CEJIL y otras organizaciones

La verdad, la justicia y la reparación deben prevalecer en el juicio por genocidio en Guatemala

Declaración de organizaciones de la sociedad civil sobre juicio a Ríos Montt

Organizaciones del continente instan a un adecuado proceso, con las debidas garantías.

El próximo 19 de marzo dará inicio en Guatemala la audiencia pública en el juicio que se sigue en contra del General en retiro Efraín Ríos Montt y de su ex director de los servicios de inteligencia militar, también General en retiro José Mauricio Rodríguez Sánchez, como presuntos autores intelectuales de genocidio y crímenes de lesa humanidad (asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, tortura) en contra de casi dos mil personas, la mayoría de ellas mayas Ixil. Los hechos ocurrieron desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, cuando Ríos Montt ocupó el poder en su país.

 

Lun, 18/03/2013

El próximo 19 de marzo dará inicio en Guatemala la audiencia pública en el juicio que se sigue en contra del General en retiro Efraín Ríos Montt y de su ex director de los servicios de inteligencia militar, también General en retiro José Mauricio Rodríguez Sánchez, como presuntos autores intelectuales de genocidio y crímenes de lesa humanidad (asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, tortura) en contra de casi dos mil personas, la mayoría de ellas mayas Ixil. Los hechos ocurrieron desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, cuando Ríos Montt ocupó el poder en su país.

En el proceso judicial, impulsado por el Ministerio Público, figuran como abogados directores de la parte querellante, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), los abogados del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). Quienes además están siendo apoyados por Abogados sin fronteras Canadá, todos en condición de representantes de las víctimas. La trascendencia de este proceso –inédito en Guatemala- implica el desahogo de aproximadamente 140 testimonios de víctimas y de la comparecencia de unos 70 peritos expertos.

Tanto la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias, han documentado las atrocidades ocurridas en Guatemala durante el conflicto armado interno, y en especial, han dado cuenta de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional impulsada particularmente a principios de la década de 1980 y mediante la cual se aplicó una política de “tierra arrasada” que buscaba acabar con el pueblo maya sospechoso de colaborar con la insurgencia.

De acuerdo con la CEH, alrededor de 626 masacres fueron ejecutadas mediante “actos de extrema crueldad” dirigidos a la eliminación de las personas o grupos de personas definidos como “enemigo interno” y destinados a “aterrorizar a la población”. La CEH concluyó además que el 91% de las violaciones registradas durante el conflicto armado se produjo entre los años 1978 y 1983, estando en el poder los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983).

A diferencia de lo que ha sucedido en la historia reciente en Guatemala –en donde hasta la fecha, salvo contadas excepciones, no ha sido posible obtener justicia en el ámbito interno y por lo cual se ha acudido a instancias internacionales de protección de derechos humanos-, el Estado guatemalteco tiene en este ocasión, la valiosa oportunidad de celebrar un proceso apegado a las garantías judiciales, en el que se juzgue a los acusados y sancione efectivamente a quienes se prueben como responsables de delitos tan graves como son el genocidio y los de lesa humanidad.

El esclarecimiento de los hechos, a través del debido proceso penal, así como la sanción de los responsables del genocidio y de crímenes de lesa humanidad ocurrido en Guatemala, constituye la medida idónea para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad guatemalteca en su conjunto. Además, sólo a través de la identificación, el juzgamiento y la sanción adecuada de los responsables materiales e intelectuales de las citadas violaciones de derechos humanos se logrará la no repetición de hechos tan reprochables. Este tipo de procesos fortalecen el Estado de Derecho y la democracia guatemalteca.

Considerando lo anterior, las organizaciones firmantes saludamos el proceso que lleva el Tribunal de Mayor Riesgo en Guatemala, y expresamos nuestro apoyo decidido al mismo. Además instamos a las autoridades guatemaltecas a lo siguiente:

 

  1. Que se proteja efectivamente –antes, durante y después del proceso- a todas las partes involucradas en ello (testigos, peritos, operadores de justicia, abogados y abogadas).
  2. Que se garantice una adecuada cadena de custodia en la evidencia.
  3. Que se garantice la independencia judicial mediante el apoyo público y decidido a la labor que están llevando a cabo los jueces a cargo del proceso y se asegure que no habrá ninguna injerencia indebida en sus decisiones. Treinta años después de la comisión de varios crímenes de lesa humanidad ha llegado la hora de conocer la verdad y hacer realidad el derecho de las víctimas a obtener justicia.

