CEJIL y otras organizaciones

Audiencias CIDH

Mié, 19/10/2011 (Todo el día) - Vie, 04/11/2011 (Todo el día)
CIDH
Washington D.C

Reunión en la OEA sobre reforma del Capítulo 11

Reunión del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA para la "Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos"
 
El diálogo del Grupo de Trabajo con los Comisionados de la CIDH girará entorno a la reforma del Capítulo 11 del Reglamento de la CIDH.

Mar, 30/08/2011 - 15:00 - 18:00
OEA
Washington D.C

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Mar, 09/08/2011 (Todo el día)
MUNDO
MUNDO

Casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron remitidos al fuero común en México

Caso sumaba nueve años de impunidad en el fuero militar

México D. F., San José, 16 de agosto del 2011- El día 12 de agosto, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó por escrito a Inés Fernández y a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por miembros del Ejército Mexicano en el año 2002, han sido remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR).

Mar, 16/08/2011

México D. F., San José, 16 de agosto del 2011- El día 12 de agosto, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó por escrito a Inés Fernández y a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por miembros del Ejército Mexicano en el año 2002, han sido remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR).

En dicho oficio la Ministerio Público de la PGJM informa que:

“… la Fiscalía Militar tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA para seguir conociendo y determinar la[s] indagatoria[s] número SC/179/2009/II-E  y  SC/180/2009/II-E. Derivado de lo anterior, esta Fiscalía Militar, giró [dos] oficio[s] el veintinueve de julio del año en curso, mediante el cual remitió a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la Procuraduría General de la República [ambas] indagatoria[s] de referencia a fin de que se determine lo que en derecho proceda”

La notificación señala que dicha acción se motiva en las características de las denuncias presentadas, así como en lo dispuesto en la reciente Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, y en las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano.

En este sentido, es preciso recordar que la remisión de los expedientes al fuero civil ocurre en virtud de la expresa solicitud que ambas mujeres me’phaa elevaron tras la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que a partir del análisis del expediente “Varios 912/2010” (relativo al caso Rosendo Radilla), resolviera que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones a derechos humanos, por lo que deberán ser juzgados por tribunales civiles. No obstante,  la remisión al fuero civil de ambos casos era una obligación ya existente, que había sido determinada por la Corte Interamericana en las sentencias de estos mismo casos,  que fueron notificadas al Estado mexicano el 1° de octubre del año pasado.

La resolución es consecuencia de nueve años de lucha que Inés y Valentina han emprendido valientemente, acompañadas de organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos así como de cientos de personas alrededor del mundo que a título individual y colectivo se han sumado a su demanda para exigir a la Secretaría de la Defensa Nacional que las violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército no sean ventiladas en instancias castrenses.

Ante este escenario, hoy la PGR tiene la responsabilidad ineludible de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables que ya han sido identificados por Inés y Valentina. No existe, por tanto, pretexto alguno para llevar las investigaciones hacia direcciones que conduzcan a la impunidad, como en su momento lo hizo la PGJM o la propia PGR al intentar remitir las investigaciones al fuero local.

A este respecto, es importante reiterar que en las sentencias dictadas dentro de los casos Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega contra México, la Corte Interamericana estableció parámetros sumamente precisos y específicos que debe satisfacer la investigación de los hechos para fungir como efectiva reparación. Así ha señalado que en el cumplimiento de este deber el Estado debe actuar en un plazo razonable y con la debida diligencia, a la luz de una adecuada perspectiva de género y etnicidad, posibilitando la amplia  participación de ambas mujeres y sin generar  que sean revictimizadas y en condiciones de seguridad. Esto último es fundamental, dado que la seguridad de ambas mujeres se ha visto amenazada en el desarrollo de las investigaciones, lo que ha motivado que el propio Tribunal Interamericano les haya otorgado medidas de protección a ellas y a sus familias.

La remisión al fuero civil de los casos no agota las obligaciones impuestas a México por la Corte Interamericana, aunque posibilita que la investigación sea conducida por un órgano que no presenta los vicios inherentes al fuero castrense. Por ello, constituye un precedente fundamental para que todos aquellos casos en los que elementos del Ejército se vean involucrados en violaciones a derechos humanos sean remitidos a instancias civiles, lo que sin duda redundará en el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas. No obstante, esto sólo ocurrirá en la medida en que la Procuraduría General de la República muestre su eficacia en la persecución de estos delitos.

