CEJIL y otras organizaciones

Solicitan a CIDH dictar medidas cautelares para preservar la vida

Riesgo de muerte para mujer salvadoreña

El Salvador es uno de los cinco países de América Latina donde el aborto terapeútico para proteger la vida de la madre es ilegal.

La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador; y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la adopción inmediata de medidas de protección para evitar daños irreparables a la vida, integridad personal y salud de Beatriz.

Vie, 19/04/2013

El Salvador es uno de los cinco países de América Latina donde el aborto terapeútico para proteger la vida de la madre es ilegal.

San Salvador, El Salvador y San José, Costa Rica, 19 de abril de 2013- La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador; y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la adopción inmediata de medidas de protección para evitar daños irreparables a la vida, integridad personal y salud de Beatriz. AudienciaElSalvadorCIDH

Beatriz, una mujer de 22 años que sufre una enfermedad conocida como Lupus Eritematosos Discoidea agravado con nefritis lúpica, actualmente se encuentra en la semana 19 de un embarazo que podría ocasionarle la muerte debido a su delicado estado de salud.

Además, de acuerdo con tres ultrasonografías recientes, el feto es anencefálico, es decir, no posee un cerebro. Esta malformación es incompatible con la vida extrauterina, por lo que incluso en caso de que su embarazo llegara a término, el feto no podría sobrevivir fuera del útero.

“Urgimos a las autoridades salvadoreñas y a la Comisión Interamericana a tomar cartas en el asunto, ya que conforme avanza el tiempo, se incrementa el riesgo de muerte para Beatriz, quien no está en condiciones físicas para dar a luz”, sostuvieron las y los representantes de las organizaciones.

En efecto, los especialistas del Comité Médico del Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escolán” de San Salvador concluyeron que se debe proceder con “la finalización de la gestación”, considerando el pronóstico de la vida del feto, el agravamiento de la enfermedad que padece Beatriz y las complicaciones que podrían presentarse si no se realiza el procedimiento antes de la semana 20 de gestación, entre ellas: hemorragia obstétrica grave, empeoramiento de falla renal e incluso la muerte.

A pesar del criterio médico, la terminación del embarazo no se ha podido realizar debido a que en El Salvador el aborto está totalmente prohibido por ley. Para las mujeres que llegan a encontrarse en estas circunstancias, el país centroamericano contempla penas que van de los dos a los ocho años de prisión. En muchas ocasiones, la tipificación del delito se modifica por la de homicidio agravado, por lo que las penas aumentan hasta los treinta o cincuenta años de prisión. En 2011, al menos se conocen los casos de 129 mujeres procesadas y 24 condenadas, por estos delitos en El Salvador.

También, para los profesionales médicos que realicen cualquier procedimiento de esta naturaleza, se imponen penas de entre seis y doce años de prisión, así como una inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo periodo de tiempo.

Sobre este tema, varias instancias internacionales han expresado suma preocupación. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), en situaciones similares, ha manifestado que la existencia de leyes que prohíben y penalizan toda forma de aborto tiene como consecuencia afectaciones a la salud de la mujer, da lugar al aumento en las cifras de mortalidad materna y ocasiona mayor sufrimiento cuando las mujeres son encarceladas por violar estas normas1. En este sentido, ha llamado a la revisión de legislación, a efecto de permitir el aborto por razones terapéuticas u otras relacionadas con la salud, física o mental, de la mujer2.

Otros países de América Latina como Chile, República Dominicana, Honduras y Nicaragua también prohíben el aborto en todas sus formas.

Las organizaciones solicitantes de las medidas de protección, hicieron un llamado a las autoridades competentes en El Salvador para que se realicen, en forma inmediata, los procedimientos médicos necesarios para salvaguardar la vida de Beatriz, y se abstengan de proceder penalmente en su contra. Adicionalmente, exhortaron al Estado para que revise la legislación en torno al aborto, con el fin de cumplir con las recomendaciones ya formuladas por diversas instancias internacionales de derechos humanos.

Foto CC CIDH, Audiencia sobre "Derechos humanos de las mujeres y las niñas en El Salvador" de marzo 2013, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Más información

Sergio Pacheco S.

Comunicador

CEJIL Mesoamérica

+506 2280 7473

skype: sergiopachecosalazar

1 CEDAW. Doc. ONU CEDAW/C/CHI/4. Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Cuarto informe periódico de los Estados Parte. Chile. 17 de mayo de 2004. Párr. 282. Disponible en: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CEDAW/C/CHI/4&Lang=S.

2 Ibíd.

Decenas de organizaciones y juristas respaldan proceso judicial contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez

Guatemala

Decenas de organizaciones y juristas de todo el continente suscribieron esta mañana una misiva en la que aseguran que en Guatemala se está cumpliendo con los estándares internacionales, en el juicio por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que tiene como imputados a los ex generales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

“El Tribunal guatemalteco está respetando el derecho de defensa y el debido proceso”, sostiene la carta, en una alusión directa a los múltiples recursos de amparo que han interpuesto los representantes legales de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, con la clara finalidad de entorpecer el proceso judicial.

