CEJIL y otras organizaciones

Corte Interamericana declara incumplimiento de Perú frente a desaparición forzada de Kenneth Anzualdo

Incumplimiento con la sentencia emitida el 22 de septiembre de 2009

17 September, 2013 - La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Perú ha incumplido casi en su totalidad con la sentencia emitida en su contra el 22 de septiembre de 2009 por la desaparición forzada del estudiante de 25 años Kenneth Anzualdo en 1993, así como por la violación de los derechos a la integridad personal, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de sus familiares. Mediante una Resolución dada a conocer el pasado 13 de septiembre, el Tribunal Interamericano evidenció las escasas acciones que el Estado peruano ha tomado para conocer la verdad, encontrar el cuerpo de la víctima y reparar de manera integral el daño causado a sus familiares.

Mié, 18/09/2013

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Perú ha incumplido casi en su totalidad con la sentencia emitida en su contra el 22 de septiembre de 2009 por la desaparición forzada del estudiante de 25 años Kenneth Anzualdo en 1993, así como por la violación de los derechos a la integridad personal, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de sus familiares. Mediante una Resolución dada a conocer el pasado 13 de septiembre, el Tribunal Interamericano evidenció las escasas acciones que el Estado peruano ha tomado para conocer la verdad, encontrar el cuerpo de la víctima y reparar de manera integral el daño causado a sus familiares.

 

Transcurridos casi cuatro años de emitida la Sentencia, la Corte constató que la única medida de reparación cumplida cabalmente por el Perú es el acto de disculpas públicas, que se realizó el pasado 23 de julio, ya vencido el plazo de seis meses que el Tribunal había decretado para su cumplimiento.

 

La Corte evidencia la falta de avances concretos en la investigación y sanción de los responsables, así como en la búsqueda y localización de Kenneth Anzualdo o de sus restos mortales. De igual modo, el Tribunal reitera la necesidad de que los familiares de Kenneth reciban las reparaciones económicas decretadas, y atención médica individualizada de acuerdo a sus necesidades. Finalmente, la Corte insiste en que se lleven a cabo medidas para honrar la memoria de Kenneth Anzualdo, como la publicación de la sentencia en un medio de circulación nacional y la colocación de una placa en el Museo de la Memoria.

 

Durante el proceso de supervisión de la Sentencia, la Corte requirió en varias ocasiones información del Estado peruano, a pesar de lo cual éste la remitió sólo en una ocasión. Por ello, la Corte ordena al Perú presentar un informe detallado antes del próximo 30 de octubre de 2013, recordando que “los Estados Parte de la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios […] en el plano de sus respectivos derechos internos”, y que deben informar a la Corte sobre las medida adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado en sus decisiones.

 

Para Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “esta Resolución evidencia que Perú necesita reforzar las acciones encaminadas a sancionar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto interno”. Tanto CEJIL como APRODEH esperamos que en cumplimiento de la Resolución de la Corte, el Estado tome medidas urgentes para implementar todos los extremos de la sentencia, de acuerdo a sus obligaciones internacionales.

Contacto en Washington DC

Francisco Quintana

Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe

Correo electrónico: fquintana@cejil.org

Tel: (1) 202 319 3000

Contacto en Perú

Gloria Cano

Directora Ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos

Correo electrónico: gloria@aprodeh.org.pe

Tel: +51-1-424-7057

 

Enlaces importantes:

Denuncia de Convención Americana sobre Derechos Humanos por Venezuela debilita protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos/as

PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la inminente entrada en vigor de la denuncia formulada por Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir del próximo 10 de septiembre de 2013. Haciendo eco del llamado realizado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instamos al Estado venezolano a que reconsidere de manera urgente su decisión de privar a sus ciudadanos/as de la protección que ofrece este instrumento internacional.

Lun, 09/09/2013

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la inminente entrada en vigor de la denuncia formulada por Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir del próximo 10 de septiembre de 2013. Haciendo eco del llamado realizado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instamos al Estado venezolano a que reconsidere de manera urgente su decisión de privar a sus ciudadanos/as de la protección que ofrece este instrumento internacional.La Corte Interamericana, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus funciones han protegido los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente. Con esta decisión, las violaciones a los derechos humanos tutelados por la Convención Americana ocurridas en territorio venezolano a partir de dicha fecha no podrán ser presentadas al Tribunal Interamericano.