Resulta indispensable que la Procuradora Marisela Morales garantice una investigación que se ajuste a las directrices impuestas por la Corte Interamericana, lo que será exigido y monitoreado por las organizaciones que a lo largo de más de 9 años han acompañado a Inés y a Valentina en su búsqueda de justicia.

Chile se expone a condena internacional por violaciones a los derechos humanos del pueblo mapuche

Buenos Aires, Santiago de Chile, Temuco, Paris, 10 de agosto de 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el pasado 8 de agosto de 2011 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos de ocho autoridades, dirigentes y activistas sociales de la Comunidad Mapuche juzgados y condenados arbitraria e ilegalmente por la Ley Antiterrorista chilena durante los años 2001 y 2004.

Mié, 10/08/2011

Buenos Aires, Santiago de Chile, Temuco, Paris, 10 de agosto de 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el pasado 8 de agosto de 2011 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos de ocho autoridades, dirigentes y activistas sociales de la Comunidad Mapuche juzgados y condenados arbitraria e ilegalmente por la Ley Antiterrorista chilena durante los años 2001 y 2004.

El caso remitido a la Corte Interamericana ilustra una práctica estructural llevada a cabo por el Estado de Chile, y que consiste en la aplicación selectiva de la Ley Antiterrorista a los miembros del pueblo indígena Mapuche, por las acciones llevadas a cabo en el marco de las movilizaciones y protestas sociales desarrolladas para recuperar sus territorios ancestrales, entre otros objetivos.

Se trata del primer caso contra el Estado de Chile que llega a la Corte Interamericana por violaciones a los derechos humanos de integrantes de la Comunidad Mapuche condenados por la Ley Antiterrorista. La CIDH decidió acumular tres casos en uno solo, y lo envió al el Alto Tribunal luego de que el Estado chileno incumpliera con las recomendaciones tendientes a reparar integralmente a las víctimas del caso, ni ha garantizado la no repetición de las violaciones a los derechos humanos establecidas por la Comisión.

La Corte debe determinar si –efectivamente- la práctica desarrollada por el Estado de Chile constituye una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y particularmente, al principio de legalidad, a la garantía del debido proceso legal, al derecho a la igualdad y a la libertad personal entre otros.

Ante el Congreso de la República, el Ministro del Interior y de Justicia de Colombia reconocerá la responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial del último Senador de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Manuel Cepeda Vargas



Bogotá D.C. y Washington D.C, 8 de agosto de 2011. El Estado colombiano reconocerá su responsabilidad en el magnicidio del senador Manuel Cepeda Vargas y pedirá disculpas a nombre del Estado en un acto público que tendrá lugar este martes 9 de agosto en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

Lun, 08/08/2011

Ante el Congreso de la República, el Ministro del Interior y de Justicia de Colombia reconocerá la responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial del último senador de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Manuel Cepeda Vargas

Bogotá D.C. y Washington D.C, 8 de agosto de 2011. El Estado colombiano reconocerá su responsabilidad en el magnicidio del senador Manuel Cepeda Vargas y pedirá disculpas a nombre del Estado en un acto público que tendrá lugar este martes 9 de agosto en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

Este acto de reconocimiento de responsabilidad se realiza en cumplimiento de la sentencia emitida el 26 de mayo de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  en la que condenó a Colombia  por la ejecución extrajudicial del Senador Manuel Cepeda.

La Corte IDH concluyó que la ejecución del Senador Cepeda por parte de agentes del Estado y grupos paramilitares, se insertó en un contexto de violencia sistemática y exterminio de miles de miembros, líderes y simpatizantes de la organización política Unión Patriótica (UP) desde el momento mismo de su surgimiento en el año 1985.

El 9 de agosto de 1994, el Senador Cepeda fue asesinado cuando se dirigía al Congreso de la República, en la ciudad de Bogotá. Cepeda había denunciado públicamente la existencia del “Plan Golpe de Gracia” coordinado desde las altas esferas del Ejército para asesinarlo a él y a otros líderes de la UP. Tras la muerte del Senador, sus familiares María e Iván Cepeda Castro y Claudia Girón, fueron amenazados y debieron abandonar el país por razones de seguridad.

El acto de reconocimiento de responsabilidad es una medida que adopta la Corte Interamericana en casos de especial gravedad y tiene como propósito contribuir a preservar la memoria de las víctimas y el reconocimiento de su dignidad; así como aportar a la construcción de una lectura de la historia del país que reconozca los yerros del pasado y propenda a evitar la  repetición de graves violaciones a los derechos humanos.