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Lee la carta completa.

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Mar, 16/04/2013

En el proceso seguido por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad

TRIBUNAL GUATEMALTECO ESTÁ RESPETANDO EL DERECHO DE DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO A EX GENERALES IMPUTADOS

Han transcurrido cuatro semanas desde que inició el histórico juicio en contra de los generales en retiro José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez por su participación en la comisión de los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio de la población maya ixil.JuicioRíosMont- SandraSebastián- CCPlazaPública

Desde los inicios del proceso, la defensa del imputado Ríos Montt ha alegado violaciones del derecho de defensa y del debido proceso, en especial, en virtud de la decisión del Tribunal A de Mayor Riesgo de retirar al abogado Francisco García Gudiel de la defensa del General Ríos Montt y nombrarle como defensor de oficio al abogado César Calderón, quien también actúa como defensor del imputado Rodríguez Sánchez.

El Gen. Ríos Montt había contado con un equipo de abogados que lo representaba hasta la apertura de la audiencia pública cuando nombra a Licenciado García Gudiel para que lo represente.

Ahora bien, la decisión del Tribunal A de Mayor Riesgo, de retirar de la defensa al recién nombrado abogado García Gudiel, ocurre ante las prácticas dilatorias que dicho abogado intentó implementar para obstaculizar el curso normal del proceso, entre ellas solicitar la recusación de la Presidenta del Tribunal por tener “enemistad” con él. Por lo cual, el Tribunal designó al abogado Calderón, aplicando la legislación guatemalteca, y pese a su negativa. Ante esta situación, el imputado decidió nombrar nuevamente a los abogados de confianza que le habían acompañado desde el inicio del proceso, quienes se presentaron al día siguiente y continuaron ejerciendo su representación.

No obstante la solución allegada, la defensa interpuso recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad por esta y otras decisiones, alegando la violación al derecho de defensa y el debido proceso, quedando estos recursos pendientes de resolución.

Ante este panorama, los abajo firmantes (juristas y organizaciones de derechos humanos), externamos a continuación una opinión técnica basada en los estándares internacionales en la materia:

1. Sobre el uso abusivo de la figura del amparo:

Si bien la figura del amparo es legítima para tutelar los derechos humanos, en la práctica en los procesos penales seguidos por graves violaciones de derechos humanos en Guatemala, se ha utilizado por la defensa no para garantizar derechos sino para obstaculizar el proceso mismo e impedir su culminación. Ya para el año 2003, al conocer el caso Myrna Mack vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se refirió al uso abusivo de la figura del amparo en Guatemala (párrs. 204, 206, 207, 208). En aquella ocasión, la Corte señaló la responsabilidad del Estado por haber permitido a la defensa promover una serie “de articulaciones y recursos (pedidos de amparo, inconstitucionalidad, recusaciones, incidentes, incompetencias, nulidades, pedidos de acogerse a la Ley de Reconciliación Nacional, entre otros)”, los cuales impidieron que el proceso pudiera avanzar hasta su culminación natural (párr. 208).

Posteriormente, en el año 2009, la Corte trató este tema nuevamente al emitir su sentencia en la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, y reiteró que el amparo había sido utilizado en el país como una práctica dilatoria en el proceso penal, lo cual fue aceptado por el propio Estado guatemalteco en dicha oportunidad (párr. 106).

Para la Corte, esta práctica se origina en las disposiciones que “regulan el recurso de amparo, la falta de debida diligencia y la tolerancia por parte de los tribunales al momento de tramitarlo, así como la falta de tutela judicial efectiva” (párr. 120) De hecho, en esta sentencia, la Corte ordena al Estado adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular la Ley de Amparo, a fin de adecuar este recurso a su verdadero objeto y fin, de conformidad con los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos.

En el proceso que se sigue actualmente, se observa con preocupación que se sigue utilizando esta figura de una manera excesiva y con fines meramente dilatorios.

2. Sobre la obligación de los jueces de vigilar la convencionalidad del proceso penal:

La Corte IDH se ha referido a la obligación de los jueces de ejercer un adecuado control de convencionalidad. Esto significa que “cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin” (Caso Aguado Alfaro y otros vs. Perú, párr. 128).

Respecto del uso prácticas dilatorias en procesos por graves violaciones de derechos humanos, el Tribunal Interamericano ha señalado que el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de manera que se eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos, que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos (Caso Bulacio vs. Argentina, párr. 115).

Según el Alto Tribunal Interamericano, si las autoridades permiten y toleran el uso abusivo y dilatorio de los recursos judiciales, los transforman en un medio para que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan el proceso judicial, lo cual conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones. (Caso Myrna Mack vs. Guatemala, párr. 209, 210).

