CEJIL y otras organizaciones

CEJIL y ERIC denuncian a Honduras por violar derechos de ambientalista

En audiencia pública ante la Corte IDH, organizaciones exponen crítica situación de vulnerabilidad y violencia en Honduras

San José, Costa Rica, 8 de febrero de 2013- El Estado de Honduras no garantizó los derechos humanos de Carlos Antonio Luna López, asesinado en mayo de 1998, y cometió graves irregularidades durante el proceso de investigación y aplicación de la justicia. Así lo expresaron los representantes legales de las víctimas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC).


Sáb, 09/02/2013

 

San José, Costa Rica, 8 de febrero de 2013- El Estado de Honduras no garantizó los derechos humanos de Carlos Antonio Luna López, asesinado en mayo de 1998, y cometió graves irregularidades durante el proceso de investigación y aplicación de la justicia.

Así lo expresaron los representantes legales de las víctimas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC); durante una audiencia pública que tuvo lugar este jueves 8 de febrero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el máximo tribunal de la región.

Quince años han pasado desde que dos sujetos dispararon contra Carlos Luna, ocasionándole la muerte. En el momento del asesinato, el defensor ambientalista se desempeñaba como regidor municipal en Catacamas, una comunidad al noroeste de su país, desde donde denunció la tala ilegal de bosques por parte de grupos económica y políticamente poderosos. Por estas denuncias fue víctima de constantes y reiteradas amenazas, de las que tuvieron conocimiento las autoridades judiciales hondureñas. Ni las amenazas ni su asesinato han sido efectivamente investigados, por ello, el caso permanece en la impunidad.

Durante la audiencia pública del caso celebrada ante la Corte IDH este jueves, se expuso la situación de vulnerabilidad que rodea a defensores y defensoras de derechos humanos en el país centroamericano, destacando la situación de violencia que sufren líderes ambientalistas. Es en este contexto de violencia que ocurrió el asesinato del señor Luna.

De acuerdo con la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, muchos de las personas en Honduras que protegen el ambiente o desarrollan actividades enfocadas en la conservación de la naturaleza, “viven en un estado de constante temor”, según se consigna en un informe emitido en diciembre 2012.

CEJIL y el ERIC solicitaron durante la audiencia, que Honduras adecue a los estándares internacionales los protocolos sobre la debida diligencia en la investigación, e hicieron un llamado vehemente para que se diseñe e implemente una política pública integral dirigida a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Además se solicitó ordenar al Estado de Honduras la identificación, juzgamiento y sanción de todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Carlos Luna.

 

Descargue la Ficha de Prensa para más información.

 

Contacto en San José

Sergio Pacheco S.

spacheco@cejil.org

Tel: 506 2280- 7473

 

Documento de coyuntura Nº 7 - Aportes para mejorar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Análisis comparado de la práctica de los órganos de derechos humanos con respecto a las medidas cautelares

Este documento, presentado ante la Reunión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, contiene un análisis exhaustivo de las prácticas de los distintos órganos de protección de derechos humanos en relación al otorgamiento de medidas cautelares. El informe es producto de la colaboración entre CEJIL y la Clínica Jurídica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad California, Berkeley, Estados Unidos.


Tipo de publicación: Documento de Coyuntura
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2012
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Organizaciones envían carta pública al Presidente mexicano Enrique Peña Nieto

Carta Pública

Tlapa de Comonfort, Guerrero a 24 de enero del 2013. Las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos la presente carta, nos dirigimos respetuosamente a Usted para llamar su atención sobre la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento íntegro a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega y Otros. Vs. México y Valentina Rosendo Cantú y Otra Vs. México,[1] notificadas el 1 de octubre del 2010.

 

Jue, 24/01/2013

CARTA PÚBLICA

Tlapa de Comonfort, Guerrero a 24 de enero del 2013.

