CEJIL y otras organizaciones

Ante la Corte Interamericana sobrevivientes de la masacre de El Mozote exigen justicia a El Salvador

La masacre de cerca de 1.000 personas fue una de las más crueles de América Latina

Guayaquil, Ecuador - 23 de abril de 2012. “Que haya justicia” fue la exigencia principal de Dorila Márquez a las autoridades del Estado salvadoreño. Ella fue una de las tres víctimas sobrevivientes de la masacre de El Mozote y sitios aledaños que rindieron testimonio hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una audiencia pública celebrada en Guayaquil, Ecuador. Las víctimas fueron representadas por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de El Salvador (Tutela Legal) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

Lun, 23/04/2012

Guayaquil, Ecuador - 23 de abril de 2012. “Que haya justicia” fue la exigencia principal de Dorila Márquez a las autoridades del Estado salvadoreño. Ella fue una de las tres víctimas sobrevivientes de la masacre de El Mozote y sitios aledaños que rindieron testimonio hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una audiencia pública celebrada en Guayaquil, Ecuador. Las víctimas fueron representadas por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de El Salvador (Tutela Legal) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Los hechos del caso que permanecen hoy en la impunidad se remontan al 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, cuando cerca de mil habitantes de El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando, Jocote Amarillo y otras comunidades del municipio de Meanguera (departamento de Morazán) fueron asesinados por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador en el marco del conflicto armado interno en este país (1980-1992). Sus comunidades, incluyendo niños y niñas, fueron arrasadas y cientos de víctimas sobrevivientes debieron huir.

El Estado negó los hechos por décadas y muchas de las víctimas no los denunciaron “por miedo”, como lo relató ante el tribunal María del Rosario López Sánchez, vecina en aquel momento de La Joya. Ella perdió a 22 familiares en la masacre y debió huir a los cerros vecinos, donde, por temor, vivió oculta durante seis años.

Para la perita Sol Yáñez, doctora en psicología social por la Universidad del País Vasco, después de 30 años de ocurridos los hechos, el trauma se ha cristalizado, no sólo por los crímenes, sino también por la manera atroz en la que fueron cometidos, la culpabilización de las víctimas y la falta de justicia. Yáñez urgió la implementación de un Programa de Atención Psicosocial como parte de una política integral de reparación, que contemple medidas específicas para reconstruir el tejido social. "Parte de la violencia [actual] en El Salvador tiene que ver con lo no resuelto [del pasado]" insistió.

Por su parte, el perito Salvador Méndez Leal, procurador adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, responsabilizó a la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz, promulgada en 1993, como el principal instrumento legal que perpetua la impunidad de los crímenes.

Aunque en enero de 2012, el Presidente de la República Mauricio Funes haya aceptado públicamente la responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos, Tutela Legal y CEJIL manifestaron la necesidad de adecuar la legislación interna con los parámetros internacionales, especialmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para poder investigar, procesar y sancionar a  los responsables de esta masacre y  de las múltiples violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado.

Ficha de prensa sobre el caso.

Declaración por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil

Cumbre de las Américas- Cartagena, Colombia 2012

Los derechos humanos, la democracia y la paz son tres importantes temas de la agenda multilateral de nuestra región que están ausentes de la agenda formal de esta Cumbre y que traemos hoy con el ánimo de que sean incluidos de manera explícita y permanezcan en los debates actuales y futuros.

Y es aquí en Colombia, país que sufre uno de los más largos conflictos armados, donde democracia, paz y derechos humanos cobran un significado particular. Nuestro hemisferio, pese a avances, es todavía inaceptablemente desigual. Desafortunadamente, la aplicación de ciertas políticas de desarrollo limitan el goce de los derechos sociales, a la salud, a la educación y al medioambiente. Persisten deudas importantes en materia de derechos humanos y falencias estructurales en nuestras democracias. Esta situación erosiona la prosperidad y tiene consecuencias palpables para millones de ciudadanos y ciudadanas del hemisferio.

 


Vie, 13/04/2012

Buenos días. Los derechos humanos, la democracia y la paz son tres importantes temas de la agenda multilateral de nuestra región que están ausentes de la agenda formal de esta Cumbre y que traemos hoy con el ánimo de que sean incluidos de manera explícita y permanezcan en los debates actuales y futuros.

