CEJIL y otras organizaciones

Informe Preliminar de la Misión de Observación Internacional de la situación de los derechos humanos en Paraguay

Mié, 20/11/2013

Informe Preliminar de la Misión de Observación Internacional de la situación de los derechos humanos en Paraguay


1. Entre los días 11 y 14 de noviembre de 2013, un grupo de 43 representantes de organizaciones, redes e instituciones de Suecia, EEUU, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay[1], desarrollamos una Misión de Observación Internacional con el objetivo de relevar la situación de los derechos humanos de los/as campesinos/as e indígenas de los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, San Pedro y Canindeyú, en el marco de la implementación de la Ley Nº 1337 De Defensa Nacional y Seguridad Interna.

2. Las organizaciones, redes e instituciones participantes en la Misión, nos identificamos con la noviolencia y manifestamos nuestro profundo rechazo al uso de la fuerza en cualquiera de sus manifestaciones, con especial énfasis en la violencia armada.

3. Este informe presenta algunas consideraciones preliminares recogidas durante el desarrollo de la Misión. Los y las representantes, instamos al Estado paraguayo, a través de sus diferentes organismos, a garantizar la protección de las personas que han dado relatos y testimonios a las y los integrantes de la Misión, así como a abstenerse de someterles a represalias por ello.

4. Para el desarrollo de la Misión, los y las representantes visitamos la comunidad indígena Sawhoyamaxa, cuyas tierras ancestrales se encuentran ubicadas en el km 370 de la ruta que une Pozo Colorado con Concepción, departamento de Presidente Hayes; nos reunimos en el distrito de Horqueta con organizaciones sociales y campesinas del departamento de Concepción y con familiares de personas judicializadas en el distrito de Tacuatí, comunidad Tacuatí Poty, departamento de San Pedro; nos reunimos con la Comisión de Víctimas y con familiares de víctimas de la Masacre de Marina Cue, distrito de Curuguaty, departamento de Canindejú. También nos entrevistamos con autoridades locales: Presidente y Concejales de la Junta Departamental de Concepción; Vicario General de la Diócesis de Concepción y Amambay y Coordinador General de la Pastoral Social de la Diócesis de Concepción y Amambay, y Juez Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguara’y. Asimismo, con autoridades nacionales: Viceministro del Interior, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidenta, Vicepresidenta e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y Senadores/as integrantes de diferentes bancadas políticas; Presidenta y Comisionados/as del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). La Misión también se reunió con integrantes de la Mesa Memoria Histórica y visitó a personas privadas de libertad en la cárcel de Tacumbú.

5. La Misión observa con especial preocupación la precariedad e irregularidad de la institucionalidad estatal en materia de derechos humanos, de lo cual es un ejemplo la Defensoría del Pueblo. El titular de esta institución permanece en el cargo a pesar de que su mandato venció en 2008, y ha tenido varios cuestionamientos por parte de organizaciones de víctimas de la dictadura y de derechos humanos.

6. La Misión  ha constatado que, con el argumento de la persecución al enemigo interno (EPP),  desde el primer estado de excepción decretado en 2010, el Estado paraguayo ha profundizado sus prácticas represivas, a través de la asignación de funciones de seguridad interna a los cuerpos militares;  la ampliación territorial de los procedimientos represivos; el creciente uso de la violencia física y simbólica y la aprobación de normas legales que disminuyen las garantías. Observamos que, lejos de llevar la seguridad a los departamentos militarizados, lo que se produce es la desarticulación del tejido social, el debilitamiento de los vínculos comunitarios y de las propias organizaciones sociales, a través del amedrentamiento constante.

7. Hemos recibido información y expresiones de fuerte rechazo ante la concentración de la tierra y la masiva implementación del modelo sojero que conlleva el uso de agrotóxicos que afectan la salud de las personas y el ambiente. A pesar de esto, el Estado asocia las reivindicaciones por el acceso a la tierra y por un ambiente sano a una problemática de seguridad interna que legitima abusos de autoridad y la instalación de un estado de excepción permanente.

8. Como resultado de ello, familias enteras se encuentran sin condiciones mínimas para desarrollar una vida digna. El despojo que sufren trasciende el aspecto territorial y se traduce en la vulneración integral de sus derechos, su cultura y formas de vida.

9. La Misión observó altos niveles de pobreza e indigencia en la región visitada. Gran parte de la población no tiene acceso a derechos básicos como vivienda, trabajo, salud, saneamiento, agua potable. Las personas entrevistadas reclaman la presencia estatal en la garantía de sus derechos económicos, sociales y culturales pero sin embargo el Estado se hace presente mediante la militarización que, lejos de proporcionar seguridad, es fuente de represión y miedo.

10. La Misión observó una altísima vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente el derecho al territorio. Adicionalmente, son discriminados/as, aun en los pocos casos en que reciben una precaria atención  en salud y educación. En el caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, el Estado paraguayo sigue incumpliendo la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado a restituirle sus tierras ancestrales, entre otras exigencias.

11. El Estado paraguayo no tiene el monopolio de la fuerza; por el contrario, la Misión recibió relatos sobre la presencia de grupos paramilitares constituidos para la defensa de los intereses del sector agroexportador, así como otros vinculados al narcotráfico. Estos grupos que serían responsables de asesinatos de campesinos e indígenas, operarían criminalmente en connivencia con miembros de la fuerza pública.


