CEJIL y otras organizaciones

Defensores que impulsan justicia corren grave riesgo en Guatemala

Activistas y operadores de justicia son desprestigiados y criminalizados

Washington, D. C., 27 de marzo de 2012- La reciente apertura de investigaciones y procesos, así como las condenas contra violadores de los derechos humanos en Guatemala, ha aumentado la situación de riesgo de las personas que luchan contra la impunidad en este país. Así lo advirtieron hoy representantes de 11 organizaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 144.º período de sesiones.

Mar, 27/03/2012

 

Washington, D. C., 27 de marzo de 2012- La reciente apertura de investigaciones y procesos, así como las condenas contra violadores de los derechos humanos en Guatemala, ha aumentado la situación de riesgo de las personas que luchan contra la impunidad en este país. Así lo advirtieron hoy representantes de 11 organizaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 144.º período de sesiones.

 

Históricamente, los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala realizan su labor en condiciones de extrema violencia e inseguridad. Las peticionarias denunciaron que a lo largo de 12 años de registro han ocurrido 2521 agresiones en contra de estos activistas. En los ataques ocurridos entre el 2000 y el 2010, se calcula que aproximadamente una cuarta parte fueron en perjuicio de quienes se desempeñan en el sector de la justicia y búsqueda de la verdad.

 

En el 2012, de 29  ataques 21 han sido contra defensores que impulsan la justicia en distintos casos. Durante la audiencia se expuso que, además de estas amenazas, desde finales de 2011 se han activado campañas públicas de desprestigio –e incluso de criminalización– contra defensores y defensoras de los derechos humanos, a propósito de los avances en los casos penales contra perpetradores de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado interno.

 

“El nivel de riesgo a la  seguridad de las y los defensores se acrecienta cuando las autoridades hacen caso omiso de dicho riesgo y contribuyen con su discurso a incrementar el nivel de estigma, rechazo social y asilamiento”, denunciaron las peticionarias.

 

La Comisionada Rosa María Ortiz se mostró particularmente preocupada por la militarización de la seguridad ciudadana y por el mínimo presupuesto (sólo un 2% del PIB) que el Estado destina a temas de seguridad y justicia “con lo que también se puede valorar la voluntad política relacionada a los derechos humanos".

 

Las organizaciones peticionarias instaron al Estado para que, desde sus diferentes entes, promueva el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y a la vez reconozcan la necesidad de juzgar tales crímenes. Asimismo, entre otras medidas, urgieron  la creación de un ‘Programa de protección para defensores de derechos humanos y otras víctimas vulnerables’, una idea que fue respaldada por el Comisionado Orozco; y que además se asegure el adecuado funcionamiento de  una Instancia de Análisis a Ataques a Defensores de Derechos Humanos.

 

 

Organizaciones peticionarias:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

Fundación Sobrevivientes

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Alianza Sector de Mujeres

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

 

En audiencia pública, jueces despedidos tras el golpe de Estado en Honduras solicitan a la CIDH emitir informe final sobre su caso

El Estado sigue sin reconocer que hubo una ruptura del orden constitucional

Washington, D. C., 26 de marzo de 2012- Los tres jueces y la magistrada que fueron despedidos por expresarse y realizar acciones en contra del golpe de Estado perpetrado en junio de 2009 solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita el informe final sobre su caso. La petición se realizó durante una audiencia del 144.º período de sesiones de la CIDH en la que participó la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Lun, 26/03/2012

 

Washington, D. C., 26 de marzo de 2012- Los tres jueces y la magistrada que fueron despedidos por expresarse y realizar acciones en contra del golpe de Estado perpetrado en junio de 2009 solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita el informe final sobre su caso. La petición se realizó durante una audiencia del 144.º período de sesiones de la CIDH en la que participó la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

Los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Chévez de la Rocha, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza denunciaron que el Estado sigue sin reconocer o reparar la totalidad de las violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.

 

El 5 de mayo del 2010, los jueces y la magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

 

La AJD y CEJL reiteraron su denuncia por la violación a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, los derechos políticos y el derecho a la protección judicial. Con respecto a Chévez de la Rocha, el Estado es responsable por la violación al derecho a su libertad personal. Asimismo, el Estado es responsable por la violación al derecho de reunión del juez López Lone.

