerca del despido de la fiscal Ángela María Buitrago quien ha conducido la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años. Este acto levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar las más graves violaciones de derechos humanos.

Leer la carta a continuación.

Mié, 08/09/2010

 

El día de ayer, 7 de septiembre de 2010, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y U.S. Office on Colombia enviaron una carta al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresando su preocupación acerca del despido de la fiscal Ángela María Buitrago quien ha conducido la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años. Este acto levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar las más graves violaciones de derechos humanos.

Leer la carta a continuación.

 

 

Washington, D.C., 7 de septiembre de 2010

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

 

Estimado Presidente Santos,

 

Por medio de la presente quisiéramos expresar nuestra preocupación sobre los últimos desarrollos en el caso del Palacio de Justicia.   En particular, la decisión de relevar de sus funciones a la fiscal, Ángela María Buitrago, quien ha conducido vigorosamente la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años, levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar incluso las más graves violaciones de derechos humanos.

Como es de su conocimiento, la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia creada por la Corte Suprema, estableció que tras la toma del Palacio del Justicia por parte de los guerrilleros del M-19 en noviembre de 1985 y la recuperación por parte de la fuerza pública colombiana, miembros de las fuerzas armadas mataron y desaparecieron forzadamente por lo menos una docena de victimas inocentes.  Estos crímenes, que habían sido en gran medida ignorados por dos décadas, fueron el objeto de una investigación seria por primera vez a principios del 2005, cuando la Dra. Buitrago fue nombrada fiscal encargada del caso.  Pese a que habido serios obstáculos, se lograron avances importantes.  Varios miembros de alto rango de las fuerzas armadas están siendo investigados o juzgados, y hace algunos meses se logró la primera condena penal en el caso, contra el Coronel retirado Alfonso Plazas Vega.

Estos desarrollos, que parecían prometedores, son una prueba de la valentía y profesionalismo de la Fiscal Buitrago, la Jueza María Stella Jara, y los representantes de las víctimas en las investigaciones penales en curso, quienes continuaron con el caso pese a estar confrontados a constantes amenazas e intimidaciones.  La condena de Plazas Vega en particular, llevo a que muchos en Colombia y en la comunidad internacional, como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas-Navi Pillay- tuvieran la esperanza de que Colombia estuviera finalmente luchando contra la impunidad que ha caracterizado las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.

Desafortunadamente, los últimos eventos  en el caso del Palacio de Justicia nos hacen temer que Colombia no posee aún la fortaleza política e institucional necesaria para confrontar criminalidad a los más altos niveles.  Poco tiempo después de condenar al Coronel Plazas Vega de homicidio, la Jueza tercera Stella Jara se vio forzada a huir del país temiendo por su seguridad, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le  había ordenado al gobierno  protegerla. Asimismo, la semana pasada, el Fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago relevó de su cargo a Ángela María Buitrago sólo días después que ésta llamara a indagatoria a tres generales colombianos en retiro por la ejecución extrajudicial del Magistrado Carlos Horacio Urán.

La Dra. Buitrago ha jugado un papel fundamental en el esclarecimiento de los actos de las fuerzas armadas tras la recuperación del Palacio de Justicia.  El asesinato del Magistrado Urán es un caso representativo.   Pruebas irrefutables han permitido comprobar que éste sobrevivió la toma del Palacio de Justicia, y fue subsecuentemente torturado y ejecutado por las Fuerzas Armadas, quienes después devolvieron su cuerpo al Palacio de Justicia, e hicieron parecer que había muerto en el fuego cruzado entre el Ejercito y la guerrilla.   Este cínico crimen se le ocultó a la familia del Magistrado Urán  y al público Colombiano por más de veinte años, hasta que el intrépido trabajo investigativo de la Dra. Buitrago sacó a relucir la verdad.  El público colombiano tiene motivos justificados para preguntarse que otros aspectos de las acciones de los militares, así como las razones que motivaron dichas acciones en el caso del Palacio de Justicia, continuarán sin ser investigados.