 

18 de marzo de 2013

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., México

Abogados sin Fronteras Canadá (ASF), organización internacional

Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA), Guatemala

Alianza por tus derechos, Costa Rica

Amnistía Internacional, organización internacional

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México

Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Guatemala

Asociación Nacional de Centros (ANC), Perú

Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), organización internacional

Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (PLURIJUR), Guatemala

Asociación Pro-búsqueda de niñas y niños desaparecidos, El Salvador

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", Guerrero, México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México

Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL), Perú

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador

Centro de Educación Popular-Proyecto Amigo, Perú

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización internacional

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CJAR), Colombia

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia

Comité de América Latina y el Caribe para los derechos de las Mujeres (CLADEM), organización internacional

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia

Convergencia por los Derechos Humanos (integrada por: Asociación Refugio de la Niñez; Centro para el Análisis Forense y Ciencias Aplicadas – CAFCA; Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-; Centro para la Acción Legal-Ambiental y social de Guatemala – CALAS; Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial -ECAP-; Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-; Seguridad en Democracia -SEDEM-; Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala -UDEFEGUA-; Unión Nacional de Mujeres de Guatemala -UNAMG-), Guatemala. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú Corporación Humanas, Chile Corporación Reiniciar, Colombia Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), Costa Rica Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial de Guatemala (ECAP), Guatemala Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Honduras Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Perú Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica (integrado por la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia -SEDEM-, de Guatemala; Centro de Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-, de Guatemala; Centro Nicaragüense de Derechos Humanos -CENIDH-; Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras -CODEH-; Comisión Nacional de Derechos Humanos en Panamá -CONADEHUPA; Federación Luterana Mundial; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-, de El Salvador; Fundación Fútbol por la Vida –FPV-, de Costa Rica; Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-, de Guatemala; e Iglesia Luterana Costarricense -ILCO- , de Costa Rica).

Espacio Público, Venezuela

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Fundación Myrna Mack, Guatemala

Global Rights, organización internacional

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), Colombia

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, organización internacional

Guatemala Human Rights Commission (GHRC), Guatemala

Impunity Watch, organización internacional

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA), México

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), El Salvador

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), Guatemala

Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Perú

Latin America Working Group (LAWG), organización internacional

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala

Oficina Jurídica Para la Mujer, Bolivia

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), organización internacional

Paz y Esperanza, Peru

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Guatemala

Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Guatemala

Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala

Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMG), Guatemala

Vicaria de Derechos Humanos de Caracas, Venezuela

Foto CC International Rivers

Contacto CEJIL

Sergio Pacheco S. / Comunicación/ spacheco@cejil.org/ +202 368-5133

Realizan audiencia ante la CIDH por múltiples irregularidades con cedulación de nicaragüenses

“Muerte civil” en Nicaragua

 

  • Se estima que cerca de doscientos mil nicaragüenses, jóvenes entre los 16 y 21 años, no tienen cédula de identidad.
  • Organizaciones buscan respuesta positiva del Estado de Nicaragua.

 

Washington D.C., 12 de marzo de 2012- Esta mañana tuvo lugar la audiencia sobre “Acceso a la cédula de identidad y a recursos judiciales efectivos en Nicaragua”, celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C.

Mar, 12/03/2013

Washington D.C., 12 de marzo de 2012- Esta mañana tuvo lugar la audiencia sobre “Acceso a la cédula de identidad y a recursos judiciales efectivos en Nicaragua”, celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C. Rosa María Ortiz

La Fundación Grupo Cívico y Transparencia (EyT) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron información ante la Comisión Interamericana, con el fin de promover la protección de cientos de miles nicaragüenses que no han podido acceder a dicho documento, esencial para ejercer un sinnúmero de derechos.

“Hacemos un llamado al Estado nicaragüense para que regularice una situación crítica que, entre otras cosas, ocasiona serias dificultades de acceso a un trabajo digno, la obtención adecuada de servicios de salud y de educación, así como el ejercicio democrático del voto”, expresó la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.

Debido a los efectos ocasionados por las limitaciones en el disfrute de los derechos humanos, el informe presentado esta mañana ante la CIDH, califica de “muerte civil” la situación que acontece a miles de nicaragüenses.

El Director Ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, recalcó que “no se le está reconociendo la personalidad jurídica y la identidad a estas personas, violación que está teniendo graves consecuencias en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

De acuerdo a la ley vigente, en el país centroamericano se puede solicitar cédula desde los quince años y es entregada al cumplirse los dieciséis.