 

En su intervención, el Estado no presentó información nueva sobre el caso y siguió sin reconocer que existió un golpe de Estado. Asimismo mantiene que el despido de los jueces obedece a su participación en actividades “político-partidarias”.

 

En respuesta al Estado,  el juez López Lone rechazó que sus acciones se inscribieran en una manifestación partidista. Hizo hincapié en que sus acciones eran  a favor de la democracia y por el restablecimiento del orden constitucional.

 

El caso Guillermo López Lone y otros contra Honduras (‘Jueces Despedidos’) es el primero que conoce la CIDH con respecto a las violaciones de los derechos humanos en el marco del golpe de Estado en Honduras. Dadas las múltiples violaciones cometidas durante y después de la ruptura constitucional, las organizaciones peticionarias afirmaron que las recomendaciones que emitirá la CIDH pueden impulsar reformas estructurales para garantizar la independencia judicial en Honduras, así como la justicia en otros casos.

 

 

 

Contacto en Washington

Milli Legrain

+1-202- 319 3000, ext. 15 (fijo)

mlegrain@cejil.org

 

Contacto en Costa Rica:

Darío Chinchilla

+506 - 2281-3280

dchinchilla@cejil.org

 

 

Honduras llamada nuevamente ante CIDH por despido de jueces y magistrada luego del golpe de Estado

Tegucigalpa y San José, 20 de marzo de 2012- El próximo 26 de marzo del 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro del marco de su 144.º período ordinario de sesiones, celebrará otra audiencia pública relacionada con el caso de los jueces despedidos por la Corte Suprema de Honduras, luego del golpe de Estado perpetrado en junio del 2009.

Mar, 20/03/2012

Jueces despedidosTegucigalpa y San José, 20 de marzo de 2012- El próximo 26 de marzo del 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro del marco de su 144.º período ordinario de sesiones, celebrará otra audiencia pública relacionada con el caso de los jueces despedidos por la Corte Suprema de Honduras, luego del golpe de Estado perpetrado en junio del 2009.

Hace un año, en su 141º  período de sesiones, la CIDH realizó una audiencia pública, luego de la cual decidió admitir la petición presentada en contra del Estado de Honduras por el despido de los jueces Guillermo López, Luis Chévez, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza, mediante la cual se denuncia la violación de varios derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a la libertad de asociación y al derecho a la protección judicial.

En esta oportunidad, el objetivo de la audiencia será proporcionar mayor información sobre el caso y exponer los argumentos sobre el fondo para que la Comisión rinda, en el menor plazo posible, el informe final exponiendo los hechos y las conclusiones del caso, así como las proposiciones y recomendaciones pertinentes.

A esta audiencia ha sido convocado también el Estado hondureño, que nuevamente deberá rendir cuentas ante la CIDH sobre su decisión.

La audiencia se llevará a cabo el día 26 de marzo a las 9:30 a.m. (hora en Centroamérica) en el Salón Rubén Darío del Edificio GSB de la Organización de Estados Americanos (OEA) ubicado en la ciudad de Washington, D.C.

La audiencia podrá observarse a través del siguiente vínculo: http://www.oas.org/en/media_center/webcast.asp

 

Puede acceder a las audiencias en las que participará CEJIL en el 144.o período de sesiones a través de este vínculo.

Justicia guatemalteca avanza con la condena de quinto ex militar en el caso de la masacre de Las Dos Erres

Cuatro ex militares habían sido condenados en agosto del año pasado

Ciudad de Guatemala y San José, 13 de marzo de 2012 – Guatemala consiguió un avance en la lucha contra la impunidad por la condena anunciada ayer contra Pedro Pimentel Ríos, ex subinstructor de la fuerza especial Kaibil, señalado como uno de los responsables por la masacre en la aldea de Las Dos Erres, perpetrada en diciembre de 1982. La decisión del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo es un paso más en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2009.

La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas ante el tribunal interamericano, valoran muy positivamente el resultado del proceso.

Mar, 13/03/2012

Guatemala, 15 de diciembre de 2011. Reconocimiento de responsabilidad del Estado por la masacre de Las Dos Erres. Aparecen en la mesa principal Ruth del Valle, presidenta de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Álvaro Colom, Presidente de la República, Rogelio Zarceño, Presidente de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, y Francisco Arriaga, sobreviviente de la masacre. También en la mesa principal pero ausente en la foto, Aura Elena Farfán, representante de FAMDEGUA.Ciudad de Guatemala y San José, 13 de marzo de 2012 – Guatemala consiguió un avance en la lucha contra la impunidad por la condena anunciada ayer contra Pedro Pimentel Ríos, ex subinstructor de la fuerza especial Kaibil, señalado como uno de los responsables por la masacre en la aldea de Las Dos Erres, perpetrada en diciembre de 1982. La decisión del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo es un paso más en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2009.