En efecto, el derecho de las víctimas a saber la verdad es tan relevante que el mismo tribunal ha destacado que ante “eventuales tensiones entre el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y las garantías judiciales del imputado, existe una prevalencia prima facie de los derechos de las víctimas en casos de graves violaciones de derechos humanos y más aún cuando existe un contexto de impunidad (Bámaca Velásquez, resolución de supervisión de cumplimiento de 18 de noviembre de 2010, párr. 50).

Considerando lo expuesto, al observar el desarrollo del juicio oral, consideramos que el Tribunal A de Mayor Riesgo está actuando de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, ejerciendo un equilibrado control de convencionalidad, asegurando la fluidez del proceso en un tiempo razonable y eliminando las prácticas dilatorias que pudieran obstaculizar el mismo.

3. Sobre la garantía del derecho de defensa:

El derecho de defensa es una garantía que conforma el debido proceso. De acuerdo con la Corte Interamericana, para que exista “debido proceso legal” es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables (OC/16-99, párr. 117).

En el caso concreto, los imputados Ríos Montt y Rodríguez Sánchez no se encuentran en ninguna situación de desigualdad jurídica que limite el ejercicio de sus derechos, además, han participado activamente el proceso, han tenido la posibilidad de aportar prueba, de estudiar la prueba escrita que conforma el expediente, de cuestionar las diferentes actuaciones, de apelar las decisiones del Tribunal, de interrogar los testigos y peritos aportados por la parte acusadora y los querellantes, entre otras. Por tal razón, hasta el momento no se observa ningún agravio que permita sustentar una violación del derecho de defensa.

Por otra parte, la Corte Europea de Derechos Humanos también se ha referido a la facultad de los tribunales internos de nombrar defensores de oficio, si ello está en el mejor interés de la justicia, señalando que el derecho de tener un abogado de confianza no es un derecho absoluto (Pakelli v. Germany, judgment of 25 April 1983, Series A no. 64, p. 15, para. 31, Croissant v. Germany, judgment of 25 September 1992, para. 29, y Mayzit v. Russia, judgment of 20 January 2005, para. 66).

Dicha jurisprudencia rescata la importancia de contar con una defensa técnica, pero a la vez, resalta la facultad de los tribunales internos de nombrar de oficio, cuando hay una obstrucción que ha sido generada por el mismo imputado, o bien, cuando el interés de la justicia lo requiere. En tal sentido, es nuestra valoración que la actuación del Tribunal A de Mayor Riesgo, en cuanto al nombramiento de un defensor de oficio para garantizar la continuación del proceso contra los señores Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, se encuentra ajustada a los estándares internacionales.

Con base en lo expuesto, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que continúe observando con atención el proceso penal citado, a la vez, exhortamos respetuosamente a la justicia guatemalteca para que, en el desarrollo del presente proceso histórico, se tomen en cuenta las obligaciones internacionales en la materia y se emitan resoluciones congruentes con estas, a la vez, reiteramos la importancia de que se garantice la independencia de los jueces y en especial se brinde seguridad a todas las partes involucradas en el presente proceso.

La verdad y la justicia efectiva son fundamentales en la prevención de las atrocidades del genocidio y la mitigación de los daños ocasionados a los sobrevivientes, familiares, comunidades, pueblos y a toda la humanidad.

16 de abril de 2013.

Juristas:

Roxana Arroyo, profesora universitaria, Costa Rica

Carlos Ayala, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y miembro de la Comisión Internacional de Juristas

Célia Bernardes, jueza federal, Brasil

Kenarik Boujikian, magistrada de apelaciones del Tribunal de Justicia de Sao Paolo, Brasil

Miguel Carbonell, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

Alfredo Chirino Sánchez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica

Mario Coriolano, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Ronald Gámarra, abogado de las víctimas en el proceso por violaciones de derechos humanos contra Alberto Fujimori, Perú

Tirza Flores Lanza, ex magistrada de Corte de Apelaciones, Honduras

Adán Guillermo López Lone, ex juez penal, Honduras

Antonio Maffezoli, defensor público interamericano, Brasil

Rita Maxera, profesora de la Universidad de Costa Rica

José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en Madrid, España

José Henrique Rodrigues Torres, presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia y juez de derecho en Sao Paulo, Brasil

Naomi Roht-Arriaza, profesora del College Hastings of Law, Universidad de California, Estados Unidos

Ramón Sáez Valcárcel, magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en Madrid, España

Leo Valladares Lanza, ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras

 

Organizaciones:

Abogados Sin Fronteras Canadá, organización internacional

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (PRO-BÚSQUEDA), El Salvador

Alianza Ciudadana Pro Justicia, Panamá

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, México

Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), Costa Rica

Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), organización internacional

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización internacional

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), México

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos (GHRC)

Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), Costa Rica

El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), organización internacional

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Honduras

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), El Salvador

Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES), Perú

Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Nicaragua

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización internacional

Rights International Spain, organización internacional

 

Descargue la versión pdf de este pronunciamiento aquí.

Foto: Sandra Sebastián CC Plaza Pública.

CEJIL convoca al evento "Nunca Más ¿Qué?"