 

Y es aquí en Colombia, país que sufre uno de los más largos conflictos armados, donde democracia, paz y derechos humanos cobran un significado particular. Nuestro hemisferio, pese a avances, es todavía inaceptablemente desigual. Desafortunadamente, la aplicación de ciertas políticas de desarrollo limitan el goce de los derechos sociales, a la salud, a la educación y al medioambiente. Persisten  deudas importantes en materia de derechos humanos y falencias estructurales en nuestras democracias. Esta situación erosiona la prosperidad y tiene consecuencias palpables para millones de ciudadanos y ciudadanas del hemisferio.

 

La protección de los derechos humanos a nivel nacional tiene fallas significativas y, por ello, no sólo es clave reforzar la capacidad de respuesta a nivel local, impulsar políticas públicas que tutelen derechos fundamentales sino también asegurar que funcione de manera efectiva la protección regional. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, formado por la Comisión y la Corte, es en muchos casos, el único o el último recurso para proteger derechos fundamentales. Los Estados de la región deben comprometerse a proteger la integridad e independencia de estos órganos y evitar asumir posiciones que, a efectos de avanzar intereses políticos inmediatos, afectarían su autonomía y efectividad, como ha ocurrido en relación con el otorgamiento de medidas cautelares que protegen vidas y derechos en riesgo y de algunas iniciativas que han querido limitar el trabajo de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana.

 

La libertad de expresión es un derecho fundamental para la autonomía individual y colectiva, el debate democrático, la transparencia de la gestión pública y la participación política, entre otros. El  acceso a la información pública, reconocido como un derecho, cumple un papel primordial como facilitador del goce de otros derechos y de la gobernabilidad democrática.

 

Uno de los derechos clave que se fortalece con la información pública es la participación ciudadana. Ella es imprescindible para garantizar los derechos de asociación y reunión.También permite el diálogo a nivel nacional y en los organismos internacionales.

 

En este mismo espíritu, es clave que se implemente de manera efectiva la Carta Democrática Interamericana para dar una respuesta regional a las crisis institucionales y los quiebres y/o amenazas al orden constitucional y al estado de derecho.

 

Los defensores y las defensoras de derechos humanos juegan un rol fundamental en la realización de derechos, la democracia y la paz.

En no pocos países de la región las amenazas, violencia sexual y asesinatos  continúan siendo medios de inhibición y silenciamiento de su labor.

Los Presidentes y Presidentas aquí reunidos deben  promover y garantizar  la vida y la labor de los defensores y defensoras en todos los ámbitos.

 

En algunos Estados se está criminalizando la protesta social como una estrategia para amedrentar a los líderes sociales y socavar la fortaleza moral de sus bases con un alto riesgo para sus vidas, su integridad física y para la  cohesión de las propias organizaciones sociales.

Al mismo tiempo, la situación de exclusión social, invisibilidad y grave discriminación que sufren las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales, e intersex, las comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, migrantes, roma, personas con discapacidad,  refugiados, apátridas, mujeres, niños y niñas, adultos mayores, minorías religiosas hacen inviable  muchos de los compromisos de esta Cumbre. Esta discriminación se manifiesta cotidianamente en asesinatos, violencia,  marginación y estigmatización, a veces implícita, otras explícitamente, como por ejemplo las leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y las identidades y expresiones de género.

Una de las deudas más importantes de las Américas es el racismo estructural, que se presenta de manera latente o manifiesta, cimentando  privilegios para unos en detrimento de la población discriminada. De ello dan  cuenta los y las afrodescendientes y los pueblos indígenas de nuestro hemisferio que reclaman por el reestablecimiento de sus derechos individuales y colectivos, por el fin de la xenofobia y por la implementación de acciones positivas que permitan modificar esta situación de desigualdad.

 

En el caso de los pueblos indígenas, los Estados deben hacer efectivo el derecho a la consulta, y al consentimiento libre, previo e informado.

Los Estados deben proveer los recursos y adoptar las medidas necesarias para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Estas medidas deben incluir la lucha contra la trata de personas, la garantía del ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de toda la población, incluído el acceso efectivo a servicios de anticoncepción.

 

Una de las causas más fuertes de la erosión de los derechos humanos y la democracia es la persistencia de la guerra. En este aspecto queremos reafirmar que el mejor aporte que le pueden ofrecer los mandatarios y mandatarias a Colombia, como país anfitrión de la Cumbre de las Américas, es la activación de mecanismos diplomáticos  que permitan al gobierno y las guerrillas explorar caminos no militares que superen el único conflicto armado que hay en el hemisferio.