La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas ante el tribunal interamericano, valoran muy positivamente el resultado del proceso.

En su sentencia, la Corte Interamericana había ordenado al Estado “utilizar los medios que sean necesarios, de acuerdo con su legislación interna, para conducir eficazmente las investigaciones con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de los crímenes cometidos en el Parcelamiento de Las Dos Erres”.

Pimentel fue condenado por los asesinatos de 201 personas y delitos “contra los deberes de humanidad”. El tribunal guatemalteco le impuso una pena de 6.060 años de prisión, pero deberá purgar un máximo de 50 según la legislación nacional.

En julio del 2011, el ex militar había sido deportado por la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos para que enfrentara los cargos penales debido a su señalamiento en la participación en la masacre. La audiencia en su contra empezó el pasado 23 de febrero. En agosto del año pasado otros tres subinstructores y un teniente de la fuerza especial Kaibil habían sido condenados por los mismos delitos. Aquella fue la primera vez que un tribunal guatemalteco condenaba a miembros de la fuerza Kaibil.

FAMDEGUA y CEJIL valoran el accionar de las autoridades judiciales en este caso. El Estado debe continuar con estos procesos y garantizar que todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre sean identificados y procesados, tal como lo ordenó la sentencia de la Corte IDH. Al igual que lo expresaron en agosto pasado, FAMDEGUA y CEJIL consideran que la sanción de todos los responsables en el caso de la masacre de Las Dos Erres es la única acción válida para que las víctimas y sus familiares puedan tener, al menos, alguna reparación por estas graves violaciones a los derechos humanos.

 

Hechos del caso

La masacre de Las Dos Erres fue una de las 626 masacres perpetradas por el Ejército guatemalteco durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt.

Los hechos ocurrieron durante tres días (6, 7 y 8 de diciembre de 1982), cuando miembros de la fuerza especial Kaibil ingresaron a Las Dos Erres, ubicado en el departamento de Petén, acompañados por un pelotón de aproximadamente 40 soldados. Allí, sometieron a los habitantes a torturas y malos tratos. Muchas de las mujeres, incluyendo niñas, fueron violadas sexualmente y más de doscientas personas fueron asesinadas.

Honduras ha incumplido la sentencia en el caso del asesinato de la ambientalista Jeannette Kawas

Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió resolución sobre cumplimiento

San José, 12 de marzo de 2012- Honduras no ha cumplido con su obligación de realizar una campaña nacional de sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras. Así lo dio a conocer el pasado jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la resolución sobre el incumplimiento de varios puntos de la sentencia que dictó el 3 de abril de 2009, relacionada con el asesinato de la defensora ambientalista Jeannette Kawas Fernández, ocurrido en 1995.

Lun, 12/03/2012

Jeannette Kawas (1948-1995).San José, 12 de marzo de 2012- Honduras no ha cumplido con su obligación de realizar una campaña nacional de sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras. Así lo dio a conocer el pasado jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la resolución sobre el incumplimiento de varios puntos de la sentencia que dictó el 3 de abril de 2009, relacionada con el asesinato de la defensora ambientalista Jeannette Kawas Fernández, ocurrido en 1995.

La Corte también señaló que el Estado sigue sin avanzar con la identificación y procesamiento de los responsables del asesinato de la defensora. Las autoridades tampoco han investigado la obstaculización a las labores de la justicia que ocurrió luego del asesinato.

La resolución del tribunal interamericano tiene una importancia especial en momentos en que se señala a Honduras como uno de los países de América cuya situación de defensores y defensoras de derechos humanos es más preocupante. En su Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, publicado el martes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la situación hondureña.  El órgano interamericano plantea un panorama en el que son aún más frecuentes los asesinatos, los hostigamientos y las amenazas en contra de los y las activistas, especialmente luego del golpe de Estado de junio del 2009.

