CEJIL y otras organizaciones

El Pueblo Kichwa de Sarayaku muestra preocupación frente al segundo aniversario de la Sentencia emitida por la Corte IDH

A dos años de la decisión, Ecuador se resiste a cumplir con el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y a desarrollar legislación para el ejercicio de ese derecho

Puyo y Washington D.C 25 de julio del 2014- El Pueblo Kichwa de Sarayaku y sus representantes frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el abogado Mario Melo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en el segundo aniversario de la Sentencia de la Corte, hecha pública el 27 de julio de 2012, mostramos preocupación por los aspectos pendientes en materia de cumplimiento de las reparaciones que fueran dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Vie, 25/07/2014

Pueblo indígena de SarayakuPuyo y Washington D.C 25 de julio del 2014- El Pueblo Kichwa de Sarayaku y sus representantes frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el abogado Mario Melo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en el segundo aniversario de la Sentencia de la Corte, hecha pública el 27 de julio de 2012, mostramos preocupación por los aspectos pendientes en materia de cumplimiento de las reparaciones que fueran dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En su decisión, la Corte IDH determinó que el Estado ecuatoriano no había respetado el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo Kichwa de Sarayaku cuando, en 1996, dio en concesión gran parte del territorio del pueblo a la empresa petrolera argentina CGC. Tampoco se realizaron los estudios sociales y ambientales correspondientes. Con ello se violaron los derechos a la consulta, propiedad e identidad cultural estipulados en la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio de Sarayaku.

Por ello, la Corte ordenó importantes reparaciones a favor del Pueblo Kichwa de Sarayaku, que incluyeron reparaciones económicas; medidas de restitución, incluyendo la extracción de los 1,400 kilos de explosivos que la empresa petrolera dejó en el territorio de Sarayaku; medidas simbólicas, como la difusión de la sentencia y la realización de un acto de disculpas públicas; y garantías de no repetición.

Entre estas últimas, la Corte ordenó que el Estado debía consultar al Pueblo de Sarayaku de forma previa, adecuada, efectiva y de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables en la materia, en el eventual caso que se pretendiera realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio. A pesar de lo anterior, la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador hizo pública información según la cual estaría analizando una oferta de la empresa petrolera Andes Petroleum Ecuador Ltd. referida al Bloque petrolero  79, cuya concesión afectaría a unas 6,790 hectáreas de territorio de Sarayaku. De concretarse la adjudicación, el Estado habría reincidido en la violación de derechos humanos por la que fue condenado por la Corte IDH, pues no ha realizado ningún proceso de consulta a Sarayaku al respecto.

Además, la Corte ordenó al Ecuador “adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, en un plazo razonable, el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales y modificar aquellas que impidan su pleno y libre ejercicio, para lo cual debe asegurar la participación de las propias comunidades”.

En este sentido, la Corte elaboró de manera muy detallada los estándares internacionales que deben ser respetados cuando los Estados realicen la consulta con los pueblos y comunidades indígenas frente a proyectos de desarrollo.

Si bien el Ecuador ha avanzado con el pago de las reparaciones económicas a Sarayaku, y la realización de algunas medidas simbólicas de reparación, la posición del Estado es que no precisa desarrollar legislación relativa al derecho a la consulta. Para mantener esa posición, el Ecuador se ampara en la existencia del “Reglamento para la Ejecución de la Consulta Previa Libre e Informada en los Procesos de Licitación y Asignación de Bloques Hidrocarburíferos”, aprobado por Decreto Ejecutivo 1247 de 19 de julio de 2012. De acuerdo al gobierno, el Decreto cumple con la reparación ordenada por la Corte.

Sin embargo, como señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “el Decreto Ejecutivo 1247 no cumple con los estándares establecidos por la Corte en la sentencia, además de ser anterior a la emisión de la misma, y no haber sido adoptado con la participación de las comunidades indígenas”.