 

Esta exposición fue construida sobre la base de aportes de las siguientes organizaciones y redes:

 

Alianza Democracia

Alianza Regional por la Libre  Expresión e Información

Amnistía Internacional

Articulación de ONGs de Mujeres Negras Brasileñas

Asociación Nacional de Afrocolombia Desplazadas

Asociación Afroamigas

Asociación Pro Derechos Humanos - Perú

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz - Colombia

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Coalición LGBTTI - (28 organizaciones)

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Colombia

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - Perú (79 organizaciones)

Due Process of Law Foundation

Fundación Pro Acceso - Chile

Freedom House

Global Rights

Heartland Alliance

Organización Negra Centroamericana

REDLAD - Red  Latinoamericana y del Caribe para la Democracia - (60 organizaciones)

Red Democrática Activa

Red de Mujeres Afrolatinas, Caribeñas y de la Diáspora

Red por El Acceso a la Información Pública

Reiniciar - Colombia

 

Primer caso sobre Guantánamo es admitido por Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Organizaciones de Derechos Humanos piden que se acabe con la detención indefinida del argelino Djamel Ameziane

30 de Marzo de 2012, Nueva York y D.C. – El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Djamel Ameziane, un hombre argelino detenido en la Base Naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, por más de 10 años y sin ningún cargo o juicio.

 

Los representantes de Djamel Ameziane del CCR y el CEJIL emitieron la siguiente declaración: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado una decisión extremadamente significativa con la emisión del informe de admisibilidad en el caso de Djamel Ameziane, un ciudadano argelino prisionero en la Base Naval Estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba; sin ningún cargo o juicio por más de 10 años, hasta el día de hoy.

 

Vie, 30/03/2012

 

30 de Marzo de 2012, Nueva York y D.C. – El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Djamel Ameziane, un hombre argelino detenido en la Base Naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, por más de 10 años y sin ningún cargo o juicio.

 

Los representantes de Djamel Ameziane del Centro de Derechos Constitucionales (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) emitieron la siguiente declaración:

 

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado una decisión extremadamente significativa con la emisión del informe de admisibilidad en el caso de Djamel Ameziane, un ciudadano argelino prisionero en la Base Naval Estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba; sin ningún cargo o juicio por más de 10 años, hasta el día de hoy.

 

Esta decisión marca un hito, por ser la primera vez que la CIDH ejerce su jurisdicción sobre el caso de un hombre detenido en Guantánamo, y resalta que no ha habido ningún recurso interno efectivo para las víctimas de detenciones injustas y otros abusos en la base. La CIDH ahora procederá a recopilar mayor información sobre las violaciones a los derechos humanos sufridas por Djamel Ameziane – incluyendo las duras condiciones de reclusión que ha padecido, los abusos infligidos a él, y la ilegalidad de su detención. La CIDH revisará minuciosamente el fracaso del gobierno de EE.UU. por  no transferir a Djamel Ameziane (ni a ningún otro hombre detenido en Guantánamo) durante este último año – el periodo de tiempo más largo, sin  una transferencia desde que la prisión se abrió en enero de 2002. Este hecho hace que los Estados Unidos incumplan una vez más con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con las medidas cautelares emitidas por la CIDH a favor de Djamel Ameziane en el 2008 y otros  detenidos en el 2002.

 

Djamel Ameziane es un refugiado de Argelia, quien dejó su país a comienzos de los noventas para evadir la guerra civil que mató a miles de millones de personas. El vivió en Austria y Canadá por muchos años, trabajando como un reconocido chef, hasta que se le negó el refugio permanente. Temiendo ser deportado a Argelia, escapó a Afghanistán  justo antes de la invasión de los Estados Unidos en octubre de 2001. Como otros miles de refugiados,  escapó a Pakistán para huir de la guerra, pero fue detenido y vendido a las fuerzas estadounidenses a cambio de una recompensa. En caso de ser devuelto a Argelia, teme ser perseguido debido a su etnia bereber y su condición como detenido de Guantánamo. La administración de Obama ya ha repatriado forzosamente a dos argelinos y Ameziane teme correr la misma suerte. Él espera y tiene  la esperanza de que otro país lo reciba, quizás un país donde él pueda usar sus conocimientos del francés, inglés o alemán; pero aceptaría cualquier lugar seguro.