La Corte Interamericana ha ordenado a Honduras presentar un informe “completo y detallado” el próximo 26 de abril sobre las medidas adoptadas para cumplir con su resolución en el caso Kawas.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación, Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) instan al Estado a realizar la campaña de sensibilización en el menor plazo posible, según lo ordenado en la sentencia. Esta acción estatal ayudaría a revertir la estigmatización que ha pesado sobre los defensores y defensoras de derechos humanos, y dignificaría la importante labor que ejercen en Honduras.

Asimismo, dado el contexto de riesgo que amenaza la vida e integridad personal de numerosos activistas en este país, es apremiante la creación un mecanismo nacional de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, tal como recién lo ha recomendado la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos y como ha sido solicitado por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hechos del caso

El 6 de febrero de 1995, Blanca Jeannette Kawas Fernández fue asesinada mientras se encontraba en su casa de habitación en Tela, departamento de Atlántida, Honduras. Kawas era la presidenta de la Fundación para la Protección de los recursos naturales de las regiones de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE). Ella denunció casos de explotación maderera ilegal, así como los intentos de personas y entidades privadas de apoderarse ilegalmente de la Península de Punta Sal, los daños al Parque Nacional y otras zonas protegidas, y se opuso públicamente a diversos proyectos de desarrollo económico en la zona.

Pedido estatal de perdón es un avance en el caso de la masacre de El Mozote; sigue pendiente la justicia para las víctimas

Acto público es un hecho histórico para El Salvador

San Salvador y San José, 17 de enero de 2012- La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal) y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconocen que el acto público de petición de perdón por la responsabilidad del Estado en la masacre de El Mozote representa un avance histórico, pues estos hechos fueron negados por años por las autoridades salvadoreñas. Además, representa un primer paso para la reparación integral del daño causado a los cientos de víctimas de la masacre y a sus familiares.

Mar, 17/01/2012

San Salvador y San José, 17 de enero de 2012- El Presidente Mauricio Funes pidió perdón ayer, lunes, a las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, a sus familiares y a todo el pueblo salvadoreño por estos graves hechos en los que fallecieron casi un millar de víctimas a manos de militares salvadoreños.

La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal) y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconocen que este acto público –oficiado en el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz– representa un avance histórico, pues estos hechos fueron negados por años por las autoridades salvadoreñas. Además, representa un primer paso para la reparación integral del daño causado a los cientos de víctimas de la masacre y a sus familiares.

Ambas organizaciones consideramos que este acto debe ir seguido de medidas efectivas para procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes de acuerdo a la gravedad de sus actos y para que todos los obstáculos que impiden que esto ocurra sean eliminados. Por ello, consideramos que las palabras del Presidente debieron ir acompañadas por el compromiso activo de los representantes del Ministerio Público, Poder Judicial y Poder Legislativo presentes en el acto.

Hace exactamente dos años, el Presidente Funes había reconocido públicamente la responsabilidad del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y se comprometió a "colaborar con la justicia, tanto nacional como internacional" y poner a su disposición todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de los crímenes investigados. Sin embargo, aún no ha sido juzgado ninguno de los responsables de estos hechos. Por el contrario, estos siguen en la impunidad, entre ellos, los perpetrados durante la masacre de El Mozote.

Tutela Legal y CEJIL llaman la atención de las autoridades competentes para que adopten acciones para que, como lo solicitó el Presidente Funes, eliminen los obstáculos que impiden la consecución de justicia en relación a estos graves hechos, así como para investigar la verdad de lo ocurrido y poner fin a la impunidad. Solo así, el histórico acto celebrado ayer tendrá un verdadero significado para las víctimas y sus familiares.

Información sobre el caso

La masacre del Mozote y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada "Operación Rescate". El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y luego asesinó a cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán: El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo, entre otras.

Tutela Legal y CEJIL mantienen una demanda contra el Estado por este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se espera que la audiencia pública se celebre a mediados de este año.

Sentencia de la Corte IDH: Venezuela es responsable por ejecuciones de miembros de la familia Barrios

En la última década siete miembros de la familia han sido asesinados y obligados a desplazarse

Washington D.C, 22 de diciembre de 2011. – El 19 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer la sentencia sobre el caso de la Familia Barrios v. Venezuela. La Corte encuentra a Venezuela internacionalmente responsable por la violación del derecho a la vida de Benito Antonio, Narciso y Rigoberto Barrios, al ser asesinados por agentes de la policía del Estado de Aragua en los años 1998, 2003 y 2005 respectivamente. Rigoberto Barrios tenía 16 años al momento de su muerte por lo cual la Corte encontró que Venezuela violó además el deber especial de protección, por su condición de menor de edad.
 
