CEJIL y otras organizaciones

"Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas"

Presentación del informe:

Jesús Orozco, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará el informe "Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas" en San José, Costa Rica y Ciudad de Guatemala, Guatemala este 5 y 6 de febrero respectivamente.

 

El Informe desarrolla la obligación de los Estados parte para asegurar el acceso a la justicia y las garantías que deben ofrecer a las y los operadores de justicia para lograr una actuación independiente. Además amplía los estándares de derecho internacional en la materia e identifica los obstáculos que persisten en el hemisferio.

Mar, 04/02/2014

Presentación del informe sobre independencia judicial GuatemalaJesús Orozco, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará el informe "Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en Las Américas" en San José, Costa Rica y Ciudad de Guatemala, Guatemala; este 5 y 6 de febrero respectivamente.

El Informe identifica la obligación de los Estados parte para asegurar el acceso a la justicia y las garantías que deben ofrecer a las y los operadores de justicia para lograr una actuación independiente. Además amplía los estándares de derecho internacional en la materia e identifica los obstáculos que persisten en el hemisferio.

Presentación en Costa Rica:

Miércoles 5 de febrero a las 17:30 en el Salón Multiusos en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Calle 21 San José, Costa Rica.

Expositores: Hina Jilani, ex relatora de las Naciones Unidas sobre Defensores, Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, Adriana Orocú, Presidenta  de la Asociación Costarricense de la Judicatura, José Thompson, Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Fernando Cruz representante del Poder Judicial y Marvin Carvajal, Director de la Escuela Judicial.

Presentación en Guatemala:

Jueves 6 de febrero a las 16:30 en Salón Atitlán. Hotel Westin Camino Real. 12 Calle 0-20 Guatemala.

Expositores: Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL,  Luis Arturo Archila, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Iván Velazquez Comisionado de la CICIG y Ramón Cadena, Comisión Internacinal de Juristas.

CEJIL representará víctimas de violaciones de DDHH en cuatro audiencias ante la Corte IDH

Casos de Perú, Venezuela, Colombia y El Salvador.

San José, Costa Rica; lunes 3 de febrero del 2014- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con organizaciones aliadas representará a víctimas de violaciones derechos humanos de diversas partes del continente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el marco del 102º período ordinario de sesiones de esta entidad.

Casos con audiencias públicas:

Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú: lunes 3 de febrero a las 10:00 am y martes 4 de febrero a las 9:00 am hora de Costa Rica.

Lun, 03/02/2014

Foto Ilustrativa Corte IDHSan José, Costa Rica; lunes 3 de febrero del 2014- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con organizaciones aliadas representará a víctimas de violaciones derechos humanos de diversas partes del continente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el marco del 102º período ordinario de sesiones de esta entidad.

Casos con audiencias públicas:

Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú: lunes 3 de febrero a las 10:00 am y martes 4 de febrero a las 9:00 am hora de Costa Rica.

CEJIL y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) del Perú, comparecerán ante la Corte con el fin de establecer la responsabilidad internacional del Estado por las ejecuciones extrajudiciales  de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) quienes fueron ejecutados posterior al operativo militar Chavín de Huántar.

Igualmente se refiere a la impunidad en la que hasta la fecha permanecen estos graves hechos, lo que ha generado violaciones en perjuicio de sus familiares. El referido operativo tuvo como finalidad rescatar a los rehenes que el MRTA tuvo en cautiverio en la residencia del Embajador de Japón en Lima, entre el 17 de diciembre de 1996 y el 22 de abril de 1997.

La presentación de este caso ante la Corte no pretende cuestionar el derecho y la obligación del Estado de adoptar medidas para el rescate de los rehenes, las cuales podían incluir el uso de la fuerza, siempre que se respetaran los derechos humanos de los involucrados. El caso tampoco cuestiona el Operativo Chavín de Huántar en su conjunto, ya que éste permitió la liberación de los rehenes. La presentación del caso se limita a solicitar que se establezca la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución de las tres víctimas, miembros del MRTA, luego de que estas ya habían depuesto las armas una vez concluido el operativo.

Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela: jueves 6 de febrero a las 9:00 am hora de Costa Rica.

CEJIL, la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas, en representación de la Familia Landaeta, solicitará a la Corte IDH que establezca la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta Mejías por agentes de la policía del Estado de Aragua en la República Bolivariana de Venezuela.

En 1996, con una diferencia de un mes, fueron asesinados los hermanos Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta en dos episodios en los que participaron agentes de la policía del Estado de  Aragua en la República Bolivariana de Venezuela; hechos que se remontan a una época en que existía un patrón de ejecuciones extrajudiciales en el estado de Aragua, Venezuela, cometidas por agentes de policía estadales

La muerte de Igmar Alexander fue presentada por la policía como un enfrentamiento, mientras que la ejecución de Eduardo José, quien tan sólo tenía 17 años de edad, se llevó a cabo cuando se encontraba bajo custodia policial. Ambos episodios sucedieron en el marco de un contexto más general de ejecuciones extrajudiciales al interior de Venezuela cometidas por agentes de policía estadales

Audiencias Privadas de supervisión de cumplimiento de sentencia y de medidas provisionales:

Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador: martes 4 de febrero del 2014 a las 3:00 pm hora de Costa Rica. Sentencia 20 de noviembre del 2007

CEJIL y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), en representación de las víctimas del caso, participarán de una audiencia que tendrá por objeto analizar el estado de cumplimiento de las medidas de reparación que fueron dictadas por la Corte en su sentencia, así como de las medidas de protección que se encuentran vigentes.

