CEJIL y otras organizaciones

Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género: Costa Rica, Honduras y Nicaragua

Esta publicación es un diagnóstico sobre los crímenes de odio contra personas de las comunidades lésbicas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex (LGBTI) en Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

El estudio que presentamos consta inicialmente de un glosario de definiciones, posteriormente se introducen algunas consideraciones sobre el concepto de crímenes de odio y sus antecedentes, así como los antecedentes de derecho internacional a tener en cuenta en relación con el tema. Finalmente se incluyen los tres diagnósticos efectuados.


Tipo de publicación: Libros e informes
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Fecha Publicación: 2013
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Coalición de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas expresa su preocupación por actos de violencia en Venezuela

Pronunciamiento de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestro rechazo a los actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela en las últimas dos semanas, que han resultado en la muerte de al menos ocho (8) personas.

Lun, 24/02/2014

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestro rechazo a los actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela en las últimas dos semanas, que han resultado en la muerte de al menos ocho (8) personas.

Ante este escenario, el Estado venezolano debe llevar a cabo investigaciones de oficio, independientes, imparciales y efectivas, para el esclarecimiento de los hechos violentos, independientemente si fueron perpetrados por participantes en las protestas, grupos armados civiles o si ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales o militares venezolanos. Es importante recordar que los cuerpos de seguridad de un Estado deben encarar las situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos. El uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de funcionarios del Estado debe ser excepcional y estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad.

El Estado debe garantizar la labor de defensa, denuncia y promoción de los defensores y defensoras de derechos humanos. En este sentido queremos expresar nuestra preocupación por los señalamientos y hostigamientos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que se han dado a conocer en las últimas semanas.

Es fundamental que en virtud de las normas de derecho internacional y de derecho constitucional que se encuentran vigentes en el país, el Estado venezolano garantice el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, a la manifestación pacífica, el acceso a la información, libertad de expresión, y que cualquier actuación para mantener el orden público se realice con pleno respeto a los derechos humanos.

Firmantes:

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

Amnistía Internacional

Global Rights - Partners for Justice

ORGANIZACIONES REGIONALES:

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)

POR PAIS

Argentina:

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

CLADEM Argentina

Bolivia:

CLADEM Bolivia

Oficina Jurídica Para la Mujer de Cochabamba

Brasil:

Associação Juízes para a Democracia (AJD)

Conectas Direitos Humanos

Grupo Tortura Nunca Mais Rio de Janeiro

Chile:

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas

Colombia:

Comisión Colombiana de Juristas

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Costa Rica:

Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI)

Ecuador:

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Guatemala:

Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos  (UDEFEGUA)

Honduras:

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)

México:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDHEM)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)

CLADEM  México

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.

La Red por los derechos de la infancia en México (REDIM)

Nicaragua:

Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)

CLADEM Nicaragua

Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM)

Panamá:

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)

Paraguay:

AGORA Espacio Civil Paraguay

Perú:

Asociación Paz y Esperanza

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH)

Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

Instituto Runa

República Dominicana:

Fundación Étnica Integral (LA FEI)

Uruguay:

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

Venezuela:

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Espacio Público

Organizaciones de la Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala no miembros de la Coalición que acompañan este comunicado:

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

El Refugio de la Niñez

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Perú debe respetar sus obligaciones internacionales frente a solicitud de revisión de condena de Fujimori

San José, Costa Rica y Washington D.C. 24 de febrero de 2014, El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), mostramos nuestra preocupación frente al anuncio de la defensa de Alberto Fujimori de presentar un recurso de revisión de su condena por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los casos de Barrios Altos y Cantuta, y las declaraciones públicas emitidas posteriormente por un Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema que conocería el recurso de revisión.

 

Lun, 24/02/2014

Comunicado Revisión de Sentencia Fujimori. VíctimasSan José, Costa Rica y Washington D.C. 24 de febrero de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), mostramos nuestra preocupación frente al anuncio de la defensa de Alberto Fujimori de presentar un recurso de revisión de su condena por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los casos de Barrios Altos y Cantuta, y las declaraciones públicas emitidas posteriormente por un Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema que conocería el recurso de revisión.