12. Los testimonios recabados, tanto de ciudadanos/as como de autoridades, evidencian una Justicia inoperante, que desarrolla actuaciones judiciales con abierto desapego al debido proceso y deja en absoluta impunidad las violaciones de los derechos humanos. Más aun, la Justicia opera como un instrumento de agresión a los defensores y defensoras de derechos humanos, los líderes campesinos, educadores, comunicadores, profesionales de la salud, quienes son judicializados/as sin fundamento.

 

13. Hemos cotejado, a través de la observación y el testimonio de pobladores, pobladoras, autoridades locales, regionales y nacionales, patrones de violaciones a derechos humanos fundamentales como:

I.            el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica a través de ejecuciones extrajudiciales; tortura, tratos crueles e inhumanos; amenazas de procesamientos y vinculaciones con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP);
II.            el acceso a la justicia, pues tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial, antes que representar garantías de un juicio justo e imparcial, se constituyen en una amenaza y fuente de inseguridad, ya que se caracterizan por la irregularidad de sus intervenciones y el incumplimiento de sentencias internacionales;
III.            el derecho a la libertad y la seguridad personal, a través de detenciones ilegales y arbitrarias sin que sean fundamentadas debidamente las causas de detención y/o prisión en indicios ciertos de hechos punibles;
IV.            el acceso a la salud y a la educación, pues las zonas visitadas carecen de centros sanitarios y educativos capaces de satisfacer las necesidades básicas por carecer de infraestructuras e insumos mínimos para ello;
V.            el derecho a la asociación y a la manifestación, pues los dirigentes sociales son hostigados/as, amenazados/as y criminalizados/as por sus labores de reivindicación de derechos como el acceso a la salud, a la educación, a la tierra, vinculándoseles con el grupo ilegal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo;
VI.            los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que pese a gozar de protección diferenciada, son agredidos física y verbalmente en los operativos de desalojo y/o allanamiento, y en consecuencia presentan alto grado de trauma psicológico y ven integralmente limitado el disfrute de sus derechos (educación, protección integral, recreación, vivienda, entre otros); asimismo, recibimos testimonios que niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual sin que se les preste ningún tipo de asistencia, ni se investiguen los hechos punibles;
VII.            el derecho a una vivienda adecuada, en tanto se llevan a cabo desalojos forzosos mediante el uso desproporcionado de la fuerza y el incumplimiento de las garantías procesales que, en todos los casos, deben asegurarse en este tipo de procedimientos;
el derecho de las mujeres  y niñas a una vida libre de violencia que se ven amenazadas de sufrir violencia sexual en los operativos de desalojo, allanamiento o patrullaje por los asentamientos o las chacras; recibimos testimonios que por esta razón, al atardecer, las mujeres temen salir de sus casas.
IX.            el derecho humano de las víctimas de conocer la verdad y recibir asistencia jurídica y psíquica que les garantice procesar debidamente las situaciones traumáticas que les afectan, así como la debida reparación.

14. Con base en los antecedentes expresados, los y las representantes de la Misión
exigimos

al Poder Ejecutivo:
-           que el Presidente de la República y otras autoridades deben reconocer la importancia del trabajo que realizan las organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos, ya que las mismas hacen un aporte fundamental para avanzar en una democracia con justicia social; por ello deben abstenerse de emitir discursos y declaraciones que menoscaben y estigmaticen negativamente la labor que dichas organizaciones y personas realizan, de acuerdo a lo dispuesto en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por el Estado paraguayo;
-          el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa deben implementar mecanismos eficientes para que los integrantes de las fuerzas de seguridad actúen con base al estricto cumplimiento de los estándares legales nacionales e internacionales de protección de la vida e integridad física y psíquica de niños, niñas, adolescentes y personas adultas, absteniéndose de cometer abusos y diferentes actos de violencia física y psíquica contra ellos y ellas;
-          a través del Ministerio de Justicia y Trabajo, debe impulsar una reforma integral del sistema penitenciario, orientada al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y al impulso de un modelo de rehabilitación y reinserción social;
-          dar cumplimiento sin dilación, a las medidas políticas de asistencia en salud, educación y otras, previstas en la  Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006 para la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa.

al Poder Legislativo:

-          derogar las modificaciones recientemente realizadas a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna que consolidan la militarización de la seguridad interna y crean las condiciones para la profundización del patrón represivo desde el Estado;
-          aprobar la expropiación de las tierras ancestrales pertenecientes a la comunidad indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet, para dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006, que obliga al Estado paraguayo a su restitución;
-          elegir un nuevo Defensor del Pueblo, asegurando que el proceso de selección se realice con base a los principios de celeridad, transparencia y participación, en la línea de las observaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; asimismo, el Parlamento debe prestar particular atención en que los criterios de selección se funden en la idoneidad y profesionalidad adecuadas para el cargo;
-          derogar las modificaciones al Código Procesal Penal que facilitan la violación del debido proceso y la impunidad de los perpetradores de abusos de poder;
-          abstenerse de aprobar leyes que restrinjan la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva;
-          remitir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados los antecedentes de Jueces y Fiscales que apliquen procedimientos que violan garantías del debido proceso.

a la Corte Suprema de Justicia:
-          instar a Jueces de Garantías que velen por el accionar adecuado de los Agentes Fiscales y actúen con la debida diligencia;
-          instar a los jueces que apliquen los estándares de derechos humanos y control de convencionalidad en sus sentencias y resoluciones;
-          ejercer el control jurisdiccional sobre la regularidad de las imputaciones fiscales presentadas en el contexto de la militarización.

