CEJIL y otras organizaciones

El Salvador sigue incumpliendo recomendaciones de la Comisión Interamericana en los casos de Monseñor Romero y la masacre en la UCA

Conclusiones de reunión de trabajo entre el Estado y representantes de las víctimas

Washington D. C., 27 de octubre del 2011- El Estado salvadoreño sigue sin investigar el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, ocurrido en 1980, ni las ejecuciones de seis sacerdotes jesuitas junto a Julia Elba Ramos y Celina, su hija adolescente, perpetradas en 1989. Estas deudas oficiales fueron reconocidas por autoridades estatales el día de ayer, durante una reunión de trabajo convocada oficiosamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para examinar el cumplimiento de sus recomendaciones en estos casos y en el caso de la Masacre de las Hojas. Además, el Estado aceptó que tampoco ha adecuado su legislación para dejar sin efecto la Ley de Amnistía vigente en el país desde 1993.

Jue, 27/10/2011

El Salvador sigue incumpliendo recomendaciones de la Comisión Interamericana en los casos de Monseñor Romero y la masacre en la UCA

Conclusiones de reunión de trabajo entre el Estado y representantes de las víctimas

Washington D. C., 27 de octubre del 2011- El Estado salvadoreño sigue sin investigar el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, ocurrido en 1980, ni las ejecuciones de seis sacerdotes jesuitas junto a Julia Elba Ramos y Celina, su hija adolescente, perpetradas en 1989. Estas deudas oficiales fueron reconocidas por autoridades estatales el día de ayer, durante una reunión de trabajo convocada oficiosamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para examinar el cumplimiento de sus recomendaciones en estos casos y en el caso de la Masacre de las Hojas. Además, el Estado aceptó que tampoco ha adecuado su legislación para dejar sin efecto la Ley de Amnistía vigente en el país desde 1993.

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participaron en la reunión como representantes de las víctimas. Ambas organizaciones expresaron su frustración por la falta de avances en la justicia salvadoreña.

En el caso de los sacerdotes jesuitas, su colaboradora y la hija de ésta, las organizaciones señalaron que el Estado incluso ha obstaculizado los esfuerzos de la justicia universal impulsados por la Audiencia Nacional de  España, que se encuentra conociendo el caso a raíz de una denuncia presentada el 13 de noviembre de 2008 por el Center for Justice and Accountability (CJA). En agosto pasado, la Policía Nacional Civil de El Salvador no detuvo a nueve militares acusados por esos hechos contra quienes la Interpol había emitido una orden internacional de captura, a propósito del llamamiento a juicio dictado por el juez de la causa. Lo mismo ocurrió  en septiembre con otros cinco militares imputados.

En el caso de Monseñor Romero, señalaron que el caso permanece cerrado desde 1993 y el Estado no ha adoptado ninguna medida para cambiar esta situación. Además, indicaron que desde noviembre de 2009 el Estado se comprometió a adoptar medidas simbólicas de reparación, sin que a la fecha se hayan dado avances sustanciales en este sentido.

Las organizaciones denunciaron la inacción estatal para derogar la Ley de Amnistía y señalaron que en junio anterior, se aprobó un decreto legislativo –sancionado el mismo día por el Presidente de la República− que obligaba a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a decidir las demandas de inconstitucionalidad por unanimidad. Este decreto se impulsó, en buena medida, debido al temor de algunos grupos de poder de que dicha Sala se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, aun sin existir demanda alguna en tal sentido. El mismo fue derogado posteriormente como consecuencia de la presión nacional e internacional ejercida.

Las organizaciones manifestaron que el incumplimiento absoluto de las recomendaciones de la CIDH vacía de significado los actos oficiales de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones cometidas por el Estado y las medidas simbólicas de reparación. La representación de las víctimas afirmó que es imposible reparar el daño causado sin la obtención de justicia.

Finalmente, CEJIL e IDHUCA solicitaron a la Comisión Interamericana que se involucre de manera más cercana en el seguimiento de sus recomendaciones pues, de lo contrario, la impunidad seguirá perpetuándose. Ambas organizaciones confían en que la CIDH acceda a su solicitud y que el Estado adopte medidas efectivas y concretas para cumplir sus obligaciones internacionales en derechos humanos. Particularmente, el IDHUCA demandó que el Estado acompañe la iniciativa de los tribunales internacionales para la aplicación de la justicia restaurativa que promueve el IDHUCA; derogue la Ley de Amnistía y apruebe la Ley de verdad, justicia, reparación y dignificación para las víctimas y la sociedad salvadoreña.

Los hechos

El 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez fue asesinado con el disparo de un francotirador integrante de un escuadrón de la muerte, formado por agentes estatales. La muerte de Monseñor Romero fue uno de los hechos previos al conflicto armado interno en El Salvador, que se extendió hasta 1991 y dejó más de 75.000 personas ejecutadas de la población civil y otras violaciones masivas de derechos humanos.

El caso de la masacre en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” se refiere a los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, perpetrados por militares salvadoreños en el campus de dicha institución académica ubicado en la ciudad de San Salvador. Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989 en el contexto de la mayor ofensiva armada en la época lanzada por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy partido en el Gobierno.