 

J. Wells Dixon, abogado principal del CCR, mencionó: “Renovamos nuestro pedido a la CIDH para  que facilite el diálogo entre los Estados Unidos y otros países miembros de la Organización de Estados Americanos para el reasentamiento  seguro de hombres como Djamel Ameziane.  Las detenciones indefinidas en Guantánamo no terminarán a menos que la comunidad internacional ofrezca hogares seguros a los hombres que no pueden retornar a sus países de origen por temor a ser torturados o perseguidos.”

 

Esperamos que la comunidad internacional tenga un gesto humanitario y ofrezca a Djamel Ameziane protección y la oportunidad de reconstruir su vida a salvo.

 

El gobierno de Obama debería ordenar inmediatamente al Departamento de Defensa que certifique a Djamel Ameziane para ser transferido, o si es necesario, autorizar una “national security waiver” para las restricciones a las transferencias para él y todos los otros hombres que pueden haber sido injustamente detenidos en Guantánamo. De conformidad con  el National Defense Authorization Act (NDAA) para el 2012, Djamel Ameziane necesita una certificación o dispensa antes de ser liberado.

 

La detención indefinida no es una opción. A los hombres detenidos se les debe  otorgar un juicio o de lo contrario deben ser liberados. Se ha esperado por mucho tiempo que la impunidad de Guantánamo termine y que se disponga su cierre. La decisión de hoy de la CIDH es un paso en esa dirección”

 

 

 

 

CONTACTOS: Dorothee Benz (CCR) 718.314.4432 – press@ccrjustice.org www.ccrjustice.org

Milli Legrain (CEJIL) 202.319.3000 – mlegrain@cejil.org www.cejil.org

 

 

 

Estado brasileiro recebe denúncia internacional do caso Vladimir Herzog

Rio de Janeiro, 28 de março de 2012 – A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) abriu oficialmente o Caso Vladimir Herzog, enviando ao Estado brasileiro, nesta terça-feira, dia 27 de março, a denúncia apresentada pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), pela Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos (FIDDH), pelo Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, e pelo Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo.

 

Este caso é mais um exemplo da omissão do Estado brasileiro na realização de justiça dos crimes da ditadura militar cometidos por agentes públicos e privados. Até o presente momento, apesar das tentativas no âmbito da justiça interna, o Estado não cumpriu com seu dever de investigar, processar, e sancionar os responsáveis pelo assassinato de Vladimir Herzog.

 

Jue, 29/03/2012

Rio de Janeiro, 28 de março de 2012 – A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) abriu oficialmente o Caso Vladimir Herzog, enviando ao Estado brasileiro, nesta terça-feira, dia 27 de março, a denúncia apresentada pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), pela Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos (FIDDH), pelo Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, e pelo Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo. Estas organizações peticionárias, em parceria com o Instituto Vladimir Herzog entendem que esta notificação chega em um momento fundamental ao conhecimento do Estado brasileiro, quando os órgãos competentes são chamados tomar decisões que podem assegurar a manutenção do Estado Democrático de Direito, e a garantia da consolidação da democracia no Brasil.

 

Este caso é mais um exemplo da omissão do Estado brasileiro na realização de justiça dos crimes da ditadura militar cometidos por agentes públicos e privados.

 

Até o presente momento, apesar das tentativas no âmbito da justiça interna, o Estado não cumpriu com seu dever de investigar, processar, e sancionar os responsáveis pelo assassinato de Vladimir Herzog.

 

Conforme denunciado à Comissão Interamericana, o jornalista foi executado após ter sido arbitrariamente detido por agentes do DOI/CODI de São Paulo. A morte de Herzog foi apresentada à família e à sociedade como um suicídio.

 

A investigação foi realizada por meio de Inquérito Militar, que concluiu pela ocorrência de suicídio. Seus familiares propuseram em 1976 uma ação civil declaratória na Justiça Federal que desconstituiu esta versão. Em 1992, o Ministério Público do Estado de São Paulo requisitou a abertura de inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte Vladimir Herzog, mas o Tribunal de Justiça considerou que a Lei de Anistia é um óbice para a realização das investigações. Em 2008, com base em fatos novos, foi feita outra tentativa para iniciar o processo penal contra os responsáveis pelas violações cometidas. No entanto, o procedimento foi novamente arquivado, desta vez sob o argumento de que os crimes teriam prescrito.

 

A jurisprudência da Corte Interamericana determina que “são inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade, que pretendam impedir a investigação e punição dos responsáveis por graves violações dos direitos humanos, como a tortura, as execuções sumárias, extrajudiciais ou arbitrárias, e os desaparecimentos forçados”.