Por lo tanto, la decisión de destituir a la Dra. Buitrago no es únicamente un importante retroceso en uno de los casos más emblemáticos sobre derechos humanos en Colombia, sino que desafortunadamente evidencia que el Fiscal General de Colombia parece estar dispuesto a comprometer investigaciones de alto perfil y destituir a su personal.  Dado el patrón de continuo acoso y hostigamiento en este y otros casos, nos vemos obligados a concluir que esta decisión fue el resultado de presiones.

Las acciones del Dr. Mendoza Diago van más allá del caso del Palacio de Justicia.  La Dra. Buitrago era también la fiscal encargada en varias investigaciones y juicios de derechos humanos de alto perfil, tales como el juicio del ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad Jorge Noguera, el ex director de fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, y el ex senador Ciro Ramírez, por conspirar con grupos paramilitares.  Estos casos se encuentran avanzados y la abrupta destitución de la fiscal es un importante retroceso que causará retrasos innecesarios.

Mientras el Dr. Mendoza Diago esté en funciones, los fiscales podrían mostrarse reacios a proceder contra actores poderosos y bien conectados.

Sr. Presidente, queremos alentarlos a remplazar rápidamente al Sr. Mendoza Diago por un Fiscal General permanente que actúe con la necesaria integridad y entereza para resolver de manera continua la investigación del Palacio de Justicia, e idealmente reintegre a la Dra. Buitrago a su cargo.  Adicionalmente, solicitamos que su gobierno adopte inmediatamente todas las mediadas  necesarias para asegurar la seguridad física de la Dra. Buitrago y todos los jueces, fiscales, abogados de derechos humanos y familiares de las víctimas involucradas en el caso.

El caso del Palacio de Justicia se ha convertido en una prueba de fuego para el sistema judicial colombiano. Una respuesta firme y principista frente a los últimos desarrollos del caso será una importante señal temprana del compromiso de su gobierno en la lucha contra la impunidad frente a casos de graves violaciones de los derechos humanos.  Las organizaciones que nosotros representamos y la comunicad internacional en general, observará sus acciones con gran interés.

 

Cordialmente,

 

Viviana Krsticevic
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Lisa Haugaard
Latin America Working Group (LAWG)

Gimena Sanchez-Garzoli
Washington Office on Latin America (WOLA)

Kelly Nicholls
U.S. Office on Colombia

 

 

Cc:

Angelino Garzón
Vicepresidente de Colombia

María Angela Holguín
Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia

Guillermo Mendoza Diago
Fiscal General de la Nación encargado

Jaime Arrubla
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia

Carolina Barco Isakson
Embajadora de Colombia en Estados Unidos

P. Michael McKinley
Embajador de Estados Unidos en Colombia

Hillary Rodham Clinton
Secretaria de Estado de Estados Unidos

Maria Otero
Sub Secretaria de Estado para Democracia y Asuntos Mundiales de Estados Unidos

Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Christian Salazar Volkmann
Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
Relatora Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados

Margaret Sekaggya
Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Christof Heyns
Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

Felipe González
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 

Resolución de la Corte de Constitucionalidad en caso Bámaca es un revés alarmante en la lucha contra la impunidad

Pronunciamiento / Guatemala

Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación por la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala el 25 de agosto pasado en el proceso penal que se sigue en contra de algunas personas relacionadas con la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez, ocurrida en el año 1992.

Vie, 03/09/2010

 

3 de septiembre de 2010

 

Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación por la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala el 25 de agosto pasado en el proceso penal que se sigue en contra de algunas personas relacionadas con la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez, ocurrida en el año 1992.

Mediante sentencia del 25 de noviembre de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Guatemala era responsable por la violación de varios de los derechos de Efraín Bámaca Velásquez y sus familiares. En consecuencia, el 22 de febrero de 2002 ordenó en una sentencia adicional, entre otras medidas de reparación, la realización de una investigación de los hechos que originaron las mencionadas violaciones, destinada a identificar, procesar y sancionar a los responsables.

El 11 de diciembre de 2009, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en la que reconoció el carácter autoejecutable de las referidas sentencias. Asimismo, en cumplimiento de lo ordenado por el Alto Tribunal y las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, determinó levantar varios sobreseimientos dictados a favor de algunos de los imputados en el año 1999, en el contexto de un proceso que la propia Corte Interamericana determinó que no había respetado el debido proceso.