El abogado del ex mandatario ha anunciado la presentación de un recurso de revisión de la condena contra su patrocinado, alegando que la Corte Suprema de Chile no concedió la extradición por crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, el 15 de febrero de 2014, Javier Villa Stein, Presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema que conocería el recurso de revisión, señaló que “nunca he sido ni soy fujimorista. Lo que pasa es que no me he sumado a la ‘caviarada’ que, después de haber trabajado con Fujimori, lo persiguieron para desmarcarse”. A su vez, Villa Stein dijo en declaraciones a la radio que “da razón” al planteamiento de que Fujimori no fue extraditado para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, recordamos que el 7 de abril de 2009 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia impuso a Alberto Fujimori una condena de 25 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, lesiones graves y secuestro agravado. Si bien la Sala calificó los crímenes como de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional, la condena fue impuesta por delitos incluidos por la Corte Suprema chilena al conceder la extradición. En diciembre de 2009 la decisión fue ratificada por la Corte Suprema peruana y por tanto es una decisión firme.

“El proceso penal contra el ex mandatario fue calificado por la comunidad internacional como ejemplar por haberse llevado a cabo de manera justa, imparcial y en pleno respeto al debido proceso y los derechos del acusado”, anotó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, para quien “la condena constituyó un paso determinante dentro y fuera de las fronteras del Perú en la lucha contra la impunidad”.

Posteriormente, las condenas contra Fujimori y otros procesados por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos han sido objeto de pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte de la supervisión de la obligación del Perú de investigar y procesar a todos los responsables de tales violaciones.

En ese sentido, el 7 de septiembre de 2012, la Corte emitió una resolución en el caso Barrios Altos en la que analizó la decisión de la Sala de la Corte Suprema, también presidida por el Magistrado Villa Stein, que decretó una rebaja de penas para integrantes del denominado “grupo Colina” condenados por los crímenes de Barrios Altos. La Corte declaró que dicha decisión era contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte Suprema del Perú revocó la decisión. La Corte IDH reiteró la obligación del Perú de remover “todo obstáculo que impida la investigación y juzgamiento de los hechos y, en su caso, la sanción de todos responsables”. Según la Corte, “un procesamiento que se desarrolla hasta su conclusión y cumpla su cometido es la señal más clara de no tolerancia a las graves violaciones a los derechos humanos, contribuye a la reparación de las víctimas y muestra a la sociedad que se ha hecho justicia”.

En el caso citado, la Corte también se pronunció sobre la garantía de imparcialidad necesaria en el conocimiento de este tipo de asuntos, señalando que las autoridades estatales deben asegurar que el juez que interviene en el proceso actúe careciendo de todo prejuicio y, asimismo, “ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto a la ausencia de imparcialidad”.

Tales pronunciamientos son aplicables frente a una eventual revisión de la condena contra Fujimori. Es por ello que en palabras de Jo-Marie Burt, Asesora Principal de WOLA, “CEJIL y WOLA hacemos un llamado a las autoridades peruanas para que cualquier recurso judicial que cuestione la condena contra Fujimori sea considerado en el marco de las obligaciones internacionales del Perú, y en apego a los principios de imparcialidad y debido proceso para todas las partes”.

Contacto de prensa:

CEJIL:

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

 

WOLA:

Jessamine Bartley-Matthews

Communications Assistant, WOLA

Tel: +1 (202) 797-2171

Cell: +1 (610) 719-7990

press@wola.org

 

Organizaciones internacionales llaman a respetar el estado de derecho e instan a realizar procesos transparentes en las comisiones de postulación

Ciudad de Guatemala, 12 de febrero del 2014. Representantes de diversas organizaciones regionales e internacionales manifestamos nuestra preocupación ante hechos recientes que afectan la institucionalidad del Ministerio Público e instamos a que se respeten los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad y  representatividad en los procesos de elección de miembros de diversos órganos que conforman la administración de justicia.

Mié, 12/02/2014

Conferencia de Prensa sobre Fiscalía General y Estado de Derecho en GuatemalaCiudad de Guatemala, 12 de febrero del 2014. Representantes de diversas organizaciones regionales e internacionales manifestamos nuestra preocupación ante hechos recientes que afectan la institucionalidad del Ministerio Público e instamos a que se respeten los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad y  representatividad en los procesos de elección de miembros de diversos órganos que conforman la administración de justicia.