En lo particular, se analizará si el Estado salvadoreño ha llevado a cabo la investigación del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto, y de las amenazas y actos de hostigamiento que sufrieron sus padres José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto, por la búsqueda de justicia. Adicionalmente, se valorará lo relacionado con la atención médica que fue ordenada por la Corte a favor de dichas víctimas.

El joven Ramón Mauricio fue asesinado el 10 de junio de 1994, por parte de dos sujetos desconocidos. Su asesinato ocurre en un contexto de violencia política en el que había presencia de los llamados “escuadrones de la muerte”. Hasta la fecha ni el asesinato de Ramón Mauricio ni las posteriores amenazas sufridas por los padres de éste han sido esclarecidas, el caso permanece impune.

Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia: martes 4 de febrero del 2014 a las 5:30 pm hora de Costa Rica. Sentencia 11 de mayo del 2007

CEJIL y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), en representación de las víctimas del caso La Rochela y de las beneficiarias de medidas provisionales, participarán en una audiencia de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia emitida por la Corte IDH en el 2007, así como sobre las medidas de protección otorgadas por el Tribunal en el año 2009.

En enero de 1989 un grupo paramilitar secuestró en la comunidad de La Rochela a una comisión de 15 funcionarios judiciales que investigaba la responsabilidad de civiles y militares en varias masacres cometidas en la zona del Magdalena Medio. Los paramilitares dispararon al grupo, asesinaron a 12 personas e hirieron a otras tres. En esta ocasión se analizará la impunidad existente respecto a las violaciones cometidas contra las víctimas y sus familiares, así como la situación de riesgo grave que todavía persiste en relación a las personas que tratan de impulsar las investigaciones contra los autores materiales e intelectuales, entre los que están miembros de grupos paramilitares así como de la Fuerza PúblicaAmbas audiencias de cumplimiento buscan que los Estados involucrados cumplan con los puntos pendientes de  las sentencias dictadas por la Corte IDH.

Contacto de prensa:

Daniela Araya

Oficial de comunicaciones

+506 22807473

daraya@cejil.org

 

Comienzan en el fuero federal del ámbito civil los procesos penales contra las personas señaladas como probables responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú

CEJIL saluda los avances en la investigación de la tortura y  violaciones sexuales sufridas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Ambas mujeres indígenas del pueblo Me’phaa habían sido violadas sexualmente por parte de miembros del ejército mexicano. Sus casos fueron presentados ante el Sistema Interamericano y en el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó las sentencias ordenando, entre otras cosas, la investigación exhaustiva de las violaciones. Recientemente las autoridades capturaron a cuatro personas por dichos hechos, tres de ellas aún vinculadas con el ejército.

CEJIL insta al Estado a continuar con el proceso hasta juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables, así como a garantizar la seguridad de las víctimas, de sus familiares y representantes.

Vie, 10/01/2014

Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas víctimas de violación por militares. MéxicoCEJIL saluda los avances en la investigación de la tortura y  violaciones sexuales sufridas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Ambas mujeres indígenas del pueblo Me’phaa habían sido violadas sexualmente por parte de miembros del ejército mexicano. Sus casos fueron presentados ante el Sistema Interamericano y en el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó las sentencias ordenando, entre otras cosas, la investigación exhaustiva de las violaciones. Recientemente las autoridades capturaron a cuatro personas por dichos hechos, tres de ellas aún vinculadas con el ejército.

CEJIL insta al Estado a continuar con el proceso hasta juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables, así como a garantizar la seguridad de las víctimas, de sus familiares y representantes

Información Adicional:

Comunicado de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Comunicado CEJIL: Casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron remitidos al fuero común en México

Comunicado CEJIL: Sentencias de la Corte Interamericana a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo cumplen un año y México no avanza en su cumplimiento

Comunicado CEJIL: Corte Interamericana reafirma sentencias contra México en casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú

Comisión Interamericana ordena proteger a indígenas ambientalistas en Honduras

Otorgamiento de medidas cautelares confirma el clima de riesgo para defensores ambientalistas en Honduras

San José, viernes 20 de diciembre del 2013. El pasado miércoles 18 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a favor de 18 indígenas miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) de Honduras, así como de sus familiares.

En total, la CIDH ordenó proteger a 38 personas en virtud de los actos de hostigamiento, amenazas y agresiones que han sufrido como consecuencia de sus acciones en defensa del medio ambiente.

La solicitud de protección fue realizada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)  y por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Vie, 20/12/2013

Protesta MADJ HondurasSan José, viernes 20 de diciembre del 2013. El pasado miércoles 18 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a favor de 18 indígenas miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) de Honduras, así como de sus familiares.

En total, la CIDH ordenó proteger a 38 personas en virtud de los actos de hostigamiento, amenazas y agresiones que han sufrido como consecuencia de sus acciones en defensa del medio ambiente.

La solicitud de protección fue realizada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)  y por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). Esta última es una organización que lucha por la defensa de los recursos naturales, y está conformada por activistas de distintos sectores, incluyendo a líderes indígenas de la etnia tolupán, que residen en la comunidad de San Francisco, Locomapa, ubicada en el departamento de Yoro, Honduras.

Los beneficiarios de las medidas de protección se han destacado por reclamar la participación justa y equitativa de los pueblos indígenas en los planes de manejo forestal de las zonas de protegidas por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF). Además, los tolupanes se han opuesto a la explotación minera indiscriminada en la zona.

Por estas y otras acciones en defensa del medio ambiente, los líderes tolupanes y su abogado defensor Víctor Fernández, han sido víctimas de agresiones. De hecho, el 25 de agosto pasado los líderes indígenas María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina fueron asesinados mientras participaban de una protesta pacífica. Los responsables de estos graves hechos permanecen en fuga.

“Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH representan un llamado de atención para las autoridades hondureñas. En Honduras nos sentimos desprotegidos a la hora de defender nuestro derecho a un ambiente sano, y por lo tanto reclamamos que se nos brinde la seguridad para continuar con la labor de defensa”, manifestó Víctor Fernández, beneficiario de las medidas y además Coordinador del MADJ.

La decisión de la CIDH confirma el contexto de riesgo que afecta a numerosos defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. En efecto, Margaret Sekaggya, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, manifestó que “ciertas categorías de defensores de derechos humanos se encuentran particularmente en situación de riesgo en Honduras, incluidas las comunidades indígenas y afro-hondureñas, así como aquellas que trabajan en temas relacionados con el medio ambiente y derecho a la tierra”.

En similar sentido se pronunció recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar al Estado hondureño por el asesinato del ambientalista Carlos Luna López. En esta oportunidad, la Corte ordenó la implementación de una política pública para la protección de los defensores de derechos humanos.

Marcia Aguiluz, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México destacó que “el Estado de Honduras debe atender a los diversos llamados internacionales y tomar acciones inmediatas para minimizar el riesgo que afecta a los defensores y las defensoras en el país. CEJIL hace un llamado a las autoridades para que implementen las medidas de protección específicas para proteger a los ambientalistas, a su vez, les exhortamos a crear e implementar la política pública que fuera ordenada por la Corte Interamericana.”

CIDH y ONU condenan traslado forzoso de Djamel Ameziane de Guantánamo a Argelia

Ameziane es el primer detenido en la historia de Guantánamo protegido por un organismo internacional

Washington, DC, jueves, 19 de diciembre de 2013.- Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente el traslado forzoso de Djamel Ameziane de Guantánamo a Argelia en contravención de medidas cautelares ordenadas en su favor.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional representa a Ameziane, cuyo caso fue el primero en ser admitido ante un órgano internacional de derechos humanos.

Jue, 19/12/2013

Aniversario de GuantánamoWashington, DC, jueves, 19 de diciembre de 2013.- Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente el traslado forzoso de Djamel Ameziane de Guantánamo a Argelia en contravención de medidas cautelares ordenadas en su favor.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional representa a Ameziane, cuyo caso fue el primero en ser admitido ante un órgano internacional de derechos humanos.

“En 2008, cuando solicitamos protección internacional para Djamel Ameziane, la Comisión emitió medidas cautelares que prohíben su traslado a Argelia, donde estaría en riesgo de sufrir tortura o persecución”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Frente al retorno forzado de nuestro cliente, hoy la Comisión Interamericana ha dejado claro que Estados Unidos tiene que rendir cuentas por su flagrante violación del derecho internacional”.

El 5 de diciembre de 2013, el gobierno de Estados Unidos anunció el traslado forzoso de Djamel Ameziane de Guantánamo al gobierno argelino, esto a pesar de su temor bien fundado de persecución o tortura en su país natal.

Desde el 2008, cuando CEJIL solicitó protección internacional para Ameziane, la Comisión Interamericana había ordenado que el Estado no lo traslade a Argelia, donde está en riesgo de tortura o persecución, a través de las medidas cautelares emitidas a su favor. Estados Unidos ha violado deliberadamente estas medidas.

CEJIL, junto con el Center for Constitutional Rights (CCR), lograron presentar su petición cinco años atrás y, en 2012, Djamel Ameziane se convirtió en el primer detenido de Guantánamo cuyo caso fue admitido por un órgano internacional.

La CIDH enfatizó, en su comunicado: “la transferencia forzada de Djamel Ameziane a Argelia es violatoria del principio de non-refoulement, el cual prohíbe las transferencias y deportaciones de personas a países donde corran el riesgo de ser torturados. Asimismo, con esta transferencia Estados Unidos desatendió las medidas cautelares 211/08 y 259/02 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”

En un comunicado conjunto, los relatores especiales de Naciones Unidas sobre tortura y contra-terrorismo expresaron profunda preocupación “que la vida del Sr. Ameziane podría estar en peligro en Argelia” y condenaron la violación de las obligaciones de EE.UU. de no-devolución – no devolver a las personas a lugares donde sus vidas o el goce de sus derechos humanos podrían estar amenazados.

Más información

Estado mexicano reconoce responsabilidad por desaparición forzada del Sr. Faustino Jiménez

  • Segob y el estado de Guerrero ofrecen una disculpa a los familiares en nombre del Estado mexicano
  • El Estado se comprometió a esclarecer los hechos y sancionar a la totalidad de los responsables

México, Distrito Federal y San José, Costa Rica, 19 de diciembre de 2013. Este jueves  19 de diciembre, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la desaparición forzada del señor Faustino Jiménez Álvarez, ocurrida en el año 2001.

El citado reconocimiento es uno de los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa que fue firmado entre las autoridades, los familiares del señor Jiménez y las organizaciones representantes el día 27 de septiembre de 2012.

Mié, 18/12/2013

Acto de Reconocimiento Faustino MX

  • Segob y el estado de Guerrero ofrecen una disculpa a los familiares en nombre del Estado mexicano
  • El Estado se comprometió a esclarecer los hechos y sancionar a la totalidad de los responsables

México, Distrito Federal y San José, Costa Rica, 19 de diciembre de 2013. Este jueves  19 de diciembre, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la desaparición forzada del señor Faustino Jiménez Álvarez, ocurrida en el año 2001.

El citado reconocimiento es uno de los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa que fue firmado entre las autoridades, los familiares del señor Jiménez y las organizaciones representantes el día 27 de septiembre de 2012.