En el mismo sentido, apunta Mario Melo, aduciendo que “al estar el derecho a la consulta incluido en la Constitución ecuatoriana, y afectar derechos fundamentales, el mismo debía estar regulado por Ley Orgánica y no por medio de un Decreto”.

De manera adicional, la aplicación del Decreto ha generado fuertes críticas del movimiento indígena del Ecuador, así como conflictos sociales con las comunidades a las cuales se les ha aplicado.

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas recomendó al Ecuador el 30 de noviembre de 2012, que considere suspender la aplicación del Decreto 1247 y diseñe medidas legislativas junto con los pueblos indígenas, para regular el derecho a la consulta de acuerdo a lo ordenado por la Corte IDH en el caso Sarayaku.

Con base en lo anterior, Sarayaku y sus representantes instamos al Estado ecuatoriano a tomar medidas para tramitar una ley relativa al derecho a la consulta en conjunto con los pueblos indígenas del Ecuador, de acuerdo a los estándares desarrollados por la Corte IDH en la Sentencia del caso. Esta es para Sarayaku la reparación más importante, por cuanto evitaría la repetición de las violaciones cometidas no sólo contra ellos sino contra sus pueblos hermanos en el Ecuador, y constituiría un precedente importante para todos los pueblos indígenas de América.

Más información sobre el caso:

Contacto en Washington DC

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva CEJIL

Vkrsticevic@cejil.org

Tel. (1)202 319 3000

 

Contactos en Ecuador

Félix Santi, Presidente de Pueblo Kichwa de Sarayaku

tayjasaruta@sarayaku.com

 

Mario Melo, Abogado de Sarayaku

melo.napi@gmail.com

 

 

CEJIL, DPLF y WOLA expresan su preocupación por el nombramiento del General (r) Daniel Urresti como Ministro del Interior en Perú

Urresti es actualmente investigado por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988

Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano

Jue, 10/07/2014

Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano.

Tal como dio a conocer el Instituto de Defensa Legal (IDL) la semana pasada,Urresti está siendo investigado como presunto autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos, periodista y corresponsal de la revista “Caretas”, ocurrido el 24 de noviembre de 1988. Bustíos, junto con su compañero Eduardo Rojas Arce, acudían a investigar el asesinato de dos civiles en las afueras de la ciudad de Huanta, tras haber pedido permiso para acceder al lugar al Jefe de la Base Militar de Castropampa, Víctor La Vera Hernádez.En la trayectoria a Huanta, Bustíos y Rojas Arce fueron atacados con proyectiles de fuego. Bustíos recibió un impacto de bala, perdió control de la moto que conducía y se cayó. Rojas Arce logró salvarse. Sobre el cuerpo malherido de Bustíos, los atacantes colocaronuna carga explosiva, provocando su muerte. Urresti, capitán del Ejército en ese momento,se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en la base de Castropampa en Ayacucho.

La investigación inicial del caso fue conducida por la justicia militar y eventualmente archivada. Ante ello, el caso fue llevado por CEJIL y otras organizaciones, entre ellas COMISEDH en sede interna, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1997 encontró al Estado peruano responsable del asesinato de Hugo Bustíos y el ataque a Eduardo Rojas Arce.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación retomó la investigación de este caso, y en el año 2007, la Sala Penal Nacional condenó a los oficiales Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbertoa 17 y 15 años respectivamente, como autores del delito de asesinato y tentativa de asesinato en agravio de Bustíos y Rojas Arce. La investigación continuó para establecer la identidad de los otros responsables, y el 17 de junio de 2013 el Poder Judicial emitió un auto de apertura de instrucción contra Urresti. El mismo refiere que el 24 de noviembre de 1988, los dos periodistas fueron “emboscados y atacados por miembros del ejército peruano de la Base Militar de Castropampa al mando del oficial EP Daniel Belisario Urresti Elera conocido con el apelativo de ‘Arturo’, con la participación del Sargento Johny José Zapata Acuña conocido con el apelativo de “Centurión” y otros miembros del Ejército no identificados”.