Somos organizaciones que hemos apoyado las luchas por garantizar y respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala a través de diversos procesos desde hace muchos años. En virtud de que en el presente año se renovarán importantes cargos del sistema de administración de justicia en el país, las organizaciones firmantes manifestamos nuestra intención de apoyar todos los esfuerzos para que los procesos de nombramiento de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones se realicen de conformidad con los estándares internacionales. En tal sentido, realizamos las siguientes declaraciones:

  1. Lamentamos la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) que –mediante un amparo provisional- reduce indebidamente el periodo de nombramiento de la actual Fiscal General Claudia Paz y Paz. Esta decisión amenaza la independencia del Ministerio Público y constituye una afectación a su institucionalidad. Por ello, instamos respetuosamente a la CC a reconsiderar su decisión provisional y mantener el mandato de la Fiscal General según fue establecido en su acuerdo de nombramiento.
  2. Reconocemos los cambios que ha impulsado la Fiscal General Claudia Paz y Paz en los últimos años, gracias a los cuales se han mejorado las prácticas de investigación y la gestión institucional, teniendo como consecuencia una reducción de la impunidad en aproximadamente un 30%. El o la próxima Fiscal General debe comprometerse públicamente a consolidar estos logros y garantizar que no hayan retrocesos en las reformas del Ministerio Público emprendidos en los últimos años.
  3. En caso de continuarse con el proceso para nombrar el cargo de Fiscal General, es fundamental que las personas seleccionadas como candidatos cumplan con los requisitos de reconocida honorabilidad, idoneidad y capacidad profesional para ejercer el cargo, cualidades que reúne sobradamente la señora Claudia Paz y Paz.
  4. Con base en los estándares internacionales vigentes, recomendamos que en los procesos de selección de candidatos/as, las comisiones de postulación cumplan con diversos principios para garantizar la independencia, imparcialidad y autonomía de todas las personas que resulten electas, a saber:

a.Transparencia: las comisiones de postulación deben garantizar procesos transparentes en donde se establezca con claridad el perfil del cargo a elegir, los elementos a evaluar, los criterios de evaluación y la tabla de gradación respectiva.

b.Publicidad: todo el proceso de selección de candidatos/as debe ser público, así como las audiencias que se realicen a las personas que presenten sus candidaturas.

c.Participación: se debe garantizar la más amplia participación de diversos sectores de la sociedad, procurando brindar el tiempo suficiente para que toda persona interesada presente información respecto de los candidatos/as.

d. Representatividad: las comisiones de postulación deben procurar elegir personas que sean representativos de la diversidad que conforma la sociedad guatemalteca; particularmente deben considerar una adecuada representación de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra voluntad de dar seguimiento cercano a los procesos de comisiones de postulación que se estarán llevando a cabo en el presente año 2014. Aportaremos nuestras experiencias y conocimientos con el único objetivo de coadyuvar a la construcción de una democracia más solida que garantice el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación, así como se fortalezca el Estado de Derecho.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Negligencias judiciales internas en el caso Hermanos Landaeta Mejías Vs. Venezuela quedan en evidencia ante la Corte IDH

Tercer caso por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

San José, jueves 6 de febrero del 2014. Este jueves concluyó la audiencia pública del caso Hermanos Landaeta Mejías Vs. Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua  y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas pidieron que se establezca la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta.

Jue, 06/02/2014

Fotografía Caso Hermanos Landaeta Vs. VenezuelaSan José, jueves 6 de febrero del 2014. Este jueves concluyó la audiencia pública del caso Hermanos Landaeta Mejías Vs. Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua  y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas pidieron que se establezca la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta.

Los hermanos Landaeta, uno de ellos menor de edad al momento de su muerte,  fueron ejecutados extrajudicialmente en 1996, con una diferencia de un mes, en dos episodios en los que participaron agentes de la policía del estado Aragua.

Previo a dichos episodios la familia fue amenazada y acosada por agentes de seguridad del Estado. Posteriormente hubo un proceso judicial plagado de retardos injustificados y negligencias, por lo que ambas ejecuciones permanecen impunes 17 años después.

La Comisionada y Relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Ortíz,  puntualizó al inicio de la audiencia que esta no es la primera vez que la Corte IDH está llamada a conocer un caso que tiene que ver con esta situación en Venezuela. En efecto, la Corte dictó sentencias en el Caso de la Familia Barrios y el Caso de los hermanos Uzcátegui en los últimos años, ambos litigados por CEJIL, en conjunto con la organización COFAVIC.