En el acto que se llevó a cabo en la ciudad de Chilpancingo, participaron los familiares del señor Jiménez, su esposa Enedina Cervantes y sus hijos Ricardo y Julieta; así como diversos funcionarios federales y estatales. El Procurador General de Justicia del Estado y la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pidieron disculpas a los familiares en representación del Estado mexicano.

La desaparición del señor Jiménez ocurrió el día 17 de junio de 2001, cuando cinco miembros de la Policía Judicial del Estado de Guerrero ingresaron de forma violenta al domicilio de la víctima, amenazaron con matar a su esposa y demás familiares, y posteriormente se lo llevaron y desaparecieron. El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y declarado admisible el 8 de abril de 2007.

Ante el reconocimiento de responsabilidad, la Sra. Enedina Cervantes, esposa de Faustino Jiménez y madre de sus dos hijos, expresó que “las autoridades están obligadas a esclarecer plenamente la desaparición de Faustino, mi prioridad es conocer la verdad y que se haga justicia”. Ella destacó que “este acto de reconocimiento es un comienzo, no un fin: debe servir para despejar el camino hacia la sanción a los responsables”.

Enedina pidió que “el gobierno haga lo posible para que no haya más desapariciones y muertes, para que no haya más familias como nosotras”. Asimismo, responsabilizó al Estado ante cualquier situación que atente contra la integridad de ella y de su familia.

Por su parte, la Subsecretaria de Derechos Humanos, la Mtra. Lía Limón García, recalcó el compromiso del Estado de cumplir plenamente el acuerdo de solución amistosa, lo cual incluye la obligación de investigar y sancionar a la totalidad de los responsables de la desaparición de la víctima.

El caso de Faustino Jiménez es representado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Ante la gravedad de los hechos y los 12 años que han transcurrido desde la desaparición del Sr. Jiménez, el Director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín, recordó que el presente reconocimiento  “es producto de la incansable búsqueda de justicia de parte de la señora Enedina Cervantes y debe servir como ejemplo de que la sociedad mexicana no aceptará más impunidad por el grave delito de desaparición forzada, crimen que sigue afectando a un sinnúmero de familias mexicanas”.

“Recordemos que estamos en Guerrero, un estado donde han sido documentados numerosos casos de desaparición forzada, iniciadas en los años sesenta y continuadas hasta hoy. Recordemos que estamos en México, donde en el contexto del crimen organizado han sido cometidas numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares”, puntualizó Marroquín.

Finalmente, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL destacó la importancia del reconocimiento hecho por el Estado mexicano e instó a las autoridades a continuar con el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa hasta lograr la identificación, juzgamiento y sanción de todos los responsables de la desaparición de Faustino Jiménez.

ONGs se suman al pronunciamiento de la Coalición por cierre de Fundación Pachamama

  • Suman más de 9,000 las firmas contra el cierre de Pachamama ordenado por el gobierno de Ecuador

Costa Rica, lunes 9 de diciembre del 2013. Las organizaciones firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas que trabajamos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como otras organizaciones aliadas, mostramos nuestra preocupación y rechazo frente al cierre arbitrario de la Fundación Pachamama por parte del gobierno ecuatoriano.

Este pronunciamiento se suma a los de otras numerosas organizaciones, y a más de 9,000 personas en todo el mundo que han firmado la petición de Avaaz en rechazo a la medida del gobierno ecuatoriano.

Jue, 05/12/2013

CIERRE ARBITRARIO DE FUNDACIÓN PACHAMAMA EN ECUADOR PREOCUPA A COALICIÓN

Costa Rica, lunes 9 de diciembre del 2013. Las organizaciones firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas que trabajamos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como otras organizaciones aliadas, mostramos nuestra preocupación y rechazo frente al cierre arbitrario de la Fundación Pachamama por parte del gobierno ecuatoriano.

Este pronunciamiento se suma a los de otras numerosas organizaciones, y a más de 9,000 personas en todo el mundo que han firmado la petición de Avaaz en rechazo a la medida del gobierno ecuatoriano.

El 4 de diciembre de 2013, la Policía se presentó en las oficinas de la Fundación Pachamama en la ciudad de Quito, y procedió a clausurar las instalaciones de la organización, informando en ese mismo instante de una Resolución del Ministerio de Ambiente que decide disolver la organización.

La decisión se tomó de manera arbitraria, en tan sólo un día, y sin seguir las reglas mínimas del debido proceso legal.

El Ministerio invocó el artículo 26 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, conocido como Decreto 16, por el que se prevé como causal de disolución “desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida la organización”, y “dedicarse a actividades de política partidista (…), de injerencia en políticas públicas que atente contra la seguridad interna o externa del Estado, que afecten la paz pública”.

El Ministerio de Ambiente señala que dichas causales aplican a la Fundación Pachamama, por haber participado en una manifestación en contra de la XI Ronda Petrolera, en la que supuestamente habrían tenido lugar actos de agresión contra autoridades internacionales. Sin embargo, la decisión no ofrece sustento probatorio alguno. La Fundación Pachamama, que efectivamente participó en la protesta contra la XI Ronda Petrolera, ha negado categóricamente su participación en ningún acto violento, por lo que el cierre se percibe como un acto de represalia por su posición.

La emisión del Decreto 16 fue cuestionada por diversas organizaciones de la sociedad civil y actualmente enfrenta varias acciones de inconstitucionalidad, no sólo por lo cuestionable de sus disposiciones, sino también por el alto margen de discrecionalidad que deja en el tratamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Así, su aplicación al caso concreto adolece de vicios jurídicos graves. La decisión se tomó sin que hubiera un expediente administrativo abierto contra la organización, sin informar previamente a la organización de las acusaciones y darle la oportunidad de controvertirlas, y sin sustentar fáctica y probatoriamente las alegaciones.

