CEJIL y otras organizaciones

A nueve años, las mujeres denunciantes de tortura sexual en San Salvador Atenco esperan informe final de la CIDH

A nueve años de los hechos de represión del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, las 11 mujeres sobrevivientes, cuya denuncia por tortura sexual se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitan un pronunciamiento pronto sobre su caso y rechazan las acciones del Estado mexicano dirigidas a demorar, bloquear o interferir con el trámite del mismo ante dicho organismo internacional.

Las mujeres confirman su compromiso por la lucha contra el uso de la tortura sexual en México como técnica para desmovilizar, reprimir o fabricar culpables y esperan que su caso siente un precedente para avanzar hacia la erradicación de tal práctica aberrante.

Lun, 04/05/2015
  • Rechazan intentos del Estado mexicano de demorar el informe internacional
  • Exigen fin de la tortura sexual como práctica en el país

Ciudad de México, 04 de mayo de 2015.- Hoy, a nueve años de los hechos de represión del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, las 11 mujeres sobrevivientes, cuya denuncia por tortura sexual se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitan un pronunciamiento pronto sobre su caso y rechazan las acciones del Estado mexicano dirigidas a demorar, bloquear o interferir con el trámite del mismo ante dicho organismo internacional.

Desde la presentación de la petición ante la CIDH en 2008, las mujeres han informado en reiteradas ocasiones — incluyendo en audiencia pública celebrada ante la CIDH en marzo de 2013 — que su principal deseo es que se sancione a todos los responsables y por lo tanto no contemplan la posibilidad de conciliar.

A pesar de ello, el Estado mexicano insiste en realizar acciones superficiales sin el consentimiento de las denunciantes, como por ejemplo, se constituyó un fondo de reparación a su favor, lo cual no es sólo ofensivo para las peticionarias, sino que las coloca en una situación de inseguridad.

A pesar de la imputación por los delitos de tortura y encubrimiento, formulada en contra de varios agentes estatales involucrados en los hechos, ninguna pena ha sido impuesta; ningún servidor público a nivel federal ha respondido por dichas violaciones, ni se han determinado responsabilidades en relación con la cadena de mando. El caso permanece en la impunidad a casi una década de ocurridos los hechos.

Frente a este panorama, las mujeres reiteran su confianza en la CIDH para resolver su caso y exhortan a dicho órgano internacional a emitir el Informe final en forma pronta. Dicha resolución constituye un acto reparatorio para las mujeres que durante estos años han luchado porque triunfe la verdad y se haga justicia en relación con lo ocurrido antes, durante y después de la represión que afectó sus derechos.

Finalmente, las mujeres confirman su compromiso por la lucha contra el uso de la tortura sexual en México como técnica para desmovilizar, reprimir o fabricar culpables y esperan que su caso siente un precedente para avanzar hacia la erradicación de tal práctica aberrante.

Panel de expertos garantizará elecciones transparentes e independientes en el sistema interamericano de derechos humanos

Con el ánimo de promover y fortalecer los derechos humanos en las Américas, un panel de cinco expertas/os independientes monitoreará la próxima elección de nuevos integrantes a los órganos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La iniciativa busca aumentar la transparencia y visibilidad del proceso de elecciones, al tiempo que ofrecerá una evaluación independiente de las 11 candidaturas presentadas para las ocho vacantes disponibles. Asimismo, ofrecerá recomendaciones sobre cómo se pueden mejorar los procesos de nominación a nivel nacional y el proceso de elección a nivel internacional, con la finalidad de fortalecer el Sistema Interamericano de manera general.

Mié, 29/04/2015

Con el ánimo de promover y fortalecer los derechos humanos en las Américas, un panel de cinco expertas/os independientes monitoreará la próxima elección de nuevos integrantes a los órganos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Panel Independiente para la Elección de Comisionados/as y Jueces/zas Interamericanos/as se ha establecido de cara al proceso que tendrá lugar el próximo mes de junio, en el que se elegirán a cuatro Comisionados/as para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuatro Jueces/zas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) elegirán ocho integrantes –en total, más de la mitad de la integración de cada órgano- en su 45ª Asamblea General que se celebrará en Washington D.C. el 15 y 16 de junio. El resultado de dicha elección afectará  la composición, y por tanto, la identidad de la Comisión y de la Corte durante los próximos años.

El Panel está compuesto por cinco juristas de reconocido prestigio en la comunidad de derechos humanos- Marion Bethel (Bahamas), Belisário dos Santos Jr. (Brasil), Cecilia Medina (Chile), Juan Méndez (Argentina) y Naomi Roht-Arriaza (Estados Unidos). La iniciativa busca aumentar la transparencia y visibilidad del proceso de elecciones, al tiempo que ofrecerá una evaluación independiente de las 11 candidaturas presentadas para las ocho vacantes disponibles. Asimismo, ofrecerá recomendaciones sobre cómo se pueden mejorar los procesos de nominación a nivel nacional y el proceso de elección a nivel internacional, con la finalidad de fortalecer el Sistema Interamericano de manera general.