En este caso, el lugar donde se llevará a cabo el acto fue determinado por la propia Corte Interamericana al señalar expresamente que el mismo debía realizarse en el Congreso de la República,  con la presencia de miembros de las dos cámaras y de las más altas autoridades estatales.

El asesinato del senador Cepeda se mantiene en un alto grado de impunidad después de 17 años de ocurrido. A pesar de que  se probó que en el mismo participaron agentes del Estado y paramilitares, ninguno de los autores intelectuales ha sido condenado. El acto público no exime a Colombia de su obligación de llevar a cabo la investigación y sanción de todos los responsables materiales e intelectuales, que a su vez constituiría la señal más clara por parte del Estado de no tolerancia de las violaciones a los derechos humanos.

La democracia requiere que aquellas personas que piensan diferente, incluso expresando sus opiniones a través de grupos políticos minoritarios cuya posición resulta incómoda  para el Estado u otros sectores de la sociedad, puedan asociarse y participar políticamente sin ser estigmatizados, hostigados o asesinados. Ello es clave para garantizar la inclusión política y las libertades fundamentales.

Asimismo, el respeto de los derechos humanos requiere de especial prudencia por parte de los servidores públicos a fin de no realizar acciones o emitir señalamientos que exacerben la intolerancia o fomenten la violencia por parte de funcionarios públicos u otros sectores hacia la oposición política. En este sentido, la Corte consideró que las declaraciones vertidas por funcionarios públicos en las que vinculaban a la UP y el PCC con las FARC, pusieron a la víctima en una posición de mayor vulnerabilidad, aumentando el riesgo en que ya se encontraba.

El acto de reconocimiento ofrece al gobierno actual una oportunidad valiosa para demostrar que el respeto por los valores democráticos y los derechos humanos de todos, incluso de aquellos que participan desde posiciones minoritarias, fortalece la  democracia y consolida las bases para la vigencia del Estado de Derecho y la paz.

Viviana Krsticevic, Directora de CEJIL, señaló que “aspiramos a que el acto público de reconocimiento de responsabilidad contribuya a que existan mayores garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, la opinión crítica, la defensa de los derechos humanos y que estos valores sean piedras angulares en la construcción presente y futura de la democracia en Colombia. En ese sentido, anhelamos que la decisión de la Corte Interamericana en el caso del Senador Cepeda sea leída como la expresión reiterada del alto Tribunal de rechazo al uso de la violencia como método para silenciar expresiones incómodas o minoritarias”.

Por su parte, Rafael Barrios, Presidente del CCAJAR, señaló en relación con el acto público que: “medidas como ésta contribuirán al esclarecimiento histórico de la comisión de crímenes de Estado en Colombia. Esta es una oportunidad clave para que las autoridades emitan un mensaje claro sobre la prohibición de declaraciones que estigmaticen y pongan en riesgo a políticos o periodistas y un llamado para que crímenes similares no vuelvan a ocurrir”.

En representación de la víctima y sus familiares, el caso ha sido litigado por CEJIL, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y la Fundación Manuel Cepeda Vargas.

 

Para más información:

La Unión Interparlamentaria también acoge con satisfacción el reconocimiento por parte del Estado Colombiano

 

Contacto de CEJIL en Washington DC

Milli Legrain

mlegrain@cejil.org

Tel (1) 202 319 3000

 

Contacto de CCAJAR en Bogotá

Adriana H. Cuéllar R.

prensaccjar@gmail.com

Tel (57) 311 2194030

 

Se firmó acuerdo de reparación con el Estado mexicano en el caso de Paloma Escobar

El convenio busca reparar violaciones a los derechos humanos a raíz de la desaparición y asesinato de la joven

México, D. F., y San José, 8 de agosto de 2011- La señora Norma Ledezma Ortega y su hijo Fabián Escobar Ledezma firmaron un acuerdo con representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Gobierno Federal para el cumplimiento de medidas de reparación de las violaciones a derechos humanos sufridas a partir del año 2002, cuando se produjo la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Escobar Ledezma, hija de Norma y hermana de Fabián. En el acto participaron también el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), las cuales, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), actúan como representantes de las víctimas.