Recordamos al Estado del Ecuador que, de acuerdo a la “Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores”, “toda persona tiene el derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y la libertades fundamentales”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que los Estados deben garantizar que los órganos competentes para el registro y disolución de organizaciones no cuenten “con un amplio margen de discrecionalidad, ni con disposiciones que tengan un lenguaje vago o ambiguo que genere el riesgo de que la norma sea interpretada para limitar el ejercicio del derecho de asociación”.

Por lo anterior, mostramos nuestra preocupación y solicitamos enérgicamente al Estado ecuatoriano que reconsidere su decisión y garantice a la brevedad que la Fundación Pachamama pueda seguir con su labor de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, con las garantías para ello.

Organizaciones firmantes:

Amazon Watch, organización internacional

Amnistía Internacional, organización internacional

Comisión Internacional de Juristas, organización internacional

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), organización regional

Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos, regional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), organización regional

Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Argentina

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Argentina

Conectas Direitos Humanos, Brasil

Servicio Paz y Justicia, (SERPAJ), Brasil

Carlos Rodríguez Mejía, defensor de derechos humanos y profesor universitario, Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia

Alianza por tus Derechos, Costa Rica

Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI, Costa Rica

Observatorio Ciudadano, Chile

Sergio Fuenzalida B., Coordinador del Programa de Derechos Humanos, Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Chile

Fernanda Carrera Toscano, Periodista, Ecuador

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeon Cañas” (IDHUCA), El Salvador

Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Estados Unidos

Washington Office on Latin America, Estados Unidos

Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia –SEDEM, Guatemala

Fundación Myrna Mack, Guatemala

Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Honduras

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C, México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., México

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC), México

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México

Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C, Litiga OLE, México

Red por los derechos de la infancia en México #REDIM, México

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua

Movimiento Autónomo de Mujeres –MAM, Nicaragua

AGORA Espacio Civil, Paraguay

Tierra Viva, Paraguay

Servicio Paz y Justicia, (SERPAJ), Paraguay

Asociación de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC), Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Centro de Derechos y Desarrollo, CEDAL, Perú

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Perú

Comisión de Justicia Social de la diócesis de Chimbote, Perú.

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Perú

Instituto Promoviendo Desarrollo Social, Perú

Paz y Esperanza, Perú

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, capítulo peruano, Perú

Acción Solidaria en VIDH/Sida, Venezuela

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela

CIVILIS Derechos Humanos, Venezuela

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Espacio Público, Venezuela

Laboratorio de Paz de Caracas, Venezuela

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil, Venezuela

 

Estado Ecuatoriano realiza acto de disculpas públicas sin acuerdo de Sarayaku

Sarayaku, Quito y Washington D.C, 25 de noviembre de 2013. El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, y sus representantes, el abogado Mario Melo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresan su rechazo frente al acto unilateral de disculpas públicas realizado el 14 de noviembre de 2013, a través de un video difundido en cadena nacional por el ex Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, Lenin Lara Rivadeneira.

Por la modalidad y contenido del acto, el mismo no cumple con su finalidad reparadora, e incurre en imprecisiones y afirmaciones que generan el efecto contrario. 

Lun, 25/11/2013

Conferencia de prensa SarayakuSarayaku, Quito y Washington D.C, 25 de noviembre de 2013. El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, y sus representantes, el abogado Mario Melo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresan su rechazo frente al acto unilateral de disculpas públicas realizado el 14 de noviembre de 2013, a través de un video difundido en cadena nacional por el ex Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, Lenin Lara Rivadeneira.

Por la modalidad y contenido del acto, el mismo no cumple con su finalidad reparadora, e incurre en imprecisiones y afirmaciones que generan el efecto contrario.

De acuerdo con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de junio de 2012, el Estado debía realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones en perjuicio de Sarayaku. El Tribunal dispuso que el lugar y modalidades del acto debían ser consultados y acordados previamente con el Pueblo, realizado en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado y de los miembros del Pueblo, en idiomas kichwa y castellano y ser ampliamente difundido en los medios de comunicación. En otros casos relativos a pueblos indígenas, la Corte ha reiterado que el acto debe “tomar en cuenta las tradiciones y costumbres de los miembros de la Comunidad”.

Desde la emisión de la Sentencia, Sarayaku solicitó al Estado que el Presidente Correa, junto con otras altas autoridades de gobierno, fuera a su territorio para realizar el acto de reconocimiento, ya que esa sería la modalidad más reparadora.

Ante la negativa del Presidente, y dada la falta de acuerdo entre las partes, la Corte Interamericana solicitó a las partes el 5 de septiembre de 2013, “realizar sus mejores esfuerzos para alcanzar, a la brevedad y de buena fe, un acuerdo sobre los términos y modalidades del acto de reconocimiento de responsabilidad”.

El Ministerio de Justicia envió un oficio a Sarayaku el 30 de octubre de 2013, informando que estaba gestionando la “transmisión” de las disculpas públicas, sin embargo el Pueblo no puedo responder por problemas de internet en el territorio y por falta de tiempo para debatir la propuesta con su Consejo de Gobierno, de acuerdo a su organización interna.

