CEJIL y otras organizaciones

Carta de la sociedad civil al Presidente del Consejo Permanente

Transparencia de la OEA

Distinguido Embajador Pary Rodríguez:

 

Las organizaciones firmantes, nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestra preocupación sobre la falta de participación de la sociedad civil en el proceso de referencia, el cual consideramos de la más alta trascendencia.

Como es de su conocimiento, durante la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar el pasado mes de junio en Cochabamba, Bolivia, los Estados de la región aprobaron la Resolución AG/RES.2761 por la cual dispusieron acoger el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, encargaron al Consejo Permanente que, sobre la base del mismo, "formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas", disponiendo además la puesta a consideración de las mismas en una próxima Asamblea General Extraordinaria a ser concretada a más tardar en el primer trimestre del año 2013.

 


Sáb, 23/06/2012

11 de julio de 2012
 
Su excelencia
Embajador Diego Pary Rodríguez
Presidente del Consejo Permanente
Organización de los Estados Americanos
 
 
Ref.: Participación de la sociedad civil en el proceso de discusión
relacionado con la Resolución AG/RES.2761


Distinguido Embajador Pary Rodríguez:
 
Las organizaciones firmantes, nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestra preocupación sobre la falta de participación de la sociedad civil en el proceso de referencia, el cual consideramos de la más alta trascendencia.
Como es de su conocimiento, durante la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar el pasado mes de junio en Cochabamba, Bolivia, los Estados de la región aprobaron la Resolución AG/RES.2761 por la cual dispusieron acoger el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, encargaron al Consejo Permanente que, sobre la base del mismo, "formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas"[1], disponiendo además la puesta a consideración de las mismas en una próxima Asamblea General Extraordinaria a ser concretada a más tardar en el primer trimestre del año 2013.
En consonancia con el referido mandato, el Consejo Permanente incluyó este tema en su reunión ordinaria de fecha 28 de junio anterior disponiendo el inicio formal del proceso. Algunos días después, la Secretaría de Relaciones Externas de la OEA, a través de su Departamento de Asuntos Internacionales, hizo pública tal decisión informando a la sociedad civil que sobre el tema "el Consejo Permanente realizará próximamente reuniones informales con el fin de definir la metodología, el plan de trabajo, la agenda y el formato de las consultas a usar."[2]
Al respecto, las organizaciones firmantes consideramos que la forma en que se estaría resolviendo la participación de la sociedad civil en el diálogo ordenado por la Asamblea General en su Resolución, no constituye un proceso de participación real y efectiva congruente con los principios que sobre el tema ha fijado la propia OEA.
De esta manera, la OEA ha reconocido en numerosas ocasiones la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, la Carta Democrática Interamericana reafirma el principio de que la promoción de la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA fortalece la institucionalidad democrática en la región; en esa misma sintonía y en ocasión de la Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, los Jefes y Jefas de Estado de la región expresaron su compromiso para incentivar una plena participación de la sociedad civil en el Sistema Interamericano (parr.94).[3]
Más recientemente, en la pasada Asamblea General, los Estados de la Región adoptaron la Resolución AG/RES. 2736 (XLII-O/12)[4], mediante la cual se comprometen a ampliar y garantizar el diálogo y la participación con la sociedad civil a través de distintos medios.
En atención a lo anterior y debido a la importancia del tema que se encuentra en discusión ante el Consejo Permanente, o sea, el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones abajo firmantes consideramos que el proceso debe resolverse asegurando las formas, oportunidades y espacios adecuados para que la participación de la sociedad civil sea real y efectiva y que garantice un verdadero diálogo entre todas las partes involucradas.
En tal sentido, hacemos un llamado respetuoso para que se retomen los estándares fijados por la Asamblea General en cuanto a la participación de la sociedad civil y se garantice al menos lo siguiente:

  • Discusiones transparentes tanto a nivel regional (en el seno del Consejo Permanente o en otra instancia de la OEA) como en los distintos países;
  • Se realicen procesos de consulta en los países, los cuales deben ir más allá de las capitales en países cuya extensión sea considerable y sea difícil acudir a las convocatorias realizadas por la capital;
  • Se valore la pertinencia de utilizar recursos del Fondo Específico para financiar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales en las discusiones que se generen sobre el tema de fortalecimiento de la Comisión Interamericana.  Pensar e implementar metodologías innovadoras, que no pueden agotarse en intervenciones presenciales en el marco de las sesiones del Consejo Permanente, ni tampoco reducirse a la circulación formal de documentos. Herramientas como la participación a distancia en tiempo real y la transmisión en vivo por webcast de todas las discusiones son mínimos que deben asegurarse, para poder hacer contribuciones informadas en torno a los distintos temas que sean discutidos;
  • Contar con una dinámica que facilite un diálogo en el marco de las reuniones y en cada una de las instancias de debate establecidas por el Consejo Permanente y no sólo una participación escrita formal. Es claro que la participación no puede reducirse a algunos momentos, sino que debe asegurarse durante todo el proceso, lo cual no pudo ser garantizado en el proceso previo de discusión del informe del Grupo de Trabajo. En tal sentido, como bien señala el Informe del Grupo de Trabajo, la única reunión que se dio fue el 28 de octubre de 2011, en el marco del periodo de sesiones de la CIDH y la convocatoria fue hecha sólo unos días antes de la reunión. Dado que ese día la CIDH aún estaba celebrando audiencias, numerosas organizaciones y funcionarios de diferentes países no pudieron participar en el llamado diálogo[5].

Con base en lo expuesto, consideramos sustancial que, como mínimo y previo a cualquier discusión sustantiva sobre el tema, durante la siguiente sesión del Consejo Permanente, se pueda trabajar una metodología en la que se establezcan formas de divulgar la información, una enunciación de los diferentes actores involucrados en la discusión del fortalecimiento de la Comisión Interamericana, la identificación de los espacios de participación real, así como un calendario de las reuniones y eventos que se llevarán a cabo tanto en Washington como en los distintos países durante los próximos meses.
Deseamos insistir en la necesidad de que se generen las oportunidades de participar efectivamente en cada uno de los puntos de discusión y en cada una de las reuniones que se hagan en relación con este tema que nos ocupa y que atañe a la vigencia del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos.
Las organizaciones firmantes respetuosamente solicitamos a los Estados ser escuchadas y tenidas en cuenta en nuestras opiniones y aportes al tiempo no solo de discutir las recomendaciones incluidas en el Informe del Grupo de Trabajo, sino también en oportunidad de resolver las cuestiones metodológicas y de agenda.
Agradecemos de antemano la atención a la presente, y quedamos a la espera de una respuesta de su parte.
 