El auto de apertura de instrucción se sustenta en varios elementos probatorios, entre ellos declaraciones de otros miembros del ejército peruano que laboraban en la Base Contrasubversiva de Castropampa en noviembre de 1988. Con base en ello, se investiga la responsabilidad de Urresti como autor mediato del asesinato de Bustíos y la tentativa de asesinato de Rojas Arce, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad.

Como señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la CIDH determinó que Perú era responsable por el asesinato de Bustíos y por la violación a la integridad personal de Rojas Arce, además de la violación a la libertad de expresión de ambas víctimas por cuanto eran periodistas. La decisión del Ejecutivo peruano de ofrecer un cargo público a una persona investigada por estos graves hechos, envía un mensaje de irrespeto a la labor del poder judicial en combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Perú”.

Para Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF, “este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la Verdad del Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos los responsables. La decisión del Presidente Humala de ‘evaluar el caso’ y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a la independencia judicial y supone ‘recompensar’ a una persona acusada de estas graves violaciones”.

Al respecto, Jo-Marie Burt, Senior Fellow en WOLA, considera que “el Ejecutivo debe rectificar esta decisión porque es lesiva al proceso que se sigue en el Perú para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno peruano, y afecta gravemente la consolidación de las instituciones democráticas. Urresti debe ser removido de su cargo y debe responder ante la justicia por este caso, y el gobierno de Ollanta Humala debe reafirmar su compromiso de proteger la integridad física de familiares y testigos en este y otros casos bajo investigación”.

Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente a las autoridades peruanas que respeten la actuación del Poder Judicial y garanticen la independencia de las investigaciones y procesos que se siguen para determinar las responsabilidades de todos los autores del asesinato de Hugo Bustíos. Adicionalmente, instamos a que el Poder Ejecutivo separe al General Urresti de su cargo de Ministro del Interior en tanto se dilucida su responsabilidad penal en estos hechos.

 

Enlaces de interés:

  • Auto de apertura de instrucción contra Daniel Urresti, de 17 de junio de 2013,

http://www.scribd.com/doc/232302402/Daniel-Urresti-Autoapertorio-del-caso-del-periodista-Hugo-Bustios

CEJIL, DPLF y WOLA expresan su preocupación por el nombramiento del General (r) Daniel Urresti como Ministro del Interior en Perú

Urresti es actualmente investigado por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988

Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano

Jue, 10/07/2014

Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano.

Tal como dio a conocer el Instituto de Defensa Legal (IDL) la semana pasada,Urresti está siendo investigado como presunto autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos, periodista y corresponsal de la revista “Caretas”, ocurrido el 24 de noviembre de 1988. Bustíos, junto con su compañero Eduardo Rojas Arce, acudían a investigar el asesinato de dos civiles en las afueras de la ciudad de Huanta, tras haber pedido permiso para acceder al lugar al Jefe de la Base Militar de Castropampa, Víctor La Vera Hernádez.En la trayectoria a Huanta, Bustíos y Rojas Arce fueron atacados con proyectiles de fuego. Bustíos recibió un impacto de bala, perdió control de la moto que conducía y se cayó. Rojas Arce logró salvarse. Sobre el cuerpo malherido de Bustíos, los atacantes colocaronuna carga explosiva, provocando su muerte. Urresti, capitán del Ejército en ese momento,se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en la base de Castropampa en Ayacucho.