La decisión de la Comisión en este último caso fue emitida el 22 de diciembre de 1999; la del caso Romero, el 13 de diciembre de 2000.

Para más información sobre el caso Jesuitas ver:

http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/El%20Salvador10.488.htm

Para más información sobre el caso Romero ver:

http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/ElSalvador11481.htm

Nicaragua fue denunciada ante la CIDH por no garantizar los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual

En el 2010 se cometió el equivalente a una violación sexual de una niña o mujer cada dos horas en Nicaragua

Washington D. C., 26 de octubre del 2011- Las niñas y mujeres en Nicaragua se encuentran en riesgo e indefensión frente un Estado que no garantiza sus derechos y que permite la impunidad de los perpetradores de violencia sexual. Esta denuncia fue presentada el lunes pasado por cinco organizaciones de la sociedad civil –en presencia de representantes del Estado nicaragüense– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 143er periodo de sesiones.

Mié, 26/10/2011

Washington D. C., 26 de octubre del 2011- Las niñas y mujeres en Nicaragua se encuentran en riesgo e indefensión frente un Estado que no garantiza sus derechos y que permite la impunidad de los perpetradores de violencia sexual. Esta denuncia fue presentada el lunes pasado por cinco organizaciones de la sociedad civil –en presencia de representantes del Estado nicaragüense– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 143er periodo de sesiones.

Las organizaciones presentes en la audiencia fueron Ipas Centroamérica, Women’s Link Worldwide (WLW), Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Esta coalición presentó datos sobre la situación actual de violencia sexual contra niñas y mujeres, las deficiencias en la implementación de los protocolos de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y las dificultades para obtener justicia en este tipo de casos.

Durante la audiencia se reveló la falta de información actualizada y estadísticas consolidadas sobre violencia sexual en Nicaragua; no obstante, las peticionarias citaron algunos de los pocos datos disponibles. Cifras del Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, revelan que en 2010 ocurrieron en promedio 13 casos al día, es decir una violación sexual cada dos horas en Nicaragua. El 84% de las mujeres agredidas eran menores de edad y una de cada tres eran menores de 10 años. Para el mismo año, los medios de comunicación escritos reportaron un total de 15 menores embarazadas, producto de una violación. Ello resulta preocupante en un país donde no existe opción para interrumpir el embarazo, ni siquiera por el riesgo a la salud y la vida de las niñas.

En la audiencia fueron expuestos ante la CIDH dos casos emblemáticos de violencia sexual en Nicaragua. Uno de ellos es el de 13 niños y niñas de entre 9 y 16 años que fueron víctimas de abuso sexual por parte de militares en la comunidad de Monkey Point, en la Región Autónoma del Atlántico Sur. La denuncia trascendió durante este año pero los abusos presuntamente se venían cometiendo desde el 2003. Hasta la fecha no se ha sancionado a ningún militar por estos hechos.

El otro caso se refirió a la sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la violación sexual que sufrió la joven Fátima Hernández. La Corte resolvió rebajar la pena del agresor y ordenó su libertad considerando que la víctima fue colaboradora y que el perpetrador actuó bajo los efectos de la cerveza. Para las organizaciones peticionarias, la impunidad en este caso y la humillación que sufrió la víctima se convierten en antecedentes disuasorios para que otras mujeres denuncien actos de violencia sexual.

Durante la audiencia, la Relatora para la Mujer de la CIDH, Luz Patricia Mejía, llamó la atención del Estado en relación con la sentencia en el caso de Fátima Hernández y señaló su preocupación por las consecuencias para la protección de las mujeres. Por su parte, el Comisionado Felipe González preguntó al Estado sobre los mecanismos disponibles en el país para acceder a información en el Estado. El comisionado Paulo Sergio Pinheiro pidió información sobre las cifras de denuncias y condenas por violencia sexual y enfatizó la importancia de garantizar justicia y luchar contra la impunidad.

Las peticionarias solicitaron a la CIDH exhortar al Estado de Nicaragua para que despenalice el aborto terapéutico, garantizándolo como derecho a las víctimas de violencia sexual, de manera que se permita a las niñas y mujeres decidir sobre continuar o no con un embarazo producto de violación. Las organizaciones también solicitaron a la Comisión que impulse ante el Estado la aprobación expedita de la Ley integral contra la violencia hacia la mujer y la generación de mecanismos para su implementación. Asimismo, solicitaron a la CIDH que reitere a Nicaragua su pedido para hacer una visita y constatar la situación de los derechos de las mujeres.

Audio de la audiencia:

http://www.cidh.org/audiencias/143/09.mp3

Video de la audiencia:

http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2011/10/102411_RubenDario_V2_11am.wmv

Nicaragua es denunciada nuevamente por violación de derechos políticos

Audiencia privada ante la Comisión Interamericana se celebró 13 días antes de las elecciones en Nicaragua

Washington D. C., 25 de octubre del 2011- El Estado de Nicaragua continúa violando los derechos civiles y políticos de los y las nicaragüenses en el contexto del actual proceso electoral. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron esta situación ayer, lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia privada en el marco del 143er periodo de sesiones de la CIDH.