c.c.p. José Miguel Insulza. Secretario General de la OEA. Para su conocimiento.
c.c.p. José de Jesús Orozco, Presidente, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para su conocimiento
Organizaciones Firmantes:
Regionales
Amazon Watch
Amnistía Internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Campaña por una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coalición LGBTTTI Trabajando en la OEA
Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Confluencia Feminista Mesoamericana Las Petateras
International Pregnancy Advisory Services (Servicios Internacionales de Asesoría sobre el Embarazo) IPAS – Centroamérica
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc)
Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ – AL)
 
Bolivia
Oficina Jurídica Para la Mujer
 
Brasil
Grupo Tortura Nunca Mais - Rio de Janeiro
ISER- Instituto de Estudos da Religião

Chile
Corporación Humanas
 
Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
Peace Brigades International - Colombia Project
 
Costa Rica
Alianza por tus Derechos
 
Ecuador
Accion Ecológica
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S. J.” (CSMM)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fundación Pachamama

El Salvador
Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos (PROBUSQUEDA)
Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE)
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)
Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola de Herrera" (CEMUJER)
Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA)
 
Estados Unidos
Human Rights Clinic, University of Texas
US Office on Colombia
Washington Office on Latin America (WOLA)

Guatemala
Fundación Myrna Mack, Guatemala
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en Guatemala (90 organizaciones)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
 
Honduras
Asociación Cooperación Técnica Nacional (CTN)
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación LGTB Arco Iris
Asociación para una vida mejor de personas infectadas/afectadas por el VIH-Sida en Honduras (APUVIMEH)
Casa Alianza
Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia
Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH)
Centro para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las víctimas de tortura y sus familiares (CPTRT)
Coalición Nacional de Mujeres de Honduras (CONAMUH)
Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH)
Comité por la Libre Expresión  (C-LIBRE), Honduras
Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC)
Foro de Mujeres por la Vida
Foro Nacional para las Migraciones de Honduras (FONAMIH)
Gran Alianza por OMOA
Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla
Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)
Tribuna de Mujeres contra los Femicidios
 
México
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C.
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, A.C. (ACCUDEH)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C. (Tlachinollan)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C.  (CEDHEM)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C.
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (IDHEAS)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" integrada por 71 organizaciones en 21 estados de la República mexicana.
Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos (SLIEJ)
 
Nicaragua
Casa Alianza
Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (SISAS)
Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
FIBRAS/Movimiento por Nicaragua
Movimiento Autónomo de Mujeres
Movimiento contra el abuso sexual
Movimiento Feminista de Nicaragua
Oficina de asistencia técnica para el desarrollo y la equidad (CIFEM), Nicaragua
Red de Mujeres contra la Violencia

Panamá
Alianza Ciudadana Pro Justicia, Panamá
Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP)
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)
Instituto de Derecho Agrario, Ambiental e Indígena
 
Paraguay
BASE Investigaciones Sociales,
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
 
Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh)
CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
 
Uruguay
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
 
Venezuela
Acción Solidaria en VIH/Sida
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Civilis Derechos Humanos
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC)
Espacio Público
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea)
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Vicaría de Derechos Humanos de Car

[1] AG/RES. 2761 (XLII-O/12), Seguimiento de la Recomendaciones del “Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión Sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, aprobada en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General en Bolivia celebrada el 5 de junio de 2012. En su párrafo segundo estableció “Encargar al Consejo Permanente que, sobre la base del informe, formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas”.
[2] Correo de 5 de julio de 2012, difundido por el listado de osc_registradas@lists.oas.org por la Dirección del Departamento de Asuntos Internacionales, de la Secretaría de Relaciones Externas de la OEA, titulado “OEA - Consulta - Recomendaciones sobre el Funcionamiento de la CIDH y el Fortalecimiento del SIDH | OAS - Consultation - Recomendations on the Functioning of the IACHR and the Strengthening of the IASHR”.
[3] Declaración de Puerto España, 2009, en su párrafo 94 señala “Nos comprometemos a continuar incentivando la participación de nuestros pueblos, mediante la actuación ciudadana, comunitaria y de la sociedad civil, en el diseño y ejecución de políticas y programas de desarrollo, proporcionando asistencia técnica y financiera, según corresponda, y de acuerdo con la legislación nacional, para reforzar y desarrollar su capacidad de participar de una forma más plena en el sistema interamericano”, disponible en http://www.summit-americas.org/sisca/cs_sp.html.
[4] Cfr., OEA. Aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y los actores sociales en las actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el Proceso de Cumbres de las Américas. AG/RES. 2736 (XLII-O/12), aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 2012.
[5] En tal sentido, de acuerdo con el calendario de sesiones de la CIDH, ese día se llevaron a cabo audiencias sobre Canadá, Haití, Chile, Brasil, Panamá, El Salvador, y también se celebraron audiencias regionales sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI en las Américas; la seguridad ciudadana y derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras; la situación de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes en América Latina; la situación del derecho a la libertad sindical en las Américas; y la situación de las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Para más información sobre el 143º periodo de sesiones de la CIDH, ver: http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Calendario143.pdf
 

Exigimos justicia para las mujeres de Atenco tras 6 años de violencia, discriminación e impunidad

A 6 años de los hechos el caso de las mujeres de Atenco permanece en la impunidad absoluta.

El 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, 47 mujeres fueron detenidas durante un operativo caracterizado por el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, en el que participaron cientos de policías tanto estatales como federales. Fueron golpeadas, humilladas y abusadas brutalmente, y la mayoría de ellas denunciaron haber sufrido tortura sexual a manos de los policías. Desde ese entonces, 11 de las mujeres han luchado por la justicia, llevando su caso ante instancias nacionales y ahora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Sin embargo, pese a la gravedad de las violaciones cometidas y la detallada documentación de éstas, su caso permanece en la impunidad absoluta.

 

Mar, 08/05/2012

El 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, 47 mujeres fueron detenidas durante un operativo caracterizado por el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, en el que participaron cientos de policías tanto estatales como federales. Fueron golpeadas, humilladas y abusadas brutalmente, y la mayoría de ellas denunciaron haber sufrido tortura sexual a manos de los policías.

Desde ese entonces, 11 de las mujeres han luchado por la justicia, llevando su caso ante instancias nacionales y ahora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Sin embargo, pese a la gravedad de las violaciones cometidas y la detallada documentación de éstas, su caso permanece en la impunidad absoluta. Es así que 6 años después de los hechos las mujeres de Atenco continúan sufriendo discriminación y violencia institucional, así como falta de acceso a la justicia y a la reparación.

La violencia contra la mujer, de acuerdo con la Convención Belém do Pará, ratificada por México desde 1998, “es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. En esa medida destacamos que el uso de la tortura sexual como herramienta de represión en el caso de Atenco no sólo afecta a las mujeres que fueron detenidas y abusadas, sino también a la sociedad mexicana en su conjunto.

Por lo tanto, en el marco del sexto aniversario de los hechos, manifestamos nuestro apoyo a las mujeres de Atenco y exigimos que el Estado mexicano cumpla con las obligaciones que los tratados internacionales, la Constitución y la legislación vigente le imponen; concretamente, investigar debidamente la tortura sexual infringida a las mujeres de Atenco, sancionar adecuadamente a los responsables y reparar los daños.