a la Fiscalía General del Estado:
-          ejercer el control de los procedimientos ejecutados por los Agentes Fiscales, a fin de asegurar que se realicen garantizando la vida y la integridad de niñas, niños, adolescentes y personas adultas que son afectadas por dichos procedimientos;
-          ejercer control sobre las actuaciones de los Agentes Fiscales para que actúen según el principio de objetividad en todas las investigaciones que realicen;
-          investigar administrativamente las irregularidades de las actuaciones de los Agentes Fiscales de manera a evitar la impunidad de los patrones de abusos en los contextos de detenciones, allanamientos y desalojos;
-          investigar eficazmente y con celeridad los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ya denunciados y que siguen ocurriendo de forma sistemática.

a todo el Estado paraguayo:
- asegurar el cumplimiento efectivo y oportuno de las sentencias y recomendaciones formuladas por los organismos internacionales de protección de derechos humanos.

15. Instamos a la ciudadanía y a las organizaciones sociales del Paraguay a documentar las violaciones de derechos humanos, a monitorear y mantenerse vigilantes en su cumplimiento efectivo e irrestricto.
16. Las y los integrantes de la Misión agradecemos la cordialidad y la disposición al diálogo por parte de pobladores, pobladoras, comunidades, organizaciones  y redes sociales, autoridades locales y nacionales y destacamos el compromiso de defensores y defensoras de derechos humanos de Paraguay, que en situaciones adversas persisten en la construcción de un país más justo desde la opción de la no violencia activa.
Asunción, 14 de noviembre de 2013.


[1] Diakonia, Centro Cooperativo Sueco, Fellowship of Reconciliation USA (FOR USA), Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Jubileo Sur/Américas, Servicio Paz y Justicia en América Latina ( SERPAJ – AL); Servicio Paz y Justicia Argentina (SERPAJ Ar), Servicio Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ Uy), Corporación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ Chile); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Instituto Espacio y Memoria (IEM); Latinamerican Working Group; Coordinadora Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ Py); Coordinación de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY); Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI); Base Investigaciones Sociales (Base IS); Coordinadora Ykua Bolaños; Callescuela; FCPA; DECIDAMOS Campaña por la expresión ciudadana; Tierraviva; Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA); Articulación Curuguaty; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Federación Nacional Campesina (FNC); Mesa Memoria Histórica; Fundación Andrés Rivarola (FUNDAR); Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM); CLADEM Paraguay; Sobrevivencia; Demoinfo; Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG); La Comuna; Mesa de los Derechos Humanos y de las Memorias Históricas del departamento de Concepción; Coordinación de Mujeres del Paraguay.

 

Apatridia en la República Dominicana: La decisión de la Corte Constitucional y mas allá

El Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) organizarán un panel sobre la reciente decisión de la Corte Constitucional de la República Dominicana, la cual despoja de forma retroactiva a tres generaciones de Dominicanos de su nacionalidad.
Jue, 31/10/2013 - 12:00 - 13:30
The George Washington Law School 2000 H Street NW
Washington DC

Honduras no protege a los defensores y defensoras de derechos humanos

Washington DC, miércoles 30 de octubre del 2013.-El Estado de Honduras no cumple con la implementación de medidas de protección a favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) que se encuentran en una situación de riesgo. Por ello, el pasado lunes 28 de octubre, representantes estatales comparecieron a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de Washington, D.C.

Dicha audiencia fue solicitada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Protección Internacional (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Mié, 30/10/2013

Audiencia temática ante la CIDH sobre medidas cautelares a defensores y defensoras de derechos humanos de HondurasWashington DC, miércoles 30 de octubre del 2013.-El Estado de Honduras no cumple con la implementación de medidas de protección a favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) que se encuentran en una situación de riesgo. Por ello, el pasado lunes 28 de octubre, representantes estatales comparecieron a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de Washington, D.C.

Dicha audiencia fue solicitada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Protección Internacional (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Las organizaciones participantes denunciaron la inefectividad de las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, luego de las múltiples deficiencias enfrentadas por las personas beneficiarias y de la continuación de amenazas en su contra. Asimismo, se presentaron observaciones puntuales que engloban las diversas limitaciones y lagunas que contiene el proyecto de ley denominado “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, pendiente de aprobación por el Congreso Nacional desde agosto del 2013. Finalmente se resaltaron casos que ilustran los riesgos que hasta la fecha continúan enfrentando las y los defensores en Honduras. Entre ellos, se destacó el reciente asesinado de Manuel de Jesús Varela Murillo, quien era beneficiario de medidas de protección.

Las autoridades se refirieron a los supuestos esfuerzos por proteger e investigar los delitos en contra de este grupo en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, preocupa a las organizaciones la reciente decisión del Fiscal General de la República, de desarticular la Fiscalía Especial de Derechos Humanos mediante el traslado de los fiscales John César Mejía, Rosa Seaman y Edy Tábora, quienes venían dando atención a la situación de los defensores y defensoras.

Al finalizar la audiencia, las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades estatales para que someta el citado proyecto a un diálogo amplio, participativo y transparente, y de esta manera se establezca un mecanismo que efectivamente proteja a los defensores y defensoras de derechos humanos. Además se solicitó a la CIDH realizar una visita a Honduras paraverificar la situación de riesgo denunciado, y realizar las recomendaciones que correspondan.