Lic. Enrique Peña Nieto

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Presente.-

 

Las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos la presente carta, nos dirigimos respetuosamente a Usted para llamar su atención sobre la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento íntegro a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega y Otros. Vs. México y Valentina Rosendo Cantú y Otra Vs. México,[1] notificadas el 1 de octubre del 2010.

 

Como es de su conocimiento, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas mujeres indígenas del pueblo indígena Me’phaa, fueron víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano durante el año 2002 en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia institucional castrense.

 

Desde entonces, ambas mujeres emprendieron un largo y ejemplar caminar. La denuncia de Inés Fernández y Valentina Rosendo puso en evidencia que en nuestro país existen graves rezagos para las mujeres víctimas de violencia sexual accedan a la justicia; así como la persistencia de la discriminación en contra de los pueblos y comunidades indígenas y de los abusos ocasionados por la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

 

Tras la emisión de las sentencias en la máxima instancia regional, Inés Fernández y Valentina Rosendo emprendieron una nueva etapa para demandar el cumplimiento pleno de las medidas de reparación del daño ordenadas por la Corte Interamericana, que comprenden aspectos de carácter individual, familiar, comunitario y de no repetición. Entre éstas destaca, desde luego, el acceso a la justicia. No obstante, la administración federal anterior culminó sin que la totalidad de estas medidas hayan sido cumplidas y sin que se haya sancionado a los perpetradores.

 

Señor Presidente, las organizaciones que hacemos el presente llamado hemos acompañado desde hace once años la búsqueda de justicia de Inés Fernández y Valentina Rosendo y desde hace dos años, su lucha por alcanzar el cumplimiento de los resolutivos de las sentencias. Conociendo de cerca el rezago que impera, urgimos a que la atención de este tema se convierta en un asunto prioritario, a través del cual se complemente la agenda de derechos humanos del Gobierno Federal que Usted encabeza. Lo mismo debe ocurrir respecto de las otras sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, que hoy permanecen incumplidas; máxime considerando que varias de ellas comparten elementos comunes, como lo es la sanción de los abusos castrenses y la restricción del fuero militar, aspectos que también son señalados en las sentencias de los casos Rosendo Radilla Pacheco y Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (“Campesinos Ecologistas”).

Desde la notificación de las sentencias, la coordinación del proceso de implementación ha recaído en la Secretaría de Gobernación, concretamente en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. No obstante, a la fecha no se ha realizado ningún pronunciamiento sobre la relevancia que esta nueva administración dará al cumplimiento pleno de los fallos. Al margen de lo anterior, es de nuestro conocimiento que  próximamente se llevará a cabo una reunión para revisar cada uno de los resolutivos pendientes. En ese sentido, estaremos atentas y atentos a los resultados de dicha reunión e instamos a que en ella se establezca una ruta de trabajo bien definida, en diálogo con las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú, a quienes continuaremos acompañando hasta que su denuncia concluya con justicia, verdad y reparación.

 

A t e n t a m e n t e,

 

Amnistía Internacional; Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); ARTICLE 19 México y Centroamérica; Asociación para los Derechos de las Mujeres/Association for Women's Rights in Development (AWID); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC); Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT), conformada actualmente por 73 organizaciones en 21 estados de la República:

 

Agenda LGBT (Estado de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal);Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco) Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); El Caracol (DF); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.)

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); PODER (Distrito Federal); Respuesta Alternativa, A. C.; Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

 


[1] Las sentencias a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 y 31 de agosto del 2010, respectivamente y notificadas el 1 de octubre del mismo año a las partes.

[2] Las sentencias a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 y 31 de agosto del 2010, respectivamente y notificadas el 1 de octubre del mismo año a las partes.

En 2012 asesinan a dos miembros más de la familia Barrios en Venezuela

Las últimas dos muertes ocurrieron a pesar de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Caracas, San José y Washington D.C., 7 de enero de 2013-  El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua) condenan el asesinato de dos miembros más de la Familia Barrios en Venezuela durante el año 2012.