Mientras permanezcan la violencia contra la mujer y la impunidad, como sucede en el caso de las mujeres de Atenco, no será posible afirmar que México es un verdadero Estado democrático de derecho.

Primer caso de femicidio en Guatemala llega a la Corte Interamericana

Proceso de María Isabel Véliz Franco es emblemático de la impunidad del femicidio en este país

Ciudad de Guatemala y San José, 7 de mayo de 2012- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, conocerá el caso del  femicidio de la niña María Isabel Véliz Franco, ocurrido en 2001, tras serle remitido el pasado 3 de mayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde su sede en Washington D. C.

María Isabel y sus familiares, son representados por la Red de la No Violencia contra las Mujeres en Guatemala (REDNOVI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En 2004, ambas organizaciones presentaron una denuncia ante la Comisión debido a que el Estado guatemalteco no investigó diligente, exhaustiva ni seriamente el asesinato.

 

Lun, 07/05/2012

Rosa Elvira Franco Sandoval, madre de María Isabel Véliz,  durante la conferencia de prensa celebrada hoy en REDNOVI, Ciudad de Guatemala. Cortesía de REDNOVICiudad de Guatemala y San José, 7 de mayo de 2012- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, conocerá el caso del  femicidio de la niña María Isabel Véliz Franco, ocurrido en 2001, tras serle remitido el pasado 3 de mayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde su sede en Washington D. C.

María Isabel y sus familiares, son representados por la Red de la No Violencia contra las Mujeres en Guatemala (REDNOVI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En 2004, ambas organizaciones presentaron una denuncia ante la Comisión debido a que el Estado guatemalteco no investigó diligente, exhaustiva ni seriamente el asesinato. Las pesquisas han estado viciadas por retardos injustificados, pérdida de evidencias, omisiones de líneas de investigación relevantes e incluso por la estigmatización de la propia víctima y de su familia por parte de las autoridades.

Guatemala registra índices alarmantes en casos de violencia contra las mujeres, con impunidad y falta de protección a las víctimas y sobrevivientes, lo cual propicia la repetición de hechos similares.

Según datos de fuentes oficiales, recopilados por Grupo Guatemalteco de Mujeres, entre 2000 y 2011, han muerto violentamente 6,638 mujeres en Guatemala. Solo en 2011, 710 mujeres perdieron la vida de forma violenta. El Ministerio Público y el Organismo Judicial informan que la violencia contra la mujer es el tercer delito más denunciado en el país. El índice de impunidad de estos crímenes alcanzan el 99% en relación a los casos ingresados, es decir que solo el 1% obtiene sentencias.

El último informe de la oficina en Guatemala de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de enero pasado, expresó que “la crueldad con la que algunos de estos crímenes fueron perpetrados muestran cuán profundamente enraizados están los patrones de discriminación en la sociedad, y también revela la falta de medidas institucionales para detenerlos”.

La REDNOVI y CEJIL expresan su satisfacción por el envío de este caso ante el más alto tribunal del continente pues es una oportunidad de que este ordene medidas concretas para superar las causas de los altísimos índices de violencia contra las mujeres y su impunidad.

A más de diez años de ocurridos los hechos, Guatemala debe investigar, procesar y sancionar a los responsables del crimen contra María Isabel Véliz Franco. Asimismo, el Estado tiene la obligación de tomar las acciones necesarias para fortalecer  política y financieramente a la institucionalidad existente en materia de prevención, atención, sanción e investigación de  violencia contra las mujeres en Guatemala.

Los hechos.

El 16 de diciembre de 2001, Rosa Franco denunció ante las autoridades guatemaltecas la desaparición de su hija María Isabel Véliz Franco, de 15 años de edad. No obstante, las instituciones del Estado no realizaron diligencias para determinar su paradero. El 18 del mismo mes fue hallado su cuerpo, el cual mostraba diversas señales de abuso. Desde entonces, su madre ha pedido que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables. Hasta la fecha, esto no ha ocurrido.

Carta de la Sociedad Civil a los y las Cancilleres de los Estados Miembros de la OEA

Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Las organizaciones que suscribimos esta comunicación nos dirigimos a ustedes en la oportunidad del inicio de las sesiones de trabajo de XLII Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para solicitar que en las resoluciones abiertas referidas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se reafirme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en uso de su autonomía e independencia, como el órgano que debe reaccionar ante las recomendaciones que le fueron presentadas por el grupo de trabajo para así fortalecer genuinamente el sistema de protección de derechos humanos.

 

Lun, 04/06/2012

 

Señoras y señores:

Ministros de Relaciones Exteriores y/o

Jefes de delegación de los Estados Miembros de la

Organización de los Estados Americanos (OEA)

 

Las organizaciones que suscribimos esta comunicación nos dirigimos a ustedes en la oportunidad del inicio de las sesiones de trabajo de XLII Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para solicitar que en las resoluciones abiertas referidas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se reafirme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en uso de su autonomía e independencia, como el órgano que debe reaccionar ante las recomendaciones que le fueron presentadas por el grupo de trabajo para así fortalecer genuinamente el sistema de protección de derechos humanos.

 

El SIDH proporciona a la OEA renombre y relevancia. En los tiempos de las dictaduras y guerras civiles y en los tiempos modernos de democracias endeudadas con la solución de problemas estructurales de derechos humanos, la Comisión y la Corte interamericanas de Derechos Humanos fueron y son la conciencia del hemisferio, apoyando a los Estados y a sus habitantes en la efectiva protección de los derechos humanos.

 

El SIDH, mediante la resolución de casos individuales, visitas in loco, relatorías temáticas, opiniones consultivas, medidas cautelares y provisionales así como informes especiales temáticos y sobre países, cumple un rol fundamental de denuncia y de alerta temprana frente a situaciones que comprometen la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, al tiempo de proteger los derechos de los habitantes cuando éstos no son debidamente garantizados a nivel nacional.

 

La Comisión y la Corte han salvado y continúan salvando vidas, contribuyeron en la apertura de espacios democráticos en el pasado y son factores centrales  que contribuyen en la actualidad a consolidar las democracias, han combatido y combaten la impunidad y ayudan a asegurar la verdad, justicia y reparaciones a las víctimas.

 

El desarrollo y progresividad de los derechos humanos en el hemisferio requiere para su fortalecimiento el desarrollo de una política hemisférica que contribuya a la universalidad del SIDH; la resolución de las graves deficiencias presupuestarias: y un auténtico compromiso con la implementación de las decisiones de la Corte y la Comisión Interamericana en los ámbitos nacional. Estamos convencidos que los Estados deben resolver los desafíos asociados a la universalidad del sistema, financiamiento adecuado del mismo y aplicación nacional de las resoluciones que emiten los órganos de Derechos Humanos de la OEA.  De igual modo, los Estados deben respetar la independencia y autonomía de la Comisión y la Corte Interamericana para que estas tomen sus propias decisiones referidas a sus procedimientos y metodologías de trabajo.