La obtención de la cédula se ve dificultada y en ocasiones imposibilitada, por prácticas ilegítimas debido a la filiación política tanto “real” como “percibida”, así como por los elevados costos en los que se debe incurrir para realizar el trámite. Los habitantes de zonas rurales son los más afectados por esta última situación, pues tienen que desplazarse grandes distancias y en diversas ocasiones, para tratar de obtener su documentación.

Para CEJIL y el EyT, el objetivo de esta audiencia es abrir espacios de diálogo positivo con el Estado nicaragüense. “Existen caminos y soluciones que permitirían saldar una deuda con cientos de miles de nicaragüenses ahora desprotegidos por el Estado”, aseguró Krsticevic.

La representación oficial del Estado nicaragüense se comprometió a iniciar el trámite para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una visita a su país y pueda corroborar las informaciones presentadas por las partes.

Contactos en Washington

Milli Legrain / Coordinadora en Comunicación/ mlegrain@cejil.org/ +202 319-3000

Sergio Pacheco S. / Comunicación/ spacheco@cejil.org/ +202 368-5133

Foto por Eddie Arrossi de la CIDH.

Videos piden justicia y verdad para Uruguay

Estreno en redes sociales de la Campaña ¿Nunca Más Qué?

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el New Media Advocacy Project (N-Map) estrenan hoy en radio, televisión y redes sociales dos videos que buscan promover la reapertura de casos por crímenes cometidos durante la dictadura militar de Uruguay (1973 a 1985). Ambas co-producciones tiene como punto de partida el emblemático caso Gelman, cuya sentencia fue emitida el 24 de febrero de 2011 por la Corte IDH. Para ver los  videos haga click aquí:
¿Nunca Más Qué? (corto)
Romper el Muro de la Impunidad (largo)
Ve cómo puedes participar aquí

Lun, 11/03/2013

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el New Media Advocacy Project (N-Map) estrenan hoy en radio, televisión y redes sociales dos videos que buscan promover la reapertura de casos por crímenes cometidos durante la dictadura militar de Uruguay (1973 a 1985).

Ambas co-producciones tiene como punto de partida el emblemático caso Gelman, cuya sentencia fue emitida el 24 de febrero de 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien se pronunció en contra de los obstáculos a la justicia y verdad todavía existentes en  Uruguay.

Los videos titulados ¿Nunca Más Qué? (2.27 minutos) y Romper El Muro de la Impunidad (11 minutos) piden justicia y verdad para los familiares de los desaparecidos, pero también para las 30 mil personas que fueron torturadas, sufrieron violencia sexual y todavía no han contado su historia.

“Muchas personas ni lo han contado a su familia, ni a sus compañeras” expresa en ambos videos, la ex presa política,  Isabel Trivelli.

Los audiovisuales brindan una plataforma de expresión para los protagonistas de estas historias, tal es el caso de Sandra Pelúa y Valentín Enseñat, cuyos padres fueron desaparecidos. También abren puerta a relatos como el de Alicia Jaime, que vivió el asesinato de su esposo y padre de sus hijos a temprana edad, o el de Gabriel Mazzarovich, cuyo entorno fue brutalmente impactado por la dictadura.

El segundo video destaca además los motivos por los cuales la impunidad sigue siendo realidad en el Uruguay de hoy. Los espectadores podrán hacer un recorrido por los lugares de Montevideo donde ocurrieron las detenciones y desapariciones durante la dictadura, como la del poeta Julio Castro. Al mismo tiempo se transita por la vida de aquellos que buscan la justicia y la verdad como el perito del caso Gelman, Pablo Chargoñia, y el diputado Felipe Michelini, quienes dan su perspectiva sobre el sistema jurídico, y político de Uruguay.

Para la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, “quedan todavía miles de historias por contar. Ojalá que estos videos contribuyan al proceso de diálogo abierto desde hace varios años en Uruguay y a la reapertura de casos por las graves violaciones cometidas bajo la dictadura”.

“Espero que estos videos sirvan para reforzar la voz de todos los y las que claman por la justicia y la verdad en el Uruguay y transmitan un mensaje en contra de la impunidad”  dijo Abby Goldberg, Directora de Proyectos de N-Map.

Luego del lanzamiento simultaneo en diversos medios de comunicación, se proyectarán los videos en un evento en Montevideo el próximo 3 de abril.