Constituido como una entidad independiente, el Panel de Expertas/os fue convocado por Open Society Justice Initiative con el respaldo de un amplio número de organizaciones de la sociedad civil, universidades y colegios de abogados de toda la región (ver más abajo lista de respaldos actuales). Si bien estas organizaciones tienen diversas opiniones sobre los/as candidatos/as individuales así como sobre el proceso de selección que pueden incluso diferir con la evaluación final del Panel, todas están comprometidas con el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La constitución del Panel se basa en una similar y exitosa iniciativa en la Corte Penal Internacional (CPI) que se centró en garantizar la transparencia y la independencia en la elección de sus Jueces y Juezas. Promovido por primera vez a iniciativa de la Coalición por la Corte Penal Internacional, la constitución de un Panel Independiente para las Elecciones Judiciales de la CPI en 2010, ayudó a  llenar un vacío importante en el proceso de elecciones aportando una evaluación adecuada, imparcial e independiente de las candidaturas. La labor de dicho Grupo finalmente llevó a que en 2012, se creara de manera formal un Comité Asesor para las candidaturas de los magistrados/as a la Corte Penal Internacional.

El nuevo Panel Independiente Interamericano presentará su informe final al Secretario General y al Consejo Permanente, ambos de la OEA, así como al público en general, a finales de mayo.

Organizaciones que respaldan la iniciativa

Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo

Bahamas

The Bahamas Crisis Center

 

Bolivia

Comunidad de Derechos Humanos

Oficina Jurídica para la Mujer

Brasil

Justiça Global

Chile

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales

Corporación Humanas - Chile

Observatorio Ciudadano de Chile

Colombia

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Corporación Humanas - Colombia

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

Costa Rica

Asociación Costarricense de la Judicatura

Centro de investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPACDH)

Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM)

Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI)

 

Ecuador

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

Corporación Humanas - Ecuador

 

El Salvador

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico

Colectiva de Mujeres para el desarrollo Local

Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES)

Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos

 

Guatemala

Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM)

Fundación Myrna Mack

Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM)

Red de la No Violencia contra las mujeres (REDNOVI)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

Honduras

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)

Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)

Jamaica

Caribbean Vulnerable Communities Coalition (CVC)

México

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

FUNDAR Centro de Análisis e Investigación

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM (IIJ-UNAM)

 

Nicaragua

Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)

Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua

IPAS Centroamérica

Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)

 

Panamá

Alianza Ciudadana Pro Justicia

Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Instituto de Defensa Legal (IDL)

 

Puerto Rico

Instituto Caribeño de Derechos Humanos (ICADH)

 

República Dominicana

Participación Ciudadana

Colectiva Mujer y Salud

 

United States

Center for Human Rights, American University Washington College of Law

The Columbia Law School Human Rights Institute

Santa Clara University, School of Law, International Human Rights Clinic

Uruguay

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR),

Venezuela

Centro de Derechos Humanos de la  Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

 

 

Regional

Amnistía Internacional

Articulación Regional Feminista por los derechos humanos y la justicia de género

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Asociadas por lo Justo (JASS-Mesoamérica)

Center for Justice and International Law (CEJIL)

Coalición Centro América Democrática (CAD)

Due Process of Law Foundation (DPLF)

Open Society Justice Initiative (OSJI)

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

Robert F. Kennedy Human Rights

 

 

Aplazamiento de la discusión frente a las sentencias en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo abre posibilidad a desarrollo de criterios sobre tortura sexual y acceso a la justicia con perspectiva de género y etnicidad

El día de hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó aplazar la discusión del expediente Varios 1396/2011, relacionado con el cumplimiento en el ámbito del Poder Judicial de la Federación (PJF) de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Lo anterior en virtud de que al analizar lo concerniente a las obligaciones que las sentencias imponen respecto del juzgamiento de conductas de tortura sexual, con perspectiva de género y etnicidad, se estimó que el proyecto presentado por el Ministro Pérez Dayán debe ser modificado. La discusión continuará las siguientes semanas, en fecha por definir.

Lun, 27/04/2015
  • Aplazar la discusión implica reconocer que el proyecto a discusión debe mejorarse.
  • Al analizar los casos, el Máximo Tribunal debe pronunciarse sobre la obligación de que los casos, hoy ante el Poder Judicial de la Federación, no queden en la impunidad.

 

México D.F. a 27 de abril de 2015.-  El día de hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó aplazar la discusión del expediente Varios 1396/2011, relacionado con el cumplimiento en el ámbito del Poder Judicial de la Federación (PJF) de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Lo anterior en virtud de que al analizar lo concerniente a las obligaciones que las sentencias imponen respecto del juzgamiento de conductas de tortura sexual, con perspectiva de género y etnicidad, se estimó que el proyecto presentado por el Ministro Pérez Dayán debe ser modificado. La discusión continuará las siguientes semanas, en fecha por definir.