 

Señoras y señores ministros, esperamos que las democracias de la región puedan reafirmar concretamente el compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos. Y que los países de la OEA entiendan que no se pueden alcanzar liderazgos globales sin un genuino compromiso con la realización de los Derechos Humanos para todos los habitantes de las Américas. Los Estados en esta Asamblea  deben reafirmar los principios de independencia y autonomía para los órganos de Derechos Humanos. En esta ocasión, lo anterior, pasa por entender que no se puede atropellar los principios en función de coyunturas de corto plazo. Suscriben esta carta pública:

 

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. (México)

Acción Solidaria en VIH Sida (Venezuela)

Acción Solidaria para el Desarrollo (Perú)

AGORA Espacio Civil (Paraguay)

Aids-Free World

Alianza Ciudadana Pro Justicia (Panamá)

Alianza Regional Por La Libre Expresión e Información (Organización regional)

Amazon Watch (internacional)

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (sección peruana)

Área de Justicia y Paz del Centro Pastoral Diocesano la Sagrada Familia (Perú)

Asociación Alianza por tus Derechos (Costa Rica)

Asociación Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas /CAFCA (Guatemala)

Asociación Civil Citaq (Perú)

Asociación Civil Espacio Público (Venezuela)

Asociación de Defensa Legal y Promoción Social(Perú)

Asociación de Derechos Humanos del Sur (Perú)

Asociación de Familias Desplazadas en Lima (Perú)

Asociación de Jueces Por la Democracia AJD (Brasil)

Asociación de Jueces por la Democracia- AJD (Honduras)

Asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente (Perú)

Asociación Fe y Derechos Humanos (Perú)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. (Organización regional)

Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – Ayacucho

Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas Por el VIH-Sida en Honduras /APUVIMEH

Asociación Paz y Esperanza Ministerio Diaconal (Perú)

Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (Perú)

Asociación por los Derechos Civiles (Argentina)

Asociación pluriculturalidad jurídica de Guatemala –PLURIJUR- (Guatemala)

Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH- (Perú)

Asociación Seguridad en Democracia -SEDEM- (Guatemala)

Asociación Pro Derechos Humanos (Perú)

Asociación Servicios Educativos Rurales

CATOLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR NICARAGUA

Cattrachas/ Diversidad y exclusión (Honduras)

CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo (Perú)

Cenidh

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (Perú)

Centro Andino de Investigaciones Antropológico Forenses (Perú)

Centro de Asesoría Laboral del Perú (Perú)

Centro de Atención Psicosocial (Perú)

Centro de Derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"(México)

Centro de Desarrollo Étnico (Perú)

Centro de Desarrollo Humano (Perú)

Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS (Argentina)

Centro de Estudios y Acción para la Paz (Perú).

Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos (Perú).

Centro de Iniciativas Democráticas -CIDEM- (Panamá)

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH-, Guatemala

Colectiva por el Derecho a Decidir, Costa Rica

CONFLUENCIA FEMINISTA MESOAMERICANA PETATERAS

CASA ALIANZA NICARAGUA

CALPI

CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE  ASESORÍA EN SALUD (CISAS)

Centro de Iniciativas para el Desarrollo Humano (Perú).

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – (Perú)

Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD

Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos – Arequipa (Perú).

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos

Centro para el Desarrollo Humano (Perú).

Centro para la defensa del Consumidor -CDS- (El Salvador)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Derechos Reproductivos

Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes

CIDEHUM-, Costa Rica

CIESA

CEPRESI - Centro Para la Educación y Prevención Del SIDA (Nicaragua)

Civilis Derechos Humanos (Venezuela)

Coalición LGBTTI con trabajo en la OEA (29 organizaciones)

Coalition Advocating for the Inclusion of Sexual Orientation-CAISO (Trinidad and Tobago) (6 organizaciones)

COFAVIC (Venezuela)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) de Colombia.

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Ecuador

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

Comisión de Derechos Humanos (Perú).

Comisión de Derechos Humanos de Celendín (Perú).

Comisión de Derechos Humanos de Ica (Perú)

Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa (Perú).

Comisión de Derechos Humanos del Alto Huallaga (Perú)

Comisión de Derechos Humanos del El Agustino (Perú).

Comisión de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas (Perú).

Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote (Perú).

Comisión de Justicia y Paz Derechos Humanos Vicariato de Iquitos (Perú).

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C., México

Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia (Perú).

Comisión de Justicia y Paz, Colombia.

Comisión Diocesana de Pastoral Social – Cajamarca (Perú).

Comisión Diocesana de Servicio Pastoral Social (Perú).

Comisión Episcopal de Acción Social (Perú).

Comisión Prelatural de Pastoral Social de Huamachuco (Perú).

Comité de Defensa de Derechos Humanos de Taurija (Perú).

Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Diócesis de Huacho (Perú).

Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la provincia de Sánchez Carrión (Perú).

Comité de Derechos Humanos de Canas (Perú).

Comité de Derechos Humanos de Chumbivilcas (Perú).

Comité de Derechos Humanos de Espinar (Perú).

Comité de Derechos Humanos de Ilo(Perú)

Comité de Derechos Humanos de Moyobamba (Perú).

Comité de Derechos Humanos de Pachitea (Perú).

Comité de Derechos Humanos de Pasco (Perú).

Comité de Derechos Humanos de Tayabamba (Perú).

Comité de Derechos Humanos del Distrito del Putumayo (Perú).

Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Refugiados (Perú).

Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH; Honduras)

Concilio Nacional Evangélico del Perú (Perú).

Conectas Direitos Humanos (Brasil)

Confederación Nacional de Discapacitados del Perú (Perú).

CONFLUENCIA FEMINISTA MESOAMERICANA PETATERAS

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sus 79 instituciones afiliadas (-Perú)

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), Guatemala

Corporación Humanas (Chile)

Corporación Transparencia por Colombia (Colombia).

Defensa de Niñas y Niños - Internacional, DNI (Costa Rica)

DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Perú)

Diaconía para la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura (Perú)

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial de Guatemala – ECAP

Equipo Peruano de Antropología Forense (Perú)

Federación Internacional de los Derechos Humanos /FIDH

FIBRAS/Movimiento por Nicaragua

Foro por la Vida: Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela

Fórum Solidaridad Perú (Perú).

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- (El Salvador)

Fundación Myrna Mack (Guatemala)

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Perú)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundación Pro Acceso (Chile).