Mar, 25/10/2011

Washington D. C., 25 de octubre del 2011- El Estado de Nicaragua continúa violando los derechos civiles y políticos de los y las nicaragüenses en el contexto del actual proceso electoral. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron esta situación ayer, lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia privada en el marco del 143er periodo de sesiones de la CIDH.

El próximo 6 de noviembre se celebrarán elecciones en Nicaragua para elegir los cargos de Presidente de la República, vicepresidente, 90 diputados a la Asamblea Nacional (con sus respetivos suplentes) y al 20 Parlamento Centroamericano. Sin embargo, continúan las irregularidades y arbitrariedades por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE), y persisten las restricciones ilegítimas a la libertad de expresión.

En la audiencia, los comisionados de la CIDH observaron un video que registra numerosos hechos de violencia vinculados al proceso electoral. Esos sucesos, ocurridos durante manifestaciones ciudadanas, suman casi una decena solo entre julio y octubre, y en ellos se empieza a ver una participación cada vez mayor de la policía e incluso del ejército.

CENIDH y CEJIL reiteraron su preocupación a la Comisión por la falta de independencia e imparcialidad que caracteriza a varios órganos estatales, principalmente, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema de Justicia.

El CSE ha propiciado y tolerado prácticas que atentan contra la transparencia de las elecciones. Por ejemplo, ha permitido que el partido gobernante Frente Sandinista use fondos estatales y edificios públicos para hacer proselitismo político. Además continúa la entrega discriminatoria de cédulas de identidad para favorecer a los partidarios del Frente Sandinista.

Aunado a ello, la falta de un escrutinio del padrón electoral por parte del CSE siembra dudas sobre su actualidad. Recientes investigaciones han revelado que 750.000 nombres de personas muertas continúan dentro del patrón, entre casi cuatro millones de votantes que componen actualmente ese registro. Esta misma institución emitió un reglamento en agosto pasado que restringe la participación de observadores nacionales y extranjeros durante los comicios.

Por otra parte, las organizaciones peticionarias denunciaron la exclusión arbitraria de cuatro candidatos y candidatas a diputados por parte del CSE.

CENIDH y CEJIL instaron a la Comisión Interamericana para que exprese públicamente su preocupación por la situación en Nicaragua y reitere su solicitud de realizar una visita al país. Asimismo, se exhortó a la CIDH para que requiera información al Estado sobre las irregularidades denunciadas y solicite a las autoridades nicaragüenses investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los actos de violencia.

Organizaciones exigen a Honduras acciones contra la impunidad y a favor de la libertad de expresión y la justicia

Pronunciamiento en Tegucigalpa

Tegucigalpa, 12 de octubre del 2011- Representantes de 28 organizaciones de la sociedad civil hondureña e internacional expresaron su preocupación por las permanentes y graves violaciones a los derechos humanos en Honduras, agudizadas desde el golpe de Estado. El pronunciamiento surgió en el marco del seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, que se llevó a cabo en ese país entre el 5 y el 7 de octubre.

Mié, 12/10/2011

Declaración pública en el marco del seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”

Tegucigalpa, 12 de octubre de 2011

Las organizaciones y las personas participantes en el seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, reunidos en la ciudad de Tegucigalpa los días 5, 6 y 7 de octubre de 2011, una vez concluido el evento expresamos nuestra preocupación por los hechos siguientes:

1. Las permanentes y graves violaciones a los derechos humanos en Honduras, agudizadas desde el golpe de Estado, en particular las cometidas contra miembros de la comunidad LGTBI, mujeres, jueces y juezas, jóvenes, niños y niñas, defensores y defensoras de derechos humanos, docentes, activistas políticos y sociales, campesinos y campesinas del Bajo Aguán, Zacate Grande y miembros de las comunidades afrodescendientes.

2. Las restricciones a la libertad de expresión que se manifiestan en el asesinato de 16 periodistas y numerosos ataques contra la integridad personal, el uso desproporcionado de la fuerza, y la violación al derecho a la manifestación pública y pacífica.

3. La impunidad generalizada producto de la incapacidad y falta de voluntad política estatal para investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones de los derechos humanos.

Con fundamento en las discusiones del evento, demandamos del Estado hondureño lo siguiente:

1. Formalizar en el menor plazo posible la invitación oficial al Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión Frank La Rue para realizar una visita oficial al país.

2. Adoptar inmediatamente la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de ordenar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana. Esta acción implicaría la desmilitarización del país, en particular en la región del Bajo Aguán, donde se requieren medidas integrales que contribuyan a la resolución permanente del conflicto.

3. Implementar en forma efectiva las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Examen Periódico Universal, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos, y la reparación a las víctimas.

Tegucigalpa, Honduras, 12 de octubre de 2011.

Coordinadora de CATTRACHAS

Director Ejecutivo Comisión de Verdad

Directora COFADEH

Directora de Colectivo Unidad Color Rosa

Director de Colectivo Violeta

Director de Kukulcan

Directora CEM-H

Director Asociación Arcoíris.