 

CEJIL denuncia a la CIDH situación de violencia contra las mujeres en las Américas

14 países de la región se encuentran entre los 25 estados con mayor tasa de femicidio/feminicidio en el mundo

Washington DC, 29 de octubre del 2013 – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas y el Observatorio Ciudadano Nacional de Femicidio de México denunciaron en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de violencia contra las mujeres en el continente, haciendo especial énfasis en una de sus manifestaciones más graves, el femicidio/femicidio.

Mar, 29/10/2013

Washington DC, 29 de octubre del 2013 – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas y el Observatorio Ciudadano Nacional de Femicidio de México denunciaron en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de violencia contra las mujeres en el continente, haciendo especial énfasis en una de sus manifestaciones más graves, el femicidio/femicidio.

Se considera como femicidio/feminicidio, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. De acuerdo con el Informe Regional sobre la Regulación del Femicidio/Feminicidio  en América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, 14 países de la región se encuentran entre los 25 Estados con  mayor tasa de asesinatos en el mundo. El Salvador, Jamaica y Guatemala ocupan los primeros lugares.

A pesar de esta alarmante realidad, a la fecha los Estados de la región no han adoptado medidas efectivas para hacer frente a esta problemática. Así, solo 10 países de la región han incluido un tipo penal de femicidio/ feminicidio (Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador, Nicaragua, México, Perú, Honduras, Bolivia y Panamá). Además, algunas de estas  normativas presentan carencias; por ejemplo excluyen del concepto de femicidio/femicidio algunos hechos que deberían ser considerados como tales y otros resultan demasiado amplios para su aplicación.

Al respecto, Guadalupe Ramos de CLADEM indicó que “la importancia de un tipo penal autónomo de femicidio/feminicidio radica en que el tipo penal de homicidio invisibiliza las causas y las características propias  del asesinato de mujeres por razón de género. Al visibilizarlas a través del tipo penal específico es posible identificar las necesidades especiales de protección de las mujeres y por lo tanto las políticas públicas que debe adoptar el Estado para ello”.

Además, no existe en la región una política pública efectiva que aborde de manera integral la problemática del femicidio/feminicidio. En este sentido, Gisela De León de CEJIL agregó que: “la respuesta penal debe ir acompañada de políticas destinadas a atacar las causas del femicidio/feminicidio, lo que únicamente se logrará una vez que se cuente con información confiable acerca de la magnitud de la problemática, sus características y sus orígenes”.

Las peticionarias llamaron la atención de la Comisión para que en atención a la gravedad de esta problemática y tomando en cuenta que el próximo año se celebra el aniversario de la Convención de Belém Do Pará, se continúe contribuyendo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, tal como lo ha hecho hasta ahora; y  señalaron que el reto actual es pasar de la normativa a la adopción de políticas públicas efectivas para poner fin a esta pandemia, por lo que la contribución de la Comisión en este sentido, es clave.

Daniela Araya

Oficial de comunicaciones

Tel: +506 22807473

Correo: daraya@cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

Corte Interamericana reitera obligación de investigar crimen de sindicalista en Perú

Siguen sin esclarecerse los hechos relativos a la ejecución de Pedro Huilca Tecse

Washington, D.C., Lima Perú, 30 de septiembre de 2013 – La Corte Interamericana se pronunció sobre el cumplimiento de su sentencia en el caso relativo a la ejecución del líder sindicalista Pedro Huilca Tecse. A través de una resolución notificada a las partes el 25 de septiembre de 2013, la Corte determinó que a 8 años de emitida su sentencia en el caso, no se han esclarecido los hechos relativos a la ejecución por agentes del Estado del ex Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Pedro Huilca Tecse, ocurrida el 18 de diciembre de 1992.

Lun, 30/09/2013

 

Washington, D.C., Lima Perú, 30 de septiembre de 2013 – La Corte Interamericana se pronunció sobre el cumplimiento de su sentencia en el caso relativo a la ejecución del líder sindicalista Pedro Huilca Tecse. A través de una resolución notificada a las partes el 25 de septiembre de 2013, la Corte determinó que a 8 años de emitida su sentencia en el caso, no se han esclarecido los hechos relativos a la ejecución por agentes del Estado del ex Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Pedro Huilca Tecse, ocurrida el 18 de diciembre de 1992.
A pesar de existir avances importantes en la implementación de lo ordenado, la Corte llamó la atención del Estado peruano por no haber presentado información completa y actualizada referente a los dos procesos que se encuentran pendientes en relación a la ejecución del señor Pedro Huilca, y que se refieren a la participación en estos hechos de miembros del Grupo Colina y del señor Alberto Fujimori Fujimori.
La Corte consideró cumplidas las demás medidas ordenadas en su sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 3 de marzo de 2005 que se encontraban pendientes de cumplimiento. Entre ellas se encuentran: el establecimiento de un curso sobre derechos humanos y derecho laboral que se denomine “Cátedra Pedro Huilca”; recordar y exaltar en la celebración oficial del 1 de mayo de cada año la labor de Pedro Huilca a favor del movimiento sindical en Perú; erigir un busto en memoria del Pedro Huilca y brindar asistencia médica y psicológica a los familiares de la víctima.
Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización que actuó como representantes de la víctima y sus familiares en este caso, manifestó su satisfacción por el avance en el cumplimiento de las medidas simbólicas ordenadas por la Corte para reparar el daño causado en este caso. Sin embargo indicó que “la principal razón por la que los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acuden a la Corte Interamericana es la búsqueda de justicia, por lo que la reparación a las víctimas no será integral en tanto no se procese y sancione a los responsables de estos graves hechos”.
Por su parte, Nataly Herrera, de la Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH indicó que “la falta de justicia es incongruente con la actuación del Estado peruano durante el proceso internacional, en el cual se allanó a los alegatos de los demandantes” y en consecuencia, le solicitó adoptar las acciones necesarias para determinar la verdad de lo ocurrido al señor Huilca Tecse y sancionar a los responsables.
Contacto en Washington DC
Francisco Quintana
Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe
Correo electrónico: fquintana@cejil.org
Tel: (1) 202 319 3000
Contacto en Perú
Nataly Herrera
Encargada de casos ante el Sistema Interamericano
Correo electrónico: nataly.herrera@comisedh.org.pe
Tel: (51) 330 5255
Enlaces importantes:
Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del caso Huilca Tecse v. Perú, 03 demarzo de 2005. Serie C No. 121.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_121_esp.doc