 

Para ver los  videos haga click aquí:


Ve cómo puedes participar aquí

 

 

#NuncaMasQue

www.facebook.com/nuncamasque

 

 

Contacto de prensa

Milli Legrain

mlegrain@cejil.org

Tel +1-202-319 3000

www.cejil.org

 

 


CEJIL y WOLA expresan profunda preocupación por traslado de la jueza Mota

Uruguay debe superar impunidad

Buenos Aires, San José y Washington, D.C., 15 de febrero de 2013- Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que ordenó el traslado a un juzgado civil de la jueza Mariana Mota, titular hasta hace unos días de un Juzgado Letrado en lo Penal; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresan su profunda preocupación por el impacto que dicha acción pueda tener en la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad.

Vie, 15/02/2013

Corte Suprema Uruguay by N i c o_ CC

 

 

Buenos Aires, San José y Washington, D.C., 15 de febrero de 2013- Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que ordenó el traslado a un juzgado civil de la jueza Mariana Mota, titular hasta hace unos días de un Juzgado Letrado en lo Penal; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresan su profunda preocupación por el impacto que dicha acción pueda tener en la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad.

En tiempos en que Uruguay debe saldar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Gelman y, por tanto, satisfacer su obligación de organizar las estructuras del Estado para superar la impunidad en que se encuentran los crímenes cometidos durante la última dictadura, el sorpresivo y hasta ahora no explicado traslado de la jueza Mota al fuero civil, profundiza las dificultades que hasta este momento enfrenta la justicia uruguaya.

La alegada legalidad de la medida ordenada por la Suprema Corte de Justicia, no resulta suficiente para explicar la inesperada decisión del traslado de la jueza Mota, quien se encontraba a cargo de más de cincuenta casos vinculados con el terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura y cuyo trámite activo representaba una esperanza para la sociedad uruguaya.

CEJIL y WOLA expresan su solidaridad con las víctimas, sus familiares y con toda la sociedad en Uruguay, que desde hace décadas persiste en su lucha por la justicia y el cese de la impunidad.

Notas al editor

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe para influenciar las políticas en los Estados Unidos y el exterior.

Contacto en Buenos Aires

Liliana Tojo/ Directora del Programa para Bolivia y el Cono Sur/ ltojo@cejil.org / + 54-11 3340 9795 (celular) + 54 11 5031-2331 (fijo)

Contacto en San José

Sergio Pacheco S. / Comunicación/ spacheco@cejil.org / + 506 2280 7473 (fijo) + 506 8816 2283 (celular)

Contacto en Washington, D.C.

Jo-Marie Burt / Asesora Principal de WOLA / jmburt.wola@gmail.com / +1 703 946 9714 (celular)

CEJIL y ERIC denuncian a Honduras por violar derechos de ambientalista

En audiencia pública ante la Corte IDH, organizaciones exponen crítica situación de vulnerabilidad y violencia en Honduras

San José, Costa Rica, 8 de febrero de 2013- El Estado de Honduras no garantizó los derechos humanos de Carlos Antonio Luna López, asesinado en mayo de 1998, y cometió graves irregularidades durante el proceso de investigación y aplicación de la justicia. Así lo expresaron los representantes legales de las víctimas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC).


Sáb, 09/02/2013

 

San José, Costa Rica, 8 de febrero de 2013- El Estado de Honduras no garantizó los derechos humanos de Carlos Antonio Luna López, asesinado en mayo de 1998, y cometió graves irregularidades durante el proceso de investigación y aplicación de la justicia.

Así lo expresaron los representantes legales de las víctimas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC); durante una audiencia pública que tuvo lugar este jueves 8 de febrero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el máximo tribunal de la región.

Quince años han pasado desde que dos sujetos dispararon contra Carlos Luna, ocasionándole la muerte. En el momento del asesinato, el defensor ambientalista se desempeñaba como regidor municipal en Catacamas, una comunidad al noroeste de su país, desde donde denunció la tala ilegal de bosques por parte de grupos económica y políticamente poderosos. Por estas denuncias fue víctima de constantes y reiteradas amenazas, de las que tuvieron conocimiento las autoridades judiciales hondureñas. Ni las amenazas ni su asesinato han sido efectivamente investigados, por ello, el caso permanece en la impunidad.

Durante la audiencia pública del caso celebrada ante la Corte IDH este jueves, se expuso la situación de vulnerabilidad que rodea a defensores y defensoras de derechos humanos en el país centroamericano, destacando la situación de violencia que sufren líderes ambientalistas. Es en este contexto de violencia que ocurrió el asesinato del señor Luna.