Director CARITAS Honduras

Coordinador Caritas San Pedro Sula

Director ALTERECO

Director de ACI PARTICIPA

Coordinador Popol Natum

Director CIPRODEH

Coordinadora CODEMUH

Directora de COMUN

Director de APUVIMEH

Director de C-Libre

Coordinador de Venasabiertas

Coordinadora de COPINH

Director de CESPAD

Coordinador MUCA

Directora de CDM

Coordinación MAO

Director CPTRT

Coordinación colectivo de abogados

Coordinación AHA-JA

Directora regional de CEJIL para México y Centroamérica

Corte Interamericana ordena a El Salvador determinar el paradero de niños desaparecidos

Nueva sentencia de la Corte obliga al Estado a proporcionar información sobre casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno

San Salvador y San José, 10 de octubre del 2011- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a El Salvador realizar todos los esfuerzos para determinar el paradero de cinco niños desaparecidos durante el conflicto armado interno en ese país. La sentencia sobre el caso Gregoria Herminia Contreras y otros vs. El Salvador fue comunicada el jueves pasado al Estado y a las organizaciones representantes de las víctimas, la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Lun, 10/10/2011

San Salvador y San José, 10 de octubre del 2011- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a El Salvador realizar todos los esfuerzos para determinar el paradero de cinco niños desaparecidos durante el conflicto armado interno en ese país. La sentencia sobre el caso Gregoria Herminia Contreras y otros vs. El Salvador fue comunicada el jueves pasado al Estado y a las organizaciones representantes de las víctimas, la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La Corte IDH reconoció que en El Salvador existió un patrón sistemático de desapariciones forzadas de niños y niñas durante los años del conflicto armado interno (1980-1992), quienes eran sustraídos y retenidos ilegalmente por miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente entre 1980 y 1984. En la sentencia, el tribunal ordena continuar con las investigaciones –o abrir las que sean necesarias– para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de las desapariciones forzadas de los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras; de las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez; y del niño José Rubén Rivera Rivera. De los seis niños, Gregoria Contreras ha sido la única joven reencontrada, gracias a la Asociación Pro-Búsqueda.

“Es la primera vez que la Corte Interamericana describe de manera detallada el patrón de desapariciones forzadas de niños y niñas ejecutadas por el Ejército durante el conflicto armado. El tribunal reconoce la verdad que por años les fue negada a los familiares de los cientos de niños y niñas que se encuentran en esta situación”, declaró Ester Alvarenga, directora de Pro-Búsqueda.

Más allá de estos casos particulares, la sentencia ordena al Estado garantizar que los operadores de justicia tengan acceso a los archivos que contengan información útil para la investigación de causas seguidas por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

“Una de las principales  dificultades enfrentadas para determinar lo ocurrido a los niños y niñas desaparecidos es la obstaculización en el acceso a la información por parte de las fuerzas militares cuando las autoridades encargadas de la investigación les piden los datos requeridos. A partir de la sentencia de la Corte, el Estado tendrá que adoptar medidas para asegurar que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó Alejandra Nuño, directora regional de CEJIL para Mesoamérica. Nuño agregó que esta orden de la Corte Interamericana es especialmente relevante en este momento, cuando en El Salvador se discute sobre los reglamentos a la nueva Ley de Acceso a la Información Pública.

Durante el proceso ante el más alto tribunal hemisférico, el Estado salvadoreño reconoció la responsabilidad internacional en los hechos.

CEJIL y la Asociación Pro-Búsqueda resaltan la trascendencia de la decisión de la Corte Interamericana. Asimismo instan al Estado a cumplir la sentencia a cabalidad y a que se comprometa a reparar el daño causado por la desaparición forzada de más de 881 niños y niñas durante el conflicto armado interno en El Salvador.

Los hechos

El caso Herminia Contreras y otros vs. El Salvador es la fusión de tres procesos en los que se denunció la desaparición forzada de niños.

  • El 25 de agosto de 1982 los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, de 4 años, 1 año y 8 meses, y 4 meses de edad, desaparecieron en manos de miembros del ejército salvadoreño durante un operativo realizado en el cantón San Juan de Buena Vista (departamento de San Vicente). Gregoria Herminia fue ubicada por la Asociación Pro-Búsqueda en el 2006 pero aún no se tiene conocimiento del paradero de sus hermanos.
  • Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez fueron testigos del asesinato de sus familiares cuando, el 13 de diciembre de 1981, miembros del Ejército ingresaron en el cantón de Cerro Pando (departamento de Morazán) y ejecutaron la “Masacre de El Mozote”, en el contexto de la llamada “Operación Rescate”. Posteriormente, las niñas, de 15 y 7 años de edad, fueron llevadas por un grupo de soldados y no se conoce su paradero.
  • El 19 de mayo de 1982, José Rubén Rivera, de 3 años de edad, fue llevado por un grupo de soldados de la Quinta Brigada de Infantería cuando él y su familia huían de un operativo militar que se llevaba a cabo en el cantón de La Joya (departamento de Morazán). Aún no se conoce su paradero.

Organizaciones denuncian impunidad de asesinatos y hostigamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras

Carta a Relatora Especial de la ONU

Tegucigalpa, 7 de octubre del 2011- Las violaciones a los derechos humanos de las defensoras cometidas durante el golpe de Estado y que costaron la vida de varias compañeras, así como los casos de violación, detención arbitraria, agresiones sexuales y golpes por fuerzas de seguridad durante manifestaciones, etc. siguen en la impunidad.