A pesar de lo anterior, el ex Ministro de Justicia emitió el 14 de noviembre un video de manera unilateral, no consensuada con Sarayaku, presentando las disculpas públicas. El mismo señala que el acto se realiza “ante la negativa del Pueblo de Sarayaku de coordinar las disculpas públicas en su territorio”. Además, traslada la responsabilidad estatal a gobiernos anteriores, y señala que “varios periodistas y líderes indígenas manipulan y politizan los hechos con el claro objetivo de engañar a la opinión pública e imputar al gobierno actual la responsabilidad de la vulneración de sus derechos”.

En ese sentido, la Corte Interamericana imputó al Estado ecuatoriano responsabilidad internacional por violaciones a los derechos a la propiedad, cultura, vida e integridad personal de Sarayaku, además de su derecho de acceso a la justicia. Al respecto, la Corte no distinguió el gobierno responsable de las violaciones, dado que de acuerdo al derecho internacional es el Estado, en su conjunto, el responsable por violaciones a los derechos humanos contrarias a sus obligaciones internacionales.

En el presente caso, si bien las violaciones se originaron a partir del 1996, las mismas no fueron subsanadas por gobiernos posteriores. En ese sentido, la Comisión Interamericana emitió un informe de fondo el 18 de diciembre de 2009, bajo el gobierno del Presidente Correa, determinando que Ecuador era responsable por las violaciones en perjuicio de Sarayaku, y dictando una serie de reparaciones, que no fueron cumplidas por el Estado, por lo que el caso llegó a conocimiento de la Corte Interamericana.

De manera adicional, el ex Ministro Lara incurre en error al afirmar que el Estado integró $1,400.000 al Fondo de Asistencia Legal de la Corte Interamericana y a CEJIL, en concepto de costas y gastos. Según lo decretado por la Corte, el Estado debía integrar al citado Fondo la cantidad de $6,344.62, y a CEJIL la cantidad de $18,000, la cual fue recibida por dicha organización el 19 de octubre de 2012.

Finalmente, hasta la fecha el Estado no ha cumplido con los compromisos asumidos en una reunión conjunta el 1 de agosto de 2013, y no ha avanzado en el retiro de los explosivos del territorio de Sarayaku. Hasta la fecha, el Estado tan sólo ha extraído unos 17 kgs de los 150 kgs de pentolita superficial, y no ha extraído nada en relación a los 1433 kgs aún enterrados en el territorio.

Finalmente, el Estado no ha tomado acción alguna para regular el derecho a la consulta previa, libre e informada de acuerdo con los estándares internacionales, como dispone la Sentencia. La Corte ordenó que esa medida sea cumplida en un plazo razonable. Un año y cuatro meses más tarde, el Estado no ha hecho ningún esfuerzo por definir un nuevo marco jurídico nacional para el ejercicio de la consulta previa. Ello pese a que en ese lapso ha convocado una nueva ronda de licitaciones petroleras que afecta a siete nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, incluyendo la nacionalidad Kichwa a la que pertenece Sarayaku. Este incumplimiento provoca un severo riesgo de que las violaciones de derechos humanos que provocaron la condena al Estado del Ecuador se vuelvan a repetir.

Ver acto de disculpas públicas:

http://www.youtube.com/watch?v=JX9icQcjJ28

Informe Preliminar de la Misión de Observación Internacional de la situación de los derechos humanos en Paraguay

Mié, 20/11/2013

Informe Preliminar de la Misión de Observación Internacional de la situación de los derechos humanos en Paraguay


1. Entre los días 11 y 14 de noviembre de 2013, un grupo de 43 representantes de organizaciones, redes e instituciones de Suecia, EEUU, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay[1], desarrollamos una Misión de Observación Internacional con el objetivo de relevar la situación de los derechos humanos de los/as campesinos/as e indígenas de los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, San Pedro y Canindeyú, en el marco de la implementación de la Ley Nº 1337 De Defensa Nacional y Seguridad Interna.

2. Las organizaciones, redes e instituciones participantes en la Misión, nos identificamos con la noviolencia y manifestamos nuestro profundo rechazo al uso de la fuerza en cualquiera de sus manifestaciones, con especial énfasis en la violencia armada.

3. Este informe presenta algunas consideraciones preliminares recogidas durante el desarrollo de la Misión. Los y las representantes, instamos al Estado paraguayo, a través de sus diferentes organismos, a garantizar la protección de las personas que han dado relatos y testimonios a las y los integrantes de la Misión, así como a abstenerse de someterles a represalias por ello.

4. Para el desarrollo de la Misión, los y las representantes visitamos la comunidad indígena Sawhoyamaxa, cuyas tierras ancestrales se encuentran ubicadas en el km 370 de la ruta que une Pozo Colorado con Concepción, departamento de Presidente Hayes; nos reunimos en el distrito de Horqueta con organizaciones sociales y campesinas del departamento de Concepción y con familiares de personas judicializadas en el distrito de Tacuatí, comunidad Tacuatí Poty, departamento de San Pedro; nos reunimos con la Comisión de Víctimas y con familiares de víctimas de la Masacre de Marina Cue, distrito de Curuguaty, departamento de Canindejú. También nos entrevistamos con autoridades locales: Presidente y Concejales de la Junta Departamental de Concepción; Vicario General de la Diócesis de Concepción y Amambay y Coordinador General de la Pastoral Social de la Diócesis de Concepción y Amambay, y Juez Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguara’y. Asimismo, con autoridades nacionales: Viceministro del Interior, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidenta, Vicepresidenta e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y Senadores/as integrantes de diferentes bancadas políticas; Presidenta y Comisionados/as del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). La Misión también se reunió con integrantes de la Mesa Memoria Histórica y visitó a personas privadas de libertad en la cárcel de Tacumbú.