Washington, D.C., Lima Perú, 30 de septiembre de 2013 – La Corte Interamericana se pronunció sobre el cumplimiento de su sentencia en el caso relativo a la ejecución del líder sindicalista Pedro Huilca Tecse. A través de una resolución notificada a las partes el 25 de septiembre de 2013, la Corte determinó que a 8 años de emitida su sentencia en el caso, no se han esclarecido los hechos relativos a la ejecución por agentes del Estado del ex Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Pedro Huilca Tecse, ocurrida el 18 de diciembre de 1992.

A pesar de existir avances importantes en la implementación de lo ordenado, la Corte llamó la atención del Estado peruano por no haber presentado información completa y actualizada referente a los dos procesos que se encuentran pendientes en relación a la ejecución del señor Pedro Huilca, y que se refieren a la participación en estos hechos de miembros del Grupo Colina y del señor Alberto Fujimori Fujimori.

La Corte consideró cumplidas las demás medidas ordenadas en su sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 3 de marzo de 2005 que se encontraban pendientes de cumplimiento. Entre ellas se encuentran: el establecimiento de un curso sobre derechos humanos y derecho laboral que se denomine “Cátedra Pedro Huilca”; recordar y exaltar en la celebración oficial del 1 de mayo de cada año la labor de Pedro Huilca a favor del movimiento sindical en Perú; erigir un busto en memoria del Pedro Huilca y brindar asistencia médica y psicológica a los familiares de la víctima.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización que actuó como representantes de la víctima y sus familiares en este caso, manifestó su satisfacción por el avance en el cumplimiento de las medidas simbólicas ordenadas por la Corte para reparar el daño causado en este caso. Sin embargo indicó que “la principal razón por la que los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acuden a la Corte Interamericana es la búsqueda de justicia, por lo que la reparación a las víctimas no será integral en tanto no se procese y sancione a los responsables de estos graves hechos”.

Por su parte, Nataly Herrera, de la Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH indicó que “la falta de justicia es incongruente con la actuación del Estado peruano durante el proceso internacional, en el cual se allanó a los alegatos de los demandantes” y en consecuencia, le solicitó adoptar las acciones necesarias para determinar la verdad de lo ocurrido al señor Huilca Tecse y sancionar a los responsables.

 

Contacto en Washington DC

Francisco Quintana

Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe

Correo electrónico: fquintana@cejil.org

Tel: (1) 202 319 3000

 

Contacto en Perú

Nataly Herrera

Encargada de casos ante el Sistema Interamericano

Correo electrónico: nataly.herrera@comisedh.org.pe

Tel: (51) 330 5255

 

Enlaces importantes:

Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del caso Huilca Tecse v. Perú, 03 de marzo de 2005. Serie C No. 121.

 

Expertos se reúnen en Honduras para discutir sobre los estándares internacionales en materia de registro de personas detenidas

Evento se realizó en Tegucigalpa, Honduras.

Con la finalidad de incidir en el cumplimiento de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CEJIL en conjunto con COFADEH de Honduras y el Centro PRODH de Mexico convocaron a un evento sobre estándares para la creación y/o adecuación de un registro nacional de personas detenidas.

Los registros de detenidos son una herramienta indispensable para limitar la tortura y la desaparición forzada, entre otras violaciones graves de los derechos humanos, según indicó la Corte IDH en las sentencias Juan Humberto Sánchez vs. Honduras y Cabrera García y Montiel Flores vs. México.

Vie, 27/09/2013

CEJIL en conjunto con otras organizaciones alzaron la voz en una conferencia de prensa sobre la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, este 26 de setiembre en Tegucigalpa.

Con la finalidad de incidir en el cumplimiento de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CEJIL en conjunto con COFADEH de Honduras y el Centro PRODH de Mexico convocaron a un evento sobre estándares para la creación y/o adecuación de un registro nacional de personas detenidas.

Los registros de detenidos son una herramienta indispensable para limitar la tortura y la desaparición forzada, entre otras violaciones graves de los derechos humanos, según indicó la Corte IDH en las sentencias Juan Humberto Sánchez vs. Honduras y Cabrera García y Montiel Flores vs. México.

En el evento, llevado a cabo los días 25 y 26 de setiembre en la ciudad de Tegucigalpa, participaron expertos y expertas con una vasta experiencia nacional e internacional sobre la materia de Chile, Argentina, Perú, Uruguay y Costa Rica.