De acuerdo con la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, muchos de las personas en Honduras que protegen el ambiente o desarrollan actividades enfocadas en la conservación de la naturaleza, “viven en un estado de constante temor”, según se consigna en un informe emitido en diciembre 2012.

CEJIL y el ERIC solicitaron durante la audiencia, que Honduras adecue a los estándares internacionales los protocolos sobre la debida diligencia en la investigación, e hicieron un llamado vehemente para que se diseñe e implemente una política pública integral dirigida a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Además se solicitó ordenar al Estado de Honduras la identificación, juzgamiento y sanción de todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Carlos Luna.

 

Descargue la Ficha de Prensa para más información.

 

Contacto en San José

Sergio Pacheco S.

spacheco@cejil.org

Tel: 506 2280- 7473

 

Documento de coyuntura Nº 7 - Aportes para mejorar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Análisis comparado de la práctica de los órganos de derechos humanos con respecto a las medidas cautelares

Este documento, presentado ante la Reunión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, contiene un análisis exhaustivo de las prácticas de los distintos órganos de protección de derechos humanos en relación al otorgamiento de medidas cautelares. El informe es producto de la colaboración entre CEJIL y la Clínica Jurídica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad California, Berkeley, Estados Unidos.


Tipo de publicación: Documento de Coyuntura
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2012
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Organizaciones envían carta pública al Presidente mexicano Enrique Peña Nieto

Carta Pública

Tlapa de Comonfort, Guerrero a 24 de enero del 2013. Las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos la presente carta, nos dirigimos respetuosamente a Usted para llamar su atención sobre la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento íntegro a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega y Otros. Vs. México y Valentina Rosendo Cantú y Otra Vs. México,[1] notificadas el 1 de octubre del 2010.

 

Jue, 24/01/2013

CARTA PÚBLICA

Tlapa de Comonfort, Guerrero a 24 de enero del 2013.

Lic. Enrique Peña Nieto

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Presente.-

 

Las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos la presente carta, nos dirigimos respetuosamente a Usted para llamar su atención sobre la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento íntegro a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega y Otros. Vs. México y Valentina Rosendo Cantú y Otra Vs. México,[1] notificadas el 1 de octubre del 2010.

 

Como es de su conocimiento, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas mujeres indígenas del pueblo indígena Me’phaa, fueron víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano durante el año 2002 en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia institucional castrense.

 

Desde entonces, ambas mujeres emprendieron un largo y ejemplar caminar. La denuncia de Inés Fernández y Valentina Rosendo puso en evidencia que en nuestro país existen graves rezagos para las mujeres víctimas de violencia sexual accedan a la justicia; así como la persistencia de la discriminación en contra de los pueblos y comunidades indígenas y de los abusos ocasionados por la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

 

Tras la emisión de las sentencias en la máxima instancia regional, Inés Fernández y Valentina Rosendo emprendieron una nueva etapa para demandar el cumplimiento pleno de las medidas de reparación del daño ordenadas por la Corte Interamericana, que comprenden aspectos de carácter individual, familiar, comunitario y de no repetición. Entre éstas destaca, desde luego, el acceso a la justicia. No obstante, la administración federal anterior culminó sin que la totalidad de estas medidas hayan sido cumplidas y sin que se haya sancionado a los perpetradores.

 

Señor Presidente, las organizaciones que hacemos el presente llamado hemos acompañado desde hace once años la búsqueda de justicia de Inés Fernández y Valentina Rosendo y desde hace dos años, su lucha por alcanzar el cumplimiento de los resolutivos de las sentencias. Conociendo de cerca el rezago que impera, urgimos a que la atención de este tema se convierta en un asunto prioritario, a través del cual se complemente la agenda de derechos humanos del Gobierno Federal que Usted encabeza. Lo mismo debe ocurrir respecto de las otras sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, que hoy permanecen incumplidas; máxime considerando que varias de ellas comparten elementos comunes, como lo es la sanción de los abusos castrenses y la restricción del fuero militar, aspectos que también son señalados en las sentencias de los casos Rosendo Radilla Pacheco y Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (“Campesinos Ecologistas”).