 

A notificação de hoje é uma clara mensagem da Comissão Interamericana ao Supremo Tribunal Federal (STF) de que novos casos sobre a dívida histórica seguirão sendo analisados pelos órgãos do sistema interamericano -- Comissão e Corte Interamericanas de Direitos Humanos – na expectativa de que o Poder Judiciário se antecipe e cumpra a atribuição que lhe compete de fazer o controle de convencionalidade, adequando as decisões judiciais internas à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e consequentemente realize a justiça conforme as obrigações internacionais que o Estado brasileiro se comprometeu de boa-fé.

 

 

 

Contatos:

Programa do CEJIL para o Brasil

Beatriz Affonso

Natália Frickmann

Tel.: 55 (21) 2533-1660

brasil@cejil.org

www.cejil.org

 

 

Milli Legrain

CEJIL Washington D.C

202 319 3000 ext 15

mlegrain@cejil.org

 

 

Instituto Vladimir Herzog

Nemércio Nogueira

Tel.: 55 (11) 2894-6650.

http://www.vladimirherzog.org

Defensores que impulsan justicia corren grave riesgo en Guatemala

Activistas y operadores de justicia son desprestigiados y criminalizados

Washington, D. C., 27 de marzo de 2012- La reciente apertura de investigaciones y procesos, así como las condenas contra violadores de los derechos humanos en Guatemala, ha aumentado la situación de riesgo de las personas que luchan contra la impunidad en este país. Así lo advirtieron hoy representantes de 11 organizaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 144.º período de sesiones.

Mar, 27/03/2012

 

Washington, D. C., 27 de marzo de 2012- La reciente apertura de investigaciones y procesos, así como las condenas contra violadores de los derechos humanos en Guatemala, ha aumentado la situación de riesgo de las personas que luchan contra la impunidad en este país. Así lo advirtieron hoy representantes de 11 organizaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 144.º período de sesiones.

 

Históricamente, los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala realizan su labor en condiciones de extrema violencia e inseguridad. Las peticionarias denunciaron que a lo largo de 12 años de registro han ocurrido 2521 agresiones en contra de estos activistas. En los ataques ocurridos entre el 2000 y el 2010, se calcula que aproximadamente una cuarta parte fueron en perjuicio de quienes se desempeñan en el sector de la justicia y búsqueda de la verdad.

 

En el 2012, de 29  ataques 21 han sido contra defensores que impulsan la justicia en distintos casos. Durante la audiencia se expuso que, además de estas amenazas, desde finales de 2011 se han activado campañas públicas de desprestigio –e incluso de criminalización– contra defensores y defensoras de los derechos humanos, a propósito de los avances en los casos penales contra perpetradores de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado interno.

 

“El nivel de riesgo a la  seguridad de las y los defensores se acrecienta cuando las autoridades hacen caso omiso de dicho riesgo y contribuyen con su discurso a incrementar el nivel de estigma, rechazo social y asilamiento”, denunciaron las peticionarias.

 

La Comisionada Rosa María Ortiz se mostró particularmente preocupada por la militarización de la seguridad ciudadana y por el mínimo presupuesto (sólo un 2% del PIB) que el Estado destina a temas de seguridad y justicia “con lo que también se puede valorar la voluntad política relacionada a los derechos humanos".

 

Las organizaciones peticionarias instaron al Estado para que, desde sus diferentes entes, promueva el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y a la vez reconozcan la necesidad de juzgar tales crímenes. Asimismo, entre otras medidas, urgieron  la creación de un ‘Programa de protección para defensores de derechos humanos y otras víctimas vulnerables’, una idea que fue respaldada por el Comisionado Orozco; y que además se asegure el adecuado funcionamiento de  una Instancia de Análisis a Ataques a Defensores de Derechos Humanos.

 

 

Organizaciones peticionarias:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

Fundación Sobrevivientes

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Alianza Sector de Mujeres

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

 

En audiencia pública, jueces despedidos tras el golpe de Estado en Honduras solicitan a la CIDH emitir informe final sobre su caso

El Estado sigue sin reconocer que hubo una ruptura del orden constitucional

Washington, D. C., 26 de marzo de 2012- Los tres jueces y la magistrada que fueron despedidos por expresarse y realizar acciones en contra del golpe de Estado perpetrado en junio de 2009 solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita el informe final sobre su caso. La petición se realizó durante una audiencia del 144.º período de sesiones de la CIDH en la que participó la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Lun, 26/03/2012

 

Washington, D. C., 26 de marzo de 2012- Los tres jueces y la magistrada que fueron despedidos por expresarse y realizar acciones en contra del golpe de Estado perpetrado en junio de 2009 solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita el informe final sobre su caso. La petición se realizó durante una audiencia del 144.º período de sesiones de la CIDH en la que participó la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

Los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Chévez de la Rocha, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza denunciaron que el Estado sigue sin reconocer o reparar la totalidad de las violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.