Lun, 07/01/2013

Mapa VenezuelaCaracas, San José y Washington D.C., 7 de enero del 2013-  El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua) condenan el asesinato de dos miembros más de la Familia Barrios en Venezuela durante el año 2012.

Jorge Antonio Barrios y Víctor Tomás Navarro Barrios son el noveno y octavo miembros de dicha familia en ser ejecutados.

El 15 de diciembre de 2012, Jorge Antonio Barrios fue asesinado a disparos en el sector El Huete de la ciudad de Cagua, Estado de Aragua. Según los informes, Jorge Antonio Barrios recibió impactos de bala en la espalda mientras cruzaba la calle en motocicleta y en compañía de uno de sus primos. Los agresores se dieron a la fuga y Jorge Antonio Barrios falleció a causa del ataque. Jorge Antonio residía a unos 200 kilómetros del lugar de los hechos y hasta el momento se desconoce la identidad de los autores materiales o intelectuales, así como el posible móvil del hecho. Jorge Antonio Barrios era el hijo mayor de Benito Antonio Barrios, asesinado por funcionarios policiales del Estado de Aragua en 1998. Jorge Antonio presenció cuando su padre fue golpeado por los funcionarios y sacado con vida de su residencia, por lo cual era testigo clave para identificar a los agresores.

En circunstancias similares, el pasado 9 de junio de 2012, también en el sector El Huete de la ciudad de Cagua, Estado de Aragua, el menor Víctor Tomás Navarro Barrios fue asesinado mientras regresaba de una visita a un familiar en el mismo sector. Según los informes, sujetos desconocidos le dispararon causándole la muerte. Al igual que Jorge Antonio Barrios, Víctor Tomás solo se encontraba de visita en la casa de sus familiares. Actualmente, el proceso se encuentra en una fase inicial de investigación, sin que se haya procesado o acusado a presuntos responsables.

Entre 1998 y 2011 fueron asesinados siete miembros de la familia Barrios y sus muertes permanecen en total impunidad. Benito Antonio (1998), Narciso (2003) y Rigoberto Barrios (2005), de tan solo 16 años de edad, fueron privados de su vida por agentes de la policía del Estado de Aragua. En los siguientes años, Luis Alberto (2004), Oscar (2009), Wilmer (2010) y Juan José Barrios (2011), también fueron asesinados en circunstancias similares. En estos últimos casos Venezuela tenía conocimiento del riesgo que corrían sus vidas, ya que contaban con medidas de protección en el ámbito nacional e internacional, y el Estado no realizó acciones suficientes y efectivas para prevenir los atentados que resultaron en sus muertes. También en el 2011 Néstor Caudi Barrios de 24 años de edad sufrió un grave atentado que lo dejó con lesiones de carácter permanente.

Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Venezuela el 14 de noviembre de 2011, por la violación del derecho a la vida y la integridad de los miembros de la familia Barrios, así como por la ausencia de una investigación de lo sucedido.

Resulta lamentable que hechos como estos se repitan, más aún cuando el Tribunal Interamericano estableció claramente las medidas que el Estado venezolano debía tomar para evitar la repetición de este tipo de crímenes, entre ellos, una investigación seria, diligente y eficaz de los hechos. A pesar de la sentencia y de la existencia de medidas provisionales ordenadas por la Corte IDH en su beneficio, se suman dos nuevos asesinatos de miembros de la familia Barrios y hace que estas muertes se mantengan en la absoluta impunidad.

Consideramos que el pronto y cabal cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana es la mejor manera de garantizar la no repetición de hechos similares. A un año de la sentencia para el Caso Familia Barrios, condenamos estos asesinatos e insistimos en que Venezuela cumpla con lo ordenado por la Corte de manera pronta y seria.

Asimismo, instamos al Estado venezolano ofrecer la debida protección a los miembros de la familia Barrios que aún permanecen en grave riesgo.