Vie, 07/10/2011

7 de octubre de 2011

Sra. Margaret Sekaggya Relatora Especial de las Naciones Unidas Sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Estimada Relatora Especial:

Reciba un cordial y atento saludo de las organizaciones y defensoras de derechos humanos que integramos la red mesoamericana de defensoras, espacio de articulación a través del cual compartimos información y generamos acciones urgentes y de solidaridad frente a casos y situaciones de violencia contra defensoras de derechos humanos en la región.

Antes que nada queremos expresarle nuestro deseo porque su salud se restablezca pronto y nos alegramos de que esté tomando el tiempo necesario para atenderse.

Conociendo su compromiso con las Defensoras y Defensores de derechos humanos esperamos que su visita a Honduras pueda ser reprogramada lo más pronto posible. Como es de su conocimiento la gravedad de la violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones en este país es sumamente preocupante.

Las violaciones a los derechos humanos de las defensoras cometidas durante el golpe de estado y que costaron la vida de varias compañeras, así como los casos de violación, detención arbitraria, agresiones sexuales y golpes por fuerzas de seguridad durante manifestaciones, etc. siguen en la impunidad.

La situación no ha mejorado en el actual periodo presidencial. Por el contrario la vulnerabilidad y riesgo con el que defensoras de derechos humanos realizan su labor ha aumentado sobre todo para las periodistas, estudiantes, campesinas, comunicadoras y las organizaciones que trabajan en contra de la violencia hacia las mujeres. Numerosas defensoras y sus organizaciones se han visto obligadas a limitar su trabajo por los derechos humanos a causa de la persecución permanente de la que son objeto y que se expresa en demandas judiciales, vigilancia, amenazas, seguimientos, etc.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha conocido en diversas ocasiones de esta situación y recibido informes específicos sobre las violaciones a los derechos humanos de defensoras y mujeres en el contexto de represión, criminalizaciónde la protesta social y agudización de la violencia contra las mujeres1. Tan solo en el próximo periodo de sesiones de la CIDH será presentada nuevamente la situación de violencia contra las defensoras hondureñas, así como la situación específica en la comunidad de El Bajo Aguan2 Lamentablemente sus recomendaciones al estado hondureño no han sido escuchadas.

Es por ello que su visita será de gran importancia para promover que el Estado hondureño cumpla sus compromisos en materia de derechos humanos y mecanismos de protección a las defensoras y defensores de derechos humanos de Honduras.

Sin otro particular, esperamos su pronta recuperación. Estaremos atentas a las nuevas fechas definidas para su visita a Honduras.

Atentamente,

Fondo Centroamericano de Mujeres, Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), Asociadas por lo Justo (JASS), Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (México), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA, Guatemala), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Ipas Centro América, Centro de Derechos de Mujeres (CDM, Honduras), Movimiento de Mujeres Visitación Padilla (Honduras), Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras (Honduras), Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (El Salvador), Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" (México), Grupo De Mujeres San Cristóbal de las Casas (México), Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez (México), Red de la No Violencia contra las Mujeres de (Guatemala), Asociación Grupo Venancia Matagalpa (Nicaragua), Organización de Mujeres Tierra Viva (Guatemala), Organización Mujeres en Superación (Guatemala, punto focal de la Red de Trabajadoras Sexuales LAC), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG, Guatemala), Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), Evelin Morales Pineda (Nicaragua), Luz Aleyda (Panamá), Macu Barcia (Suiza), Maya Alvarado (Guatemala), Patricia Orozco (Nicaragua), Sara García Gross (El Salvador), Yanira Tobar (Guatemala), Cristina Hardaga Fernández (México), Lucía Morán (Guatemala), Ana Evelyn Orozco Andrade (Nicaragua), Carla López (Nicaragua), María Celia Gutiérrez (Nicaragua, Maritza Sevilla (Nicaragua), María de Jesús Tenorio (Nicaragua), Ana Marìa Pizarro (Nicaragua), María Lucila Cordero (Nicaragua).

Coalición de organizaciones solicita audiencia a la Comisión Interamericana y exige que se detenga la campaña de amenazas en contra de la activista Sonia Pierre en República Dominicana

Washington, Estados Unidos, 7 de octubre de 2011.- Una coalición internacional de organizaciones no gubernamentales se ha unido para expresar su más profunda preocupación por la campaña de ataques verbales e desinformación lanzada durante los últimos días en los medios de comunicación dominicanos contra la defensora de derechos humanos Sonia Pierre.

La coalición está compuesta por El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de Robert F. Kennedy, Refugees International, Christian Aid Reino Unido, Church World Service, Global Rights, Fundación Étnica Integral (FEI), el Movimiento Social y Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), la Red de Encuentro Dominico Haitiana Jacques Viau (REDHJV) y la Asociación 180° para la Cooperación y el Desarrollo.

Vie, 07/10/2011

Washington, Estados Unidos, 7 de octubre de 2011.- Una coalición internacional de organizaciones no gubernamentales se ha unido para expresar su más profunda preocupación por la campaña de ataques verbales e desinformación lanzada durante los últimos días en los medios de comunicación dominicanos contra la defensora de derechos humanos Sonia Pierre.