La investigación inicial del caso fue conducida por la justicia militar y eventualmente archivada. Ante ello, el caso fue llevado por CEJIL y otras organizaciones, entre ellas COMISEDH en sede interna, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1997 encontró al Estado peruano responsable del asesinato de Hugo Bustíos y el ataque a Eduardo Rojas Arce.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación retomó la investigación de este caso, y en el año 2007, la Sala Penal Nacional condenó a los oficiales Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbertoa 17 y 15 años respectivamente, como autores del delito de asesinato y tentativa de asesinato en agravio de Bustíos y Rojas Arce. La investigación continuó para establecer la identidad de los otros responsables, y el 17 de junio de 2013 el Poder Judicial emitió un auto de apertura de instrucción contra Urresti. El mismo refiere que el 24 de noviembre de 1988, los dos periodistas fueron “emboscados y atacados por miembros del ejército peruano de la Base Militar de Castropampa al mando del oficial EP Daniel Belisario Urresti Elera conocido con el apelativo de ‘Arturo’, con la participación del Sargento Johny José Zapata Acuña conocido con el apelativo de “Centurión” y otros miembros del Ejército no identificados”.

El auto de apertura de instrucción se sustenta en varios elementos probatorios, entre ellos declaraciones de otros miembros del ejército peruano que laboraban en la Base Contrasubversiva de Castropampa en noviembre de 1988. Con base en ello, se investiga la responsabilidad de Urresti como autor mediato del asesinato de Bustíos y la tentativa de asesinato de Rojas Arce, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad.

Como señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la CIDH determinó que Perú era responsable por el asesinato de Bustíos y por la violación a la integridad personal de Rojas Arce, además de la violación a la libertad de expresión de ambas víctimas por cuanto eran periodistas. La decisión del Ejecutivo peruano de ofrecer un cargo público a una persona investigada por estos graves hechos, envía un mensaje de irrespeto a la labor del poder judicial en combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Perú”.

Para Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF, “este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la Verdad del Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos los responsables. La decisión del Presidente Humala de ‘evaluar el caso’ y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a la independencia judicial y supone ‘recompensar’ a una persona acusada de estas graves violaciones”.

Al respecto, Jo-Marie Burt, Senior Fellow en WOLA, considera que “el Ejecutivo debe rectificar esta decisión porque es lesiva al proceso que se sigue en el Perú para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno peruano, y afecta gravemente la consolidación de las instituciones democráticas. Urresti debe ser removido de su cargo y debe responder ante la justicia por este caso, y el gobierno de Ollanta Humala debe reafirmar su compromiso de proteger la integridad física de familiares y testigos en este y otros casos bajo investigación”.

Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente a las autoridades peruanas que respeten la actuación del Poder Judicial y garanticen la independencia de las investigaciones y procesos que se siguen para determinar las responsabilidades de todos los autores del asesinato de Hugo Bustíos. Adicionalmente, instamos a que el Poder Ejecutivo separe al General Urresti de su cargo de Ministro del Interior en tanto se dilucida su responsabilidad penal en estos hechos.

 

Enlaces de interés:

  • Auto de apertura de instrucción contra Daniel Urresti, de 17 de junio de 2013,

http://www.scribd.com/doc/232302402/Daniel-Urresti-Autoapertorio-del-caso-del-periodista-Hugo-Bustios

20 años de la histórica adopción de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

Bajada: 

Fotografía Ilustrativa DesaparecidosSe cumplen 20 años de la histórica adopción de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada en el 24° Período Ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en Belem do Pará, Brasil en junio de 1994.

0rganizaciones y defensores/as de derechos humanos de la región hacen pública su posición frente a las obligaciones pendientes de los Estados para erradicar y sancionar la desaparición forzada de personas, al tiempo que reconocen el rol fundamental que tanto la Comisión cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido en la interpretación del alcance de los derechos que proteje.

Asimismo, hacen un fuerte llamado a la universalización de la Convención ya que a la fecha sólo ha sido ratificada por 15 países.  Vea aquí el texto completo del Pronunciamiento con sus firmas.

Fecha: 
Lun, 16/06/2014

Estado de Guatemala cuestiona las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se niega a cumplirlas

En el marco de una audiencia de supervisión de cumplimiento convocada por la Corte IDH

San José, Costa Rica domingo 18 de mayo del 2014. El Estado de Guatemala nuevamente manifestó su negativa a cumplir con la obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Esto ocurrió en una audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado viernes 16 de mayo en San José, Costa Rica.