 

El 5 de mayo del 2010, los jueces y la magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

 

La AJD y CEJL reiteraron su denuncia por la violación a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, los derechos políticos y el derecho a la protección judicial. Con respecto a Chévez de la Rocha, el Estado es responsable por la violación al derecho a su libertad personal. Asimismo, el Estado es responsable por la violación al derecho de reunión del juez López Lone.

 

En su intervención, el Estado no presentó información nueva sobre el caso y siguió sin reconocer que existió un golpe de Estado. Asimismo mantiene que el despido de los jueces obedece a su participación en actividades “político-partidarias”.

 

En respuesta al Estado,  el juez López Lone rechazó que sus acciones se inscribieran en una manifestación partidista. Hizo hincapié en que sus acciones eran  a favor de la democracia y por el restablecimiento del orden constitucional.

 

El caso Guillermo López Lone y otros contra Honduras (‘Jueces Despedidos’) es el primero que conoce la CIDH con respecto a las violaciones de los derechos humanos en el marco del golpe de Estado en Honduras. Dadas las múltiples violaciones cometidas durante y después de la ruptura constitucional, las organizaciones peticionarias afirmaron que las recomendaciones que emitirá la CIDH pueden impulsar reformas estructurales para garantizar la independencia judicial en Honduras, así como la justicia en otros casos.

 

 

 

Contacto en Washington

Milli Legrain

+1-202- 319 3000, ext. 15 (fijo)

mlegrain@cejil.org

 

Contacto en Costa Rica:

Darío Chinchilla

+506 - 2281-3280

dchinchilla@cejil.org

 

 

Honduras llamada nuevamente ante CIDH por despido de jueces y magistrada luego del golpe de Estado

Tegucigalpa y San José, 20 de marzo de 2012- El próximo 26 de marzo del 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro del marco de su 144.º período ordinario de sesiones, celebrará otra audiencia pública relacionada con el caso de los jueces despedidos por la Corte Suprema de Honduras, luego del golpe de Estado perpetrado en junio del 2009.

Mar, 20/03/2012

Jueces despedidosTegucigalpa y San José, 20 de marzo de 2012- El próximo 26 de marzo del 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro del marco de su 144.º período ordinario de sesiones, celebrará otra audiencia pública relacionada con el caso de los jueces despedidos por la Corte Suprema de Honduras, luego del golpe de Estado perpetrado en junio del 2009.

Hace un año, en su 141º  período de sesiones, la CIDH realizó una audiencia pública, luego de la cual decidió admitir la petición presentada en contra del Estado de Honduras por el despido de los jueces Guillermo López, Luis Chévez, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza, mediante la cual se denuncia la violación de varios derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a la libertad de asociación y al derecho a la protección judicial.

En esta oportunidad, el objetivo de la audiencia será proporcionar mayor información sobre el caso y exponer los argumentos sobre el fondo para que la Comisión rinda, en el menor plazo posible, el informe final exponiendo los hechos y las conclusiones del caso, así como las proposiciones y recomendaciones pertinentes.

A esta audiencia ha sido convocado también el Estado hondureño, que nuevamente deberá rendir cuentas ante la CIDH sobre su decisión.

La audiencia se llevará a cabo el día 26 de marzo a las 9:30 a.m. (hora en Centroamérica) en el Salón Rubén Darío del Edificio GSB de la Organización de Estados Americanos (OEA) ubicado en la ciudad de Washington, D.C.

La audiencia podrá observarse a través del siguiente vínculo: http://www.oas.org/en/media_center/webcast.asp

 

Puede acceder a las audiencias en las que participará CEJIL en el 144.o período de sesiones a través de este vínculo.

Justicia guatemalteca avanza con la condena de quinto ex militar en el caso de la masacre de Las Dos Erres

Cuatro ex militares habían sido condenados en agosto del año pasado

Ciudad de Guatemala y San José, 13 de marzo de 2012 – Guatemala consiguió un avance en la lucha contra la impunidad por la condena anunciada ayer contra Pedro Pimentel Ríos, ex subinstructor de la fuerza especial Kaibil, señalado como uno de los responsables por la masacre en la aldea de Las Dos Erres, perpetrada en diciembre de 1982. La decisión del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo es un paso más en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2009.