Ley de Amnistía dejará de ser obstáculo para investigación de graves violaciones a derechos humanos

A 31 años de la masacre de El Mozote en El Salvador

San José, Costa Rica, 11 de diciembre de 2012- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, representantes de las víctimas en el caso de “La Masacre de El Mozote y lugares aledaños” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mostraron satisfacción con la sentencia que condena al Estado salvadoreño por los graves hechos de la masacre y que le ordena, entre otras cosas, nunca aplicar la Ley de Amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

Mar, 11/12/2012

- CEJIL aplaude fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- CEJIL representa legalmente a víctimas y monitoreará cumplimiento de la sentencia.

San José, Costa Rica, 11 de diciembre 2012- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, representantes de las víctimas en el caso de “La Masacre de El Mozote y lugares aledaños” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mostraron satisfacción con la sentencia que condena al Estado salvadoreño por los graves hechos de la masacre y que le ordena, entre otras cosas, nunca aplicar la Ley de Amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

La sentencia definitiva fue notificada a las partes la tarde de este lunes 10 de diciembre, día en que se celebró en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos y un día antes que se conmemorara el 31 Aniversario de La Masacre.

En palabras de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la sentencia marca un hito histórico ya que es la primera vez que el alto Tribunal Interamericano señala que la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz salvadoreña es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más aun, la Corte establece que dicha ley carece de validez. Por ello, esperamos que en los próximos meses El Salvador adelante procesos penales que permitan que se haga justicia para las víctimas de uno de los episodios más trágicos de la historia de nuestro continente, y que se devuelva la esperanza a la sociedad salvadoreña".

“El Mozote” es la masacre más grande cometida en América Latina, con un registro de víctimas asesinadas que se aproxima al millar, cientos de personas desplazadas y que abarcó al menos seis poblados. Por años, las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas han luchado por la obtención de la justicia. La sentencia de la Corte Interamericana representa la oportunidad de que su voz sea finalmente oída.

"Durante décadas el sufrimiento de los sobrevivientes tuvo como respuesta la indiferencia y la impunidad. La sentencia de la Corte es un paso definitivo que permite observar con cautela que habrá verdad y justicia para El Mozote", sostuvo Tutela Legal desde El Salvador.

En enero del 2012, el Estado aceptó su responsabilidad por los hechos de la masacre y se comprometió a adoptar las medidas necesarias para reparar el daño causado.

Para la abogada senior de CEJIL, Gisela De León, es importante señalar que "la sentencia de la Corte Interamericana es inapelable y el Estado salvadoreño está obligado a cumplir con lo dispuesto en ella en los plazos establecidos por el Tribunal".

CEJIL hace un llamado al Estado salvadoreño para que cumpla con este compromiso y que a la brevedad posible, adopte las medidas necesarias para reabrir las investigaciones relativas y asegure que la Ley de Amnistía deje de ser un obstáculo para la investigación y juzgamiento de este y otros casos similares.

Notas al editor

Información sobre el caso

La masacre de “El Mozote” y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada “Operación Rescate”. El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y asesinó a cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán, entre ellas: Arambala, El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo. Los hechos también provocaron el desplazamiento de cientos de personas.

Tutela Legal realizó esfuerzos para que los crímenes fueran investigados en la justicia interna. No obstante, el caso fue archivado en septiembre de 1993 aplicando la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que eximía de culpa a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha, estos graves hechos permanecen en la impunidad.

Corte IDH desestima recurso de revisión interpuesto por el Estado de Colombia en caso Mapiripán

Bogotá y Washington D.C, 28 de noviembre de 2012 “Esta resolución no es, ni puede ser una revisión de sentencia”.  De esta manera, la Corte IDH ratificó el carácter definitivo e inapelable de sus sentencias, y desestimó la solicitud de revisión que el Estado colombiano elevara en febrero de este año, frente al caso de la Masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997.  Ninguno de los elementos presentados por el Estado desvirtúa los fundamentos de atribución de responsabilidad estatal por la comisión de la masacre.