 

Pronunciamiento conjunto sobre la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras

Orden de prisión preventiva de la defensora Berta Cáceres evidencia persecusión

26 de setiembre del 2013. – Las organizaciones de derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por hechos recientes de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

El pasado viernes 20 de setiembre, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes, del Juzgado Primero de Letras en el departamento de Intibucá, dictó una medida de prisión preventiva, en contra de Berta Isabel Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el marco de un proceso penal en el que se le acusa de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en perjuicio de la empresa DESA-SINOHYDRO.

Vie, 27/09/2013

26 de setiembre del 2013. – Las organizaciones de derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por hechos recientes de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

El pasado viernes 20 de setiembre, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes, del Juzgado Primero de Letras en el departamento de Intibucá, dictó una medida de prisión preventiva, en contra de Berta Isabel Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el marco de un proceso penal en el que se le acusa de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en perjuicio de la empresa DESA-SINOHYDRO.

Hace seis meses la comunidad de Río Blanco en el Departamento de Intibucá inició una protesta pacífica en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca que afectará el cauce del Río Gualcarque y el acceso de los pobladores a este recurso hídrico. La concesión otorgada por las autoridades a la empresa se gestó sin haber realizado la consulta previa a la comunidad indígena. Adicionalmente, es de conocimiento público que existen dos requerimientos penales presentados por la Fiscalía de las Etnias en contra del Alcalde municipal, y del Subsecretario de Recursos Naturales y Ambiente, por el otorgamiento del permiso de construcción y de la licencia ambiental a la empresa, respectivamente.

En el marco de dicho conflicto, las autoridades fiscales acusan a Berta, así como a los defensores Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño, de haber incitado a los pobladores a cometer dichos delitos y causar daños a la empresa.

Además de ordenar la prisión de la defensora, quien es beneficiaria de medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jueza Knight Reyes requirió a los defensores Molina y Gómez presentarse a firmar cada 15 días y no circundar la zona de los hechos. A la vez, ordenó el desalojo de la protesta pacífica.

Las medidas adoptadas se dan en un contexto de persecución en contra de defensores de derechos humanos que han sido denunciados en numerosas ocasiones y motivaron pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos como se menciona a continuación.

Entre los casos recientemente reportados en Honduras en contra de los defensores y las defensoras destacamos:

En el Progreso, Yoro, la defensora Magdalena Morales, lideresa de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, fue acusada por el delito de usurpación en perjuicio de la compañía Azucarera del Norte, S.A. (AZUNOSA) en el marco de un proceso de recuperación de tierras.

Más recientemente se ha conocido que existe una denuncia en contra de los abogados Víctor Fernández y Martín Fernández y de los miembros del Patronato (asociación comunitaria) de la comunidad de Nueva Esperanza por su oposición al proyecto hidroeléctrico “Buena Vista I”.

A estos hechos se suman los asesinatos de tres indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, el 25 de agosto en la tribu de San Francisco Locomapa, Yoro, por su lucha en defensa de bienes naturales y derechos humanos; el asesinato de Tomás García, miembro del COPINH, ocurrido en julio del 2013 y las heridas propinadas a su hijo Allan García de 17 años. Además, persisten las amenazas a muerte realizada a los líderes tolupanes José María Pineda, Consuelo Soto, y Ramón Matute.

La situación de riesgo para la defensa de los derechos humanos en Honduras fue reseñada por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekayya, quien señaló en su informe del año 2012 que en Honduras “en razón de la legítima labor de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales que realizan, hay ciertas categorías de defensores de los derechos humanos expuestos a un peligro especial, como los periodistas, los que se ocupan de cuestiones económicas, sociales y culturales, entre ellos los que se ocupan de cuestiones de los indígenas, garífunas, ambientales y de derechos sobre la tierra”.

Además, la Relatora agregó que “las actividades de los defensores de los derechos humanos están muy expuestas, por lo que ellos y sus familias siguen corriendo el peligro de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, detención y privación de la libertad arbitrarias, amenazas de muerte, agresiones, vigilancia, hostigamiento, estigmatización, desplazamiento, y exilio forzado”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe del año 2012 que en Honduras persisten los ataques, amenazas, y hostigamientos en contra de líderes y lideresas sociales, y defensoras y defensores de derechos humanos. En dicha oportunidad, la CIDH destacó los ataques contra varios miembros del COPIHN, a saber Bonifacio Muñoz, Juan Vásquez y Sotero Chavarría, y las detenciones de Isabel Jorge Chavarría y del niño Allan Chavarría.

La estrategia de criminalización o uso abusivo del poder penal del Estado ha sido un arma en varios países para silenciar y entorpecer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. En relación a aquella, la CIDH en su Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos de las Américas publicado en el año 2011 señaló que “el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento en contra de defensores de derechos humanos, no sólo tiene por efecto amedrentar su labor sino que además puede generar una paralización de su trabajo de defensa de derechos humanos en tanto su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa”.

En efecto, en Honduras, preocupa especialmente que la administración de justicia no proteja el derecho a la consulta, y que por el contrario, los fiscales persigan penalmente a defensores de derechos humanos por manifestarse en defensa de los derechos humanos. A ello se suma, la incapacidad del  Estado de brindar una respuesta efectiva para resolver los conflictos sociales que se generan a partir de la aprobación de diversos proyectos sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada.