Desde la notificación de las sentencias, la coordinación del proceso de implementación ha recaído en la Secretaría de Gobernación, concretamente en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. No obstante, a la fecha no se ha realizado ningún pronunciamiento sobre la relevancia que esta nueva administración dará al cumplimiento pleno de los fallos. Al margen de lo anterior, es de nuestro conocimiento que  próximamente se llevará a cabo una reunión para revisar cada uno de los resolutivos pendientes. En ese sentido, estaremos atentas y atentos a los resultados de dicha reunión e instamos a que en ella se establezca una ruta de trabajo bien definida, en diálogo con las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú, a quienes continuaremos acompañando hasta que su denuncia concluya con justicia, verdad y reparación.

 

A t e n t a m e n t e,

 

Amnistía Internacional; Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); ARTICLE 19 México y Centroamérica; Asociación para los Derechos de las Mujeres/Association for Women's Rights in Development (AWID); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC); Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT), conformada actualmente por 73 organizaciones en 21 estados de la República:

 

Agenda LGBT (Estado de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal);Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco) Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); El Caracol (DF); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.)

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); PODER (Distrito Federal); Respuesta Alternativa, A. C.; Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

 


[1] Las sentencias a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 y 31 de agosto del 2010, respectivamente y notificadas el 1 de octubre del mismo año a las partes.

[2] Las sentencias a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 y 31 de agosto del 2010, respectivamente y notificadas el 1 de octubre del mismo año a las partes.

En 2012 asesinan a dos miembros más de la familia Barrios en Venezuela

Las últimas dos muertes ocurrieron a pesar de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Caracas, San José y Washington D.C., 7 de enero de 2013-  El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua) condenan el asesinato de dos miembros más de la Familia Barrios en Venezuela durante el año 2012.

Lun, 07/01/2013

Mapa VenezuelaCaracas, San José y Washington D.C., 7 de enero del 2013-  El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua) condenan el asesinato de dos miembros más de la Familia Barrios en Venezuela durante el año 2012.

Jorge Antonio Barrios y Víctor Tomás Navarro Barrios son el noveno y octavo miembros de dicha familia en ser ejecutados.

El 15 de diciembre de 2012, Jorge Antonio Barrios fue asesinado a disparos en el sector El Huete de la ciudad de Cagua, Estado de Aragua. Según los informes, Jorge Antonio Barrios recibió impactos de bala en la espalda mientras cruzaba la calle en motocicleta y en compañía de uno de sus primos. Los agresores se dieron a la fuga y Jorge Antonio Barrios falleció a causa del ataque. Jorge Antonio residía a unos 200 kilómetros del lugar de los hechos y hasta el momento se desconoce la identidad de los autores materiales o intelectuales, así como el posible móvil del hecho. Jorge Antonio Barrios era el hijo mayor de Benito Antonio Barrios, asesinado por funcionarios policiales del Estado de Aragua en 1998. Jorge Antonio presenció cuando su padre fue golpeado por los funcionarios y sacado con vida de su residencia, por lo cual era testigo clave para identificar a los agresores.

En circunstancias similares, el pasado 9 de junio de 2012, también en el sector El Huete de la ciudad de Cagua, Estado de Aragua, el menor Víctor Tomás Navarro Barrios fue asesinado mientras regresaba de una visita a un familiar en el mismo sector. Según los informes, sujetos desconocidos le dispararon causándole la muerte. Al igual que Jorge Antonio Barrios, Víctor Tomás solo se encontraba de visita en la casa de sus familiares. Actualmente, el proceso se encuentra en una fase inicial de investigación, sin que se haya procesado o acusado a presuntos responsables.

Entre 1998 y 2011 fueron asesinados siete miembros de la familia Barrios y sus muertes permanecen en total impunidad. Benito Antonio (1998), Narciso (2003) y Rigoberto Barrios (2005), de tan solo 16 años de edad, fueron privados de su vida por agentes de la policía del Estado de Aragua. En los siguientes años, Luis Alberto (2004), Oscar (2009), Wilmer (2010) y Juan José Barrios (2011), también fueron asesinados en circunstancias similares. En estos últimos casos Venezuela tenía conocimiento del riesgo que corrían sus vidas, ya que contaban con medidas de protección en el ámbito nacional e internacional, y el Estado no realizó acciones suficientes y efectivas para prevenir los atentados que resultaron en sus muertes. También en el 2011 Néstor Caudi Barrios de 24 años de edad sufrió un grave atentado que lo dejó con lesiones de carácter permanente.

Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Venezuela el 14 de noviembre de 2011, por la violación del derecho a la vida y la integridad de los miembros de la familia Barrios, así como por la ausencia de una investigación de lo sucedido.