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Perú)

Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño (Perú)

Grupo Guatemalteco de Mujeres (Guatemala)

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH

Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA

Heartland Alliance (internacional)

Instituto de Defensa Legal

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" /IDHUCA (El Salvador)

Instituto de Desarrollo Urbano (Perú)

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala/ICCPG

Instituto de Estudos da Religião (ISER) (Brasil)

Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz

Instituto Regional para la Paz (Perú)

Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género (Perú)

Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (Perú)

IPAS CENTROAMERICA

Jamaica Forum for Lesbians, All-Sexuals and Gays (J-Flag)

Justicia y Paz Nacional de la Conferencia Episcopal

Las Hijas de la Negrita, Costa Rica

Laboratorio de Paz

Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C. (Litiga OLE; México)

Movimiento Autónomo de Mujeres (Nicaragua).

Movimiento Cristiano Pro Derechos Humanos de Quillabamba (Perú)

Movimiento Homosexual de Lima (Perú)

Movimiento Jatarishun (Perú)

Movimiento Manuela Ramos (Perú)

Observatorio Venezolano de Prisiones (Venezuela)

Movimiento Social por los Derechos de la Niñez Adolescencia y Juventud en Guatemala (90 organizaciones)

Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres (Venezuela)

Oficina de Protección de los Derechos Humanos del Periodista (Perú).

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Oficina Jurídica de la Mujer (Bolivia)

Organización de Acción Social de Ucayali (Perú)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Pastoral de Dignidad Humana Arzobispado de Huancayo (Perú).

PROGRAMA FEMINISTA LA CORRIENTE

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA Venezuela)

Proyecto Amigo – Oficina de Derechos Humanos-(Perú).

Red de la No violencia contra las Mujeres (Guatemala)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 75 grupos de 22 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT, México

Asilegal, México

Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C., México

Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C., México

Casa del Migrante Saltillo, México

Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., México

Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., México

Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), México

Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las  Casas", A. C., México

Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C., México

Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (PRODH), México

Centro de Derechos Humanos “Don Sergio”, México

Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C., México

Centro de Derechos Humanos “Juan Geradi”, A.C., México

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C., México

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, México

Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C., México

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A. C., México

Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (CEDHSPAC), México

Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C., México

Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, México

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C., México

Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C., México

Centro de Derechos Indígenas A. C., México

Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., México

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) , México

Centro de los Derechos del Migrante, INC., México

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF), México

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara), México

Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C., México

Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos, A. C., México

Centro Juvenil Generando Dignidad A. C., México

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, México

Centro Mujeres, A. C., México

Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C., México

Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C., México

Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC), México

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), México

Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, A. C., México

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH), México

Comision Colombiana de Juristas (CCJ), Colombia

Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz", México

Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C., México

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., México

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR), México

Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida", México

Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C., México

Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C., México

Comité Cerezo, México

Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI), México

Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C., México

Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A.C., México

Comité de Derechos Humanos Ajusco, México

Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C., México

Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO), México

Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB), México

Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C., México

Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C., México

Desarrollo Comunitario, México

Fundación Pachamama, Ecuador

Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos, México

Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, México

Iniciativa por la Identidad y la Inclusión, A.C., México

Institucional de Derechos Humanos y Paz, México

Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C., México

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, México

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC),

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)-Programa, México

KOOKAY – Ciencia Social Alternativa, A.C., México

Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., México

PRODESC Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C., México

Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León, México

Promoción y Defensa de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, A.C., México

Proyecto Participación Ciudadana, México

Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y

Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C., México

Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México), México

Servicios de Inclusión Integral, A.C., México

Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH), México

Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero Puebla) - Programa de Derechos Humanos, Instituto de DDHH Ignacio Ellacuría, México

Red para la Infancia y la Familia (Perú).

Red por los Derechos de la Infancia en México REDM (México)

Society Against Sexual Orientation Discrimination –SASOD (Guyana)

Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad (Perú).

Servicios Integrales para la Mujer - SI Mujer – (Nicaragua)

Sinergia Asociación Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil (Venezuela)

University of Miami Human Rights Clinic (EEUU)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos/UDEFEGUA (Guatemala)

United Belize Advocacy Movement - UNIBAM

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas (Venezuela)

Vicaría de la Solidaridad de Jaén (Perú)

Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani (Perú)

Women´s Way Foundation (Suriname)

 

Ante la Corte Interamericana sobrevivientes de la masacre de El Mozote exigen justicia a El Salvador

La masacre de cerca de 1.000 personas fue una de las más crueles de América Latina

Guayaquil, Ecuador - 23 de abril de 2012. “Que haya justicia” fue la exigencia principal de Dorila Márquez a las autoridades del Estado salvadoreño. Ella fue una de las tres víctimas sobrevivientes de la masacre de El Mozote y sitios aledaños que rindieron testimonio hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una audiencia pública celebrada en Guayaquil, Ecuador. Las víctimas fueron representadas por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de El Salvador (Tutela Legal) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

Lun, 23/04/2012

Guayaquil, Ecuador - 23 de abril de 2012. “Que haya justicia” fue la exigencia principal de Dorila Márquez a las autoridades del Estado salvadoreño. Ella fue una de las tres víctimas sobrevivientes de la masacre de El Mozote y sitios aledaños que rindieron testimonio hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una audiencia pública celebrada en Guayaquil, Ecuador. Las víctimas fueron representadas por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de El Salvador (Tutela Legal) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Los hechos del caso que permanecen hoy en la impunidad se remontan al 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, cuando cerca de mil habitantes de El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando, Jocote Amarillo y otras comunidades del municipio de Meanguera (departamento de Morazán) fueron asesinados por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador en el marco del conflicto armado interno en este país (1980-1992). Sus comunidades, incluyendo niños y niñas, fueron arrasadas y cientos de víctimas sobrevivientes debieron huir.

El Estado negó los hechos por décadas y muchas de las víctimas no los denunciaron “por miedo”, como lo relató ante el tribunal María del Rosario López Sánchez, vecina en aquel momento de La Joya. Ella perdió a 22 familiares en la masacre y debió huir a los cerros vecinos, donde, por temor, vivió oculta durante seis años.

Para la perita Sol Yáñez, doctora en psicología social por la Universidad del País Vasco, después de 30 años de ocurridos los hechos, el trauma se ha cristalizado, no sólo por los crímenes, sino también por la manera atroz en la que fueron cometidos, la culpabilización de las víctimas y la falta de justicia. Yáñez urgió la implementación de un Programa de Atención Psicosocial como parte de una política integral de reparación, que contemple medidas específicas para reconstruir el tejido social. "Parte de la violencia [actual] en El Salvador tiene que ver con lo no resuelto [del pasado]" insistió.

Por su parte, el perito Salvador Méndez Leal, procurador adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, responsabilizó a la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz, promulgada en 1993, como el principal instrumento legal que perpetua la impunidad de los crímenes.

Aunque en enero de 2012, el Presidente de la República Mauricio Funes haya aceptado públicamente la responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos, Tutela Legal y CEJIL manifestaron la necesidad de adecuar la legislación interna con los parámetros internacionales, especialmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para poder investigar, procesar y sancionar a  los responsables de esta masacre y  de las múltiples violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado.

Ficha de prensa sobre el caso.