Evento público el 18 de abril en Montevideo, Uruguay

CEJIL junto a NMAP, HIJOS y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos  extiende su convocatoria al evento Nunca Más ¿qué? donde se estrenarán dos cortometrajes que piden verdad y justicia  para Uruguay, seguido de un conversatorio de un nutrido grupo de panelistas que revelarán el panorama actual de este debate.
Este evento público tendrá lugar el jueves 18 de abril en el Centro Cultural de España, Montevideo, a las 18:30.
Asista y comparta esta invitación con sus amigos y contactos.
Vea el comunicado de la campaña ¿Nunca Más Qué? y del Día Internacional del Derecho a la Verdad
Visita nuestro grupo en Facebook. @Twitter: #nuncamasque
También lea nuestro comunicado sobre el traslado de la Jueza Mota

Vie, 12/04/2013

CEJIL junto a NMAP,  HIJOS y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos  extiende su convocatoria al evento ¿Nunca más qué? donde se estrenarán dos cortometrajes que piden verdad y justicia  para Uruguay, seguido de un conversatorio de un nutrido grupo de panelistas que revelarán el panorama actual de este debate.

Este evento público tendrá lugar el jueves 18 de abril en el Centro Cultural de España, Montevideo, a las 18:30.

Asista y comparta esta invitación con sus amigos y contactos.

Vea el comunicado de la campaña ¿Nunca Más Qué? y otro sobre el Día Internacional del derecho a la verdad

Visita nuestro grupo en Facebook. @Twitter: #nuncamasque

También lea nuestro comunicado sobre el traslado de la Jueza Mota

La verdad, la justicia y la reparación deben prevalecer en el juicio por genocidio en Guatemala

Declaración de organizaciones de la sociedad civil sobre juicio a Ríos Montt

Organizaciones del continente instan a un adecuado proceso, con las debidas garantías.

El próximo 19 de marzo dará inicio en Guatemala la audiencia pública en el juicio que se sigue en contra del General en retiro Efraín Ríos Montt y de su ex director de los servicios de inteligencia militar, también General en retiro José Mauricio Rodríguez Sánchez, como presuntos autores intelectuales de genocidio y crímenes de lesa humanidad (asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, tortura) en contra de casi dos mil personas, la mayoría de ellas mayas Ixil. Los hechos ocurrieron desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, cuando Ríos Montt ocupó el poder en su país.

 

Lun, 18/03/2013

El próximo 19 de marzo dará inicio en Guatemala la audiencia pública en el juicio que se sigue en contra del General en retiro Efraín Ríos Montt y de su ex director de los servicios de inteligencia militar, también General en retiro José Mauricio Rodríguez Sánchez, como presuntos autores intelectuales de genocidio y crímenes de lesa humanidad (asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, tortura) en contra de casi dos mil personas, la mayoría de ellas mayas Ixil. Los hechos ocurrieron desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, cuando Ríos Montt ocupó el poder en su país.

En el proceso judicial, impulsado por el Ministerio Público, figuran como abogados directores de la parte querellante, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), los abogados del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). Quienes además están siendo apoyados por Abogados sin fronteras Canadá, todos en condición de representantes de las víctimas. La trascendencia de este proceso –inédito en Guatemala- implica el desahogo de aproximadamente 140 testimonios de víctimas y de la comparecencia de unos 70 peritos expertos.

Tanto la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias, han documentado las atrocidades ocurridas en Guatemala durante el conflicto armado interno, y en especial, han dado cuenta de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional impulsada particularmente a principios de la década de 1980 y mediante la cual se aplicó una política de “tierra arrasada” que buscaba acabar con el pueblo maya sospechoso de colaborar con la insurgencia.

De acuerdo con la CEH, alrededor de 626 masacres fueron ejecutadas mediante “actos de extrema crueldad” dirigidos a la eliminación de las personas o grupos de personas definidos como “enemigo interno” y destinados a “aterrorizar a la población”. La CEH concluyó además que el 91% de las violaciones registradas durante el conflicto armado se produjo entre los años 1978 y 1983, estando en el poder los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983).

A diferencia de lo que ha sucedido en la historia reciente en Guatemala –en donde hasta la fecha, salvo contadas excepciones, no ha sido posible obtener justicia en el ámbito interno y por lo cual se ha acudido a instancias internacionales de protección de derechos humanos-, el Estado guatemalteco tiene en este ocasión, la valiosa oportunidad de celebrar un proceso apegado a las garantías judiciales, en el que se juzgue a los acusados y sancione efectivamente a quienes se prueben como responsables de delitos tan graves como son el genocidio y los de lesa humanidad.

El esclarecimiento de los hechos, a través del debido proceso penal, así como la sanción de los responsables del genocidio y de crímenes de lesa humanidad ocurrido en Guatemala, constituye la medida idónea para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad guatemalteca en su conjunto. Además, sólo a través de la identificación, el juzgamiento y la sanción adecuada de los responsables materiales e intelectuales de las citadas violaciones de derechos humanos se logrará la no repetición de hechos tan reprochables. Este tipo de procesos fortalecen el Estado de Derecho y la democracia guatemalteca.