El fallo de la Corte de Constitucionalidad emitido recientemente otorgó un recurso de amparo interpuesto por Julio Roberto Alpírez, uno de los sindicados, y determinó la suspensión definitiva de la resolución emitida por la Cámara Penal señalando -entre otras cuestiones- que la Corte Interamericana no estableció expresamente en su sentencia de 25 de marzo de 2000, que se debía anular el auto de sobreseimiento. Asimismo ordenó dejar sin efecto todas las actuaciones posteriores a la resolución de diciembre pasado y otorgó un plazo de quince días a la autoridad impugnada para que dicte una nueva resolución.

Esta decisión significa un enorme retroceso respecto de los recientes pasos dados por el Estado de Guatemala en la lucha contra la impunidad, y en particular en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre este aspecto, la Corte Interamericana señaló en su Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 27 de enero de 2009 en el caso Bámaca Velásquez “que su jurisprudencia, tanto en cuanto al fondo de los casos como a la supervisión del cumplimiento de las Sentencias emitidas, demuestra que Guatemala tiene un problema grave con respecto a la impunidad que impera en el país, específicamente con relación a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado”.

El Tribunal Interamericano fue enérgico en tal resolución en el sentido de que “la obligación de investigación no puede ser ejecutada de cualquier manera, sino que debe realizarse de acuerdo a los estándares establecidos por las normas y la jurisprudencia internacionales que las caracterizan como investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales e independientes”.

De acuerdo a lo establecido por el Alto Tribunal regional, los Estados tienen la obligación de investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En particular, ha señalado que el principio de cosa juzgada “no resulta aplicable cuando el procedimiento que culmina con el sobreseimiento de la causa o la absolución del responsable de una violación a los derechos humanos, constitutiva de una infracción al derecho internacional, ha sustraído al acusado de su responsabilidad penal, o cuando el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales”.

A la luz de estos estándares, son los y las magistrados guatemaltecos los llamados a asegurar que los procesos sustanciados en la jurisdicción interna, y específicamente el presente caso, se desarrollen conforme a los estándares de investigación de graves violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, el fallo de la Corte de Constitucionalidad, siembra duda en cuanto a la voluntad real del Estado de Guatemala de someter a los responsables de las graves violaciones cometidas en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez a la acción de la justicia y cumplir con la sentencias dictadas hace ya una década por el Tribunal Interamericano respecto de hechos ocurridos hace más de 18 años.

De igual manera, evidencia la negativa de cumplir de buena fe con las sentencias de la Corte Interamericana. Como es conocido, fue con posterioridad a que la Corte Interamericana dictó sus sentencias de fondo y de reparaciones, que se conocieron los sobreseimientos a algunos de los presuntos responsables vinculados con este crimen de lesa humanidad. En tal sentido, los distintos hechos que fomentan la impunidad en Guatemala son variados y pretender que la Corte Interamericana los incluya en su totalidad en todas las sentencias, es inadmisible.

En consecuencia, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Estado de Guatemala para que dé fiel cumplimiento a lo ordenado en las sentencias de la Corte Interamericana en el caso en cuestión, y tome de inmediato todas las medidas necesarias para identificar, procesar y sancionar a todos los responsables de los hechos, poniendo fin a décadas de retardo, obstruccionismo de la justicia y prevalencia de la impunidad. En este sentido, confiamos en que el nuevo fallo que la Corte Suprema de Justicia debe emitir en ocasión de la decisión de la Corte de Constitucionalidad se apegue a los estándares fijados en la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana y atienda las exigencias de la justicia.

 

Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC)

Fundación Myrna Mack

Impunity Watch

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Natsu Taylor Saito, Attorney and Co-Director, Human Rights Research Fund

Network with Solidatity with the People of Guatemala (NISGUA)

Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (CANADA)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

Washington Office on Latin America (WOLA)

 

Sentencia de fondo de la Corte IDH

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_70_esp.pdf

Sentencia de reparación

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf

Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 27 de  enero de 2009

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/bamaca_se_10.pdf

 


Caso Montiel Flores y Cabrera García vs. México: detención ilegal, tortura y proceso irregular de campesinos ecologistas

Represión de movimientos sociales e intervención ilegítima del ejército en México

Los días 26 y 27 de agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá del caso de los campesinos ecologistas Cabrera García y Montiel Flores.