La Comisión Interamericana podrá seguir conociendo de las violaciones a los derechos humanos que se produzcan en el futuro en Venezuela, en virtud de ser miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es decir, el Estado venezolano debe cumplir con las obligaciones que le imponen la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Desde su creación, la Corte y la Comisión Interamericanas han analizado situaciones de graves violaciones a los derechos humanos aportando de forma significativa a la consolidación de instituciones democráticas, la adopción de legislación más igualitaria y garantista, así como a la lucha contra la impunidad. Cabe destacar la labor enfocada en la debida protección de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, la lucha por la erradicación de la violencia de género y la discriminación por orientación sexual, la protección de los derechos de los pueblos indígenas,  la prohibición de la tortura así como de prácticas de desaparición forzada. Asimismo, ambos órganos han hecho una importante contribución para la promoción, desarrollo y una mejor garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.

En este sentido, la denuncia de la Convención Americana por parte de Venezuela representa un grave retroceso para la protección de los derechos humanos en la región. Además, dicha denuncia está precedida en los últimos años por un incumplimiento de la mayor parte de las sentencias y medidas de protección emitidas por la Corte Interamericana.

Finalmente, en el marco de los compromisos asumidos en la XLIV Asamblea General Extraordinaria de la OEA, celebrada el pasado 22 de marzo de 2013 en relación con el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano, hacemos un llamado a los Estados Parte de la organización a reafirmar su compromiso con la universalidad del Sistema Interamericano mediante la realización de todas las acciones necesarias para que el Estado venezolano reconsidere su decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Firmantes:

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC)

Amnistía Internacional

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Global Rights - Partners for Justice

ORGANIZACIONES REGIONALES:

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)

POR PAIS

Brasil:

Associação Juízes para a Democracia (AJD)

Conectas Direitos Humanos

Bolivia:

Oficina Jurídica Para la Mujer

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM – Bolivia)

Chile:

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas

Colombia:

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES).

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Costa Rica:

Defensa de Niñas y Niños - Internacional, DNI

Ecuador:

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA)

Guatemala:

Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala  (UDEFEGUA)

Honduras

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)

México:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDHEM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC

Nicaragua:

Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)

Panamá

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)

Perú:

Asociación Paz y Esperanza, Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Equipo de Incidencia en Derecho

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

Uruguay:

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

Venezuela:

Acción Solidaria

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

CIVILIS Derechos Humanos

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

Perú reconoce su responsabilidad por la desaparición forzada de Kenneth Ney Anzualdo

A cuatro años, un primer paso para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana

El 23 de julio de 2013, el Ministro de Justicia, en presencia del Presidente del Consejo de Ministros, reconoció en un acto público la responsabilidad del Estado peruano por la desaparición forzada de Kenneth Ney Anzualdo y pidió perdón a sus familiares, tal como fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 22 de septiembre de 2009.

 

Jue, 01/08/2013

El 23 de julio de 2013, el Ministro de Justicia, en presencia del Presidente del Consejo de Ministros, reconoció en un acto público la responsabilidad del Estado peruano por la desaparición forzada de Kenneth Ney Anzualdo y pidió perdón a sus familiares, tal como fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 22 de septiembre de 2009.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), en nuestra calidad de representantes de las víctimas y sus familiares, reconocemos que la realización del referido acto constituye un primer paso para reparar el daño causado a sus familiares. Sin embargo, recordamos que a casi 4 años de emitida la sentencia, es la única medida ordenada por la Corte que ha sido cumplida.

En su fallo, el Tribunal determinó que el Estado era responsable de la desaparición forzada del estudiante de 25 años Kenneth Ney Anzualdo en 1993, así como por la violación de los derechos a la integridad personal, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de sus familiares.

En su intervención en dicho acto, Marly Anzualdo, hermana de la víctima desaparecida, señaló que el Estado peruano aún tiene pendiente la adopción de medidas para la identificación de las personas desaparecidas durante el conflicto armado. A más de 20 años de la desaparición de su hermano Kenneth, las autoridades no han localizado sus restos ni sancionado a los responsables.