5. La Misión observa con especial preocupación la precariedad e irregularidad de la institucionalidad estatal en materia de derechos humanos, de lo cual es un ejemplo la Defensoría del Pueblo. El titular de esta institución permanece en el cargo a pesar de que su mandato venció en 2008, y ha tenido varios cuestionamientos por parte de organizaciones de víctimas de la dictadura y de derechos humanos.

6. La Misión  ha constatado que, con el argumento de la persecución al enemigo interno (EPP),  desde el primer estado de excepción decretado en 2010, el Estado paraguayo ha profundizado sus prácticas represivas, a través de la asignación de funciones de seguridad interna a los cuerpos militares;  la ampliación territorial de los procedimientos represivos; el creciente uso de la violencia física y simbólica y la aprobación de normas legales que disminuyen las garantías. Observamos que, lejos de llevar la seguridad a los departamentos militarizados, lo que se produce es la desarticulación del tejido social, el debilitamiento de los vínculos comunitarios y de las propias organizaciones sociales, a través del amedrentamiento constante.

7. Hemos recibido información y expresiones de fuerte rechazo ante la concentración de la tierra y la masiva implementación del modelo sojero que conlleva el uso de agrotóxicos que afectan la salud de las personas y el ambiente. A pesar de esto, el Estado asocia las reivindicaciones por el acceso a la tierra y por un ambiente sano a una problemática de seguridad interna que legitima abusos de autoridad y la instalación de un estado de excepción permanente.

8. Como resultado de ello, familias enteras se encuentran sin condiciones mínimas para desarrollar una vida digna. El despojo que sufren trasciende el aspecto territorial y se traduce en la vulneración integral de sus derechos, su cultura y formas de vida.

9. La Misión observó altos niveles de pobreza e indigencia en la región visitada. Gran parte de la población no tiene acceso a derechos básicos como vivienda, trabajo, salud, saneamiento, agua potable. Las personas entrevistadas reclaman la presencia estatal en la garantía de sus derechos económicos, sociales y culturales pero sin embargo el Estado se hace presente mediante la militarización que, lejos de proporcionar seguridad, es fuente de represión y miedo.

10. La Misión observó una altísima vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente el derecho al territorio. Adicionalmente, son discriminados/as, aun en los pocos casos en que reciben una precaria atención  en salud y educación. En el caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, el Estado paraguayo sigue incumpliendo la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado a restituirle sus tierras ancestrales, entre otras exigencias.

11. El Estado paraguayo no tiene el monopolio de la fuerza; por el contrario, la Misión recibió relatos sobre la presencia de grupos paramilitares constituidos para la defensa de los intereses del sector agroexportador, así como otros vinculados al narcotráfico. Estos grupos que serían responsables de asesinatos de campesinos e indígenas, operarían criminalmente en connivencia con miembros de la fuerza pública.


12. Los testimonios recabados, tanto de ciudadanos/as como de autoridades, evidencian una Justicia inoperante, que desarrolla actuaciones judiciales con abierto desapego al debido proceso y deja en absoluta impunidad las violaciones de los derechos humanos. Más aun, la Justicia opera como un instrumento de agresión a los defensores y defensoras de derechos humanos, los líderes campesinos, educadores, comunicadores, profesionales de la salud, quienes son judicializados/as sin fundamento.

 

13. Hemos cotejado, a través de la observación y el testimonio de pobladores, pobladoras, autoridades locales, regionales y nacionales, patrones de violaciones a derechos humanos fundamentales como:

I.            el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica a través de ejecuciones extrajudiciales; tortura, tratos crueles e inhumanos; amenazas de procesamientos y vinculaciones con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP);
II.            el acceso a la justicia, pues tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial, antes que representar garantías de un juicio justo e imparcial, se constituyen en una amenaza y fuente de inseguridad, ya que se caracterizan por la irregularidad de sus intervenciones y el incumplimiento de sentencias internacionales;
III.            el derecho a la libertad y la seguridad personal, a través de detenciones ilegales y arbitrarias sin que sean fundamentadas debidamente las causas de detención y/o prisión en indicios ciertos de hechos punibles;
IV.            el acceso a la salud y a la educación, pues las zonas visitadas carecen de centros sanitarios y educativos capaces de satisfacer las necesidades básicas por carecer de infraestructuras e insumos mínimos para ello;
V.            el derecho a la asociación y a la manifestación, pues los dirigentes sociales son hostigados/as, amenazados/as y criminalizados/as por sus labores de reivindicación de derechos como el acceso a la salud, a la educación, a la tierra, vinculándoseles con el grupo ilegal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo;
VI.            los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que pese a gozar de protección diferenciada, son agredidos física y verbalmente en los operativos de desalojo y/o allanamiento, y en consecuencia presentan alto grado de trauma psicológico y ven integralmente limitado el disfrute de sus derechos (educación, protección integral, recreación, vivienda, entre otros); asimismo, recibimos testimonios que niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual sin que se les preste ningún tipo de asistencia, ni se investiguen los hechos punibles;
VII.            el derecho a una vivienda adecuada, en tanto se llevan a cabo desalojos forzosos mediante el uso desproporcionado de la fuerza y el incumplimiento de las garantías procesales que, en todos los casos, deben asegurarse en este tipo de procedimientos;
el derecho de las mujeres  y niñas a una vida libre de violencia que se ven amenazadas de sufrir violencia sexual en los operativos de desalojo, allanamiento o patrullaje por los asentamientos o las chacras; recibimos testimonios que por esta razón, al atardecer, las mujeres temen salir de sus casas.
IX.            el derecho humano de las víctimas de conocer la verdad y recibir asistencia jurídica y psíquica que les garantice procesar debidamente las situaciones traumáticas que les afectan, así como la debida reparación.