Declaración por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil

Cumbre de las Américas- Cartagena, Colombia 2012

Los derechos humanos, la democracia y la paz son tres importantes temas de la agenda multilateral de nuestra región que están ausentes de la agenda formal de esta Cumbre y que traemos hoy con el ánimo de que sean incluidos de manera explícita y permanezcan en los debates actuales y futuros.

Y es aquí en Colombia, país que sufre uno de los más largos conflictos armados, donde democracia, paz y derechos humanos cobran un significado particular. Nuestro hemisferio, pese a avances, es todavía inaceptablemente desigual. Desafortunadamente, la aplicación de ciertas políticas de desarrollo limitan el goce de los derechos sociales, a la salud, a la educación y al medioambiente. Persisten deudas importantes en materia de derechos humanos y falencias estructurales en nuestras democracias. Esta situación erosiona la prosperidad y tiene consecuencias palpables para millones de ciudadanos y ciudadanas del hemisferio.

 


Vie, 13/04/2012

Buenos días. Los derechos humanos, la democracia y la paz son tres importantes temas de la agenda multilateral de nuestra región que están ausentes de la agenda formal de esta Cumbre y que traemos hoy con el ánimo de que sean incluidos de manera explícita y permanezcan en los debates actuales y futuros.

 

Y es aquí en Colombia, país que sufre uno de los más largos conflictos armados, donde democracia, paz y derechos humanos cobran un significado particular. Nuestro hemisferio, pese a avances, es todavía inaceptablemente desigual. Desafortunadamente, la aplicación de ciertas políticas de desarrollo limitan el goce de los derechos sociales, a la salud, a la educación y al medioambiente. Persisten  deudas importantes en materia de derechos humanos y falencias estructurales en nuestras democracias. Esta situación erosiona la prosperidad y tiene consecuencias palpables para millones de ciudadanos y ciudadanas del hemisferio.

 

La protección de los derechos humanos a nivel nacional tiene fallas significativas y, por ello, no sólo es clave reforzar la capacidad de respuesta a nivel local, impulsar políticas públicas que tutelen derechos fundamentales sino también asegurar que funcione de manera efectiva la protección regional. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, formado por la Comisión y la Corte, es en muchos casos, el único o el último recurso para proteger derechos fundamentales. Los Estados de la región deben comprometerse a proteger la integridad e independencia de estos órganos y evitar asumir posiciones que, a efectos de avanzar intereses políticos inmediatos, afectarían su autonomía y efectividad, como ha ocurrido en relación con el otorgamiento de medidas cautelares que protegen vidas y derechos en riesgo y de algunas iniciativas que han querido limitar el trabajo de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana.

 

La libertad de expresión es un derecho fundamental para la autonomía individual y colectiva, el debate democrático, la transparencia de la gestión pública y la participación política, entre otros. El  acceso a la información pública, reconocido como un derecho, cumple un papel primordial como facilitador del goce de otros derechos y de la gobernabilidad democrática.

 

Uno de los derechos clave que se fortalece con la información pública es la participación ciudadana. Ella es imprescindible para garantizar los derechos de asociación y reunión.También permite el diálogo a nivel nacional y en los organismos internacionales.

 

En este mismo espíritu, es clave que se implemente de manera efectiva la Carta Democrática Interamericana para dar una respuesta regional a las crisis institucionales y los quiebres y/o amenazas al orden constitucional y al estado de derecho.

 

Los defensores y las defensoras de derechos humanos juegan un rol fundamental en la realización de derechos, la democracia y la paz.

En no pocos países de la región las amenazas, violencia sexual y asesinatos  continúan siendo medios de inhibición y silenciamiento de su labor.

Los Presidentes y Presidentas aquí reunidos deben  promover y garantizar  la vida y la labor de los defensores y defensoras en todos los ámbitos.

 

En algunos Estados se está criminalizando la protesta social como una estrategia para amedrentar a los líderes sociales y socavar la fortaleza moral de sus bases con un alto riesgo para sus vidas, su integridad física y para la  cohesión de las propias organizaciones sociales.

Al mismo tiempo, la situación de exclusión social, invisibilidad y grave discriminación que sufren las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales, e intersex, las comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, migrantes, roma, personas con discapacidad,  refugiados, apátridas, mujeres, niños y niñas, adultos mayores, minorías religiosas hacen inviable  muchos de los compromisos de esta Cumbre. Esta discriminación se manifiesta cotidianamente en asesinatos, violencia,  marginación y estigmatización, a veces implícita, otras explícitamente, como por ejemplo las leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y las identidades y expresiones de género.

Una de las deudas más importantes de las Américas es el racismo estructural, que se presenta de manera latente o manifiesta, cimentando  privilegios para unos en detrimento de la población discriminada. De ello dan  cuenta los y las afrodescendientes y los pueblos indígenas de nuestro hemisferio que reclaman por el reestablecimiento de sus derechos individuales y colectivos, por el fin de la xenofobia y por la implementación de acciones positivas que permitan modificar esta situación de desigualdad.

 

En el caso de los pueblos indígenas, los Estados deben hacer efectivo el derecho a la consulta, y al consentimiento libre, previo e informado.

Los Estados deben proveer los recursos y adoptar las medidas necesarias para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Estas medidas deben incluir la lucha contra la trata de personas, la garantía del ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de toda la población, incluído el acceso efectivo a servicios de anticoncepción.

 

Una de las causas más fuertes de la erosión de los derechos humanos y la democracia es la persistencia de la guerra. En este aspecto queremos reafirmar que el mejor aporte que le pueden ofrecer los mandatarios y mandatarias a Colombia, como país anfitrión de la Cumbre de las Américas, es la activación de mecanismos diplomáticos  que permitan al gobierno y las guerrillas explorar caminos no militares que superen el único conflicto armado que hay en el hemisferio.

 

Esta exposición fue construida sobre la base de aportes de las siguientes organizaciones y redes:

 

Alianza Democracia

Alianza Regional por la Libre  Expresión e Información

Amnistía Internacional

Articulación de ONGs de Mujeres Negras Brasileñas

Asociación Nacional de Afrocolombia Desplazadas

Asociación Afroamigas

Asociación Pro Derechos Humanos - Perú

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz - Colombia

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Coalición LGBTTI - (28 organizaciones)

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Colombia

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - Perú (79 organizaciones)

Due Process of Law Foundation

Fundación Pro Acceso - Chile

Freedom House

Global Rights

Heartland Alliance

Organización Negra Centroamericana

REDLAD - Red  Latinoamericana y del Caribe para la Democracia - (60 organizaciones)

Red Democrática Activa

Red de Mujeres Afrolatinas, Caribeñas y de la Diáspora

Red por El Acceso a la Información Pública

Reiniciar - Colombia

 

Primer caso sobre Guantánamo es admitido por Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Organizaciones de Derechos Humanos piden que se acabe con la detención indefinida del argelino Djamel Ameziane

30 de Marzo de 2012, Nueva York y D.C. – El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Djamel Ameziane, un hombre argelino detenido en la Base Naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, por más de 10 años y sin ningún cargo o juicio.