Es por lo anterior que las organizaciones firmantes demandamos:


- A las autoridades del Ministerio Público y a los jueces y juezas para que cesen los actos de criminalización en contra de los defensores y defensoras de derechos en el país por manifestarse en defensa de los derechos. A su vez que cumplan con su deber de proteger el derecho a la consulta e investigar las amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos,

- Al Poder Ejecutivo para que apoye la labor de defensa de los derechos mediante el establecimiento de campañas públicas que legitimen a los defensores y su importante rol en la vida democrática,

- A los órganos de protección internacional, como la CIDH, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que den un seguimiento cercano a la situación de Honduras e insistan en el cumplimiento de las recomendaciones que han sido brindadas en el marco de diversos informes,

- A la comunidad internacional para que se mantenga vigilante ante la situación que aqueja Honduras y se condene todo acto que atente contra el derecho a defender derechos humanos.


Organizaciones firmantes:


Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, México

Agenda Política de Mujeres, Costa Rica

Alianza por tus Derechos, Costa Rica

Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, organización regional

Asociación LGTB Arcoiris, Honduras

Casa Alianza, Honduras

Casa del Migrante de Saltillo (frontera con Justicia AC), México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC, México

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, México

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH), México

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Honduras

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala

Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM), Costa Rica

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), México

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad AC, México

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Honduras

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Honduras

Documenta AC, México

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Honduras

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), organización internacional

Foro de Mujeres por la Vida, Honduras

Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH), Honduras

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), El Salvador

Jass, Asociadas por lo Justo, organización regional

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Honduras

Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Honduras

Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (OTLA), El Salvador

Protection International, organización internacional

Red Lésbica Cattrachas, Honduras

Red de la no violencia contra las mujeres (REDNOVI), Guatemala

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras

Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)

Red Solidaria Década Contra la Impunidad, México

Rights Action - Derechos en acción, organización regional

Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala

Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos, México

Sin Fronteras IAP, México

 

 

Corte Interamericana declara incumplimiento de Perú frente a desaparición forzada de Kenneth Anzualdo

Incumplimiento con la sentencia emitida el 22 de septiembre de 2009

17 September, 2013 - La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Perú ha incumplido casi en su totalidad con la sentencia emitida en su contra el 22 de septiembre de 2009 por la desaparición forzada del estudiante de 25 años Kenneth Anzualdo en 1993, así como por la violación de los derechos a la integridad personal, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de sus familiares. Mediante una Resolución dada a conocer el pasado 13 de septiembre, el Tribunal Interamericano evidenció las escasas acciones que el Estado peruano ha tomado para conocer la verdad, encontrar el cuerpo de la víctima y reparar de manera integral el daño causado a sus familiares.

Mié, 18/09/2013

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Perú ha incumplido casi en su totalidad con la sentencia emitida en su contra el 22 de septiembre de 2009 por la desaparición forzada del estudiante de 25 años Kenneth Anzualdo en 1993, así como por la violación de los derechos a la integridad personal, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de sus familiares. Mediante una Resolución dada a conocer el pasado 13 de septiembre, el Tribunal Interamericano evidenció las escasas acciones que el Estado peruano ha tomado para conocer la verdad, encontrar el cuerpo de la víctima y reparar de manera integral el daño causado a sus familiares.

 

Transcurridos casi cuatro años de emitida la Sentencia, la Corte constató que la única medida de reparación cumplida cabalmente por el Perú es el acto de disculpas públicas, que se realizó el pasado 23 de julio, ya vencido el plazo de seis meses que el Tribunal había decretado para su cumplimiento.

 

La Corte evidencia la falta de avances concretos en la investigación y sanción de los responsables, así como en la búsqueda y localización de Kenneth Anzualdo o de sus restos mortales. De igual modo, el Tribunal reitera la necesidad de que los familiares de Kenneth reciban las reparaciones económicas decretadas, y atención médica individualizada de acuerdo a sus necesidades. Finalmente, la Corte insiste en que se lleven a cabo medidas para honrar la memoria de Kenneth Anzualdo, como la publicación de la sentencia en un medio de circulación nacional y la colocación de una placa en el Museo de la Memoria.

 

Durante el proceso de supervisión de la Sentencia, la Corte requirió en varias ocasiones información del Estado peruano, a pesar de lo cual éste la remitió sólo en una ocasión. Por ello, la Corte ordena al Perú presentar un informe detallado antes del próximo 30 de octubre de 2013, recordando que “los Estados Parte de la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios […] en el plano de sus respectivos derechos internos”, y que deben informar a la Corte sobre las medida adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado en sus decisiones.

 

Para Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “esta Resolución evidencia que Perú necesita reforzar las acciones encaminadas a sancionar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto interno”. Tanto CEJIL como APRODEH esperamos que en cumplimiento de la Resolución de la Corte, el Estado tome medidas urgentes para implementar todos los extremos de la sentencia, de acuerdo a sus obligaciones internacionales.

Contacto en Washington DC

Francisco Quintana

Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe

Correo electrónico: fquintana@cejil.org

Tel: (1) 202 319 3000

Contacto en Perú

Gloria Cano

Directora Ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos

Correo electrónico: gloria@aprodeh.org.pe

Tel: +51-1-424-7057

 

Enlaces importantes:

Denuncia de Convención Americana sobre Derechos Humanos por Venezuela debilita protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos/as

PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la inminente entrada en vigor de la denuncia formulada por Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir del próximo 10 de septiembre de 2013. Haciendo eco del llamado realizado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instamos al Estado venezolano a que reconsidere de manera urgente su decisión de privar a sus ciudadanos/as de la protección que ofrece este instrumento internacional.