14. Con base en los antecedentes expresados, los y las representantes de la Misión
exigimos

al Poder Ejecutivo:
-           que el Presidente de la República y otras autoridades deben reconocer la importancia del trabajo que realizan las organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos, ya que las mismas hacen un aporte fundamental para avanzar en una democracia con justicia social; por ello deben abstenerse de emitir discursos y declaraciones que menoscaben y estigmaticen negativamente la labor que dichas organizaciones y personas realizan, de acuerdo a lo dispuesto en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por el Estado paraguayo;
-          el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa deben implementar mecanismos eficientes para que los integrantes de las fuerzas de seguridad actúen con base al estricto cumplimiento de los estándares legales nacionales e internacionales de protección de la vida e integridad física y psíquica de niños, niñas, adolescentes y personas adultas, absteniéndose de cometer abusos y diferentes actos de violencia física y psíquica contra ellos y ellas;
-          a través del Ministerio de Justicia y Trabajo, debe impulsar una reforma integral del sistema penitenciario, orientada al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y al impulso de un modelo de rehabilitación y reinserción social;
-          dar cumplimiento sin dilación, a las medidas políticas de asistencia en salud, educación y otras, previstas en la  Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006 para la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa.

al Poder Legislativo:

-          derogar las modificaciones recientemente realizadas a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna que consolidan la militarización de la seguridad interna y crean las condiciones para la profundización del patrón represivo desde el Estado;
-          aprobar la expropiación de las tierras ancestrales pertenecientes a la comunidad indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet, para dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006, que obliga al Estado paraguayo a su restitución;
-          elegir un nuevo Defensor del Pueblo, asegurando que el proceso de selección se realice con base a los principios de celeridad, transparencia y participación, en la línea de las observaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; asimismo, el Parlamento debe prestar particular atención en que los criterios de selección se funden en la idoneidad y profesionalidad adecuadas para el cargo;
-          derogar las modificaciones al Código Procesal Penal que facilitan la violación del debido proceso y la impunidad de los perpetradores de abusos de poder;
-          abstenerse de aprobar leyes que restrinjan la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva;
-          remitir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados los antecedentes de Jueces y Fiscales que apliquen procedimientos que violan garantías del debido proceso.

a la Corte Suprema de Justicia:
-          instar a Jueces de Garantías que velen por el accionar adecuado de los Agentes Fiscales y actúen con la debida diligencia;
-          instar a los jueces que apliquen los estándares de derechos humanos y control de convencionalidad en sus sentencias y resoluciones;
-          ejercer el control jurisdiccional sobre la regularidad de las imputaciones fiscales presentadas en el contexto de la militarización.

a la Fiscalía General del Estado:
-          ejercer el control de los procedimientos ejecutados por los Agentes Fiscales, a fin de asegurar que se realicen garantizando la vida y la integridad de niñas, niños, adolescentes y personas adultas que son afectadas por dichos procedimientos;
-          ejercer control sobre las actuaciones de los Agentes Fiscales para que actúen según el principio de objetividad en todas las investigaciones que realicen;
-          investigar administrativamente las irregularidades de las actuaciones de los Agentes Fiscales de manera a evitar la impunidad de los patrones de abusos en los contextos de detenciones, allanamientos y desalojos;
-          investigar eficazmente y con celeridad los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ya denunciados y que siguen ocurriendo de forma sistemática.

a todo el Estado paraguayo:
- asegurar el cumplimiento efectivo y oportuno de las sentencias y recomendaciones formuladas por los organismos internacionales de protección de derechos humanos.

15. Instamos a la ciudadanía y a las organizaciones sociales del Paraguay a documentar las violaciones de derechos humanos, a monitorear y mantenerse vigilantes en su cumplimiento efectivo e irrestricto.
16. Las y los integrantes de la Misión agradecemos la cordialidad y la disposición al diálogo por parte de pobladores, pobladoras, comunidades, organizaciones  y redes sociales, autoridades locales y nacionales y destacamos el compromiso de defensores y defensoras de derechos humanos de Paraguay, que en situaciones adversas persisten en la construcción de un país más justo desde la opción de la no violencia activa.
Asunción, 14 de noviembre de 2013.


[1] Diakonia, Centro Cooperativo Sueco, Fellowship of Reconciliation USA (FOR USA), Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Jubileo Sur/Américas, Servicio Paz y Justicia en América Latina ( SERPAJ – AL); Servicio Paz y Justicia Argentina (SERPAJ Ar), Servicio Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ Uy), Corporación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ Chile); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Instituto Espacio y Memoria (IEM); Latinamerican Working Group; Coordinadora Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ Py); Coordinación de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY); Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI); Base Investigaciones Sociales (Base IS); Coordinadora Ykua Bolaños; Callescuela; FCPA; DECIDAMOS Campaña por la expresión ciudadana; Tierraviva; Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA); Articulación Curuguaty; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Federación Nacional Campesina (FNC); Mesa Memoria Histórica; Fundación Andrés Rivarola (FUNDAR); Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM); CLADEM Paraguay; Sobrevivencia; Demoinfo; Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG); La Comuna; Mesa de los Derechos Humanos y de las Memorias Históricas del departamento de Concepción; Coordinación de Mujeres del Paraguay.

 

Apatridia en la República Dominicana: La decisión de la Corte Constitucional y mas allá

El Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) organizarán un panel sobre la reciente decisión de la Corte Constitucional de la República Dominicana, la cual despoja de forma retroactiva a tres generaciones de Dominicanos de su nacionalidad.
Jue, 31/10/2013 - 12:00 - 13:30
The George Washington Law School 2000 H Street NW
Washington DC
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