La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas ante el tribunal interamericano, valoran muy positivamente el resultado del proceso.

Mar, 13/03/2012

Guatemala, 15 de diciembre de 2011. Reconocimiento de responsabilidad del Estado por la masacre de Las Dos Erres. Aparecen en la mesa principal Ruth del Valle, presidenta de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Álvaro Colom, Presidente de la República, Rogelio Zarceño, Presidente de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, y Francisco Arriaga, sobreviviente de la masacre. También en la mesa principal pero ausente en la foto, Aura Elena Farfán, representante de FAMDEGUA.Ciudad de Guatemala y San José, 13 de marzo de 2012 – Guatemala consiguió un avance en la lucha contra la impunidad por la condena anunciada ayer contra Pedro Pimentel Ríos, ex subinstructor de la fuerza especial Kaibil, señalado como uno de los responsables por la masacre en la aldea de Las Dos Erres, perpetrada en diciembre de 1982. La decisión del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo es un paso más en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2009.

La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas ante el tribunal interamericano, valoran muy positivamente el resultado del proceso.

En su sentencia, la Corte Interamericana había ordenado al Estado “utilizar los medios que sean necesarios, de acuerdo con su legislación interna, para conducir eficazmente las investigaciones con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de los crímenes cometidos en el Parcelamiento de Las Dos Erres”.

Pimentel fue condenado por los asesinatos de 201 personas y delitos “contra los deberes de humanidad”. El tribunal guatemalteco le impuso una pena de 6.060 años de prisión, pero deberá purgar un máximo de 50 según la legislación nacional.

En julio del 2011, el ex militar había sido deportado por la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos para que enfrentara los cargos penales debido a su señalamiento en la participación en la masacre. La audiencia en su contra empezó el pasado 23 de febrero. En agosto del año pasado otros tres subinstructores y un teniente de la fuerza especial Kaibil habían sido condenados por los mismos delitos. Aquella fue la primera vez que un tribunal guatemalteco condenaba a miembros de la fuerza Kaibil.

FAMDEGUA y CEJIL valoran el accionar de las autoridades judiciales en este caso. El Estado debe continuar con estos procesos y garantizar que todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre sean identificados y procesados, tal como lo ordenó la sentencia de la Corte IDH. Al igual que lo expresaron en agosto pasado, FAMDEGUA y CEJIL consideran que la sanción de todos los responsables en el caso de la masacre de Las Dos Erres es la única acción válida para que las víctimas y sus familiares puedan tener, al menos, alguna reparación por estas graves violaciones a los derechos humanos.

 

Hechos del caso

La masacre de Las Dos Erres fue una de las 626 masacres perpetradas por el Ejército guatemalteco durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt.

Los hechos ocurrieron durante tres días (6, 7 y 8 de diciembre de 1982), cuando miembros de la fuerza especial Kaibil ingresaron a Las Dos Erres, ubicado en el departamento de Petén, acompañados por un pelotón de aproximadamente 40 soldados. Allí, sometieron a los habitantes a torturas y malos tratos. Muchas de las mujeres, incluyendo niñas, fueron violadas sexualmente y más de doscientas personas fueron asesinadas.

Honduras ha incumplido la sentencia en el caso del asesinato de la ambientalista Jeannette Kawas

Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió resolución sobre cumplimiento

San José, 12 de marzo de 2012- Honduras no ha cumplido con su obligación de realizar una campaña nacional de sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras. Así lo dio a conocer el pasado jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la resolución sobre el incumplimiento de varios puntos de la sentencia que dictó el 3 de abril de 2009, relacionada con el asesinato de la defensora ambientalista Jeannette Kawas Fernández, ocurrido en 1995.

Lun, 12/03/2012

Jeannette Kawas (1948-1995).San José, 12 de marzo de 2012- Honduras no ha cumplido con su obligación de realizar una campaña nacional de sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras. Así lo dio a conocer el pasado jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la resolución sobre el incumplimiento de varios puntos de la sentencia que dictó el 3 de abril de 2009, relacionada con el asesinato de la defensora ambientalista Jeannette Kawas Fernández, ocurrido en 1995.

La Corte también señaló que el Estado sigue sin avanzar con la identificación y procesamiento de los responsables del asesinato de la defensora. Las autoridades tampoco han investigado la obstaculización a las labores de la justicia que ocurrió luego del asesinato.