 

Los representantes de Djamel Ameziane del CCR y el CEJIL emitieron la siguiente declaración: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado una decisión extremadamente significativa con la emisión del informe de admisibilidad en el caso de Djamel Ameziane, un ciudadano argelino prisionero en la Base Naval Estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba; sin ningún cargo o juicio por más de 10 años, hasta el día de hoy.

 

Vie, 30/03/2012

 

30 de Marzo de 2012, Nueva York y D.C. – El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Djamel Ameziane, un hombre argelino detenido en la Base Naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, por más de 10 años y sin ningún cargo o juicio.

 

Los representantes de Djamel Ameziane del Centro de Derechos Constitucionales (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) emitieron la siguiente declaración:

 

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado una decisión extremadamente significativa con la emisión del informe de admisibilidad en el caso de Djamel Ameziane, un ciudadano argelino prisionero en la Base Naval Estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba; sin ningún cargo o juicio por más de 10 años, hasta el día de hoy.

 

Esta decisión marca un hito, por ser la primera vez que la CIDH ejerce su jurisdicción sobre el caso de un hombre detenido en Guantánamo, y resalta que no ha habido ningún recurso interno efectivo para las víctimas de detenciones injustas y otros abusos en la base. La CIDH ahora procederá a recopilar mayor información sobre las violaciones a los derechos humanos sufridas por Djamel Ameziane – incluyendo las duras condiciones de reclusión que ha padecido, los abusos infligidos a él, y la ilegalidad de su detención. La CIDH revisará minuciosamente el fracaso del gobierno de EE.UU. por  no transferir a Djamel Ameziane (ni a ningún otro hombre detenido en Guantánamo) durante este último año – el periodo de tiempo más largo, sin  una transferencia desde que la prisión se abrió en enero de 2002. Este hecho hace que los Estados Unidos incumplan una vez más con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con las medidas cautelares emitidas por la CIDH a favor de Djamel Ameziane en el 2008 y otros  detenidos en el 2002.

 

Djamel Ameziane es un refugiado de Argelia, quien dejó su país a comienzos de los noventas para evadir la guerra civil que mató a miles de millones de personas. El vivió en Austria y Canadá por muchos años, trabajando como un reconocido chef, hasta que se le negó el refugio permanente. Temiendo ser deportado a Argelia, escapó a Afghanistán  justo antes de la invasión de los Estados Unidos en octubre de 2001. Como otros miles de refugiados,  escapó a Pakistán para huir de la guerra, pero fue detenido y vendido a las fuerzas estadounidenses a cambio de una recompensa. En caso de ser devuelto a Argelia, teme ser perseguido debido a su etnia bereber y su condición como detenido de Guantánamo. La administración de Obama ya ha repatriado forzosamente a dos argelinos y Ameziane teme correr la misma suerte. Él espera y tiene  la esperanza de que otro país lo reciba, quizás un país donde él pueda usar sus conocimientos del francés, inglés o alemán; pero aceptaría cualquier lugar seguro.

 

J. Wells Dixon, abogado principal del CCR, mencionó: “Renovamos nuestro pedido a la CIDH para  que facilite el diálogo entre los Estados Unidos y otros países miembros de la Organización de Estados Americanos para el reasentamiento  seguro de hombres como Djamel Ameziane.  Las detenciones indefinidas en Guantánamo no terminarán a menos que la comunidad internacional ofrezca hogares seguros a los hombres que no pueden retornar a sus países de origen por temor a ser torturados o perseguidos.”

 

Esperamos que la comunidad internacional tenga un gesto humanitario y ofrezca a Djamel Ameziane protección y la oportunidad de reconstruir su vida a salvo.

 

El gobierno de Obama debería ordenar inmediatamente al Departamento de Defensa que certifique a Djamel Ameziane para ser transferido, o si es necesario, autorizar una “national security waiver” para las restricciones a las transferencias para él y todos los otros hombres que pueden haber sido injustamente detenidos en Guantánamo. De conformidad con  el National Defense Authorization Act (NDAA) para el 2012, Djamel Ameziane necesita una certificación o dispensa antes de ser liberado.

 

La detención indefinida no es una opción. A los hombres detenidos se les debe  otorgar un juicio o de lo contrario deben ser liberados. Se ha esperado por mucho tiempo que la impunidad de Guantánamo termine y que se disponga su cierre. La decisión de hoy de la CIDH es un paso en esa dirección”

 

 

 

 

CONTACTOS: Dorothee Benz (CCR) 718.314.4432 – press@ccrjustice.org www.ccrjustice.org

Milli Legrain (CEJIL) 202.319.3000 – mlegrain@cejil.org www.cejil.org

 

 

 

Estado brasileiro recebe denúncia internacional do caso Vladimir Herzog

Rio de Janeiro, 28 de março de 2012 – A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) abriu oficialmente o Caso Vladimir Herzog, enviando ao Estado brasileiro, nesta terça-feira, dia 27 de março, a denúncia apresentada pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), pela Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos (FIDDH), pelo Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, e pelo Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo.

 

Este caso é mais um exemplo da omissão do Estado brasileiro na realização de justiça dos crimes da ditadura militar cometidos por agentes públicos e privados. Até o presente momento, apesar das tentativas no âmbito da justiça interna, o Estado não cumpriu com seu dever de investigar, processar, e sancionar os responsáveis pelo assassinato de Vladimir Herzog.

 

Jue, 29/03/2012

Rio de Janeiro, 28 de março de 2012 – A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) abriu oficialmente o Caso Vladimir Herzog, enviando ao Estado brasileiro, nesta terça-feira, dia 27 de março, a denúncia apresentada pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), pela Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos (FIDDH), pelo Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, e pelo Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo. Estas organizações peticionárias, em parceria com o Instituto Vladimir Herzog entendem que esta notificação chega em um momento fundamental ao conhecimento do Estado brasileiro, quando os órgãos competentes são chamados tomar decisões que podem assegurar a manutenção do Estado Democrático de Direito, e a garantia da consolidação da democracia no Brasil.

 

Este caso é mais um exemplo da omissão do Estado brasileiro na realização de justiça dos crimes da ditadura militar cometidos por agentes públicos e privados.

 

Até o presente momento, apesar das tentativas no âmbito da justiça interna, o Estado não cumpriu com seu dever de investigar, processar, e sancionar os responsáveis pelo assassinato de Vladimir Herzog.

 

Conforme denunciado à Comissão Interamericana, o jornalista foi executado após ter sido arbitrariamente detido por agentes do DOI/CODI de São Paulo. A morte de Herzog foi apresentada à família e à sociedade como um suicídio.