Mié, 28/11/2012

Bogotá y Washington D.C, 28 de noviembre de 2012 “Esta resolución no es, ni puede ser una revisión de sentencia”.  De esta manera, la Corte IDH ratificó el carácter definitivo e inapelable de sus sentencias, y desestimó la solicitud de revisión que el Estado colombiano elevara en febrero de este año, frente al caso de la Masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997.  Ninguno de los elementos presentados por el Estado desvirtúa los fundamentos de atribución de responsabilidad estatal por la comisión de la masacre.

De hecho la Corte recordó que su sentencia contra el Estado colombiano en este caso, se basó en el reconocimiento de responsabilidad internacional de buena fe, que hiciese aquel el 7 de marzo de 2005.

Pese a las declaraciones realizadas ante los medios de comunicación por la Ministra de Relaciones Exteriores y el entonces Ministro de Justicia en febrero de este año, el Estado no presentó ninguna evidencia que desvirtuara la responsabilidad de sus agentes en la planeación y ejecución de la masacre de Mapiripán,  la falta de investigación adecuada y  la ausencia de debida diligencia en la identificación plena de las víctimas.

Con relación a la falta de determinación de las víctimas, la Corte recordó que “las faltas del Estado en sus deberes de protección de las víctimas y familiares durante la masacre y en su debida diligencia en las investigaciones propiciaron que, a la fecha de la Sentencia, la mayoría de las víctimas y sus familiares no hubiesen sido identificados”.

La Corte deja claro en su decisión que los yerros en la determinación de las víctimas en las que incurrió el Tribunal internacional se debieron a la actuación del Poder Ejecutivo en el caso y las manifiestas deficiencias investigativas de la Fiscalía.

Al respecto, el Tribunal reconoció que, activadas las investigaciones internas han surgido hechos respecto a algunas de las víctimas que no fueron conocidos con anterioridad, pero que en nada modifican “la magnitud de los hechos de la masacre” ni el “alcance de la responsabilidad del Estado”.

La Corte recibió  testimonio directo de algunas personas que ratificaron que no eran víctimas de la Masacre de Mapiripán, tal como lo habían señalado ante la Fiscalía.  El Tribunal determinó que esta situación no era objeto de revisión, sino que hacía parte del procedimiento de supervisión de sentencia, y con fundamento en la solicitud y pruebas aportadas por las partes estableció que el núcleo familiar de la señora Mariela Contreras, compuesto por ella, sus hijos, esposo y consuegro debían ser excluidas  como víctimas del caso, y el Estado debía adelantar las acciones a nivel interno que considerara necesarias para recuperar los pagos indemnizatorios realizados.

De igual modo la Corte excluyó como víctimas a los señores Omar Patiño Vaca y Eliécer Martínez Vaca, quienes habiendo sido reconocidos y propuestos como tales por el propio Estado, fueron luego cuestionados por el mismo.  Es de notar que ni estas personas ni sus familiares contaron con representación o patrocinio alguno en el proceso.

La Corte desestimó asimismo las otras solicitudes elevadas por el Estado colombiano, incluyendo aquella relativa a presentar información y pruebas adicionales sobre el objeto de su recurso.  Al respecto, la Corte señaló que la identificación o exclusión de víctimas, hacía parte de la obligación de investigar adecuadamente y reiteró la obligación del Estado de continuar con las investigaciones internas para definir la situación de todas las víctimas de la Masacre.

La Resolución de la Corte confirma que las organizaciones que representamos a las víctimas en este caso actuamos siempre de buena fe y en el más estricto apego a nuestras obligaciones profesionales.