 

Como es sabido, en distintos eventos acontecidos durante el años 2002, las mujeres indígenas Me’phaa del Estado de Guerrero Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incluyendo la tortura sexual, al ser agredidas por elementos del Ejército mexicano. Tras una larga búsqueda de justicia, que incluyó enfrentarse a  la impunidad generada por el fuero militar y enfrentar graves riesgos a su vida, Inés y Valentina llevaron su demanda hasta la Corte IDH, Tribunal que en 2010 emitió dos sentencias en las que condenó al Estado mexicano y dio la razón a ambas mujeres.

 

Tras la emisión de las sentencias, como parte de su búsqueda de justicia, ambas mujeres solicitaron en el año 2011 que, como había ocurrido en el Caso Radilla, la SCJN iniciara un expediente Varios para determinar qué obligaciones le surgen al PJF frente a las sentencias interamericanas; en particular se solicitó realizar desarrollos interpretativos en temas como la tortura sexual, el valor de la declaración de las víctimas de delitos sexuales, la impartición de justicia con perspectiva de género y etnicidad, la participación del Poder Judicial de la Federación en los actos de reconocimiento, entre otros. Ante esta solicitud presentada hace cuatro años, el martes 21 de abril el Pleno de la SCJN comenzó a analizar dichas sentencias.

 

El día de hoy, el Pleno decidió aplazar la discusión del expediente Varios 1396, lo que implica reconocer que el proyecto sometido a discusión puede ser mejorado. Así, se atendió la preocupación de las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como por sus representantes, en cuanto a que la discusión del expediente no estaba contribuyendo realmente a desarrollar los criterios y estándares sobre tortura sexual y juzgamiento con perspectiva de género y etnicidad, ni tampoco se estaban ampliando los deberes de los juzgados del poder Judicial de la Federación donde hoy se ventilan ambos casos. Precisamente, esta preocupación fue compartida en las observaciones formuladas por los Ministros Cossío, Silva, Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar y por la Ministra Sánchez Cordero.

 

Las organizaciones saludamos el  aplazamiento de la discusión para reelaborar el Proyecto, lo que abre la posibilidad de que éste mejore sustantivamente, no sólo para efectos de que se introduzcan tesis que ya han sido abordadas por la SCJN en otros casos, sino ante todo para desarrollar con mayor detalle las obligaciones jurisdiccionales sustantivas que ambas sentencias imponen a los órganos de justicia mexicanos en casos de tortura sexual, desde la incorporación de las perspectivas de género y etnicidad, en aspectos como la valoración de la prueba.

 

Para aprovechar esta posibilidad, es fundamental que la mayoría de las Ministras y los Ministros asuman que la crisis de violaciones a derechos humanos que vive el país exige mucho más que simples medidas administrativas y cursos para jueces y juezas; se necesitan verdaderas garantías de reparación y no repetición y un efectivo combate a la impunidad, lo que implica revisar los criterios y las prácticas judiciales aplicables en estos casos. El análisis de las sentencias de Inés y Valentina puede ser un parteaguas en la impartición de justicia para las mujeres indígenas, como lo fue el Caso Radilla en materia de control de convencionalidad y fuero militar.

 

Siendo esta discusión de interés público, las organizaciones firmantes, integrantes y solidarias de la Campaña “Rompiendo el Silencio Todas Juntas contra la Tortura Sexual”, hacen un llamado a que el proyecto incorpore los contenidos propuestos el día de hoy por los Ministros Cossío, Silva, Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar y por la Ministra Sánchez Cordero y se logre una sentencia vanguardista en la materia.

 

Igualmente, llamamos a la sociedad y especialmente a los organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y de los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas, para que expresen ante la SCJN mediante amici, cartas y otros medios, la legítima demanda de que la sentencia en el caso Varios 1396 contribuya realmente a ampliar las puertas de la justicia para las mujeres indígenas y para todas las sobrevivientes de la tortura sexual. Esa es, justamente, la principal expectativa de Inés Fernández y Valentina Rosendo, a más de trece años de lucha: que su persistencia sirva a otras mujeres.

 

Asociadas por lo Justo – JASS

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - CMDPDH

CIDH le exige explicaciones a El Salvador por el caso de Beatriz

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –entidad de la Organización de Estados Americanos–, dio un plazo de tres meses al Estado salvadoreño para que brinde un informe en torno al caso de Beatriz. La Comisión dio prioridad al trámite de este caso al considerar las graves consecuencias que ocasiona la legislación salvadoreña para los derechos de las mujeres al penalizar todo tipo de aborto.

Mié, 08/04/2015

San José, 8 de abril de 2015.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –entidad de la Organización de Estados Americanos–, dio un plazo de tres meses al Estado salvadoreño para que brinde un informe en torno al caso de Beatriz. La Comisión dio prioridad al trámite de este caso al considerar las graves consecuencias que ocasiona la legislación salvadoreña para los derechos de las mujeres al penalizar todo tipo de aborto.