En los siguientes años, Luis Alberto (2004), Oscar (2009), Wilmer (2010) y Juan José Barrios (2011), también fueron asesinados en circunstancias similares. En estos últimos casos el Tribunal determinó que Venezuela tenía conocimiento del riesgo que corrían sus vidas, ya que contaban con medidas de protección a nivel nacional e internacional, y el Estado no realizó acciones suficientes y efectivas para prevenir los atentados que resultaron en sus muertes, incumpliendo el deber estatal de protección.

Jue, 22/12/2011

Washington D.C, 22 de diciembre de 2011. – El 19 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer la sentencia sobre el caso de la Familia Barrios v. Venezuela. La Corte encuentra a Venezuela internacionalmente responsable por la violación del derecho a la vida de Benito Antonio, Narciso y Rigoberto Barrios, al ser asesinados por agentes de la policía del Estado de Aragua en los años 1998, 2003 y 2005 respectivamente. Rigoberto Barrios tenía 16 años al momento de su muerte por lo cual la Corte encontró que Venezuela violó además el deber especial de protección, por su condición de menor de edad.
 
En los siguientes años, Luis Alberto (2004), Oscar (2009), Wilmer (2010) y Juan José Barrios (2011), también fueron asesinados en circunstancias similares. En estos últimos casos el Tribunal determinó que Venezuela tenía conocimiento del riesgo que corrían sus vidas, ya que contaban con medidas de protección a nivel nacional e internacional, y el Estado no realizó acciones suficientes y efectivas para prevenir los atentados que resultaron en sus muertes, incumpliendo el deber estatal de protección.
 
Todos estos hechos continúan en la más absoluta impunidad en el Estado Aragua desde hace más de una década, lo que llevó al Tribunal a determinar que no se investigaron “seria y diligentemente los hechos del caso”.
 
La sentencia fue notificada al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), al Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y a la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua), organizaciones representantes de la familia Barrios ante el Sistema Interamericano.
 
Liliana Ortega, de COFAVIC señaló que “esta sentencia puede significar un primer paso para la reparación de la víctimas y una hoja de ruta que debería seguir el Estado Venezolano para evitar que este tipo de crímenes se repitan en el país y también, su acatamiento sería una señal muy contundente de que el Estado venezolano no es tolerante con este tipo de crímenes y con la impunidad que ha prevalecido en el caso”. Asimismo, declaró Liliana Ortega “instamos al Estado venezolano a ofrecer la debida protección a los miembros de la familia Barrios que aún permanecen en grave riesgo”.
 
Por su parte Luis Aguilera, de la Comisión de Justicia y Paz de Aragua consideró que “los hechos del presente caso no pueden analizarse de manera aislada, tal y como quedó evidenciado en la sentencia del Tribunal interamericano. Las ejecuciones tienen características comunes, no se demostró en ningún momento un enfrentamiento con los policías involucrados y los cuerpos presentaban varios disparos por armas de fuego. La Corte reconoció que los actos contra la familia Barrios tenían relación con su búsqueda de justicia, las víctimas eran en su mayoría testigos en las muertes previas de sus familiares.”
 
El Tribunal llevó a cabo un detallado análisis de los hostigamientos que sufrió la familia Barrios en esta última década, evidenciando así los allanamientos ilegales en su residencia, el desplazamiento que debieron enfrentar en búsqueda de mayor seguridad y los daños que estos hechos ocasionaron a los miembros de la familia Barrios.
 
Ariela Peralta, Sub Directora Ejecutiva de CEJIL afirmó que “esta sentencia reafirma que la justicia es una medida necesaria para quebrar el círculo de violencia e impunidad que ejemplifica el caso Barrios."
 
En su sentencia, la Corte Interamericana determinó una serie de reparaciones que deberán ser cumplidas por el Estado, entre las que ordenó no solamente llevar a cabo la debida investigación de los hechos y sancionar a los responsables, sino también examinar, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, las eventuales irregularidades procesales e investigativas, y en su caso, sancionar la conducta de los servidores públicos correspondientes.
 