“La fiscal encargada de la causa por la muerte del niño Eduardo José Landaeta, reconoció en audiencia las negligencias que han ocurrido en  el proceso interno. Ante ello, las organizaciones defensoras de las víctimas solicitamos a la Corte IDH que ordene se retomen las investigaciones en el menor tiempo posible”, enfatizó Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL.

Por su parte, Luis Aguilera, de la Comisión de Derechos Humanos  de Justicia y Paz del Estado Aragua, afirmó que “después de 17 años de ocurridos los hechos, finalmente el señor Ignacio Landaeta fue escuchado por un tribunal en su búsqueda por la justicia y verdad en el caso de sus hijos. Pero esto no se detiene aquí, el señor Landaeta continuará la lucha ante los tribunales venezolanos”.

Las organizaciones peticionarias solicitamos a la Corte Interamericana que se haga justicia, se otorgue una reparación integral a las víctimas y se realicen las investigaciones necesarias que contribuirán a evitar que este tipo de situaciones se repitan tanto en el estado Aragua como en otras partes de Venezuela.

Contacto de prensa:

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Corte IDH debe garantizar el derecho a la vida de personas fuera de combate, también en caso Chavín de Huántar

El derecho internacional establece la máxima garantía de protección a este derecho en cualquier circunstancia

Martes 4 de febrero del 2014. Este martes concluyó el segundo día de audiencia sobre el Caso Nicolás Cruz Sánchez y otros vs.  el Perú. CEJIL y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) del Perú, comparecieron ante la Corte IDH con el fin de establecer la responsabilidad internacional del Estado por las ejecuciones extrajudiciales  de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) quienes fueron ejecutados posterior al operativo militar Chavín de Huántar.

Mar, 04/02/2014

Fotografías Ilustrativas de la reconstrucción del operativo Chavín de HuántarMartes 4 de febrero del 2014. Este martes concluyó el segundo día de audiencia sobre el Caso Nicolás Cruz Sánchez y otros vs.  el Perú. CEJIL y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) del Perú, comparecieron ante la Corte IDH con el fin de establecer la responsabilidad internacional del Estado por las ejecuciones extrajudiciales  de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) quienes fueron ejecutados posterior al operativo militar Chavín de Huántar.

Viviana Krsticevic, Directora de CEJIL, señaló que: “la presentación de este caso ante la Corte no pretende cuestionar el derecho y la obligación del Estado de adoptar medidas para el rescate de los rehenes, las cuales pueden incluir el uso de la fuerza, siempre que se respeten los derechos humanos de los involucrados”. El caso tampoco cuestiona el Operativo Chavín de Huántar en su conjunto, ya que éste permitió la liberación de los rehenes. La presentación del caso se limita a solicitar que se establezca la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución de las tres víctimas, miembros del MRTA, luego de que estas ya habían depuesto las armas una vez concluido el operativo.

El presidente de la Corte IDH Humberto Sierra Porto, hizo hincapié al inicio de la audiencia que la competencia del tribunal no es sentar responsabilidades individuales, las cuales competen a los tribunales penales internos, sino establecer la responsabilidad internacional del Estado cuando corresponda.

Por otra parte, el presidente de la CIDH al iniciar la audiencia señaló que la Comisión llama la atención sobre la importancia de resguardar los principios de derechos humanos y del derecho humanitario aceptados por la comunidad internacional como mínimos que imponen limitaciones al uso de la fuerza, así como enfatizó que el caso presenta en efecto las garantías más básicas de las cuales son sujeto todas las personas, inclusive aquellas combatientes.

Gloria Cano, Directora Ejecutiva de Aprodeh, señaló: “no cuestionamos de manera alguna, es más, lamentamos el sufrimiento al que fueron expuestos los rehenes, en esta audiencia representados por el Magistrado Hugo Sivina Hurtado, quienes permanecieron secuestrados en manos de personas armadas que actuaban al margen de la Ley”.

Los representantes presentamos prueba que evidencia sin lugar a dudas que   Víctor Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva y Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, fueron capturados vivos,  y ejecutados después de que habían depuesto las armas. Además demostramos que estos graves hechos se mantienen en la impunidad.