A raíz de la denuncia internacional que presentaron distintos grupos de la sociedad civil ante la CIDH en el año 2013, esta le solicitó información al Estado. La demanda contra El Salvador se basa en las violaciones a los derechos humanos a las que fue sometida Beatriz al no practicarle el aborto terapéutico que requería para salvar su vida.

Esta joven salvadoreña, quien padece de una enfermedad crónica grave, quedó embarazada a finales del año 2012. Los médicos recomendaron aplicar el aborto terapéutico debido a que su salud y sobrevivencia estaban en riesgo y además porque el feto presentaba anomalías congénitas incompatibles con la vida.

Sin embargo, los médicos del sistema público de salud no le realizaron la interrupción del embarazo por temor a ser sancionados penalmente. Por su parte, la Sala de lo Constitucional no brindó una respuesta oportuna ni efectiva para proteger los derechos de Beatriz. Sólo bajo el amparo de las medidas ordenadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, se procedió a realizar la cesárea, en la semana 26 de embarazo.

Motivados por los daños provocados a Beatriz la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, IPAS Centroamérica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron en noviembre del 2013 una denuncia ante la CIDH contra El Salvador.

El objetivo de esta demanda es asegurar que otras mujeres no tengan que enfrentar el sufrimiento que tuvo Beatriz al ver en riesgo su vida. Las organizaciones buscan que las autoridades salvadoreñas reparen integralmente el daño sufrido por Beatriz, así como que modifiquen la normativa interna para garantizar plenamente a las mujeres el derecho a la salud, a la integridad personal, los derechos reproductivos y el derecho a una tutela judicial efectiva.

En la actualidad, El Salvador es uno de los siete países de América Latina y el Caribe en los que el aborto está absolutamente prohibido por ley. Esto significa que no existen excepciones a esta prohibición, ni siquiera en casos que peligre la vida de la mujer o que haya un embarazo producto de una violación.

Según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, entre el 2000 y 2011, 129 mujeres han sido procesadas en El Salvador por los delitos de aborto u homicidio agravado, con penas que oscilan entre los dos y los cuarenta años de cárcel.

CEJIL presenta nuevo documento de coyuntura sobre el proceso de selección de integrantes de la Comisión y la Corte IDH

En este documento, CEJIL comparte su reflexión sobre el proceso de selección de integrantes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También recoge propuestas para mejorar los mecanismos de selección a nivel nacional e internacional, ofreciendo los mismos como aportes para futuros debates entre los Estados, órganos políticos de la OEA, Comisión y Corte, sociedad civil y otros interesados.

El documento es ahora accesible online.

Jue, 19/03/2015

En este documento, CEJIL comparte su reflexión sobre el proceso de selección  de integrantes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recoge  propuestas para mejorar los mecanismos de selección a nivel nacional e internacional, ofreciendo los mismos como aportes para futuros debates entre los Estados, órganos políticos de la OEA, Comisión y Corte, sociedad civil y otros interesados. Descargue la publicación aquí.

Directora Ejecutiva de CEJIL inaugura red regional luchando en contra de la apatridia durante el evento del ACNUR

El martes 18 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho International (CEJIL) inauguró la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia en el evento del ACNUR "Saliendo de las sombras : poniendo un fin a la apatridia en las Américas". Puedes leer el discurso de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL haciendo clic sobre el enlace de más información. También puedes visitar el sitio web de la red: www.americasns.org.

Mié, 19/11/2014

Su Excelencia, Comisionado Guterres.

Estimados panelistas, representantes de los Estados, organismos internacionales, colegas de la sociedad civil, señoras, caballeros y niños.

En el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, estamos agradecidos de haber sido invitados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a conmemorar el 60 aniversario de la adopción de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Apátridas.

Hemos aprendido en los últimos 15 años, a partir de nuestra experiencia de primera mano en la República Dominicana acompañando a niños y familias en el proceso de litigio internacional, que las personas que carecen de una nacionalidad son susceptibles a mayor marginalización, discriminación e inseguridad.
Es doloroso que a las personas que representamos, y millones más como ellas, se les diga que simplemente no existen.
Por ser apátridas, se les niegan los derechos más básicos: muchos no pueden registrar el nacimiento de sus propios hijos, casarse, recibir atención médica, conseguir un trabajo, abrir una cuenta bancaria, viajar fuera del país, ir a la escuela, o sentirse seguros.

A pesar de que las situaciones de apatridia son poco comunes en las Américas, afectan a más de doscientas mil personas. Los números no son tan altos como en otras regiones, pero reconocen que "Una sola persona apátrida es demasiado".