La resolución del tribunal interamericano tiene una importancia especial en momentos en que se señala a Honduras como uno de los países de América cuya situación de defensores y defensoras de derechos humanos es más preocupante. En su Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, publicado el martes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la situación hondureña.  El órgano interamericano plantea un panorama en el que son aún más frecuentes los asesinatos, los hostigamientos y las amenazas en contra de los y las activistas, especialmente luego del golpe de Estado de junio del 2009.

La Corte Interamericana ha ordenado a Honduras presentar un informe “completo y detallado” el próximo 26 de abril sobre las medidas adoptadas para cumplir con su resolución en el caso Kawas.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación, Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) instan al Estado a realizar la campaña de sensibilización en el menor plazo posible, según lo ordenado en la sentencia. Esta acción estatal ayudaría a revertir la estigmatización que ha pesado sobre los defensores y defensoras de derechos humanos, y dignificaría la importante labor que ejercen en Honduras.

Asimismo, dado el contexto de riesgo que amenaza la vida e integridad personal de numerosos activistas en este país, es apremiante la creación un mecanismo nacional de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, tal como recién lo ha recomendado la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos y como ha sido solicitado por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hechos del caso

El 6 de febrero de 1995, Blanca Jeannette Kawas Fernández fue asesinada mientras se encontraba en su casa de habitación en Tela, departamento de Atlántida, Honduras. Kawas era la presidenta de la Fundación para la Protección de los recursos naturales de las regiones de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE). Ella denunció casos de explotación maderera ilegal, así como los intentos de personas y entidades privadas de apoderarse ilegalmente de la Península de Punta Sal, los daños al Parque Nacional y otras zonas protegidas, y se opuso públicamente a diversos proyectos de desarrollo económico en la zona.

Pedido estatal de perdón es un avance en el caso de la masacre de El Mozote; sigue pendiente la justicia para las víctimas

Acto público es un hecho histórico para El Salvador

San Salvador y San José, 17 de enero de 2012- La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal) y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconocen que el acto público de petición de perdón por la responsabilidad del Estado en la masacre de El Mozote representa un avance histórico, pues estos hechos fueron negados por años por las autoridades salvadoreñas. Además, representa un primer paso para la reparación integral del daño causado a los cientos de víctimas de la masacre y a sus familiares.

Mar, 17/01/2012

San Salvador y San José, 17 de enero de 2012- El Presidente Mauricio Funes pidió perdón ayer, lunes, a las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, a sus familiares y a todo el pueblo salvadoreño por estos graves hechos en los que fallecieron casi un millar de víctimas a manos de militares salvadoreños.

La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal) y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconocen que este acto público –oficiado en el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz– representa un avance histórico, pues estos hechos fueron negados por años por las autoridades salvadoreñas. Además, representa un primer paso para la reparación integral del daño causado a los cientos de víctimas de la masacre y a sus familiares.

Ambas organizaciones consideramos que este acto debe ir seguido de medidas efectivas para procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes de acuerdo a la gravedad de sus actos y para que todos los obstáculos que impiden que esto ocurra sean eliminados. Por ello, consideramos que las palabras del Presidente debieron ir acompañadas por el compromiso activo de los representantes del Ministerio Público, Poder Judicial y Poder Legislativo presentes en el acto.

Hace exactamente dos años, el Presidente Funes había reconocido públicamente la responsabilidad del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y se comprometió a "colaborar con la justicia, tanto nacional como internacional" y poner a su disposición todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de los crímenes investigados. Sin embargo, aún no ha sido juzgado ninguno de los responsables de estos hechos. Por el contrario, estos siguen en la impunidad, entre ellos, los perpetrados durante la masacre de El Mozote.

Tutela Legal y CEJIL llaman la atención de las autoridades competentes para que adopten acciones para que, como lo solicitó el Presidente Funes, eliminen los obstáculos que impiden la consecución de justicia en relación a estos graves hechos, así como para investigar la verdad de lo ocurrido y poner fin a la impunidad. Solo así, el histórico acto celebrado ayer tendrá un verdadero significado para las víctimas y sus familiares.

Información sobre el caso

La masacre del Mozote y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada "Operación Rescate". El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y luego asesinó a cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán: El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo, entre otras.

Tutela Legal y CEJIL mantienen una demanda contra el Estado por este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se espera que la audiencia pública se celebre a mediados de este año.

Distribuir contenido