Lun, 08/08/2011

México, D. F., y San José, 8 de agosto de 2011- La señora Norma Ledezma Ortega y su hijo Fabián Escobar Ledezma firmaron un acuerdo con representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Gobierno Federal para el cumplimiento de medidas de reparación de las violaciones a derechos humanos sufridas a partir del año 2002, cuando se produjo la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Escobar Ledezma, hija de Norma y hermana de Fabián. En el acto participaron también el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), las cuales, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), actúan como representantes de las víctimas.

El caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que encontró acreditada la responsabilidad internacional del Estado mexicano. El acuerdo se logró en el marco de las actuaciones seguidas ante este órgano.

El convenio, signado el miércoles en la ciudad de Chihuahua, expresa la voluntad de las autoridades federales y locales de llevar a cabo las acciones necesarias para impulsar y ejecutar las distintas medidas de reparación. Estas acciones incluyen el reconocimiento formal de responsabilidad estatal, así como el compromiso estatal de avanzar con las investigaciones para esclarecer el asesinato de Paloma Escobar e identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables. Asimismo, los compromisos implican la reparación a los padres y al hermano de la joven por las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas.

Las autoridades también se comprometieron a implementar “medidas de no-repetición” que garanticen el tratamiento adecuado de situaciones de violencia contra las mujeres en Chihuahua (lo que incluye su prevención e investigación). Además se debe promover una cultura de respeto a los derechos humanos, en particular, en relación a las mujeres, las niñas y los niños.

El acuerdo representa un paso importante para los familiares de Paloma Escobar, especialmente para la señora Norma Ledezma, quien junto a su hijo Fabián, han dedicado años a la lucha por obtener justicia frente a las múltiples y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas contra mujeres y niñas de la región. Tanto la señora Norma Ledezma, como las organizaciones representantes –CEDEHM, CMDPDH y CEJIL– se congratulan por la firma de este documento y esperan que las autoridades den pleno cumplimiento a los compromisos adquiridos.

En caso de que los compromisos signados en este acuerdo no se cumplieran, podrían proseguirse los procedimientos internacionales pertinentes para hacer efectiva la responsabilidad estatal.

Condena contra militares guatemaltecos en el caso de la masacre de Las Dos Erres representa un avance para la justicia

El caso lleva 30 años en la impunidad

San José y Guatemala, 4 de agosto de 2011 – La condena en contra de cuatro ex militares guatemaltecos por su responsabilidad en la masacre de los habitantes de la aldea de Las Dos Erres es un importante paso que acerca a Guatemala al cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Luego de casi tres décadas de impunidad, la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas ante el Tribunal interamericano, manifiestan su satisfacción por el resultado del proceso.

Jue, 04/08/2011

San José y Guatemala, 4 de agosto de 2011 – La condena en contra de cuatro ex militares guatemaltecos por su responsabilidad en la masacre de los habitantes de la aldea de Las Dos Erres es un importante paso que acerca a Guatemala al cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Luego de casi tres décadas de impunidad, la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas ante el Tribunal interamericano, manifiestan su satisfacción por el resultado del proceso.

La audiencia pública contra los ex militares –un teniente y 3 subinstructores de la fuerza especial Kaibil– empezó el pasado 25 de julio y terminó ayer, martes, con la lectura de la parte resolutiva de la sentencia. En ella se determinó que “Reyes Collin Gualip, Manuel Pop Sun Daniel Martínez Méndez y Carlos Carías son responsables como autores de delitos contra los deberes de humanidad” y asesinato.

La masacre de Las Dos Erres es una de más de 600 masacres perpetradas por el Ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno. Los hechos ocurrieron durante tres días (6, 7 y 8 de diciembre de 1982), cuando miembros de la fuerza especial Kaibil ingresaron a Las Dos Erres, ubicado en el departamento de Petén, acompañados por un pelotón de aproximadamente 40 soldados. Allí, sometieron a los habitantes a torturas y malos tratos. Muchas de las mujeres, incluyendo niñas, fueron violadas y más de doscientas personas fueron asesinadas.

El 24 de noviembre del 2009, la Corte IDH emitió una sentencia en la que ordenó al Estado “utilizar los medios que sean necesarios, de acuerdo con su legislación interna, para conducir eficazmente las investigaciones con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de los crímenes cometidos en el Parcelamiento de Las Dos Erres”.

Esta es la primera vez que un tribunal guatemalteco condena a miembros de la fuerza especial Kaibil, la cual fue responsable de algunas de las más violentas y crueles violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

FAMDEGUA y CEJIL, valoran que el tribunal guatemalteco tomase en cuenta no solo las ejecuciones extrajudiciales, sino también las graves afectaciones a la integridad personal, como los actos de tortura y la violencia ejercida especialmente contra las mujeres, los niños y las niñas de la comunidad tal y como fue ordenado por el tribunal interamericano.