 
Para más información:
Milli Legrain
Coordinadora de Comunicación - CEJIL
mlegrain@cejil.org
+1 202 319 3000

Brasil segue sem realizar justiça e verdade

Primeiro Ano do Cumprimento da Sentença da Corte Interamericana do caso Gomes Lund e outros v. Brasil (conhecido como caso “Guerrilha do Araguaia”)

Rio de Janeiro, Brasil, 14 de dezembro de 2011. O Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro (GTNM/RJ) e a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos expressam sua preocupação pela falta de diligência no cumprimento integral da sentença do Caso Araguaia.
Em 14 de dezembro de 2010, Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) proferiu a sentença do caso Gomes Lund e outros v. Brasil, condenando o Estado brasileiro pelo desaparecimento forçado das 70 vítimas, pela ausência de procedimentos eficientes para o estabelecimento da verdade, e pela permanência da impunidade dos crimes, passados mais de 38 anos dos fatos.

Mié, 14/12/2011

Rio de Janeiro, Brasil, 14 de dezembro de 2011. O Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro (GTNM/RJ) e a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos expressam sua preocupação pela falta de diligência no cumprimento integral da sentença do Caso Araguaia.

Em 14 de dezembro de 2010, Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) proferiu a sentença do caso Gomes Lund e outros v. Brasil, condenando o Estado brasileiro pelo desaparecimento forçado das 70 vítimas, pela ausência de procedimentos eficientes para o estabelecimento da verdade, e pela permanência da impunidade dos crimes, passados mais de 38 anos dos fatos.

Transcorrido um ano da publicação da sentença, as entidades representantes das vítimas consideram que há um descumprimento parcial das obrigações de reparação individual destinadas aos familiares das vítimas desaparecidas, cujo prazo vence hoje.

A principal preocupação é a subsistência da dívida por verdade e justiça no país. Reconhecemos que alguns passos foram dados, os quais podem potencialmente contribuir com o melhor acesso à informação, e dar visibilidade às estruturas da repressão, reconstruindo o contexto histórico das violações cometidas pela ditadura militar. No entanto, estes avanços serão ineficientes se considerados exaustivos. É necessário que se realize concomitantemente o passo seguinte: a realização da verdade judicial, concretizada por meio dos julgamentos individuais. Como explicitado pela Corte Interamericana: “as atividades e informações que, eventualmente, recolha [a Comissão de Verdade], não substituem a obrigação do Estado de estabelecer a verdade e assegurar a determinação judicial de responsabilidades individuais, através dos processos judiciais penais” (grifo nosso).

O Ministério Público Federal, agindo de acordo com sua competência constitucional, está conduzindo as investigações sobre os fatos do caso. No entanto, até o dia de hoje, os envolvidos nos crimes da ditadura, e especialmente no Caso Araguaia, ainda não foram denunciados criminalmente.

É sabido que em abril de 2010 o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário, responsável por realizar o controle de constitucionalidade, decidiu na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) No. 153, sobre a constitucionalidade da interpretação da Lei de Anistia de 1979. A questão posta questionava se a anistia prevista na lei também era extensiva aos agentes públicos e privados que cometeram crimes em nome da ditadura militar.

Oito meses após esta decisão, a Corte Interamericana proferiu sua sentença no Caso Araguaia, e determinou que o Estado deve conduzir a investigação penal dos fatos do caso, a fim de esclarecer o ocorrido, determinar as correspondentes responsabilidades penais e aplicar efetivamente as sanções previstas da Lei. Sobre a Lei de Anistia ser um impedimento para este fim, a Corte expressamente determinou que as disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos (...) carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou semelhante impacto a respeito de outros casos de graves violações de direitos humanos” (grifo nosso).

A questão que se coloca para a realização dos julgamentos individuais, é sobre a capacidade dos Poderes Públicos em compreender o alcance da sentença da Corte Interamericana. É importante enfatizar que a sentença interamericana é inapelável, e o Estado brasileiro tem a responsabilidade internacional de cumprir de boa-fé suas disposições por ter ratificado a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 1992 e ter aceitado a jurisdição da Corte Interamericana em 1998.

Entre os compromissos adquiridos ao ratificar a Convenção e aceitar a jurisdição da Corte está a obrigatoriedade do Poder Judiciário, e especialmente do Supremo Tribunal Federal, de também realizar o chamado “controle de convencionalidade”, o que significa: incorporar em cada julgamento, no cotidiano de suas atribuições, a jurisprudência e os parâmetros dos tribunais internacionais, resultantes das decisões internacionais nos casos concretos. A esse respeito, a sentença da Corte Interamericana chama atenção do Estado brasileiro “que não foi exercido o controle de convencionalidade pelas autoridades jurisdicionais do Estado e que, pelo contrário, a decisão do Supremo Tribunal Federal confirmou a validade da interpretação da Lei de Anistia, sem considerar as obrigações internacionais do Brasil derivadas do Direito Internacional.” A sentença é determinante ao indicar que a interpretação da Lei de Anistia decidida pelo STF fere frontalmente a Convenção Americana de Direitos Humanos.