El Estado peruano tampoco ha cumplido con la garantía de no repetición establecida por la sentencia que le ordena reformar la legislación penal para adecuar el tipo penal de desaparición forzada a los estándares internacionales en la materia.

CEJIL y APRODEH esperamos que el acto de reconocimiento de responsabilidad realizado constituya una manifestación de la voluntad del Estado peruano para cumplir con todos los extremos de la sentencia y en consecuencia se traduzca en la adopción de medidas efectivas para avanzar en ese sentido.

Contacto en Washington DC

Francisco Quintana

Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe

Correo electrónico: fquintana@cejil.org

Tel: (1) 202 319 3000

Contacto en Perú

Gloria Cano

Directora Ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos

Correo electrónico: gloria@aprodeh.org.pe

Tel: +51-1-424-7057

 

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CEJIL condena asesinato de jueza hondureña y exige investigación

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena el asesinato de la jueza Mireya Mendoza, quien se desempeñaba como jueza del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de El Progreso en Honduras, y además ocupaba el cargo de Pro Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).

La jueza Mendoza fue asesinada el pasado 24 de julio de 2013, alrededor del medio día, mientras conducía su vehículo particular y sujetos desconocidos le dispararon en aproximadamente veinte ocasiones.

Lun, 29/07/2013

San José, 29 de julio de 2013

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena el asesinato de la jueza Mireya Mendoza, quien se desempeñaba como jueza del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de El Progreso en Honduras, y además ocupaba el cargo de Pro Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).

La jueza Mendoza fue asesinada el pasado 24 de julio de 2013, alrededor del medio día, mientras conducía su vehículo particular y sujetos desconocidos le dispararon en aproximadamente veinte ocasiones.

El asesinato de la jueza no ha sido el único contra operadores de justicia en este país. En el año 2010, también fue asesinada la jueza Olga Mariné Laguna y el 27 de mayo de 2011, fue asesinado Raúl Enrique Reyes Carbajal, coordinador en Honduras de la Fiscalía en Puerto Cortes, quien días antes de asumir este cargo se habría desempeñado como fiscal contra el Crimen Organizado en San Pedro Sula.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año de 2011 cuando publicó su Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, manifestó su preocupación por la cifra de 22 jueces hondureños que señalaron encontrarse amenazados de muerte por conocer de casos delicados relacionados con el crimen organizado, grupos juveniles o pandillas.

Adicionalmente, resulta preocupante el contexto de impunidad que prevalece en Honduras. Al respecto, recientemente, el ex Fiscal General de la República, Luis Rubí, declaró ante el Congreso Nacional que el 80% de los homicidios cometidos en el país quedan en la impunidad por la falta de capacidad de los órganos de investigación.

No obstante, el Estado de Honduras tiene el deber jurídico de investigar las afectaciones al derecho a la vida. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben “iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva (…) por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los hechos”.

“El asesinato de la jueza Mendoza es de suma preocupación por el inevitable efecto amedrentador en todas aquellas personas comprometidas con la búsqueda de la justicia. Si no se investiga y sanciona a la totalidad de los responsables –tanto materiales como intelectuales–, el Estado estaría tolerando estos actos y con ello se intimidaría la labor independiente e imparcial de jueces y otros operadores de justicia” declaró Marcia Aguiluz, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

CEJIL hace un llamado a las autoridades hondureñas para que asignen todos los recursos que sean necesarios con el objetivo de investigar efectivamente el asesinato de la jueza Mireya Mendoza y sancionar a los responsables. A la vez, instamos a las autoridades a crear un mecanismo de protección para operadores de justicia que tenga como objetivo la prevención de este tipo de hechos y la garantía plena de la independencia judicial.

 

El 31 de julio de 2013, operadores de justicia, organizaciones hondureñas e internacionales enviaron una carta a la Comisión Interventora del Ministerio Público y otras autoridades hondureñas, para exigir una investigación exhaustiva y acorde a estándares internacionales. Lea la carta aquí

 

Contacto en Costa Rica

Marcia Aguiluz

Directora del Programa para Centroamérica y México

Tel. (506) 2280-7473 / 7608

 

Foto crédito: Asociación de Jueces por la Democracia

Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere a Estado salvadoreño salvar la vida de “Beatriz”

Por votación unánime, el Tribunal Interamericano reconoce que su salud, integridad personal tanto física como mental, y vida, se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable.