No obstante, para cumplir con lo ordenado por la Corte IDH es crucial que el Estado continúe la identificación y el juzgamiento de todos los responsables de la masacre, incluyendo los autores intelectuales que todavía no han sido nombrados. Tal como el tribunal guatemalteco dio por probado, la masacre fue perpetrada por decenas de militares de acuerdo a un plan previamente elaborado y con el conocimiento y aprobación de autoridades del Ejército guatemalteco. Estos hechos también habían sido detallados por el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

FAMDEGUA y CEJIL reiteran su satisfacción por esta histórica condena y confían en que la justicia para las víctimas de este caso no terminará con este proceso. La sanción de todos los responsables en el caso de la masacre de Las Dos Erres es la única acción válida para que las víctimas y sus familiares puedan tener, al menos, alguna reparación por estas graves violaciones a los derechos humanos.

Paraguay - La Corte IDH ordena urgente implementación de un regimen de relacionamiento entre el niño LM y su familia de origen

 
Asunción y Buenos Aires, 19 de julio de 2011- El pasado 18 de julio de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su resolución mediante la cual otorgó medidas provisionales a favor del niño LM. Específicamente, la Corte Interamericana ordenó que el Estado de Paraguay adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias, adecuadas y efectivas para proteger los derechos a la integridad personal, protección de la familia e identidad del niño LM, permitiéndole mantener vínculos con su familia de origen.
 

Mar, 19/07/2011


 
Asunción y Buenos Aires, 19 de julio de 2011El pasado 18 de julio de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su resolución mediantela cual otorgó medidas provisionales a favor del niño LM. Específicamente, la Corte Interamericana ordenó que el Estado de Paraguay adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias, adecuadas y efectivas para proteger los derechos a la integridad personal, protección de la familia e identidad del niño LM, permitiéndole mantener vínculos con su familia de origen.
 
En noviembre de 2009, el niño LM fue entregado irregularmente en guarda provisoria a un matrimonio registrado en la lista de aspirantes a adoptar, a pesar de que esto se encuentra expresamente prohibido por las leyes nacionales y de que, desde esa misma fecha, sus padres y abuelos reclaman la tenencia y custodia del niño.
 
De esta forma, y a pesar de los múltiples pedidos formulados ante la justicia, los padres y abuelos del niño LM –de casi 2 años de edad- fueron impedidos del contacto con su hijo y nieto. Ante la falta de respuesta efectiva por parte de los tribunales internos, el caso fue llevado a la Corte Interamericana que ordenó al Estado de Paraguay la pronta implementación de un régimen de relacionamiento como medida para tutelar los derechos a la integridad personal, a la familia y a la identidad del niño.
 
“Con su resolución, la Corte reconoce la afectación a los derechos que ocasiona a un niño el privarlo del contacto con su familia de origen. Es muy lamentable haber llegado a una instancia internacional para proteger los derechos del niño. Ahora es necesario implementar de manera urgente la orden que da la Corte para no profundizar el daño que se ha causado al niño LM”, dice Liliana Tojo, Directora del Programa para Cono Sur de CEJIL, que junto con CDIA representan a las víctimas.
 
Es la primera vez que Paraguay se ve expuesto a una denuncia de esta naturaleza. El Estado de Paraguay, en tanto ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y admitió la jurisdicción de la Corte Interamericana, tiene la obligación de implementar la decisión adoptada en el caso para evitar incurrir en responsabilidad internacional.
 
________________________________________________________________________
 
Para mayor información:
 
 
Contacto en Buenos Aires:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Liliana Tojo
Línea: +54 11 5031 2331
Celular: +54 9 33409795
ltojo@cejil.org
 
 
Contacto en Asunción:
Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA)
Heve Otero
+595 21 227 061
cdia@cdia.org.py
 

Suprema Corte debe cumplir con la obligación impuesta en la sentencia Radilla de interpretar los alcances del fuero militar de manera restrictiva

Inicia el lunes la discusión en el Pleno de la SCJN sobre los alcances del fuero militar, a la luz de la resolución de la Corte Interamericana

México D. F., 10 de julio del 2011. El lunes 11 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará la discusión del expediente “Varios 912/2010”, relacionado el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla. Específicamente, a partir de ese día el Máximo Tribunal abordará, entre otros temas, lo relativo a la adecuación de la interpretación jurisdiccional del fuero militar de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación autorizada del tratado, que realiza la Corte Interamericana.