La coalición está compuesta por El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de Robert F. Kennedy, Refugees International, Christian Aid Reino Unido, Church World Service, Global Rights, Fundación Étnica Integral (FEI), el Movimiento Social y Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), la Red de Encuentro Dominico Haitiana Jacques Viau (REDHJV) y la Asociación 180° para la Cooperación y el Desarrollo.

El pronunciamiento conjunto de la coalición dice lo siguiente:

Nos vemos en la obligación de precisar que los mensajes publicados en la prensa contienen información incorrecta e incompleta con respecto a la activista Sonia Pierre y la audiencia pública solicitada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana.

En primer lugar, no se trata de una demanda contra el Estado dominicano sino de una audiencia temática convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el 24 de octubre de 2011 sobre el tema “Respuesta Judicial en Casos de Desnacionalización en República Dominicana”. Aclaramos que esta audiencia no es un juicio en contra del Estado dominicano, sino un espacio de diálogo para discutir una situación que afecta los derechos humanos de los ciudadanos/as. Esta audiencia fue solicitada por más de doce organizaciones locales e internacionales, así como por algunos/as expertos/as a título personal. El Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, organización dirigida por Sonia Pierre, es una de las organizaciones que apoyaron la solicitud de audiencia, pero no fue la Sra. Pierre quien gestionó ni presentó la solicitud.

En segundo lugar, la audiencia pública que se celebrará este mes en la sede de la Comisión Interamericana en Washington, trata sobre la política adoptada por el Estado dominicano para desnacionalizar a ciudadanos/as dominicanos/as y despojarlos de documentos de identidad válidos que el mismo Estado otorgó. Estas acciones han sido criticadas tanto por la sociedad dominicana en general como por los tribunales de primera instancia nacionales que han fallado a favor de estas personas. Sin embargo, el Estado ha continuado con esta política en clara violación del derecho nacional e internacional. La coalición que solicitó la audiencia considera que esta situación es alarmante y merece un espacio internacional de diálogo. La audiencia tratará no solamente sobre los casos presentados por la organización MUDHA, sino sobre todos los casos que han sido elevados ante instancias judiciales por diversas organizaciones, abogados y abogadas en todo el país.

Queremos expresar nuestro más enérgico repudio a los comentarios y agresiones verbales realizadas en contra de Sonia Pierre, y denunciamos esta campaña de desinformación y amenazas en su perjuicio. La Sra. Pierre es beneficiaria de medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana que requieren que el Estado dominicano investigue todo acto de amenaza y agresión en su contra. En este contexto, exigimos al Estado dominicano que adopte las medidas necesarias para prevenir todo acto de agresión que ponga en peligro la seguridad e integridad personal de la Sra. Pierre y que cumpla con sus obligaciones internacionales de respetar los derechos humanos de todos y todas las personas en su territorio.

 

Para más información:

 

Milli Legrain

CEJIL

mlegrain@cejil.org

+1 202 629 7537

 

Liliana Gamboa

Open Society Institute

lgamboa@osieurope.org

+1 212 548 0189

 

Josh Karlen

RFK Center for Justice and Human Rights

karlen@rfkcenter.org

+ 1 917 671 6803

 

 

Sentencias de la Corte Interamericana a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo cumplen un año y México no avanza en su cumplimiento

Tlapa, Guerrero, México-San José, Costa Rica, 3 de octubre de 2011- Hace un año, el 1.º de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó dos sentencias contra el Estado Mexicano en los casos de Inés Fernández Ortega y otros, y Valentina Rosendo Cantú y otra, en las cuales determinó que ambas mujeres indígenas del pueblo me’phaa habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el Tribunal Interamericano denominó “violencia institucional castrense”.

Lun, 03/10/2011

Tlapa, Guerrero, México-San José, Costa Rica, 3 de octubre de 2011- Hace un año, el 1.º de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó dos sentencias contra el Estado Mexicano en los casos de Inés Fernández Ortega y otros, y Valentina Rosendo Cantú y otra, en las cuales determinó que ambas mujeres indígenas del pueblo me’phaa habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el Tribunal Interamericano denominó “violencia institucional castrense”.

Las sentencias impusieron al Estado Mexicano la ineludible obligación de reparar el daño causado a ambas mujeres y sus familiares, así como asegurar que las violaciones a los derechos humanos que sufrieron Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú no vuelvan a cometerse, esto al ordenar reformas de índole estructural. En este sentido, las reparaciones implican diversas acciones, incluyendo medidas de alcance en el ámbito comunitario, hasta el deber de reformar el Código de Justicia Militar y posibilitar un recurso efectivo para impugnar su intervención, así como la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, entre otras. Tales medidas son inapelables, como lo señaló la CoIDH ante el intento del Estado de recurrir los fallos al presentar solicitudes de interpretación, carentes de motivación, que a la postre fueron desechadas por el tribunal internacional.