Considerando lo anterior, las organizaciones firmantes saludamos el proceso que lleva el Tribunal de Mayor Riesgo en Guatemala, y expresamos nuestro apoyo decidido al mismo. Además instamos a las autoridades guatemaltecas a lo siguiente:

 

  1. Que se proteja efectivamente –antes, durante y después del proceso- a todas las partes involucradas en ello (testigos, peritos, operadores de justicia, abogados y abogadas).
  2. Que se garantice una adecuada cadena de custodia en la evidencia.
  3. Que se garantice la independencia judicial mediante el apoyo público y decidido a la labor que están llevando a cabo los jueces a cargo del proceso y se asegure que no habrá ninguna injerencia indebida en sus decisiones. Treinta años después de la comisión de varios crímenes de lesa humanidad ha llegado la hora de conocer la verdad y hacer realidad el derecho de las víctimas a obtener justicia.

 

18 de marzo de 2013

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., México

Abogados sin Fronteras Canadá (ASF), organización internacional

Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA), Guatemala

Alianza por tus derechos, Costa Rica

Amnistía Internacional, organización internacional

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México

Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Guatemala

Asociación Nacional de Centros (ANC), Perú

Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), organización internacional

Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (PLURIJUR), Guatemala

Asociación Pro-búsqueda de niñas y niños desaparecidos, El Salvador

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", Guerrero, México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México

Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL), Perú

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador

Centro de Educación Popular-Proyecto Amigo, Perú

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización internacional

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CJAR), Colombia

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia

Comité de América Latina y el Caribe para los derechos de las Mujeres (CLADEM), organización internacional

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia

Convergencia por los Derechos Humanos (integrada por: Asociación Refugio de la Niñez; Centro para el Análisis Forense y Ciencias Aplicadas – CAFCA; Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-; Centro para la Acción Legal-Ambiental y social de Guatemala – CALAS; Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial -ECAP-; Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-; Seguridad en Democracia -SEDEM-; Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala -UDEFEGUA-; Unión Nacional de Mujeres de Guatemala -UNAMG-), Guatemala. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú Corporación Humanas, Chile Corporación Reiniciar, Colombia Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), Costa Rica Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial de Guatemala (ECAP), Guatemala Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Honduras Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Perú Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica (integrado por la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia -SEDEM-, de Guatemala; Centro de Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-, de Guatemala; Centro Nicaragüense de Derechos Humanos -CENIDH-; Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras -CODEH-; Comisión Nacional de Derechos Humanos en Panamá -CONADEHUPA; Federación Luterana Mundial; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-, de El Salvador; Fundación Fútbol por la Vida –FPV-, de Costa Rica; Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-, de Guatemala; e Iglesia Luterana Costarricense -ILCO- , de Costa Rica).

Espacio Público, Venezuela

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Fundación Myrna Mack, Guatemala

Global Rights, organización internacional

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), Colombia

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, organización internacional

Guatemala Human Rights Commission (GHRC), Guatemala

Impunity Watch, organización internacional

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA), México

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), El Salvador

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), Guatemala

Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Perú

Latin America Working Group (LAWG), organización internacional

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala

Oficina Jurídica Para la Mujer, Bolivia

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), organización internacional

Paz y Esperanza, Peru

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Guatemala

Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Guatemala

Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala

Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMG), Guatemala

Vicaria de Derechos Humanos de Caracas, Venezuela

Foto CC International Rivers

Contacto CEJIL

Sergio Pacheco S. / Comunicación/ spacheco@cejil.org/ +202 368-5133

Realizan audiencia ante la CIDH por múltiples irregularidades con cedulación de nicaragüenses

“Muerte civil” en Nicaragua

 

  • Se estima que cerca de doscientos mil nicaragüenses, jóvenes entre los 16 y 21 años, no tienen cédula de identidad.
  • Organizaciones buscan respuesta positiva del Estado de Nicaragua.

 

Washington D.C., 12 de marzo de 2012- Esta mañana tuvo lugar la audiencia sobre “Acceso a la cédula de identidad y a recursos judiciales efectivos en Nicaragua”, celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C.

Mar, 12/03/2013

Washington D.C., 12 de marzo de 2012- Esta mañana tuvo lugar la audiencia sobre “Acceso a la cédula de identidad y a recursos judiciales efectivos en Nicaragua”, celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C. Rosa María Ortiz

La Fundación Grupo Cívico y Transparencia (EyT) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron información ante la Comisión Interamericana, con el fin de promover la protección de cientos de miles nicaragüenses que no han podido acceder a dicho documento, esencial para ejercer un sinnúmero de derechos.

“Hacemos un llamado al Estado nicaragüense para que regularice una situación crítica que, entre otras cosas, ocasiona serias dificultades de acceso a un trabajo digno, la obtención adecuada de servicios de salud y de educación, así como el ejercicio democrático del voto”, expresó la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.