Isto implica que o Poder Judiciário deve atuar para dar efeito ao controle de convencionalidade, de modo a garantir que a Lei de Anistia não impeça a investigação e sanção dos crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura.

A sociedade brasileira em geral, e as vítimas dos crimes da ditadura em particular, tem a expectativa que todos os membros do Poder Judiciário, a partir da decisão da Corte Interamericana, atuem em conformidade com esta responsabilidade internacional exercendo o controle de convencionalidade e aplicando os parâmetros estabelecidos na sentença do Caso Araguaia sobre a Lei de Anistia e outras disposições.

Diante desse cenário de impunidade, a principal pergunta que se coloca é se as autoridades competentes tomarão as medidas necessárias para avançar na realização da justiça, atuando em conformidade com a devida diligência que os casos da dívida histórica do período autoritário pressupõem.

A falta de investigação e julgamento das graves violações de direitos humanos cometidas por agentes públicos e privados, em nome do regime da ditadura militar, comprova a resistência do Estado brasileiro em combater a impunidade, a qual tem reflexos na consolidação democrática do país na atualidade.

Para acessar a sentença completa: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.doc

 

Contato no Brasil:

Beatriz Affonso

Diretora para o programa do CEJIL no Brasil

55-21- 2533-1660

affonso@cejil.org

 

Contato no Washington:

mlegrain@cejil.org

(1) 202 319 3000

30 años de El Mozote: Sigue impune una de las mayores masacres de Latinoamérica

Corte Interamericana conocerá el caso en una audiencia en 2012

San Salvador, 9 de diciembre de 2011- Las organizaciones firmantes rendimos un sentido homenaje a los cientos de víctimas mortales, a sus familiares y a las centenares de personas que debieron desplazarse forzosamente de sus hogares a causa de la Masacre del Mozote y sitios aledaños. El asesinato masivo de 966 hombres, mujeres y niños (víctimas identificadas hasta la fecha) fue la mayor masacre cometida por el Ejército salvadoreño durante el conflicto armado interno en este país (1980-1992), y una de las más sangrientas de la historia reciente de Latinoamérica.

Vie, 09/12/2011

Morazán, El Salvador, 12 de febrero del 2011. Paulina Martínez y José Calasanz descansan junto al monumento a las víctimas de  la masacre de El Mozote y sitios aledaños. Ambos son familiares de algunas de las personas asesinadas, cuyo número se calcula en unas 966 víctimas.San Salvador, 9 de diciembre de 2011- Las organizaciones firmantes rendimos un sentido homenaje a los cientos de víctimas mortales, a sus familiares y a las centenares de personas que debieron desplazarse forzosamente de sus hogares a causa de la Masacre del Mozote y sitios aledaños. El asesinato masivo de 966 hombres, mujeres y niños (víctimas identificadas hasta la fecha) fue la mayor masacre cometida por el Ejército salvadoreño durante el conflicto armado interno en este país (1980-1992), y una de las más sangrientas de la historia reciente de Latinoamérica.

En el trigésimo aniversario de los hechos, las víctimas sobrevivientes siguen reivindicando sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, ninguna de las personas responsables de perpetrar la masacre ha sido juzgada por estos hechos hasta la fecha.

La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional mantienen una denuncia en representación de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se espera que el más alto tribunal hemisférico convoque a una audiencia por este caso en el transcurso del 2012.

En las vísperas de días tan tristemente célebres, las organizaciones firmantes resaltamos el valor de todas las personas que han luchado por que se conozca la verdad de los hechos. En particular es necesario recordar a María Julia Hernández, quien fuera directora de Tutela Legal, y a Rufina Amaya, cuyo valiente testimonio dio a conocer lo ocurrido en El Mozote. Ambas lucharon hasta su muerte por la obtención de una justicia que no ha sido otorgada aún.