 

A investigação foi realizada por meio de Inquérito Militar, que concluiu pela ocorrência de suicídio. Seus familiares propuseram em 1976 uma ação civil declaratória na Justiça Federal que desconstituiu esta versão. Em 1992, o Ministério Público do Estado de São Paulo requisitou a abertura de inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte Vladimir Herzog, mas o Tribunal de Justiça considerou que a Lei de Anistia é um óbice para a realização das investigações. Em 2008, com base em fatos novos, foi feita outra tentativa para iniciar o processo penal contra os responsáveis pelas violações cometidas. No entanto, o procedimento foi novamente arquivado, desta vez sob o argumento de que os crimes teriam prescrito.

 

A jurisprudência da Corte Interamericana determina que “são inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade, que pretendam impedir a investigação e punição dos responsáveis por graves violações dos direitos humanos, como a tortura, as execuções sumárias, extrajudiciais ou arbitrárias, e os desaparecimentos forçados”.

 

A notificação de hoje é uma clara mensagem da Comissão Interamericana ao Supremo Tribunal Federal (STF) de que novos casos sobre a dívida histórica seguirão sendo analisados pelos órgãos do sistema interamericano -- Comissão e Corte Interamericanas de Direitos Humanos – na expectativa de que o Poder Judiciário se antecipe e cumpra a atribuição que lhe compete de fazer o controle de convencionalidade, adequando as decisões judiciais internas à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e consequentemente realize a justiça conforme as obrigações internacionais que o Estado brasileiro se comprometeu de boa-fé.

 

 

 

Contatos:

Programa do CEJIL para o Brasil

Beatriz Affonso

Natália Frickmann

Tel.: 55 (21) 2533-1660

brasil@cejil.org

www.cejil.org

 

 

Milli Legrain

CEJIL Washington D.C

202 319 3000 ext 15

mlegrain@cejil.org

 

 

Instituto Vladimir Herzog

Nemércio Nogueira

Tel.: 55 (11) 2894-6650.

http://www.vladimirherzog.org

Defensores que impulsan justicia corren grave riesgo en Guatemala

Activistas y operadores de justicia son desprestigiados y criminalizados

Washington, D. C., 27 de marzo de 2012- La reciente apertura de investigaciones y procesos, así como las condenas contra violadores de los derechos humanos en Guatemala, ha aumentado la situación de riesgo de las personas que luchan contra la impunidad en este país. Así lo advirtieron hoy representantes de 11 organizaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 144.º período de sesiones.

Mar, 27/03/2012

 

Washington, D. C., 27 de marzo de 2012- La reciente apertura de investigaciones y procesos, así como las condenas contra violadores de los derechos humanos en Guatemala, ha aumentado la situación de riesgo de las personas que luchan contra la impunidad en este país. Así lo advirtieron hoy representantes de 11 organizaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 144.º período de sesiones.

 

Históricamente, los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala realizan su labor en condiciones de extrema violencia e inseguridad. Las peticionarias denunciaron que a lo largo de 12 años de registro han ocurrido 2521 agresiones en contra de estos activistas. En los ataques ocurridos entre el 2000 y el 2010, se calcula que aproximadamente una cuarta parte fueron en perjuicio de quienes se desempeñan en el sector de la justicia y búsqueda de la verdad.

 

En el 2012, de 29  ataques 21 han sido contra defensores que impulsan la justicia en distintos casos. Durante la audiencia se expuso que, además de estas amenazas, desde finales de 2011 se han activado campañas públicas de desprestigio –e incluso de criminalización– contra defensores y defensoras de los derechos humanos, a propósito de los avances en los casos penales contra perpetradores de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado interno.

 

“El nivel de riesgo a la  seguridad de las y los defensores se acrecienta cuando las autoridades hacen caso omiso de dicho riesgo y contribuyen con su discurso a incrementar el nivel de estigma, rechazo social y asilamiento”, denunciaron las peticionarias.

 

La Comisionada Rosa María Ortiz se mostró particularmente preocupada por la militarización de la seguridad ciudadana y por el mínimo presupuesto (sólo un 2% del PIB) que el Estado destina a temas de seguridad y justicia “con lo que también se puede valorar la voluntad política relacionada a los derechos humanos".

 

Las organizaciones peticionarias instaron al Estado para que, desde sus diferentes entes, promueva el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y a la vez reconozcan la necesidad de juzgar tales crímenes. Asimismo, entre otras medidas, urgieron  la creación de un ‘Programa de protección para defensores de derechos humanos y otras víctimas vulnerables’, una idea que fue respaldada por el Comisionado Orozco; y que además se asegure el adecuado funcionamiento de  una Instancia de Análisis a Ataques a Defensores de Derechos Humanos.

 

 

Organizaciones peticionarias:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

Fundación Sobrevivientes

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Alianza Sector de Mujeres

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

 

En audiencia pública, jueces despedidos tras el golpe de Estado en Honduras solicitan a la CIDH emitir informe final sobre su caso

El Estado sigue sin reconocer que hubo una ruptura del orden constitucional

Washington, D. C., 26 de marzo de 2012- Los tres jueces y la magistrada que fueron despedidos por expresarse y realizar acciones en contra del golpe de Estado perpetrado en junio de 2009 solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita el informe final sobre su caso. La petición se realizó durante una audiencia del 144.º período de sesiones de la CIDH en la que participó la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Lun, 26/03/2012

 

Washington, D. C., 26 de marzo de 2012- Los tres jueces y la magistrada que fueron despedidos por expresarse y realizar acciones en contra del golpe de Estado perpetrado en junio de 2009 solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita el informe final sobre su caso. La petición se realizó durante una audiencia del 144.º período de sesiones de la CIDH en la que participó la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

Los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Chévez de la Rocha, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza denunciaron que el Estado sigue sin reconocer o reparar la totalidad de las violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.

 

El 5 de mayo del 2010, los jueces y la magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

 

La AJD y CEJL reiteraron su denuncia por la violación a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, los derechos políticos y el derecho a la protección judicial. Con respecto a Chévez de la Rocha, el Estado es responsable por la violación al derecho a su libertad personal. Asimismo, el Estado es responsable por la violación al derecho de reunión del juez López Lone.

 

En su intervención, el Estado no presentó información nueva sobre el caso y siguió sin reconocer que existió un golpe de Estado. Asimismo mantiene que el despido de los jueces obedece a su participación en actividades “político-partidarias”.

 

En respuesta al Estado,  el juez López Lone rechazó que sus acciones se inscribieran en una manifestación partidista. Hizo hincapié en que sus acciones eran  a favor de la democracia y por el restablecimiento del orden constitucional.

 

El caso Guillermo López Lone y otros contra Honduras (‘Jueces Despedidos’) es el primero que conoce la CIDH con respecto a las violaciones de los derechos humanos en el marco del golpe de Estado en Honduras. Dadas las múltiples violaciones cometidas durante y después de la ruptura constitucional, las organizaciones peticionarias afirmaron que las recomendaciones que emitirá la CIDH pueden impulsar reformas estructurales para garantizar la independencia judicial en Honduras, así como la justicia en otros casos.

 

 

 

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