Debido a los efectos ocasionados por las limitaciones en el disfrute de los derechos humanos, el informe presentado esta mañana ante la CIDH, califica de “muerte civil” la situación que acontece a miles de nicaragüenses.

El Director Ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, recalcó que “no se le está reconociendo la personalidad jurídica y la identidad a estas personas, violación que está teniendo graves consecuencias en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

De acuerdo a la ley vigente, en el país centroamericano se puede solicitar cédula desde los quince años y es entregada al cumplirse los dieciséis.

La obtención de la cédula se ve dificultada y en ocasiones imposibilitada, por prácticas ilegítimas debido a la filiación política tanto “real” como “percibida”, así como por los elevados costos en los que se debe incurrir para realizar el trámite. Los habitantes de zonas rurales son los más afectados por esta última situación, pues tienen que desplazarse grandes distancias y en diversas ocasiones, para tratar de obtener su documentación.

Para CEJIL y el EyT, el objetivo de esta audiencia es abrir espacios de diálogo positivo con el Estado nicaragüense. “Existen caminos y soluciones que permitirían saldar una deuda con cientos de miles de nicaragüenses ahora desprotegidos por el Estado”, aseguró Krsticevic.

La representación oficial del Estado nicaragüense se comprometió a iniciar el trámite para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una visita a su país y pueda corroborar las informaciones presentadas por las partes.

Contactos en Washington

Milli Legrain / Coordinadora en Comunicación/ mlegrain@cejil.org/ +202 319-3000

Sergio Pacheco S. / Comunicación/ spacheco@cejil.org/ +202 368-5133

Foto por Eddie Arrossi de la CIDH.

Videos piden justicia y verdad para Uruguay

Estreno en redes sociales de la Campaña ¿Nunca Más Qué?

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el New Media Advocacy Project (N-Map) estrenan hoy en radio, televisión y redes sociales dos videos que buscan promover la reapertura de casos por crímenes cometidos durante la dictadura militar de Uruguay (1973 a 1985). Ambas co-producciones tiene como punto de partida el emblemático caso Gelman, cuya sentencia fue emitida el 24 de febrero de 2011 por la Corte IDH. Para ver los  videos haga click aquí:
¿Nunca Más Qué? (corto)
Romper el Muro de la Impunidad (largo)
Ve cómo puedes participar aquí

Lun, 11/03/2013

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el New Media Advocacy Project (N-Map) estrenan hoy en radio, televisión y redes sociales dos videos que buscan promover la reapertura de casos por crímenes cometidos durante la dictadura militar de Uruguay (1973 a 1985).

Ambas co-producciones tiene como punto de partida el emblemático caso Gelman, cuya sentencia fue emitida el 24 de febrero de 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien se pronunció en contra de los obstáculos a la justicia y verdad todavía existentes en  Uruguay.

Los videos titulados ¿Nunca Más Qué? (2.27 minutos) y Romper El Muro de la Impunidad (11 minutos) piden justicia y verdad para los familiares de los desaparecidos, pero también para las 30 mil personas que fueron torturadas, sufrieron violencia sexual y todavía no han contado su historia.

“Muchas personas ni lo han contado a su familia, ni a sus compañeras” expresa en ambos videos, la ex presa política,  Isabel Trivelli.

Los audiovisuales brindan una plataforma de expresión para los protagonistas de estas historias, tal es el caso de Sandra Pelúa y Valentín Enseñat, cuyos padres fueron desaparecidos. También abren puerta a relatos como el de Alicia Jaime, que vivió el asesinato de su esposo y padre de sus hijos a temprana edad, o el de Gabriel Mazzarovich, cuyo entorno fue brutalmente impactado por la dictadura.

El segundo video destaca además los motivos por los cuales la impunidad sigue siendo realidad en el Uruguay de hoy. Los espectadores podrán hacer un recorrido por los lugares de Montevideo donde ocurrieron las detenciones y desapariciones durante la dictadura, como la del poeta Julio Castro. Al mismo tiempo se transita por la vida de aquellos que buscan la justicia y la verdad como el perito del caso Gelman, Pablo Chargoñia, y el diputado Felipe Michelini, quienes dan su perspectiva sobre el sistema jurídico, y político de Uruguay.

Para la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, “quedan todavía miles de historias por contar. Ojalá que estos videos contribuyan al proceso de diálogo abierto desde hace varios años en Uruguay y a la reapertura de casos por las graves violaciones cometidas bajo la dictadura”.

“Espero que estos videos sirvan para reforzar la voz de todos los y las que claman por la justicia y la verdad en el Uruguay y transmitan un mensaje en contra de la impunidad”  dijo Abby Goldberg, Directora de Proyectos de N-Map.

Luego del lanzamiento simultaneo en diversos medios de comunicación, se proyectarán los videos en un evento en Montevideo el próximo 3 de abril.