En nuestro continente, muchas situaciones merecen un examen más detallado, ya que pueden afectar al acceso al derecho a la nacionalidad. Éstas incluyen el registro de nacimiento, disposiciones discriminatorias de género de las leyes de ciudadanía, prácticas discriminatorias en la determinación de la nacionalidad, y la situación de los niños nacidos de padres que carecen de documentos de identidad válidos, entre otras.

Comisionado Guterres, admiramos su compromiso hacia las personas apátridas en todo el mundo. Su presencia en nuestro hemisferio envía un fuerte mensaje sobre la importancia de abordar este tema a través de un plan integral y bien estructurado.
Su determinación nos da la esperanza de que hayamos llegado a un punto de inflexión en el que seremos capaces de erradicar la apatridia en todo el mundo.
En las Américas, estamos en una posición única para hacer frente a los desafíos que nos prepara la próxima década. El compromiso de respetar el "derecho a la nacionalidad para todos" fue consagrado en los instrumentos fundamentales para la protección de los derechos humanos en las Américas. Tanto la Declaración Americana de 1948 (sobre los Derechos y Deberes del Hombre) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 crean un marco global para la protección del derecho a una nacionalidad.

Además, la mayoría de los países de la región ofrecen una aplicación generosa y combinada de los principios del ius soli y jus sanguinis para la adquisición de la nacionalidad, lo que permite obtener la nacionalidad a través del suelo o de la sangre, lo que disminuye significativamente el riesgo de apatridia.
Nuestra institución regional multilateral, la Organización de los Estados Americanos y sus órganos de derechos humanos, han tomado medidas para abordar la apatridia en la región. La Asamblea General de la OEA ha pedido a los Estados miembros ratificar (o adherir a) las convenciones de la ONU sobre la apatridia , y ajustar sus políticas nacionales.

También tenemos un claro ejemplo del papel que pueden desempeñar órganos regionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado el derecho a la nacionalidad en dos opiniones consultivas y varios casos. La Comisión ha abordado la cuestión desde los años 70.
Asimismo, en algunos países de la región se han adoptado importantes medidas en los últimos años. Argentina ha ratificado la Convención de 1961. Surinam ha modificado recientemente su legislación para eliminar la discriminación de género en el acceso a la ciudadanía, México adoptó un procedimiento nacional para la determinación del estatuto de los apátridas. Uruguay está considerando un proyecto de ley para lograr este objetivo en el corto plazo. Otros países podrían seguir pronto.

Con este marco en mente, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, iniciativas académicas e individuos se han unido para participar en el Plan de Acción Mundial de la ACNUR con el fin de erradicar y prevenir la apatridia en los próximos 10 años.

Es con gran placer que hoy les anuncio formalmente el lanzamiento de la Red de las Américas sobre la nacionalidad y la apatridia. Me gustaría ofrecer un agradecimiento especial a la Fundación Open Society por su apoyo, a Dilcia Yean, Violeta Bosico, y los otros niños y familias que representamos, y a la defensora incansable de los derechos humanos Sonia Pierre, por inspirar tanto nuestras acciones a lo largo de los años.

A través de esta plataforma vamos a trabajar de la mano con el ACNUR con el fin de crear conciencia sobre este tema, identificar los riesgos, apoyar a las personas apátridas, cooperar con los estados, e intercambiar información con las organizaciones hermanas de todo el mundo.

Creemos firmemente, que la nacionalidad es la puerta que abre el derecho a tener derechos.Creemos que juntos podemos cambiar las realidades. Abrazamos la visión compartida de un mundo en el que todo el mundo tiene una nacionalidad.

Al igual que usted, señor Comisario Guterres, insistimos en que es el momento de poner fin a la injusticia de la apatridia. Usted puede contar con todos los miembros de la Red de las Américas para ayudar a que esto sea posible.

Gracias.

Defensor de derechos humanos en Venezuela golpeado por la policía

 

El defensor de derechos humanos Luis Uzcátegui reportó haber sido atacado y golpeado cerca de su domicilio, por cuatro personas dos de las cuales eran policías el pasado lunes 17 de octubre. Esta agresión es una retaliación, asegura la víctima, por sus denuncias y demandas de justicia hechas a raíz del asesinato de su hermano, Nestor José Uzcátegui, por un policía en el 2001.
Según queda recogido en el comunicado de acción urgente que ha publicado Amnistía Internacional, Luis Uzcátegui fue a denunciar el ataque al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC) inmediatamente después de los hechos. Mientras cursaba la denuncia pudo observar cómo los mismos policías que le habían agredido estaban hablando con miembros del cuerpo de investigación. Luis fue retenido durante nueve horas sin poder acceder a un abogado ni hacer llamada alguna. Durante este tiempo varios oficiales de policía intentaron disuadirle de que retirara la denuncia a cambio de dejarle en libertad, no permitiendo a su vez que recibiera asistencia médica, a pesar de haber perdido una muela y presentar varias contusiones.
Luis Uzcátegui es miembro fundador del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del Estado Falcón (COPRODEH) y miembro del Comité Pro Defensa de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos del Ciudadano Público (COPROVIDH).
Como sus representantes ante el Sistema Interamericano, CEJIL y COFAVIC enviaron esta información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 28 de octubre en el marco de las medidas provisionales que cursan ante el tribunal desde 2002 para la protección de Uzcátegui. En 2011 la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional de Venezuela por la ejecución extrajudicial de Nestor José Uzcátegui y la violación a los derechos humanos de Nestor y su familia, incluyendo los actos de hostigamientos y las amenazas de las que fue víctima Luis Uzcátegui por denunciar la ejecución de su hermano.