Los representantes de las víctimas llamamos la atención de la Corte  por el hecho que este caso, le brinda la oportunidad al Tribunal, de desarrollar su jurisprudencia relativa a la protección de las personas  en situaciones de estados de emergencia o conflicto armado  donde estado  se vea en la necesidad de utilizar la fuerza letal.

Contacto de prensa:

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

"Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas"

Presentación del informe:

Jesús Orozco, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará el informe "Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas" en San José, Costa Rica y Ciudad de Guatemala, Guatemala este 5 y 6 de febrero respectivamente.

 

El Informe desarrolla la obligación de los Estados parte para asegurar el acceso a la justicia y las garantías que deben ofrecer a las y los operadores de justicia para lograr una actuación independiente. Además amplía los estándares de derecho internacional en la materia e identifica los obstáculos que persisten en el hemisferio.

Mar, 04/02/2014

Presentación del informe sobre independencia judicial GuatemalaJesús Orozco, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará el informe "Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en Las Américas" en San José, Costa Rica y Ciudad de Guatemala, Guatemala; este 5 y 6 de febrero respectivamente.

El Informe identifica la obligación de los Estados parte para asegurar el acceso a la justicia y las garantías que deben ofrecer a las y los operadores de justicia para lograr una actuación independiente. Además amplía los estándares de derecho internacional en la materia e identifica los obstáculos que persisten en el hemisferio.

Presentación en Costa Rica:

Miércoles 5 de febrero a las 17:30 en el Salón Multiusos en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Calle 21 San José, Costa Rica.

Expositores: Hina Jilani, ex relatora de las Naciones Unidas sobre Defensores, Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, Adriana Orocú, Presidenta  de la Asociación Costarricense de la Judicatura, José Thompson, Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Fernando Cruz representante del Poder Judicial y Marvin Carvajal, Director de la Escuela Judicial.

Presentación en Guatemala:

Jueves 6 de febrero a las 16:30 en Salón Atitlán. Hotel Westin Camino Real. 12 Calle 0-20 Guatemala.

Expositores: Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL,  Luis Arturo Archila, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Iván Velazquez Comisionado de la CICIG y Ramón Cadena, Comisión Internacinal de Juristas.

CEJIL representará víctimas de violaciones de DDHH en cuatro audiencias ante la Corte IDH

Casos de Perú, Venezuela, Colombia y El Salvador.

San José, Costa Rica; lunes 3 de febrero del 2014- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con organizaciones aliadas representará a víctimas de violaciones derechos humanos de diversas partes del continente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el marco del 102º período ordinario de sesiones de esta entidad.

Casos con audiencias públicas:

Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú: lunes 3 de febrero a las 10:00 am y martes 4 de febrero a las 9:00 am hora de Costa Rica.

Lun, 03/02/2014

Foto Ilustrativa Corte IDHSan José, Costa Rica; lunes 3 de febrero del 2014- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con organizaciones aliadas representará a víctimas de violaciones derechos humanos de diversas partes del continente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el marco del 102º período ordinario de sesiones de esta entidad.

Casos con audiencias públicas:

Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú: lunes 3 de febrero a las 10:00 am y martes 4 de febrero a las 9:00 am hora de Costa Rica.

CEJIL y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) del Perú, comparecerán ante la Corte con el fin de establecer la responsabilidad internacional del Estado por las ejecuciones extrajudiciales  de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) quienes fueron ejecutados posterior al operativo militar Chavín de Huántar.

Igualmente se refiere a la impunidad en la que hasta la fecha permanecen estos graves hechos, lo que ha generado violaciones en perjuicio de sus familiares. El referido operativo tuvo como finalidad rescatar a los rehenes que el MRTA tuvo en cautiverio en la residencia del Embajador de Japón en Lima, entre el 17 de diciembre de 1996 y el 22 de abril de 1997.

La presentación de este caso ante la Corte no pretende cuestionar el derecho y la obligación del Estado de adoptar medidas para el rescate de los rehenes, las cuales podían incluir el uso de la fuerza, siempre que se respetaran los derechos humanos de los involucrados. El caso tampoco cuestiona el Operativo Chavín de Huántar en su conjunto, ya que éste permitió la liberación de los rehenes. La presentación del caso se limita a solicitar que se establezca la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución de las tres víctimas, miembros del MRTA, luego de que estas ya habían depuesto las armas una vez concluido el operativo.

Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela: jueves 6 de febrero a las 9:00 am hora de Costa Rica.