Las firmantes reconocemos la dignidad de las víctimas de la masacre, y suscribimos el mensaje del monumento construido en la comunidad por los familiares de las víctimas con el apoyo de organizaciones de derechos humanos: “Ellos no han muerto, están con nosotros, con ustedes y con la humanidad entera”.

 

Información sobre el caso

La masacre del Mozote y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada “Operación Rescate”. El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y luego asesinó a cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán: El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo, entre otras.

Tutela Legal realizó diligentes esfuerzos para que los crímenes fueran investigados en la justicia interna. No obstante, el caso fue archivado en septiembre de 1993 porque las cortes salvadoreñas determinaron que la demanda no procedía, debido a que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada también en 1993, eximía de culpa a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos.

 

Organizaciones firmantes:

Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro-Búsqueda)

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)

Pronunciamiento de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas

En memoria de la defensora de derechos humanos Sonia Pierre

Washington, D.C., 7 de diciembre de 2011 - La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas (organizaciones abajo firmantes) expresamos nuestra solidaridad con el dolor que embarga a los hijos, familiares y amigos de la defensora dominicana Sonia Pierre ante su fallecimiento.

En este día de dolor, unimos nuestras voces a través del continente americano para demostrar nuestra admiración y respeto por la vida de esta luchadora incansable de los derechos humanos, en especial, por sus innumerables esfuerzos en la reivindicación de los derechos a la nacionalidad, al respeto y a la igualdad de la población dominicana de ascendencia haitiana en República Dominicana. Sonia es un ejemplo para nosotros y nos inspira a continuar nuestro trabajo en contra de la discriminación y de las violaciones constantes a los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables.

Mié, 07/12/2011

Washington, D.C., 7 de diciembre de 2011 - La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas (organizaciones abajo firmantes) expresamos nuestra solidaridad con el dolor que embarga a los hijos, familiares y amigos de la defensora dominicana Sonia Pierre ante su fallecimiento.

En este día de dolor, unimos nuestras voces a través del continente americano para demostrar nuestra admiración y respeto por la vida de esta luchadora incansable de los derechos humanos, en especial, por sus innumerables esfuerzos en la reivindicación de los derechos a la nacionalidad, al respeto y a la igualdad de la población dominicana de ascendencia haitiana en República Dominicana. Sonia es un ejemplo para nosotros y nos inspira a continuar nuestro trabajo en contra de la discriminación y de las violaciones constantes a los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables.

Como muchos defensores y defensoras en nuestro hemisferio, Sonia Pierre vivió personalmente la discriminación contra la cual luchó fervientemente. Defendió a los olvidados de la sociedad dominicana, aun siendo ella misma objeto de amenazas, hostigamientos y acusaciones infundadas. A pesar de ello nunca desmayó en sus esfuerzos y dedicó cada día de su vida a promover la protección de los derechos humanos.

Subrayamos el papel trascendental que desempeñó en vida Sonia Pierre, incluso impulsando el litigio que estableció uno de los precedentes judiciales internacionales más importantes en favor del derecho a la educación, al nombre y a la nacionalidad en el caso Yean & Bosico vs. República Dominicana. En honor a su memoria, hacemos un llamado a todos los países del continente a que reconozcan la importante labor que ejercen los defensores y defensoras de derechos humanos en la región.

En este día reconocemos la vida de Sonia Pierre y nos hacemos eco de su deseo de paz, justicia e igualdad para la República Dominicana y los países de nuestro continente.

 

Organizaciones Firmantes:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., México

 

Aulas de Gestión Ocupacional para América Latina (Ágora), Paraguay

 

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), México

 

Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Perú

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia

 

Comisión de Justicia y Paz, Colombia

 

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador

 

Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela

 

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989  (COFAVIC), Venezuela

 

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

 

Corporación Humanas, Chile

 

Centro Regional de Derechos Humanos y  Justicia de Género

 

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Corporación Reiniciar), Colombia

 

Espacio Público, Venezuela

 

Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH), Colombia

 

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México

 

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), Colombia

 

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

 

Observatorio Venezolano de Prisiones, Venezuela

 

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

 

Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Venezuela

 

Red por los Derechos de la Infancia, México

 

Vicaria de Derechos Humanos de Caracas, Venezuela

 

Washington Office on Latin America (WOLA)

 

*Enlace al pronunciamiento de CEJIL sobre el fallecimiento de Sonia Pierre

 

Contacto de Prensa:

Milli Legrain

mlegrain@cejil.org

Tel (1) 202 319 3000

 

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