 

Según un comunicado de acción urgente  publicado por Amnistía Internacional, el defensor de derechos humanos Luis Uzcátegui reportó haber sido atacado y golpeado cerca de su domicilio, por cuatro personas-dos de las cuales eran policías el pasado lunes 17 de octubre. Esta agresión es una retaliación, asegura la víctima, por sus denuncias y demandas de justicia hechas a raíz del asesinato de su hermano, Nestor José Uzcátegui, por un policía en el 2001.

 

 

Jue, 06/11/2014

El defensor de derechos humanos Luis Uzcátegui reportó haber sido atacado y golpeado cerca de su domicilio, por cuatro personas-dos de las cuales eran policías el pasado lunes 17 de octubre. Esta agresión es una retaliación, asegura la víctima, por sus denuncias y demandas de justicia hechas a raíz del asesinato de su hermano, Nestor José Uzcátegui, por un policía en el 2001.

Según queda recogido en el comunicado de acción urgente que ha publicado Amnistía Internacional, Luis Uzcátegui fue a denunciar el ataque al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC) inmediatamente después de los hechos. Mientras cursaba la denuncia pudo observar cómo los mismos policías que le habían agredido estaban hablando con miembros del cuerpo de investigación. Luis fue retenido durante nueve horas sin poder acceder a un abogado ni hacer llamada alguna. Durante este tiempo varios oficiales de policía intentaron disuadirle de que retirara la denuncia a cambio de dejarle en libertad, no permitiendo a su vez que recibiera asistencia médica, a pesar de haber perdido una muela y presentar varias contusiones.

Luis Uzcátegui es miembro fundador del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del Estado Falcón (COPRODEH) y miembro del Comité Pro Defensa de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos del Ciudadano Público (COPROVIDH).

Como sus representantes ante el Sistema Interamericano, CEJIL y COFAVIC enviaron esta información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 28 de octubre en el marco de las medidas provisionales que cursan ante el tribunal desde 2002 para la protección de Uzcátegui. En 2011 la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional de Venezuela por la ejecución extrajudicial de Nestor José Uzcátegui y la violación a los derechos humanos de Nestor y su familia, incluyendo los actos de hostigamientos y las amenazas de las que fue víctima Luis Uzcátegui por denunciar la ejecución de su hermano.

Realización de Justicia en Brasil por delitos graves de Derechos Humanos

El Centro por la Justicia y los Derechos Humanos (CEJIL), ha informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los obstáculos legales que ha impedido la realización de justicia por los crímenes cometidos por la dictadura de Brasil.

La persecución penal de los crímenes del pasado cometidos por agentes públicos y privados, civiles y militares, involucrados en la violencia contra los ciudadanos, no deja de encontrarse con barreras en el proceso judicial de Brasil.

Vie, 31/10/2014

Brasil CIDH Audiencias 153 POSWashington, D.C. 31 de Octubre.- El Centro por la Justicia y los Derechos Humanos (CEJIL), informó esta mañana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los obstáculos legales que ha impedido la realización de justicia por los crímenes cometidos por la dictadura de Brasil.

La persecución penal de los crímenes del pasado cometidos por agentes públicos y privados, civiles y militares, involucrados en la violencia contra los ciudadanos, no deja de encontrarse con barreras en el proceso judicial de Brasil.

Tras pronunciarse la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gomes Lund y otros vs. Brasil, los fiscales federales llevaron a cabo cerca de 200 investigaciones criminales e individualizadas presentado 10 casos penales, de las cuales sólo una avanzó hasta llegar a la etapa de la audiencia de los testigos donde se encuentra en la actualidad.

CEJIL enfatizó ante la Comisión Interamericana que para el Estado brasileño la realización de justicia en los casos de la dictadura militar fortalece la democracia del país. La responsabilidad de los implicados en los crímenes de la dictadura, es un elemento fundamental para reprimir la reincidencia de golpes de Estado y el derrumbamiento de gobiernos democráticamente elegidos, ya sea en el pasado o en cualquier momento en la historia.

Sin embargo, los miembros del Poder Judicial brasileño aplican la Ley de Amnistía extendida a actores directos involucrados en la violencia vivida en el país así como también usan el instituto jurídico de la prescripción, siendo ambas acciones consideradas obstáculos legales para la persecución penal de los crímenes de la dictadura.