 

Para ver los  videos haga click aquí:


Ve cómo puedes participar aquí

 

 

#NuncaMasQue

www.facebook.com/nuncamasque

 

 

Contacto de prensa

Milli Legrain

mlegrain@cejil.org

Tel +1-202-319 3000

www.cejil.org

 

 


CEJIL y WOLA expresan profunda preocupación por traslado de la jueza Mota

Uruguay debe superar impunidad

Buenos Aires, San José y Washington, D.C., 15 de febrero de 2013- Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que ordenó el traslado a un juzgado civil de la jueza Mariana Mota, titular hasta hace unos días de un Juzgado Letrado en lo Penal; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresan su profunda preocupación por el impacto que dicha acción pueda tener en la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad.

Vie, 15/02/2013

Corte Suprema Uruguay by N i c o_ CC

 

 

Buenos Aires, San José y Washington, D.C., 15 de febrero de 2013- Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que ordenó el traslado a un juzgado civil de la jueza Mariana Mota, titular hasta hace unos días de un Juzgado Letrado en lo Penal; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresan su profunda preocupación por el impacto que dicha acción pueda tener en la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad.

En tiempos en que Uruguay debe saldar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Gelman y, por tanto, satisfacer su obligación de organizar las estructuras del Estado para superar la impunidad en que se encuentran los crímenes cometidos durante la última dictadura, el sorpresivo y hasta ahora no explicado traslado de la jueza Mota al fuero civil, profundiza las dificultades que hasta este momento enfrenta la justicia uruguaya.

La alegada legalidad de la medida ordenada por la Suprema Corte de Justicia, no resulta suficiente para explicar la inesperada decisión del traslado de la jueza Mota, quien se encontraba a cargo de más de cincuenta casos vinculados con el terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura y cuyo trámite activo representaba una esperanza para la sociedad uruguaya.

CEJIL y WOLA expresan su solidaridad con las víctimas, sus familiares y con toda la sociedad en Uruguay, que desde hace décadas persiste en su lucha por la justicia y el cese de la impunidad.

Notas al editor

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe para influenciar las políticas en los Estados Unidos y el exterior.

Contacto en Buenos Aires

Liliana Tojo/ Directora del Programa para Bolivia y el Cono Sur/ ltojo@cejil.org / + 54-11 3340 9795 (celular) + 54 11 5031-2331 (fijo)

Contacto en San José

Sergio Pacheco S. / Comunicación/ spacheco@cejil.org / + 506 2280 7473 (fijo) + 506 8816 2283 (celular)

Contacto en Washington, D.C.

Jo-Marie Burt / Asesora Principal de WOLA / jmburt.wola@gmail.com / +1 703 946 9714 (celular)

CEJIL y ERIC denuncian a Honduras por violar derechos de ambientalista

En audiencia pública ante la Corte IDH, organizaciones exponen crítica situación de vulnerabilidad y violencia en Honduras

San José, Costa Rica, 8 de febrero de 2013- El Estado de Honduras no garantizó los derechos humanos de Carlos Antonio Luna López, asesinado en mayo de 1998, y cometió graves irregularidades durante el proceso de investigación y aplicación de la justicia. Así lo expresaron los representantes legales de las víctimas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC).


Sáb, 09/02/2013

 

San José, Costa Rica, 8 de febrero de 2013- El Estado de Honduras no garantizó los derechos humanos de Carlos Antonio Luna López, asesinado en mayo de 1998, y cometió graves irregularidades durante el proceso de investigación y aplicación de la justicia.

Así lo expresaron los representantes legales de las víctimas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC); durante una audiencia pública que tuvo lugar este jueves 8 de febrero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el máximo tribunal de la región.

Quince años han pasado desde que dos sujetos dispararon contra Carlos Luna, ocasionándole la muerte. En el momento del asesinato, el defensor ambientalista se desempeñaba como regidor municipal en Catacamas, una comunidad al noroeste de su país, desde donde denunció la tala ilegal de bosques por parte de grupos económica y políticamente poderosos. Por estas denuncias fue víctima de constantes y reiteradas amenazas, de las que tuvieron conocimiento las autoridades judiciales hondureñas. Ni las amenazas ni su asesinato han sido efectivamente investigados, por ello, el caso permanece en la impunidad.

Durante la audiencia pública del caso celebrada ante la Corte IDH este jueves, se expuso la situación de vulnerabilidad que rodea a defensores y defensoras de derechos humanos en el país centroamericano, destacando la situación de violencia que sufren líderes ambientalistas. Es en este contexto de violencia que ocurrió el asesinato del señor Luna.

De acuerdo con la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, muchos de las personas en Honduras que protegen el ambiente o desarrollan actividades enfocadas en la conservación de la naturaleza, “viven en un estado de constante temor”, según se consigna en un informe emitido en diciembre 2012.

CEJIL y el ERIC solicitaron durante la audiencia, que Honduras adecue a los estándares internacionales los protocolos sobre la debida diligencia en la investigación, e hicieron un llamado vehemente para que se diseñe e implemente una política pública integral dirigida a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Además se solicitó ordenar al Estado de Honduras la identificación, juzgamiento y sanción de todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Carlos Luna.