CEJIL, la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas, en representación de la Familia Landaeta, solicitará a la Corte IDH que establezca la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta Mejías por agentes de la policía del Estado de Aragua en la República Bolivariana de Venezuela.

En 1996, con una diferencia de un mes, fueron asesinados los hermanos Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta en dos episodios en los que participaron agentes de la policía del Estado de  Aragua en la República Bolivariana de Venezuela; hechos que se remontan a una época en que existía un patrón de ejecuciones extrajudiciales en el estado de Aragua, Venezuela, cometidas por agentes de policía estadales

La muerte de Igmar Alexander fue presentada por la policía como un enfrentamiento, mientras que la ejecución de Eduardo José, quien tan sólo tenía 17 años de edad, se llevó a cabo cuando se encontraba bajo custodia policial. Ambos episodios sucedieron en el marco de un contexto más general de ejecuciones extrajudiciales al interior de Venezuela cometidas por agentes de policía estadales

Audiencias Privadas de supervisión de cumplimiento de sentencia y de medidas provisionales:

Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador: martes 4 de febrero del 2014 a las 3:00 pm hora de Costa Rica. Sentencia 20 de noviembre del 2007

CEJIL y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), en representación de las víctimas del caso, participarán de una audiencia que tendrá por objeto analizar el estado de cumplimiento de las medidas de reparación que fueron dictadas por la Corte en su sentencia, así como de las medidas de protección que se encuentran vigentes.

En lo particular, se analizará si el Estado salvadoreño ha llevado a cabo la investigación del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto, y de las amenazas y actos de hostigamiento que sufrieron sus padres José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto, por la búsqueda de justicia. Adicionalmente, se valorará lo relacionado con la atención médica que fue ordenada por la Corte a favor de dichas víctimas.

El joven Ramón Mauricio fue asesinado el 10 de junio de 1994, por parte de dos sujetos desconocidos. Su asesinato ocurre en un contexto de violencia política en el que había presencia de los llamados “escuadrones de la muerte”. Hasta la fecha ni el asesinato de Ramón Mauricio ni las posteriores amenazas sufridas por los padres de éste han sido esclarecidas, el caso permanece impune.

Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia: martes 4 de febrero del 2014 a las 5:30 pm hora de Costa Rica. Sentencia 11 de mayo del 2007

CEJIL y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), en representación de las víctimas del caso La Rochela y de las beneficiarias de medidas provisionales, participarán en una audiencia de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia emitida por la Corte IDH en el 2007, así como sobre las medidas de protección otorgadas por el Tribunal en el año 2009.

En enero de 1989 un grupo paramilitar secuestró en la comunidad de La Rochela a una comisión de 15 funcionarios judiciales que investigaba la responsabilidad de civiles y militares en varias masacres cometidas en la zona del Magdalena Medio. Los paramilitares dispararon al grupo, asesinaron a 12 personas e hirieron a otras tres. En esta ocasión se analizará la impunidad existente respecto a las violaciones cometidas contra las víctimas y sus familiares, así como la situación de riesgo grave que todavía persiste en relación a las personas que tratan de impulsar las investigaciones contra los autores materiales e intelectuales, entre los que están miembros de grupos paramilitares así como de la Fuerza PúblicaAmbas audiencias de cumplimiento buscan que los Estados involucrados cumplan con los puntos pendientes de  las sentencias dictadas por la Corte IDH.

Contacto de prensa:

Daniela Araya

Oficial de comunicaciones

+506 22807473

daraya@cejil.org

 

Comienzan en el fuero federal del ámbito civil los procesos penales contra las personas señaladas como probables responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú

CEJIL saluda los avances en la investigación de la tortura y  violaciones sexuales sufridas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Ambas mujeres indígenas del pueblo Me’phaa habían sido violadas sexualmente por parte de miembros del ejército mexicano. Sus casos fueron presentados ante el Sistema Interamericano y en el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó las sentencias ordenando, entre otras cosas, la investigación exhaustiva de las violaciones. Recientemente las autoridades capturaron a cuatro personas por dichos hechos, tres de ellas aún vinculadas con el ejército.

CEJIL insta al Estado a continuar con el proceso hasta juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables, así como a garantizar la seguridad de las víctimas, de sus familiares y representantes.