En una decisión histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo tribunal en materia de derechos humanos del continente americano, requirió hoy al Estado salvadoreño tomar todas las medidas médicas necesarias para asegurar, de manera urgente, la debida protección de los derechos a la vida e integridad personal de Beatriz, lo que significa interrumpir su embarazo de acuerdo a lo recomendado por los médicos tratantes.

Beatriz, una joven salvadoreña de 22 años, quien padece de Lupus Eritematoso Sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, es madre de un niño de 14 meses y actualmente se encuentra en la semana 26 de un embarazo de un feto anencefálico, es decir, sin cerebro, una anomalía mayor incompatible con la vida extrauterina.

Lea la resolución completa de la Corte IDH.

Jue, 30/05/2013

Por votación unánime, el Tribunal Interamericano reconoce que su salud, integridad personal tanto física como mental, y vida, se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable.

En una decisión histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo tribunal en materia de derechos humanos del continente americano, requirió hoy al Estado salvadoreño tomar todas las medidas médicas necesarias para asegurar, de manera urgente, la debida protección de los derechos a la vida e integridad personal de Beatriz, lo que significa interrumpir su embarazo de acuerdo a lo recomendado por los médicos tratantes.Beatriz-CCAmnistíaMéxico

Beatriz, una joven salvadoreña de 22 años, quien padece de Lupus Eritematoso Sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, es madre de un niño de 14 meses y actualmente se encuentra en la semana 26 de un embarazo de un feto anencefálico, es decir, sin cerebro, una anomalía mayor incompatible con la vida extrauterina.

El pasado 29 de abril de 2013, luego de una solicitud de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares a favor de Beatriz y requirió al Estado de El Salvador “implementar el tratamiento recomendado por el Comité Médico del Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escalón”, con el objetivo de salvaguardar la vida, integridad personal y salud de Beatriz. Sin embargo, el Estado no acató la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por ello, la CIDH solicitó la intervención de la Corte Interamericana.

En su resolución, la Corte Interamericana consideró que la situación de Beatriz es de extrema gravedad y urgencia y que existe un riesgo de que ocurra un daño irreparable de sus derechos a la vida y a la integridad no sólo física sino también mental.

“La resolución dictada por la Corte IDH es un hito histórico en la protección de los derechos de las mujeres en el continente. Mediante su decisión, la Corte IDH establece la urgencia de aplicar las medidas necesarias para proteger de manera inmediata a las mujeres que enfrentan problemas graves de salud y que requieren de un aborto terapéutico” señaló Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

La resolución de la Corte IDH toma en cuenta la sentencia emitida el día de ayer por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, en la cual se rechazó el recurso de amparo interpuesto por las y los abogados de Beatriz, con el fin de que se permitiera que los médicos del Hospital interrumpieran el embarazo.

No obstante, la Corte Interamericana señaló que en el marco de dicha decisión, el Estado salvadoreño está obligado a “garantizar que el equipo médico tratante tenga la protección que corresponda para ejercer plenamente su función de acuerdo a las decisiones que, basadas en la ciencia médica, dicho equipo médico adopte”.

“Esperamos que el Estado salvadoreño de inmediato cumpla con esta resolución de la Corte Interamericana y proceda a interrumpir el embarazo de Beatriz, de manera que ella pueda continuar con su vida en forma plena y segura”, señaló Morena Herrera de la Colectiva Feminista.

Ante situaciones de extrema gravedad y urgencia, la Corte IDH puede tomar las medidas provisionales que considere pertinentes, aunque no haya un caso presentado ante el Tribunal. Las resoluciones de la Corte IDH son de cumplimiento obligatorio para todas y cada una de las autoridades de El Salvador, como Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), que firmó y ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la competencia de la Corte IDH.

Lea la resolución completa de la Corte IDH.