 

Foto: Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (fuente Centro Prodh)

Vie, 27/08/2010

 

Los días 26 y 27 de agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá del caso de los campesinos ecologistas Cabrera García y Montiel Flores.

El 2 de mayo de 1999, cerca de 40 miembros del ejército mexicano irrumpieron en la pequeña comunidad de Pizotla, ubicada en el Estado de Guerrero. En el marco de esa situación Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, quienes participaban activamente en la defensa de los bosques, fueron apresados ilegal y arbitrariamente por la fuerza militar sin estar cometiendo delito alguno ni existir orden de detención contra ellos. Los dos campesinos recién fueron puestos a disposición de una autoridad judicial cinco días después de su detención, en exceso de los plazos legales correspondientes. Durante ese lapso, estando bajo poder del ejército, fueron torturados y obligados a firmar confesiones de delitos que finalmente derivaron en condenas en su contra. Las torturas de las que fueron víctimas permanecen impunes.

Este marco de graves violaciones de derechos humanos se dio como represalia a su labor en defensa del ambiente, a través de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán - OCESP - cuyo objetivo se centraba en la lucha contra la deforestación indiscriminada y la defensa de los recursos naturales.

Los Sres. Cabrera y Montiel, declarados “presos de conciencia” por Amnistía Internacional, permanecieron más de 2 años privados de su libertad. En el marco de una creciente atención pública sobre el caso, fueron liberados en noviembre de 2001. Esto se hizo en razón de la incompatibilidad del encierro con su estado de salud y condición física, según adujo el gobierno mexicano. No obstante, el proceso legal contra ellos continuó, y fueron declarados culpables del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, atendiendo a sus confesiones.

Los campesinos ambientalistas, en razón de su activismo, fueron víctimas de atentados contra su integridad física, su libertad y seguridad personales. Además, estuvieron sujetos a un sistema judicial que no respetó la presunción de inocencia ni las garantías del debido proceso, y que no investigó ni sancionó las torturas que padecieron. Todo lo anterior implica el incumplimiento del Estado mexicano de normas internacionales de derechos humanos.

El caso se enmarca en un contexto que hoy perdura en México, signado por la represión de los movimientos sociales, la intervención ilegítima y abusiva del ejército en tareas de seguridad pública que no le son propias, la utilización impune de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades, y la existencia de un sistema penal tendiente a convalidar declaraciones obtenidas por esos métodos.

Once años después de los hechos, este caso brinda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la oportunidad de reiterar, fortalecer y ampliar su jurisprudencia sobre la estrecha relación existente entre la defensa del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, recientemente establecida en el caso Kawas contra Honduras. El reconocimiento de los defensores ambientalistas como defensores de derechos humanos cobra vigencia en un contexto donde la labor de dichos defensores se ve amenazada por hostigamientos con motivo de su labor.

Asimismo, el presente caso permitirá a esta instancia supranacional pronunciarse sobre el deber de prevenir o minimizar todo riesgo de abusos y arbitrariedades en actividades llevadas a cabo en el marco de políticas de seguridad; especialmente cuando pueden restringir la libertad de las personas, sobre la importancia de garantizar investigaciones adecuadas, oportunas y eficaces cuando existen alegaciones de tortura y las garantías que deben asegurarse a toda persona procesada ante los tribunales de justicia.

La audiencia pública se desarrollará en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, a partir de las 15:00 hrs. del día 26 de agosto, y continuará a partir de las 9:00 hrs. del día siguiente.

Litigan el caso, en representación de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (Tlachinollan) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El proceso internacional se originó en una denuncia presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2001. Este órgano emitió un informe sobre el fondo del asunto en octubre de 2008, concluyendo que el Estado mexicano es responsable por las violaciones a los derechos humanos padecidas por los Sres. Cabrera y Montiel. Frente al incumplimiento de las recomendaciones realizadas en ese documento, el 24 de junio de 2009 sometió el caso a la Corte.

 

En caso de ser requerida mayor información, puede solicitarse por correo electrónico a mesoamerica@cejil.org.

 

Foto: Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (fuente Centro Prodh)


 

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