Dom, 10/07/2011

México D. F., 10 de julio del 2011. El lunes 11 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará la discusión del expediente “Varios 912/2010”, relacionado el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla. Específicamente, a partir de ese día el Máximo Tribunal abordará, entre otros temas, lo relativo a la adecuación de la interpretación jurisdiccional del fuero militar de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación autorizada del tratado, que realiza la Corte Interamericana. Dicha adecuación, necesariamente, supone que el fuero se restrinja a lo dispuesto por la Constitución y subsista sólo para los actos ilícitos que afecten la disciplina militar, y no otros bienes, como ocurre con los delitos que constituyen violaciones a derechos humanos. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana los órganos judiciales internos deben hacer esta interpretación aun mientras subsista la vigencia de normas que la propia Corte Interamericana ordenó modificar, como es el caso del artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Las organizaciones firmantes, que hemos seguido con atención la discusión iniciada por la SCJN donde se han logrado avances relevantes como la aceptación de la obligatoriedad de las sentencias emanadas del Tribunal Interamericano, destacamos la importancia de la discusión que iniciará el Máximo Tribunal, recordando que la adecuación de la interpretación prevaleciente en la judicatura mexicana sobre la extensión del fuero militar no sólo ha sido ordenada en la sentencia Rosendo Radilla, sino que ha sido dispuesto por el mismo tribunal regional en los casos Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y “Campesinos Ecologistas” (Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García). Asimismo, dicha necesidad ha sido observada por otros mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos como la Relatora sobre la Independencia de Jueces y Magistrados que recientemente visitó el país, e incluso ha sido reiterada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los argumentos respecto de la necesidad de restringir los alcances del fuero militar son contundentes. La Corte Interamericana ha considerado que el Código de Justicia Militar define la disciplina militar de una manera amplia que desborda los límites impuestos por la propia Constitución en su artículo 13. Así, el funcionamiento del fuero militar vulnera el principio del juez natural al extralimitar la esfera de la justicia castrense, en contravención a los parámetros de aplicación excepcional y restrictiva que deben caracterizarlo tornando incompetentes a los jueces castrenses para conocer dichos casos. Esta consideración, por cierto, ya ha sido recogida por uno de los ministros de la SCJN en un reciente voto particular, dentro del amparo en revisión 989/2009 que señaló además que el fuero militar se convierte no en una jurisdicción especializada en razón de la materia sino en un fuero personal, cuyo funcionamiento presenta además vicios relacionados con la falta de independencia e imparcialidad de sus operadores. Por otra parte, no queda duda de que a partir de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, los derechos conferidos por la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales del modo que resulte más protector para la persona, lo que refuerza la obligatoriedad de las sentencias, máxime en este tema donde cuatro fallos internacionales son coincidentes.

Aunado a ello, la necesidad de restringir el fuero militar adquiere una relevancia crucial en el presente en razón de que la política de seguridad adoptada por la actual administración conlleva una extensiva participación de las Fuerzas Armadas que no ha ido aparejada del fortalecimiento de los controles civiles sobre éstas sino que, por el contrario, ha diluido los escasos mecanismos existentes para exigir rendición de cuentas al Ejército y a la Marina. En ese sentido, la SCJN está obligada a revisar a la luz del fallo de la Corte Interamericana un fuero que hoy por hoy funciona como instrumento al servicio de la impunidad, como lo constatamos cotidianamente, en momentos donde las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas crecen exponencialmente. Dicho contexto no puede soslayarse y el deber de atenderlo es aun más relevante habida cuenta que la propia SCJN contribuyó en el pasado a avalar la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública, siendo corresponsable de la situación prevaleciente en la actualidad.

Dada la trascendencia de la discusión que iniciará el lunes y considerando que el Estado Mexicano en su conjunto está obligado al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, demandamos que la SCJN resuelva el expediente “Varios 912/2010” de tal modo que adopte cabalmente la obligación de ajustar la interpretación judicial sobre el fuero militar a lo dispuesto por el Tribunal Interamericano, de modo que la extensión del fuero militar sea restringida y no se extienda nunca más sobre conductas que, siendo ilícitas, constituyan violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones Firmantes:

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Litiga Ole, Organización de Litigio Estratégico

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por las siguientes 72 organizaciones: Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

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