Más información

Marcia Aguiluz

CEJIL

maguiluz@cejil.org

+506 2280-7473

Fotografía CC Amnistía México

Líder indígena testifica en el caso Norín Catrimán y otros v. Chile

Los Mapuche son objeto de represión estatal, violencia y encarcelamientos arbitrarios

San José y Washington D.C, 29 de mayo de 2013 – En una audiencia de fondo que se realiza los días 29 y 30 de mayo, el Werken Mapuche Víctor Manuel Ancalaf, representado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), dio testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. La audiencia se inscribe dentro del caso Norín Catrimán y otros vs. Chile.

Jue, 30/05/2013

Por los derechos del pueblo mapuche

San José y Washington D.C, 29 de mayo de 2013 – En una audiencia de fondo que se realiza los días 29 y 30 de mayo, el Werken Mapuche Víctor Manuel Ancalaf, representado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), dio testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. La audiencia se inscribe dentro del caso Norín Catrimán y otros vs. Chile.

Por medio de ello, varios integrantes y dirigentes del Pueblo Mapuche denunciaron la aplicación discriminatoria de la Ley Antiterrorista en Chile, así como diversas violaciones a las garantías de debido proceso y al principio de legalidad protegidos por la Convención Americana.

La Comisión IDH remitió el caso a la Corte en el año 2011 ante la vulneración de los derechos garantías judiciales, el principio de legalidad y retroactividad y el derecho de igualdad ante la ley.

El líder indígena Mapuche acompañado de sus representantes, abogados de CEJIL, dio testimonio sobre las consecuencias de su condena por terrorismo en su entorno familiar y colectivo, así como en su condición de dirigente tradicional Werken.

Se espera que la Corte IDH dicte sentencia antes de que acabe el año.

Contacto en San José – Liliana Tojo, Directora del Programa para Bolivia y el Cono Sur, Tel (506) 2280-7473 / 7608 ltojo@cejil.org

Contacto en Washington DC – Milli Legrain, Coordinadora de comunicación, Tel (1) 202 310 3000 mlegrain@cejil.org

 

Perú incumple de manera total sentencia de la Corte IDH en el Caso Anzualdo Castro v. Perú

Audiencias ante Corte IDH

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunciaron en audiencia privada ante la Corte Interamericana el desacato absoluto por parte del Estado peruano de la Sentencia emitida el pasado 22 de septiembre de 2009 por dicho Tribunal en el caso Anzualdo Castro v. Perú.

Jue, 23/05/2013

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunciaron en audiencia privada ante la Corte Interamericana el desacato absoluto por parte del Estado peruano de la Sentencia emitida el pasado 22 de septiembre de 2009 por dicho Tribunal en el caso Anzualdo Castro v. Perú.

En su fallo, el Tribunal determinó que el Estado era responsable de la desaparición forzada del estudiante de 25 años Kenneth Ney  Anzualdo en 1993, así como por la violación de los derechos a la integridad personal, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de sus familiares.
 
En consecuencia, la Corte ordenó al Estado la adopción de una serie de medidas con el fin de reparar el daño causado y asegurar que hechos como estos no se repitan.
 
El Estado debía presentar un informe acerca de los avances en el cumplimiento de estas medidas en el mes de octubre de 2010. Sin embargo, y a pesar de los requerimientos de la Corte y de las gestiones realizadas por los familiares de las víctimas, hasta la fecha, el Estado no ha presentado información alguna.
 
De hecho, a más de 3 años de emitida la sentencia, el Estado no ha adoptado una sola medida para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte. Cabe destacar que algunas de ellas son de fácil implementación, tales como la publicación de la sentencia, la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad y el pago de indemnizaciones.
 
En materia de justicia, no existen avances en la determinación de las responsabilidades penales por estos graves hechos o en la determinación del paradero de la víctima, medidas que son esenciales para mitigar el dolor que aún experimentan los familiares de Kenneth Ney Anzualdo Castro.
 
CEJIL y APRODEH también denunciaron que el Estado peruano sigue estigmatizando a Kenneth Ney Anzualdo y su familia, señalando supuestos vínculos con organizaciones terroristas a pesar de que en su sentencia la Corte reconoció el sufrimiento causado por este tipo de afirmaciones, pese a que las investigaciones seguidas en su contra, fueron desestimadas en su momento por las autoridades peruanas.
 