Resulta lamentable que hechos como estos se repitan, más aún cuando el Tribunal Interamericano estableció claramente las medidas que el Estado venezolano debía tomar para evitar la repetición de este tipo de crímenes, entre ellos, una investigación seria, diligente y eficaz de los hechos. A pesar de la sentencia y de la existencia de medidas provisionales ordenadas por la Corte IDH en su beneficio, se suman dos nuevos asesinatos de miembros de la familia Barrios y hace que estas muertes se mantengan en la absoluta impunidad.

Consideramos que el pronto y cabal cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana es la mejor manera de garantizar la no repetición de hechos similares. A un año de la sentencia para el Caso Familia Barrios, condenamos estos asesinatos e insistimos en que Venezuela cumpla con lo ordenado por la Corte de manera pronta y seria.

Asimismo, instamos al Estado venezolano ofrecer la debida protección a los miembros de la familia Barrios que aún permanecen en grave riesgo.

Ley de Amnistía dejará de ser obstáculo para investigación de graves violaciones a derechos humanos

A 31 años de la masacre de El Mozote en El Salvador

San José, Costa Rica, 11 de diciembre de 2012- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, representantes de las víctimas en el caso de “La Masacre de El Mozote y lugares aledaños” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mostraron satisfacción con la sentencia que condena al Estado salvadoreño por los graves hechos de la masacre y que le ordena, entre otras cosas, nunca aplicar la Ley de Amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

Mar, 11/12/2012

- CEJIL aplaude fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- CEJIL representa legalmente a víctimas y monitoreará cumplimiento de la sentencia.

San José, Costa Rica, 11 de diciembre 2012- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, representantes de las víctimas en el caso de “La Masacre de El Mozote y lugares aledaños” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mostraron satisfacción con la sentencia que condena al Estado salvadoreño por los graves hechos de la masacre y que le ordena, entre otras cosas, nunca aplicar la Ley de Amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

La sentencia definitiva fue notificada a las partes la tarde de este lunes 10 de diciembre, día en que se celebró en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos y un día antes que se conmemorara el 31 Aniversario de La Masacre.

En palabras de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la sentencia marca un hito histórico ya que es la primera vez que el alto Tribunal Interamericano señala que la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz salvadoreña es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más aun, la Corte establece que dicha ley carece de validez. Por ello, esperamos que en los próximos meses El Salvador adelante procesos penales que permitan que se haga justicia para las víctimas de uno de los episodios más trágicos de la historia de nuestro continente, y que se devuelva la esperanza a la sociedad salvadoreña".

“El Mozote” es la masacre más grande cometida en América Latina, con un registro de víctimas asesinadas que se aproxima al millar, cientos de personas desplazadas y que abarcó al menos seis poblados. Por años, las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas han luchado por la obtención de la justicia. La sentencia de la Corte Interamericana representa la oportunidad de que su voz sea finalmente oída.

"Durante décadas el sufrimiento de los sobrevivientes tuvo como respuesta la indiferencia y la impunidad. La sentencia de la Corte es un paso definitivo que permite observar con cautela que habrá verdad y justicia para El Mozote", sostuvo Tutela Legal desde El Salvador.

En enero del 2012, el Estado aceptó su responsabilidad por los hechos de la masacre y se comprometió a adoptar las medidas necesarias para reparar el daño causado.

Para la abogada senior de CEJIL, Gisela De León, es importante señalar que "la sentencia de la Corte Interamericana es inapelable y el Estado salvadoreño está obligado a cumplir con lo dispuesto en ella en los plazos establecidos por el Tribunal".

CEJIL hace un llamado al Estado salvadoreño para que cumpla con este compromiso y que a la brevedad posible, adopte las medidas necesarias para reabrir las investigaciones relativas y asegure que la Ley de Amnistía deje de ser un obstáculo para la investigación y juzgamiento de este y otros casos similares.

Notas al editor

Información sobre el caso

La masacre de “El Mozote” y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada “Operación Rescate”. El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y asesinó a cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán, entre ellas: Arambala, El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo. Los hechos también provocaron el desplazamiento de cientos de personas.

Tutela Legal realizó esfuerzos para que los crímenes fueran investigados en la justicia interna. No obstante, el caso fue archivado en septiembre de 1993 aplicando la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que eximía de culpa a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha, estos graves hechos permanecen en la impunidad.