CEJIL presentó estas circunstancias ante miembros del estado brasileño y la Comisión, contando con la participación del Fiscal Federal Marlon Weichert, experto en justicia transicional.

Mensaje de Viviana Krsticevic sobre la sentencia del Caso Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs República Dominicana

Quiero compartir mi alegría por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana.

La Corte aclaró varios temas de gran trascendencia para el país y el continente: el alcance del derecho a la nacionalidad, la garantía de la igualdad y la no discriminación, los derechos de las personas nacidas en el país y de aquéllas que se encuentran en una situación migratoria irregular, entre otras.

Vie, 24/10/2014

Quiero compartir mi alegría por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana.

La Corte aclaró varios temas de gran trascendencia para el país y el continente: el alcance del derecho a la nacionalidad, la garantía de la igualdad y la no discriminación, los derechos de las personas nacidas en el país y de aquéllas que se encuentran en una situación migratoria irregular, entre otras.

Como resultado de más de una década de proceso contencioso internacional, fue posible establecer que nuestros representados, en su mayoría dominicanos -17 de las 23 víctimas del caso, varios de ellos niños, nacieron en la República Dominicana­-, fueron expulsados de su propio país sin garantías, por el color de su piel, en violación a los derechos que les otorga la Convención Americana y otros tratados internacionales de derechos humanos.

El Tribunal Interamericano estudió detalladamente la práctica, la jurisprudencia y la legislación migratoria, y reafirmó lo sostenido en el caso de las niñas Yean y Bosico: la normativa no puede aplicarse o interpretarse como un modo de limitar el derecho a la nacionalidad de las personas nacidas en el país en función de la situación migratoria de sus padres. Más puntualmente, cuestionó el razonamiento del Tribunal Constitucional (TC/0168/13) en su decisión sobre la materia por sus efectos discriminatorios y la posibilidad de convertir en apátridas a cerca de doscientas mil personas. Adicionalmente, la Corte planteó que deben quedar sin efecto partes de la ley que intenta resolver la crisis de derechos generada por la sentencia del Tribunal Constitucional en la medida en la que trata a millares de personas como extranjeras aun cuando nacieron en la República Dominicana. La Corte es clara en determinar que los reclamantes del caso que nacieron en el país deben contar con la nacionalidad dominicana.

La Corte ha emitido decisiones sobre muchos países y situaciones diferenciadas. Decisiones que son de cumplimiento obligatorio según lo establecido en la Convención Americana.

Varios tribunales constitucionales y altas cortes del continente han cambiado su jurisprudencia en virtud del diálogo jurisprudencial y, en ocasiones, el control que ejerce la Corte Interamericana. En Argentina, Perú, Chile, Colombia, México -entre otros-, ha habido pasos importantes en este sentido. Más aún, países como Chile y México, han modificado sus propias constituciones como resultado de casos de libertad de expresión y graves violaciones a los derechos humanos.

República Dominicana se comprometió a cumplir con las obligaciones establecidas en el tratado en el año 1978, aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte en el año 1999 y durante 15 años ha comparecido ante el Tribunal y ha expresado de diversas maneras su interés en fortalecer la protección internacional de los derechos.

Por ello, nuestra expectativa y esperanza, se centra en que los distintos poderes del Estado, empezando por las más altas autoridades, respondan a la decisión del Tribunal con serenidad y con el compromiso democrático de garantizar los derechos humanos cumpliendo a cabalidad la sentencia. Esperamos de República Dominicana lo que esperamos del resto de la región. Ni más ni menos. A las personas interesadas en el tema, les pido encarecidamente que lean la decisión y que apoyen desde sus diferentes espacios este trabajo por la dignidad.

La decisión expresa la vocación protectora de derechos del último tribunal de justicia de la región. No se trata de un señalamiento en contra del país o una afrenta a su soberanía,  sino de un ejercicio de resguardo de derechos en el ámbito internacional.  A pesar de la decisión de rechazo de este fallo anunciado el día de ayer por parte de las autoridades de gobierno, esperamos que podamos sentarnos prontamente con las autoridades para iniciar una nueva etapa de dialogo.

Éste es uno de los momentos donde recordamos con añoranza y satisfacción a nuestra amiga y colega, Sonia Pierre, quien lideró en vida muchos de los debates y luchas en contra de la discriminación de los dominico-haitianos.