No obstante, habiendo transcurrido un año desde que las decisiones fueron emitidas, los avances sustantivos en su cumplimiento siguen siendo escasos. Más aún: en todo momento, el impulso de los trabajos relacionados con la concreción de las reparaciones ha recaído en las propias señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú y sus representantes. Por ejemplo, en octubre de 2010, ambas mujeres presentaron un plan de trabajo al Estado mexicano para guiar la implementación de las sentencias, el cual fue ratificado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General República (PGR) y la Consejería Jurídica de la Presidencia. Este plan, sin embargo, no fue formalizado sino hasta marzo de 2011 y actualmente permanece, en buena medida, sin acatarse.

La persistencia de la impunidad que protege a los militares que torturaron y violaron sexualmente a las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú es prueba de la reticencia del Estado para cumplir las sentencias. Las averiguaciones continuaron en el fuero militar durante prácticamente todo este año, y solo de modo muy reciente, los expedientes fueron turnados a la PGR, luego de que ambas mujeres me’phaa lo solicitaran formalmente. Esta demora hace que al día de hoy las indagatorias todavía no hayan sido consignadas, y que aún no se haya posibilitado que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú accedan a ellas para aportar pruebas.

La omisión de acatar las sentencias se verifica también en otros rubros como el acceso de ambas mujeres indígenas a la salud y a la educación, que sigue sin materializarse; o la reforma del Código de Justicia Militar para extraer de la competencia castrense todos los casos de violaciones a derechos humanos. De acuerdo con la iniciativa presentada por el Presidente Felipe Calderón al Senado, se pretende contraer sólo a algunos supuestos, de modo contrario a lo ordenado por la CoIDH.

El incumplimiento de estas medidas implica una grave contravención a las obligaciones internacionales del Estado mexicano en su conjunto, incluyendo al Poder Legislativo, que no ha avanzado en lo que le compete. En este sentido, destaca la falta de una regulación adecuada del amparo que abriera la posibilidad de impugnar el fuero militar, de modo acorde a lo mandado por el tribunal interamericano.

Como parte del proceso de verificación de las sentencias, el Estado mexicano debió ya haber informado a la CoIDH las acciones concretas realizadas durante este año para cumplir lo dispuesto por el tribunal. Dada la insuficiencia de las acciones realizadas, es de esperarse que el máximo tribunal interamericano emita resoluciones, en relación a ambas sentencias, reiterando los compromisos del Estado Mexicano para su cumplimiento.

Instamos, por lo tanto, al Estado mexicano, a dar pronto y adecuado cumplimiento a todas las medidas de reparación ordenadas por la CoIDH en sus sentencias.

Honduras continúa violando los derechos humanos de los jueces que se opusieron al golpe de Estado

Tres jueces y una magistrada fueron cesados el 5 de mayo del 2010

San Pedro Sula, 26 de septiembre de 2011- El pasado 22 de septiembre, el Estado de Honduras notificó la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que ratifica el despido de los jueces Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza por haberse opuesto al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009. Ese Consejo también ordenó el pago de las prestaciones laborales a favor del juez Luis Chévez de la Rocha pero no ordenó su reintegro laboral y sólo en el caso del juez Ramón Barrios decidió mantenerlo en su cargo. En ninguno de estos casos el Estado reconoce o repara la totalidad de violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.

Lun, 26/09/2011

Guillermo López habla con la prensa  durante la 41a Asamblea General de la OEA en El Salvador, en junio del 2011. Lo acompañaron Viviana Krsticevic, de CEJIL, y María V. Fallon, del GIDH. San Pedro Sula, 26 de septiembre de 2011- El pasado 22 de septiembre, el Estado de Honduras notificó la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que ratifica el despido de los jueces Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza por haberse opuesto al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.

Ese Consejo también ordenó el pago de las prestaciones laborales a favor del juez Luis Chévez de la Rocha pero no ordenó su reintegro laboral y sólo en el caso del juez Ramón Barrios decidió mantenerlo en su cargo. En ninguno de estos casos el Estado reconoce o repara la totalidad de violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.

El 5 de mayo del 2010, los jueces y la magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

La decisión recién tomada por las autoridades hondureñas constituye un nuevo hecho violatorio de los derechos humanos de los jueces despedidos, confirmándose con este hecho que persiste la aplicación arbitraria y sesgada de la ley.

El Estado hondureño nuevamente niega la ocurrencia del golpe de Estado e insiste en que actos de oposición a dicho acontecimiento deben ser sancionados. De esta manera, las autoridades no reconocen que los despidos fueron arbitrarios y que constituyeron restricciones ilegítimas a los derechos humanos de los jueces.

En el proceso ante el Consejo de la Carrera Judicial no se les garantizó a los jueces el derecho a ser oídos por un tribunal independiente e imparcial ya que dicho órgano se integró a través de un procedimiento arbitrario no previsto en la ley y que no satisface las garantías procesales establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La decisión tomada por el Estado de Honduras contradice las recomendaciones que han sido brindadas al país por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de Jueces y Abogados, por el Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión, por la Relatora Especial sobre la situación de Defensores y Defensoras, por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUCHD) y por el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal.

El caso de los jueces despedidos está siendo conocido actualmente por la Comisión Interamericana de Derechos HumanosLa petición fue admitida por dicho órgano el pasado mes de abril, y la decisión sobre el fondo del caso se encuentra pendiente.