 

Descargue la Ficha de Prensa para más información.

 

Contacto en San José

Sergio Pacheco S.

spacheco@cejil.org

Tel: 506 2280- 7473

 

Documento de coyuntura Nº 7 - Aportes para mejorar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Análisis comparado de la práctica de los órganos de derechos humanos con respecto a las medidas cautelares

Este documento, presentado ante la Reunión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, contiene un análisis exhaustivo de las prácticas de los distintos órganos de protección de derechos humanos en relación al otorgamiento de medidas cautelares. El informe es producto de la colaboración entre CEJIL y la Clínica Jurídica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad California, Berkeley, Estados Unidos.


Tipo de publicación: Documento de Coyuntura
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2012
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Organizaciones envían carta pública al Presidente mexicano Enrique Peña Nieto

Carta Pública

Tlapa de Comonfort, Guerrero a 24 de enero del 2013. Las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos la presente carta, nos dirigimos respetuosamente a Usted para llamar su atención sobre la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento íntegro a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega y Otros. Vs. México y Valentina Rosendo Cantú y Otra Vs. México,[1] notificadas el 1 de octubre del 2010.

 

Jue, 24/01/2013

CARTA PÚBLICA

Tlapa de Comonfort, Guerrero a 24 de enero del 2013.

Lic. Enrique Peña Nieto

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Presente.-

 

Las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos la presente carta, nos dirigimos respetuosamente a Usted para llamar su atención sobre la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento íntegro a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega y Otros. Vs. México y Valentina Rosendo Cantú y Otra Vs. México,[1] notificadas el 1 de octubre del 2010.

 

Como es de su conocimiento, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas mujeres indígenas del pueblo indígena Me’phaa, fueron víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano durante el año 2002 en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia institucional castrense.

 

Desde entonces, ambas mujeres emprendieron un largo y ejemplar caminar. La denuncia de Inés Fernández y Valentina Rosendo puso en evidencia que en nuestro país existen graves rezagos para las mujeres víctimas de violencia sexual accedan a la justicia; así como la persistencia de la discriminación en contra de los pueblos y comunidades indígenas y de los abusos ocasionados por la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

 

Tras la emisión de las sentencias en la máxima instancia regional, Inés Fernández y Valentina Rosendo emprendieron una nueva etapa para demandar el cumplimiento pleno de las medidas de reparación del daño ordenadas por la Corte Interamericana, que comprenden aspectos de carácter individual, familiar, comunitario y de no repetición. Entre éstas destaca, desde luego, el acceso a la justicia. No obstante, la administración federal anterior culminó sin que la totalidad de estas medidas hayan sido cumplidas y sin que se haya sancionado a los perpetradores.

 

Señor Presidente, las organizaciones que hacemos el presente llamado hemos acompañado desde hace once años la búsqueda de justicia de Inés Fernández y Valentina Rosendo y desde hace dos años, su lucha por alcanzar el cumplimiento de los resolutivos de las sentencias. Conociendo de cerca el rezago que impera, urgimos a que la atención de este tema se convierta en un asunto prioritario, a través del cual se complemente la agenda de derechos humanos del Gobierno Federal que Usted encabeza. Lo mismo debe ocurrir respecto de las otras sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, que hoy permanecen incumplidas; máxime considerando que varias de ellas comparten elementos comunes, como lo es la sanción de los abusos castrenses y la restricción del fuero militar, aspectos que también son señalados en las sentencias de los casos Rosendo Radilla Pacheco y Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (“Campesinos Ecologistas”).

Desde la notificación de las sentencias, la coordinación del proceso de implementación ha recaído en la Secretaría de Gobernación, concretamente en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. No obstante, a la fecha no se ha realizado ningún pronunciamiento sobre la relevancia que esta nueva administración dará al cumplimiento pleno de los fallos. Al margen de lo anterior, es de nuestro conocimiento que  próximamente se llevará a cabo una reunión para revisar cada uno de los resolutivos pendientes. En ese sentido, estaremos atentas y atentos a los resultados de dicha reunión e instamos a que en ella se establezca una ruta de trabajo bien definida, en diálogo con las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú, a quienes continuaremos acompañando hasta que su denuncia concluya con justicia, verdad y reparación.

 

A t e n t a m e n t e,

 

Amnistía Internacional; Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); ARTICLE 19 México y Centroamérica; Asociación para los Derechos de las Mujeres/Association for Women's Rights in Development (AWID); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC); Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT), conformada actualmente por 73 organizaciones en 21 estados de la República:

 

Agenda LGBT (Estado de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal);Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco) Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); El Caracol (DF); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.)

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); PODER (Distrito Federal); Respuesta Alternativa, A. C.; Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

 


[1] Las sentencias a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 y 31 de agosto del 2010, respectivamente y notificadas el 1 de octubre del mismo año a las partes.

[2] Las sentencias a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 y 31 de agosto del 2010, respectivamente y notificadas el 1 de octubre del mismo año a las partes.

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