La presente decisión de la Corte reafirma que es obligación de los Estados llevar a cabo investigaciones serias y efectivas para determinar los alcances y responsabilidades de graves violaciones de derechos humanos como las ocurridas en Mapiripán; y evidencia las limitaciones del Ejecutivo nacional y la administración de justicia en esta materia.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) co­litigaron el caso de la masacre de Mapiripán frente  a la Corte Intermericana. La sentencia se emitió el 15 de septiembre del 2005.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordena proteger ambientalistas en Honduras

Los defensores de derechos humanos enfrentan situación de riesgo y violencia

San José y Washington D.C, 9 de octubre de 2012. - El pasado 5 de octubre de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó su decisión de otorgar medidas cautelares (medidas de protección) a favor de los defensores de derechos humanos César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnes. La petición había sido solicitada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

 

Mar, 09/10/2012

San José y Washington D.C, 9 de octubre de 2012. - El pasado 5 de octubre de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó su decisión de otorgar medidas cautelares (medidas de protección) a favor de los defensores de derechos humanos César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnes. La petición había sido solicitada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Desde hace varios años, César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnes, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, realizan su labor en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en el departamento de Atlántida, en la zona del Caribe norte de Honduras.

Por su labor de defensa, ambos han sido víctimas de presiones, hostigamientos y amenazas cuya frecuencia y gravedad ha aumentado en los últimos meses. Entre otros actos, han sido objeto de amenazas escritas y telefónicas. Asimismo, en agosto de este año, sujetos desconocidos ingresaron ilegalmente a la vivienda de Alvarenga Amador con el objeto de intimidarlo.

A pesar de la denuncia de estos hechos ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, hasta la fecha las autoridades estatales no han tomado las medidas necesarias para proteger a las víctimas, ni para investigar los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los responsables.

Estos hechos no son aislados. Las amenazas y actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos en Honduras, y en específico contra ambientalistas cada vez son más frecuentes. De hecho, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la señora Margaret Sekaggya, en una visita reciente a Honduras expresó su preocupación porque los defensores de derechos humanos continúan sufriendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y malos tratos, amenazas de muerte, ataques, acoso y estigmatización. Ante ello recomendó al Estado la creación de un mecanismo para la protección de defensores y defensoras.

En virtud de la decisión tomada por la CIDH, el Estado de Honduras deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de los defensores César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnes, e informar periódicamente sobre las acciones adoptadas para la plena investigación de los hechos denunciados.

El ERIC y CEJIL exhortan a Honduras a que cumpla con lo dispuesto por la Comisión Interamericana y hacen un llamado para que se atienda la situación de riesgo y violencia que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos en dicho país, implementando medidas para protegerles adecuadamente y para permitirles ejercer su labor en la defensa de los derechos humanos.

Contacto en San José

CEJIL

Eleanor Rosenbach

difusion@cejil.org

506 2280 7473

Contacto en Washington

CEJIL

Milli Legrain

mlegrain@cejil.org

1 202 319 3000

CEJIL y WOLA expresan preocupación por posible indulto a Fujimori

Las organizaciones enviaron una carta al Presidente Humala

El día 28 de septiembre del presente, la familia del ex Presidente Alberto Fujimori, actualmente preso por varios crímenes, entre ellos crímenes de lesa humanidad, anunció que solicitará a su Gobierno que aplique el indulto humanitario al ex mandatario.

Vea la carta aquí.

 

Jue, 04/10/2012

3 de octubre de 2012

 

 

Su Excelencia Ollanta Humala

Presidente de la República del Perú

Lima, Perú

 

Su Excelencia Presidente Humala:

 

El día 28 de septiembre del presente, la familia del ex Presidente Alberto Fujimori, actualmente preso por varios crímenes, entre ellos crímenes de lesa humanidad, anunció que solicitará a su Gobierno que aplique el indulto humanitario al ex mandatario.

 

Al respecto, le exhortamos a Usted, como Presidente de la República, considerar que:

(1) Alberto Fujimori fue condenando en varios procesos judiciales que respetaron las garantías del debido proceso y probaron su responsabilidad por una serie de hechos criminales, entre ellos, la matanza de 15 personas en Barrios Altos, incluyendo un niño de ocho años; la desaparición forzada de diez personas de la Universidad La Cantuta; y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer; así como varios casos de abuso de autoridad y corrupción.