Lun, 09/09/2013

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la inminente entrada en vigor de la denuncia formulada por Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir del próximo 10 de septiembre de 2013. Haciendo eco del llamado realizado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instamos al Estado venezolano a que reconsidere de manera urgente su decisión de privar a sus ciudadanos/as de la protección que ofrece este instrumento internacional.La Corte Interamericana, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus funciones han protegido los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente. Con esta decisión, las violaciones a los derechos humanos tutelados por la Convención Americana ocurridas en territorio venezolano a partir de dicha fecha no podrán ser presentadas al Tribunal Interamericano.

La Comisión Interamericana podrá seguir conociendo de las violaciones a los derechos humanos que se produzcan en el futuro en Venezuela, en virtud de ser miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es decir, el Estado venezolano debe cumplir con las obligaciones que le imponen la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Desde su creación, la Corte y la Comisión Interamericanas han analizado situaciones de graves violaciones a los derechos humanos aportando de forma significativa a la consolidación de instituciones democráticas, la adopción de legislación más igualitaria y garantista, así como a la lucha contra la impunidad. Cabe destacar la labor enfocada en la debida protección de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, la lucha por la erradicación de la violencia de género y la discriminación por orientación sexual, la protección de los derechos de los pueblos indígenas,  la prohibición de la tortura así como de prácticas de desaparición forzada. Asimismo, ambos órganos han hecho una importante contribución para la promoción, desarrollo y una mejor garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.

En este sentido, la denuncia de la Convención Americana por parte de Venezuela representa un grave retroceso para la protección de los derechos humanos en la región. Además, dicha denuncia está precedida en los últimos años por un incumplimiento de la mayor parte de las sentencias y medidas de protección emitidas por la Corte Interamericana.

Finalmente, en el marco de los compromisos asumidos en la XLIV Asamblea General Extraordinaria de la OEA, celebrada el pasado 22 de marzo de 2013 en relación con el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano, hacemos un llamado a los Estados Parte de la organización a reafirmar su compromiso con la universalidad del Sistema Interamericano mediante la realización de todas las acciones necesarias para que el Estado venezolano reconsidere su decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Firmantes:

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC)

Amnistía Internacional

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Global Rights - Partners for Justice

ORGANIZACIONES REGIONALES:

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)

POR PAIS

Brasil:

Associação Juízes para a Democracia (AJD)

Conectas Direitos Humanos

Bolivia:

Oficina Jurídica Para la Mujer

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM – Bolivia)

Chile:

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas

Colombia:

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES).

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Costa Rica:

Defensa de Niñas y Niños - Internacional, DNI

Ecuador:

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA)

Guatemala:

Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala  (UDEFEGUA)

Honduras

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)

México:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDHEM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC

Nicaragua:

Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)

Panamá

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)

Perú:

Asociación Paz y Esperanza, Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Equipo de Incidencia en Derecho

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

Uruguay:

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

Venezuela:

Acción Solidaria

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

CIVILIS Derechos Humanos

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

Perú reconoce su responsabilidad por la desaparición forzada de Kenneth Ney Anzualdo

A cuatro años, un primer paso para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana

El 23 de julio de 2013, el Ministro de Justicia, en presencia del Presidente del Consejo de Ministros, reconoció en un acto público la responsabilidad del Estado peruano por la desaparición forzada de Kenneth Ney Anzualdo y pidió perdón a sus familiares, tal como fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 22 de septiembre de 2009.

 

Jue, 01/08/2013

El 23 de julio de 2013, el Ministro de Justicia, en presencia del Presidente del Consejo de Ministros, reconoció en un acto público la responsabilidad del Estado peruano por la desaparición forzada de Kenneth Ney Anzualdo y pidió perdón a sus familiares, tal como fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 22 de septiembre de 2009.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), en nuestra calidad de representantes de las víctimas y sus familiares, reconocemos que la realización del referido acto constituye un primer paso para reparar el daño causado a sus familiares. Sin embargo, recordamos que a casi 4 años de emitida la sentencia, es la única medida ordenada por la Corte que ha sido cumplida.

En su fallo, el Tribunal determinó que el Estado era responsable de la desaparición forzada del estudiante de 25 años Kenneth Ney Anzualdo en 1993, así como por la violación de los derechos a la integridad personal, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de sus familiares.

En su intervención en dicho acto, Marly Anzualdo, hermana de la víctima desaparecida, señaló que el Estado peruano aún tiene pendiente la adopción de medidas para la identificación de las personas desaparecidas durante el conflicto armado. A más de 20 años de la desaparición de su hermano Kenneth, las autoridades no han localizado sus restos ni sancionado a los responsables.

El Estado peruano tampoco ha cumplido con la garantía de no repetición establecida por la sentencia que le ordena reformar la legislación penal para adecuar el tipo penal de desaparición forzada a los estándares internacionales en la materia.

CEJIL y APRODEH esperamos que el acto de reconocimiento de responsabilidad realizado constituya una manifestación de la voluntad del Estado peruano para cumplir con todos los extremos de la sentencia y en consecuencia se traduzca en la adopción de medidas efectivas para avanzar en ese sentido.

Contacto en Washington DC

Francisco Quintana

Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe

Correo electrónico: fquintana@cejil.org

Tel: (1) 202 319 3000

Contacto en Perú

Gloria Cano

Directora Ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos

Correo electrónico: gloria@aprodeh.org.pe

Tel: +51-1-424-7057

 

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