Los representantes solicitaron a la Corte de manera enérgica la atención al Estado peruano por el desacato absoluto de sus obligaciones surgidas de la sentencia en cuestión y lo inste para que a la brevedad posible adopte medidas para corregir esta situación.
 
 
Contacto en San José Gisela de León - Abogada Senior Celular (506) 88760039 gdeleon@cejil.org

Contacto en Washington Milli Legrain Coordinadora de comunicación (1) 202 310 3000 ext 15 mlegrain@cejil.org

Indígenas mexicanos son liberados luego de 17 años de prisión injusta

Juan García y Santiago Sánchez fueron liberados la mañana del pasado jueves 18 de abril, luego de que un Tribunal interno declarara que su confesión fue obtenida bajo tortura y que el juicio al que fueron sometidos estuvo plagado de irregularidades; lo que les hacía cumplir una sentencia de 40 años.

Desde el año 2000 Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos (SLIEJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano en virtud de las violaciones de derechos humanos sufridas por los entonces jóvenes indígenas Juan García y Santiago Sánchez.

Mar, 23/04/2013

San José, Costa Rica, 23 de abril de 2012. Juan García y Santiago Sánchez fueron liberados la mañana del pasado jueves 18 de abril, luego de que un Tribunal interno declarara que su confesión fue obtenida bajo tortura y que el juicio al que fueron sometidos estuvo plagado de irregularidades; lo que les hacía cumplir una sentencia de 40 años. MapaMéxico

Desde el año 2000 Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos (SLIEJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano en virtud de las violaciones de derechos humanos sufridas por los entonces jóvenes indígenas Juan García y Santiago Sánchez.

Tuvieron que transcurrir 17 años para que las autoridades internas reconocieran su error y se lograra la liberación de García y Sánchez, quienes permanecían privados de libertad en el centro penitenciario Neza-Bordo, en el municipio mexicano de Nezahualcóyotl.

“La liberación de Juan y Santiago es un logro para el respeto de los derechos humanos y un llamado de atención para que el Estado mexicano elimine prácticas ilegales en los procesos de investigación policial y de impartición de justicia, ello solo ha sido posible tras la intervención de la Comisión Interamericana en el caso”, sostuvo Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

El 6 de junio de 1997, policías judiciales del Distrito Federal de México irrumpieron sin orden judicial al domicilio de ambos ciudadanos mexicanos, los detuvieron de manera arbitraria e ilegal, los golpearon y los llevaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aduciendo vinculaciones con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Allí los siguieron golpeando y amenazaron de muerte para que firmaran hojas en blanco, en las que fueron escritas confesiones falsas. Las confesiones obtenidas bajo tortura fueron la principal prueba para que Juan y Santiago recibieran primero una condena a tres años de prisión, por la supuesta portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y fuerza armada, y posteriormente otra sentencia de 40 años bajo los falsos cargos de haber cometido un robo, asesinar a un policía y herir a varios agentes policiales.

Sobre este tema, el Subcomité de Prevención de la Tortura concluyó en 2010, tras visitar México, que es ante el Ministerio Público y particularmente durante las primeras 48 horas de detención cuando las personas detenidas corren un alto riesgo de sufrir torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El año pasado también, el Comité contra la Tortura expresó en su informe sobre México, su preocupación por el alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios, con el fin de obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias.

En 2011, el caso de Santiago Sánchez, mixteco originario de Oaxaca, y Juan García Cruz, nahua oriundo de Puebla, recibió informe de fondo de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actualmente se encuentra en trámite y espera ser dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en San José, Costa Rica.

“Saludamos la liberación de Juan y Santiago y esperamos que el Estado mexicano repare en forma integral el daño que les ha causado, investigue y sancione a los responsables de dichas violaciones de derechos humanos y tome las medidas necesarias para eliminar la práctica de la tortura” sostuvo Pilar Noriega, abogada del SLIEJ.

Más información

Sergio Pacheco S.

Comunicador

CEJIL Mesoamérica

+506 2280 7473

Solicitan a CIDH dictar medidas cautelares para preservar la vida

Riesgo de muerte para mujer salvadoreña

El Salvador es uno de los cinco países de América Latina donde el aborto terapeútico para proteger la vida de la madre es ilegal.