Corte IDH desestima recurso de revisión interpuesto por el Estado de Colombia en caso Mapiripán

Bogotá y Washington D.C, 28 de noviembre de 2012 “Esta resolución no es, ni puede ser una revisión de sentencia”.  De esta manera, la Corte IDH ratificó el carácter definitivo e inapelable de sus sentencias, y desestimó la solicitud de revisión que el Estado colombiano elevara en febrero de este año, frente al caso de la Masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997.  Ninguno de los elementos presentados por el Estado desvirtúa los fundamentos de atribución de responsabilidad estatal por la comisión de la masacre.

Mié, 28/11/2012

Bogotá y Washington D.C, 28 de noviembre de 2012 “Esta resolución no es, ni puede ser una revisión de sentencia”.  De esta manera, la Corte IDH ratificó el carácter definitivo e inapelable de sus sentencias, y desestimó la solicitud de revisión que el Estado colombiano elevara en febrero de este año, frente al caso de la Masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997.  Ninguno de los elementos presentados por el Estado desvirtúa los fundamentos de atribución de responsabilidad estatal por la comisión de la masacre.

De hecho la Corte recordó que su sentencia contra el Estado colombiano en este caso, se basó en el reconocimiento de responsabilidad internacional de buena fe, que hiciese aquel el 7 de marzo de 2005.

Pese a las declaraciones realizadas ante los medios de comunicación por la Ministra de Relaciones Exteriores y el entonces Ministro de Justicia en febrero de este año, el Estado no presentó ninguna evidencia que desvirtuara la responsabilidad de sus agentes en la planeación y ejecución de la masacre de Mapiripán,  la falta de investigación adecuada y  la ausencia de debida diligencia en la identificación plena de las víctimas.

Con relación a la falta de determinación de las víctimas, la Corte recordó que “las faltas del Estado en sus deberes de protección de las víctimas y familiares durante la masacre y en su debida diligencia en las investigaciones propiciaron que, a la fecha de la Sentencia, la mayoría de las víctimas y sus familiares no hubiesen sido identificados”.

La Corte deja claro en su decisión que los yerros en la determinación de las víctimas en las que incurrió el Tribunal internacional se debieron a la actuación del Poder Ejecutivo en el caso y las manifiestas deficiencias investigativas de la Fiscalía.

Al respecto, el Tribunal reconoció que, activadas las investigaciones internas han surgido hechos respecto a algunas de las víctimas que no fueron conocidos con anterioridad, pero que en nada modifican “la magnitud de los hechos de la masacre” ni el “alcance de la responsabilidad del Estado”.

La Corte recibió  testimonio directo de algunas personas que ratificaron que no eran víctimas de la Masacre de Mapiripán, tal como lo habían señalado ante la Fiscalía.  El Tribunal determinó que esta situación no era objeto de revisión, sino que hacía parte del procedimiento de supervisión de sentencia, y con fundamento en la solicitud y pruebas aportadas por las partes estableció que el núcleo familiar de la señora Mariela Contreras, compuesto por ella, sus hijos, esposo y consuegro debían ser excluidas  como víctimas del caso, y el Estado debía adelantar las acciones a nivel interno que considerara necesarias para recuperar los pagos indemnizatorios realizados.

De igual modo la Corte excluyó como víctimas a los señores Omar Patiño Vaca y Eliécer Martínez Vaca, quienes habiendo sido reconocidos y propuestos como tales por el propio Estado, fueron luego cuestionados por el mismo.  Es de notar que ni estas personas ni sus familiares contaron con representación o patrocinio alguno en el proceso.

La Corte desestimó asimismo las otras solicitudes elevadas por el Estado colombiano, incluyendo aquella relativa a presentar información y pruebas adicionales sobre el objeto de su recurso.  Al respecto, la Corte señaló que la identificación o exclusión de víctimas, hacía parte de la obligación de investigar adecuadamente y reiteró la obligación del Estado de continuar con las investigaciones internas para definir la situación de todas las víctimas de la Masacre.

La Resolución de la Corte confirma que las organizaciones que representamos a las víctimas en este caso actuamos siempre de buena fe y en el más estricto apego a nuestras obligaciones profesionales.

La presente decisión de la Corte reafirma que es obligación de los Estados llevar a cabo investigaciones serias y efectivas para determinar los alcances y responsabilidades de graves violaciones de derechos humanos como las ocurridas en Mapiripán; y evidencia las limitaciones del Ejecutivo nacional y la administración de justicia en esta materia.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) co­litigaron el caso de la masacre de Mapiripán frente  a la Corte Intermericana. La sentencia se emitió el 15 de septiembre del 2005.

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