 

(2) El indulto presidencial es potestad del Presidente de la República. Sin embargo, existen límites en su aplicación, tanto por la legislación nacional peruana como por el derecho internacional.

 

(a)  Según la legislación peruana (Ley 26478 de 1995): "Quedan excluidos del beneficio del indulto los autores del delito de secuestro agravado".  En el caso del ex mandatario Alberto Fujimori, el mismo fue condenado por el secuestro agravado de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, sentencia que fue afirmada en segunda instancia, lo cual excluye al ex Presidente del beneficio del indulto.

 

(b)  El derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías, indultos, u otras excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que los crímenes perpetrados en el caso La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad del ex mandatario por crímenes de lesa humanidad en los casos Barrios Altos y Cantuta fue posteriormente confirmada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú en su sentencia del 7 de abril de 2009. Según dicha Sala, de acuerdo al derecho internacional, los crímenes por los cuales encontraron culpable al ex Presidente Fujimori constituyen crímenes de lesa humanidad. La sentencia de la Sala fue confirmada por la Corte Suprema el 30 de diciembre de 2009.

 

(3) El ex Presidente Fujimori es mayor de edad y padece ciertos problemas de salud. Sin embargo, para que sea beneficiado con un indulto humanitario, según la Resolución Ministerial 0162-2010-JUS, del 13 de julio de 2010, Fujimori tendría que cumplir uno de dos requisitos: tener una enfermedad terminal o una enfermedad grave en estado avanzado, degenerativa e incurable; o padecer condiciones carcelarias que ponen en grave riesgo su vida y estado de salud.

 

(a)  En declaraciones a la prensa la semana pasada, la hija del ex mandatario, Keiko Fujimori, confirmó que su padre no padece una enfermedad terminal. En todo caso, para poderse otorgar el indulto humanitario se tendría que confirmar, con una evaluación médica rigurosa e independiente, el estado de salud del ex mandatario para poder luego tomar cualquier decisión.

 

(b)  No se puede afirmar que las condiciones carcelarias del ex mandatario impidan que reciba el cuidado que pudiera requerir. Fujimori es el único reo en las instalaciones de DIROES, vive en una instalación construida especialmente para él, y goza de pleno acceso a tratamiento médico cuando ha sido necesario, como se ha constatado a través de los años.

 

En virtud  de lo arriba expuesto, los abajo firmantes proclamamos que:

 

(4) Si bien el Presidente de la República tiene la potestad de otorgar el indulto humanitario, está a su vez obligado a ceñirse al Estado de derecho, y su decisión debe respetar las obligaciones internacionales del Perú.

 

(a)  Es especialmente importante tomar en cuenta el derecho de los familiares a la verdad y la justicia, derechos que les fueron negados por casi 20 años.

 

(b)  Sería un agravio para los sobrevivientes y familiares de las víctimas que el Presidente de la República otorgara el indulto humanitario sin que ello se amerite por las condiciones de salud del ex mandatario.

 

(5) Debido a la gravedad de los crímenes por los cuales el ex Presidente Fujimori fue condenado, le exhortamos no ceder ante las presiones de concederle el indulto humanitario a menos que estén plenamente demostrados los criterios para concederlo.

 

El juicio y condena al ex Presidente Fujimori fueron un hito en la lucha contra la impunidad en el Perú y en América Latina en general. Es por ello que su Gobierno debe afirmar el Estado de derecho en el Perú y no ceder ante presiones que desconocen la legalidad nacional e internacional en esta materia.