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra condena por la decisión que han tomado las autoridades hondureñas y denunciamos ante la comunidad internacional que este nuevo hecho sólo confirma la inefectividad de los recursos judiciales establecidos y la indefensión en que se encuentra la mayor parte de la población hondureña.

La AJD y CEJIL exigimos que se cumpla con las recomendaciones dadas por la OACNUDH y se investigue y sancione a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que incumplieron con sus obligaciones durante el golpe de Estado y que continúan impidiendo el acceso a una tutela judicial efectiva.

WOLA y CEJIL rechazan declaraciones del Ministro de Defensa del Perú contra los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Funcionario promueve acuerdo de "punto final y reconciliación"

Washington, D.C., 22 de setiembre del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechazamos energéticamente las declaraciones emitidas el día de ayer por parte del Ministro de Defensa del Perú Daniel Mora contra el trabajo de los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante una presentación ante el Congreso el Ministro Mora acertó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) estaban coordinando acciones para "desaparecer a las Fuerzas Armadas" y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido injustas con el Perú.

Jue, 22/09/2011

Washington, D.C., 22 de setiembre del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechazamos energéticamente las declaraciones emitidas el día de ayer por parte del Ministro de Defensa del Perú Daniel Mora contra el trabajo de los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante una presentación ante el Congreso el Ministro Mora acertó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) estaban coordinando acciones para "desaparecer a las Fuerzas Armadas" y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido injustas con el Perú.

Hace apenas dos semanas el Ministro Mora fue cuestionado por sus declaraciones en relación a los juicios actualmente en proceso contra miembros de las fuerzas del orden bajo acusaciones de violaciones contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno del Perú (1980-2000). El Ministro declaró que el Perú debería llegar a un acuerdo político de “punto final y reconciliación” para poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas militares y policiales acusados de graves violaciones a los derechos humanos. WOLA expresó su rechazo en aquella oportunidad, y lo reitera ahora, de cualquier propuesta de amnistía para militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

Durante el gobierno anterior de Alan García, hubo una campaña mediática fuerte contra los organismos de derechos humanos, particularmente los que representan a las víctimas en los procesos penales contra los acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos. En aquella época, el Ministerio de Defensa se había convertido en un verdadero obstáculo a la judicialización de los casos de violaciones a los derechos humanos. "Negaron colaborar con la justicia con documentos oficiales, y varios de los encargados de la cartera de Defensa, y especialmente el ex ministro Rafael Rey Rey, tuvieron una actitud abiertamente hostil a los organismos de derechos humanos y a las instituciones del Estado encargados de la justicia, el Ministerio Pública y el Poder Judicial", dijo Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA. "cusaron a los organismos de derechos humanos de entablar una persecución política contra las fuerzas armadas al impulsar la investigación y juzgamiento de algunos de sus miembros acusados de crímenes tan graves como la masacre de 69 campesinos de Accomarca (23 de ellos niños) o la tortura y desaparición forzada de por lo menos 54 personas del Cuartel Militar Los Cabitos durante el año 1983, casos actualmente en proceso judicial".

Con la asunción de un nuevo gobierno bajo el liderazgo de Ollanta Humala, que ha demostrado una actitud positiva en una serie de iniciativas como la firma de la Ley de Consulta Previa, se esperaba una nueva actitud frente este tema. "El gobierno de Ollanta Humala tiene la palabra", dijo Jo-Marie Burt. "El Presidente Humala no puede mantenerse en silencio frente a declaraciones del tipo que acaba de emitir el Ministro Mora, tan similares a declaraciones de ministros anteriores como Rafael Rey, que conllevan una actitud de intimidación y hostigamiento frente a los organismos de derechos humanos, cuyo labor es fundamental en cualquier sociedad democrática".

Burt señaló que el gobierno del Perú acaba de suscribir a un acuerdo internacional sobre la transparencia en el manejo gubernamental que debería aplicarse en todos los sectores, y especialmente en términos de la urgente necesidad de abrir los archivos militares y policiales para así poder esclarecer graves casos de violaciones a los derechos humanos y permitir que los procesos judiciales avancen con celeridad tanto para los imputados como para las víctimas y sus familiares.

De acuerdo a las obligaciones internacionales del Perú, la justicia peruana tiene la obligación de investigar y castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, expresó su preocupación de que el debate en este sentido persista y señaló que "además de las reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben al Perú aplicar leyes de amnistía u otras eximentes de responsabilidad, también se ha restringido el uso del fuero militar para la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Además, Perú asumió obligaciones en este sentido al firmar diversos tratados de derechos humanos tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en la OEA. Es preciso recordar que estos tipos de medidas no podrán ser utilizadas aún si aquellas resultan de un proceso de debate democrático. La Corte Interamericana ya ha dado elementos claves en este sentido en las sentencias de La Rochela v. Colombia y Gelman v. Uruguay, entre otras".

WOLA y CEJIL recuerda que el Presidente Ollanta Humala se comprometió a respetar a los derechos humanos e impulsar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, las cuales incluyen la judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos. Hacemos un llamado al Presidente Humala a rechazar las declaraciones del Ministro Mora y a afirmar una política de derechos humanos que incorpora la búsqueda para la verdad y la justicia en el Perú.

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