Vie, 10/01/2014

Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas víctimas de violación por militares. MéxicoCEJIL saluda los avances en la investigación de la tortura y  violaciones sexuales sufridas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Ambas mujeres indígenas del pueblo Me’phaa habían sido violadas sexualmente por parte de miembros del ejército mexicano. Sus casos fueron presentados ante el Sistema Interamericano y en el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó las sentencias ordenando, entre otras cosas, la investigación exhaustiva de las violaciones. Recientemente las autoridades capturaron a cuatro personas por dichos hechos, tres de ellas aún vinculadas con el ejército.

CEJIL insta al Estado a continuar con el proceso hasta juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables, así como a garantizar la seguridad de las víctimas, de sus familiares y representantes

Información Adicional:

Comunicado de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Comunicado CEJIL: Casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron remitidos al fuero común en México

Comunicado CEJIL: Sentencias de la Corte Interamericana a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo cumplen un año y México no avanza en su cumplimiento

Comunicado CEJIL: Corte Interamericana reafirma sentencias contra México en casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú

Comisión Interamericana ordena proteger a indígenas ambientalistas en Honduras

Otorgamiento de medidas cautelares confirma el clima de riesgo para defensores ambientalistas en Honduras

San José, viernes 20 de diciembre del 2013. El pasado miércoles 18 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a favor de 18 indígenas miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) de Honduras, así como de sus familiares.

En total, la CIDH ordenó proteger a 38 personas en virtud de los actos de hostigamiento, amenazas y agresiones que han sufrido como consecuencia de sus acciones en defensa del medio ambiente.

La solicitud de protección fue realizada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)  y por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Vie, 20/12/2013

Protesta MADJ HondurasSan José, viernes 20 de diciembre del 2013. El pasado miércoles 18 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a favor de 18 indígenas miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) de Honduras, así como de sus familiares.

En total, la CIDH ordenó proteger a 38 personas en virtud de los actos de hostigamiento, amenazas y agresiones que han sufrido como consecuencia de sus acciones en defensa del medio ambiente.

La solicitud de protección fue realizada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)  y por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). Esta última es una organización que lucha por la defensa de los recursos naturales, y está conformada por activistas de distintos sectores, incluyendo a líderes indígenas de la etnia tolupán, que residen en la comunidad de San Francisco, Locomapa, ubicada en el departamento de Yoro, Honduras.

Los beneficiarios de las medidas de protección se han destacado por reclamar la participación justa y equitativa de los pueblos indígenas en los planes de manejo forestal de las zonas de protegidas por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF). Además, los tolupanes se han opuesto a la explotación minera indiscriminada en la zona.

Por estas y otras acciones en defensa del medio ambiente, los líderes tolupanes y su abogado defensor Víctor Fernández, han sido víctimas de agresiones. De hecho, el 25 de agosto pasado los líderes indígenas María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina fueron asesinados mientras participaban de una protesta pacífica. Los responsables de estos graves hechos permanecen en fuga.

“Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH representan un llamado de atención para las autoridades hondureñas. En Honduras nos sentimos desprotegidos a la hora de defender nuestro derecho a un ambiente sano, y por lo tanto reclamamos que se nos brinde la seguridad para continuar con la labor de defensa”, manifestó Víctor Fernández, beneficiario de las medidas y además Coordinador del MADJ.

La decisión de la CIDH confirma el contexto de riesgo que afecta a numerosos defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. En efecto, Margaret Sekaggya, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, manifestó que “ciertas categorías de defensores de derechos humanos se encuentran particularmente en situación de riesgo en Honduras, incluidas las comunidades indígenas y afro-hondureñas, así como aquellas que trabajan en temas relacionados con el medio ambiente y derecho a la tierra”.

En similar sentido se pronunció recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar al Estado hondureño por el asesinato del ambientalista Carlos Luna López. En esta oportunidad, la Corte ordenó la implementación de una política pública para la protección de los defensores de derechos humanos.

Marcia Aguiluz, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México destacó que “el Estado de Honduras debe atender a los diversos llamados internacionales y tomar acciones inmediatas para minimizar el riesgo que afecta a los defensores y las defensoras en el país. CEJIL hace un llamado a las autoridades para que implementen las medidas de protección específicas para proteger a los ambientalistas, a su vez, les exhortamos a crear e implementar la política pública que fuera ordenada por la Corte Interamericana.”

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