 

Atentamente,

 

 

 

Joy Olson                                Jo-Marie Burt                          Coletta Youngers

Directora Ejecutiva              Asesora Principal                  Asesora Principal

WOLA                                     WOLA                                     WOLA

 

 

 

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva

CEJIL

 

CC:
Presidente de la República, Ollanta Humala
Primera Vice Presidenta, Marisol Espinoza
Primer Ministro, Juan Jiménez Mayor

Harold Forsyth, Embajador Peruano a los Estados Unidos
Presidente del Congreso de la República, Víctor Isla

Congresista del Partido Nacionalista, Daniel Abugattas
Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas
Vice Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Avila

Fiscal de la Nación, José Peláez

Presidente del Poder Judicial, César San Martin

Defensor del Pueblo, Eduardo Vega

Marisol Perez Tello, Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República

Javier Diez Canseco, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de la República

 

 

Perú anula el fallo Villa Stein por su incompatibilidad con la Convención Americana

La decisión cumple con el fallo de la Corte IDH

Lima, Perú / Washington, D.C., 27 de septiembre de 2012. Perú anula el fallo que quitaba la denominación de lesa humanidad a la masacre de Barrios Altos y bajaba las penas a los perpetradores. La masacre tuvo lugar bajo el gobierno de Fujimori, en 1991. La decisión de Perú cumple con la resolución emitida por la Corte IDH esta semana.

Lean aquí el comunicado de APRODEH y CEJIL sobre el fallo de la Corte Interamericana.

 

 

Mar, 25/09/2012

Venezuela debilita la protección de los derechos de sus ciudadanos/as al denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Washington D.C, 19 de septiembre de 2012- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la decisión del gobierno de Venezuela, anunciada la semana pasada, de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta medida tendrá graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as. Una vez transcurrido un año a partir de la presentación de la denuncia ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sus ciudadanos no podrán acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones ocurridas a partir de esa fecha, para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

 

Mié, 19/09/2012

Washington D.C, 19 de septiembre de 2012- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la decisión del gobierno de Venezuela, anunciada la semana pasada, de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta medida tendrá graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as. Una vez transcurrido un año a partir de la presentación de la denuncia ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sus ciudadanos no podrán acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones ocurridas a partir de esa fecha, para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Comisión Interamericana, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus funciones han contribuido a la construcción de estándares más garantistas de los derechos humanos en nuestra región. Estos órganos han sido instrumentales en la protección de los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente. En su documento de denuncia, Venezuela pretende desvincularse también de la supervisión de la Comisión Interamericana. Sin embargo, este organismo podrá seguir recibiendo denuncias o analizando situaciones de derechos humanos en ese país, en virtud de su adhesión a la Carta de la OEA y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La medida adoptada por Venezuela debilita el camino hacia la universalidad del Sistema Interamericano que trazaron los Estados de la región. El continente necesita que todos los Estados reconozcan los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos. La denuncia de Venezuela es un retroceso para alcanzar dicho objetivo. Por ello, solicitamos a Venezuela que revierta su decisión de denunciar la Convención Americana y reitere su compromiso con la protección de los derechos humanos de todos/as los/as venezolanos/as. Asimismo, hacemos un llamado a los demás Estados de la OEA para que exhorten a Venezuela a no privar a sus ciudadanos del acceso al más alto Tribunal del sistema regional de protección de los derechos humanos.

 

FIRMANTES:

Organizaciones Internacionales y Regionales

Abogados sin fronteras Canadá

Amnistía Internacional (AI)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Global Rights

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

 

POR PAIS

Bolivia

Oficina Jurídica de la Mujer

Brasil

Conectas Direitos Humanos

Colombia

Comisión Colombiana de Juristas

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos

Ecuador

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

(IDHUCA)

Estados Unidos

Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho, Universidad de Texas at Austin

Washington Office on Latin America (WOLA)

Guatemala

Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH)

México

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.

Asistencia Legal Por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Panamá

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)

Paraguay

AGORA Espacio Civil Paraguay

Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

CEDAL- Centro de Derechos y Desarrollo

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú Equidad

Venezuela

Acción Solidaria en VIH/SIDA

CIVILIS Derechos Humanos

Espacio Público

Género, Democracia, Derechos Humanos

Humberto Prado, Defensor de Derechos Humanos de la Población Reclusa

Oficina de Derechos Humanos de la Diócesis de Los Teques

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

 

 

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