El Pueblo Kichwa de Sarayaku muestra preocupación frente al segundo aniversario de la Sentencia emitida por la Corte IDH

A dos años de la decisión, Ecuador se resiste a cumplir con el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y a desarrollar legislación para el ejercicio de ese derecho

Puyo y Washington D.C 25 de julio del 2014- El Pueblo Kichwa de Sarayaku y sus representantes frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el abogado Mario Melo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en el segundo aniversario de la Sentencia de la Corte, hecha pública el 27 de julio de 2012, mostramos preocupación por los aspectos pendientes en materia de cumplimiento de las reparaciones que fueran dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Vie, 25/07/2014

Pueblo indígena de SarayakuPuyo y Washington D.C 25 de julio del 2014- El Pueblo Kichwa de Sarayaku y sus representantes frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el abogado Mario Melo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en el segundo aniversario de la Sentencia de la Corte, hecha pública el 27 de julio de 2012, mostramos preocupación por los aspectos pendientes en materia de cumplimiento de las reparaciones que fueran dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En su decisión, la Corte IDH determinó que el Estado ecuatoriano no había respetado el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo Kichwa de Sarayaku cuando, en 1996, dio en concesión gran parte del territorio del pueblo a la empresa petrolera argentina CGC. Tampoco se realizaron los estudios sociales y ambientales correspondientes. Con ello se violaron los derechos a la consulta, propiedad e identidad cultural estipulados en la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio de Sarayaku.

Por ello, la Corte ordenó importantes reparaciones a favor del Pueblo Kichwa de Sarayaku, que incluyeron reparaciones económicas; medidas de restitución, incluyendo la extracción de los 1,400 kilos de explosivos que la empresa petrolera dejó en el territorio de Sarayaku; medidas simbólicas, como la difusión de la sentencia y la realización de un acto de disculpas públicas; y garantías de no repetición.

Entre estas últimas, la Corte ordenó que el Estado debía consultar al Pueblo de Sarayaku de forma previa, adecuada, efectiva y de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables en la materia, en el eventual caso que se pretendiera realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio. A pesar de lo anterior, la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador hizo pública información según la cual estaría analizando una oferta de la empresa petrolera Andes Petroleum Ecuador Ltd. referida al Bloque petrolero  79, cuya concesión afectaría a unas 6,790 hectáreas de territorio de Sarayaku. De concretarse la adjudicación, el Estado habría reincidido en la violación de derechos humanos por la que fue condenado por la Corte IDH, pues no ha realizado ningún proceso de consulta a Sarayaku al respecto.

Además, la Corte ordenó al Ecuador “adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, en un plazo razonable, el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales y modificar aquellas que impidan su pleno y libre ejercicio, para lo cual debe asegurar la participación de las propias comunidades”.

En este sentido, la Corte elaboró de manera muy detallada los estándares internacionales que deben ser respetados cuando los Estados realicen la consulta con los pueblos y comunidades indígenas frente a proyectos de desarrollo.

Si bien el Ecuador ha avanzado con el pago de las reparaciones económicas a Sarayaku, y la realización de algunas medidas simbólicas de reparación, la posición del Estado es que no precisa desarrollar legislación relativa al derecho a la consulta. Para mantener esa posición, el Ecuador se ampara en la existencia del “Reglamento para la Ejecución de la Consulta Previa Libre e Informada en los Procesos de Licitación y Asignación de Bloques Hidrocarburíferos”, aprobado por Decreto Ejecutivo 1247 de 19 de julio de 2012. De acuerdo al gobierno, el Decreto cumple con la reparación ordenada por la Corte.

Sin embargo, como señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “el Decreto Ejecutivo 1247 no cumple con los estándares establecidos por la Corte en la sentencia, además de ser anterior a la emisión de la misma, y no haber sido adoptado con la participación de las comunidades indígenas”.

En el mismo sentido, apunta Mario Melo, aduciendo que “al estar el derecho a la consulta incluido en la Constitución ecuatoriana, y afectar derechos fundamentales, el mismo debía estar regulado por Ley Orgánica y no por medio de un Decreto”.

De manera adicional, la aplicación del Decreto ha generado fuertes críticas del movimiento indígena del Ecuador, así como conflictos sociales con las comunidades a las cuales se les ha aplicado.

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas recomendó al Ecuador el 30 de noviembre de 2012, que considere suspender la aplicación del Decreto 1247 y diseñe medidas legislativas junto con los pueblos indígenas, para regular el derecho a la consulta de acuerdo a lo ordenado por la Corte IDH en el caso Sarayaku.

Con base en lo anterior, Sarayaku y sus representantes instamos al Estado ecuatoriano a tomar medidas para tramitar una ley relativa al derecho a la consulta en conjunto con los pueblos indígenas del Ecuador, de acuerdo a los estándares desarrollados por la Corte IDH en la Sentencia del caso. Esta es para Sarayaku la reparación más importante, por cuanto evitaría la repetición de las violaciones cometidas no sólo contra ellos sino contra sus pueblos hermanos en el Ecuador, y constituiría un precedente importante para todos los pueblos indígenas de América.

Más información sobre el caso:

Contacto en Washington DC

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva CEJIL

Vkrsticevic@cejil.org

Tel. (1)202 319 3000

 

Contactos en Ecuador

Félix Santi, Presidente de Pueblo Kichwa de Sarayaku

tayjasaruta@sarayaku.com

 

Mario Melo, Abogado de Sarayaku

melo.napi@gmail.com

 

 

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