La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador; y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la adopción inmediata de medidas de protección para evitar daños irreparables a la vida, integridad personal y salud de Beatriz.

Vie, 19/04/2013

El Salvador es uno de los cinco países de América Latina donde el aborto terapeútico para proteger la vida de la madre es ilegal.

San Salvador, El Salvador y San José, Costa Rica, 19 de abril de 2013- La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador; y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la adopción inmediata de medidas de protección para evitar daños irreparables a la vida, integridad personal y salud de Beatriz. AudienciaElSalvadorCIDH

Beatriz, una mujer de 22 años que sufre una enfermedad conocida como Lupus Eritematosos Discoidea agravado con nefritis lúpica, actualmente se encuentra en la semana 19 de un embarazo que podría ocasionarle la muerte debido a su delicado estado de salud.

Además, de acuerdo con tres ultrasonografías recientes, el feto es anencefálico, es decir, no posee un cerebro. Esta malformación es incompatible con la vida extrauterina, por lo que incluso en caso de que su embarazo llegara a término, el feto no podría sobrevivir fuera del útero.

“Urgimos a las autoridades salvadoreñas y a la Comisión Interamericana a tomar cartas en el asunto, ya que conforme avanza el tiempo, se incrementa el riesgo de muerte para Beatriz, quien no está en condiciones físicas para dar a luz”, sostuvieron las y los representantes de las organizaciones.

En efecto, los especialistas del Comité Médico del Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escolán” de San Salvador concluyeron que se debe proceder con “la finalización de la gestación”, considerando el pronóstico de la vida del feto, el agravamiento de la enfermedad que padece Beatriz y las complicaciones que podrían presentarse si no se realiza el procedimiento antes de la semana 20 de gestación, entre ellas: hemorragia obstétrica grave, empeoramiento de falla renal e incluso la muerte.

A pesar del criterio médico, la terminación del embarazo no se ha podido realizar debido a que en El Salvador el aborto está totalmente prohibido por ley. Para las mujeres que llegan a encontrarse en estas circunstancias, el país centroamericano contempla penas que van de los dos a los ocho años de prisión. En muchas ocasiones, la tipificación del delito se modifica por la de homicidio agravado, por lo que las penas aumentan hasta los treinta o cincuenta años de prisión. En 2011, al menos se conocen los casos de 129 mujeres procesadas y 24 condenadas, por estos delitos en El Salvador.

También, para los profesionales médicos que realicen cualquier procedimiento de esta naturaleza, se imponen penas de entre seis y doce años de prisión, así como una inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo periodo de tiempo.

Sobre este tema, varias instancias internacionales han expresado suma preocupación. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), en situaciones similares, ha manifestado que la existencia de leyes que prohíben y penalizan toda forma de aborto tiene como consecuencia afectaciones a la salud de la mujer, da lugar al aumento en las cifras de mortalidad materna y ocasiona mayor sufrimiento cuando las mujeres son encarceladas por violar estas normas1. En este sentido, ha llamado a la revisión de legislación, a efecto de permitir el aborto por razones terapéuticas u otras relacionadas con la salud, física o mental, de la mujer2.

Otros países de América Latina como Chile, República Dominicana, Honduras y Nicaragua también prohíben el aborto en todas sus formas.

Las organizaciones solicitantes de las medidas de protección, hicieron un llamado a las autoridades competentes en El Salvador para que se realicen, en forma inmediata, los procedimientos médicos necesarios para salvaguardar la vida de Beatriz, y se abstengan de proceder penalmente en su contra. Adicionalmente, exhortaron al Estado para que revise la legislación en torno al aborto, con el fin de cumplir con las recomendaciones ya formuladas por diversas instancias internacionales de derechos humanos.

Foto CC CIDH, Audiencia sobre "Derechos humanos de las mujeres y las niñas en El Salvador" de marzo 2013, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Más información

Sergio Pacheco S.

Comunicador

CEJIL Mesoamérica

+506 2280 7473

skype: sergiopachecosalazar

1 CEDAW. Doc. ONU CEDAW/C/CHI/4. Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Cuarto informe periódico de los Estados Parte. Chile. 17 de mayo de 2004. Párr. 282. Disponible en: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CEDAW/C/CHI/4&Lang=S.

2 Ibíd.

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