En la audiencia, que tuvo una duración de dos horas, se destacaron los diversos obstáculos que existen en Guatemala y que impiden avanzar con la verdad y la justicia

Dom, 18/05/2014

Foto Corte Interamericana, créditos CEJILSan José, Costa Rica domingo 18 de mayo del 2014. El Estado de Guatemala nuevamente manifestó su negativa a cumplir con la obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Esto ocurrió en una audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado viernes 16 de mayo en San José, Costa Rica.

La Corte IDH convocó a una audiencia privada para analizar el cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos Nicholas Chapman Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres. En la audiencia participaron víctimas y representantes del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Fundación Myrna Mack y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En la audiencia, que tuvo una duración de dos horas, se destacaron los diversos obstáculos que existen en Guatemala y que impiden avanzar con la verdad y la justicia. Se mencionaron las dificultades que se enfrentan en las etapas iniciales de investigación, tales como la falta de acceso a la información en poder del Ministerio de la Defensa. A su vez, se reiteró el problema relativo al uso abusivo de los recursos de amparo y la complicidad de las autoridades que los acogen con el único objetivo de dilatar los procedimientos.

Las víctimas y las organizaciones representantes se refirieron a la paralización de varios procesos en virtud de acciones de la defensa que pretenden la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional para eximir de responsabilidad a militares presuntamente involucrados en masacres, desapariciones forzadas y otras graves violaciones.

Asimismo, se denunció ante la Corte IDH la reciente decisión del Congreso de la República de Guatemala (punto resolutivo 3-2014), que expresamente desconoce los compromisos internacionales asumidos por el Estado, niega el genocidio, interfiere indebidamente con la independencia judicial y anuncia una reforma que podría implicar la amnistía de casos vinculados con el conflicto armado.

Al respecto, en numerosas sentencias la Corte Interamericana ha señalado que en casos graves de violaciones de derechos humanos es inadmisible la aplicación de figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de otras medidas excluyentes de responsabilidad.

En la audiencia también se reconocieron los avances en el combate a la impunidad, pero se señaló que ello fue posible gracias al decidido impulso de las víctimas y a la voluntad política de algunos actores clave en puestos de la administración de la justicia. Sin embargo, se expresó la preocupación por inminentes cambios institucionales que podrían hacer retroceder los avances de los últimos años.

Las víctimas y las organizaciones se lamentaron por la posición expresada por el Estado de Guatemala, que negó abiertamente su obligación de garantizar justicia y verdad. Además dedicó la mayor parte de su tiempo a justificar la impunidad para los perpetradores de miles de ejecuciones extrajudiciales, centenares de masacres, decenas de miles desapariciones forzadas, entre otras violaciones que lesionan los principios más esenciales de la humanidad.

Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) le recordaron al Estado sus obligaciones internacionales y la consistente jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con el deber de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen actuaciones contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales. También expresaron su preocupación por la aprobación del Punto Resolutivo 3-2014 por parte del Congreso. Dichas preocupaciones fueron plasmadas en un comunicado de prensa publicado este viernes. Ver comunicado

Lucrecia Molina, una de las víctimas presentes en la audiencia, habló en nombre de su hermano desaparecido forzadamente, Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años de edad, solicitándole a la Corte mantener presentes a las víctimas del conflicto armado y afirmó que “el Estado guatemalteco violó su propia legalidad para perseguirnos, para victimizarnos, para masacrar, para perpetrar el genocidio, para desaparecer a millares, y ahora nos niega nuestro derecho a la verdad y a la justicia”.

En los próximos meses, la Corte Interamericana dictará una nueva resolución de sobre Guatemala por lo que las víctimas y sus representantes le solicitaron contundencia al recordarle al Estado sus compromisos internacionales así como reiterar una serie de medidas específicas para que las autoridades avancen con efectividad en la identificación y sanción de los responsables de los hechos.

Hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que reconsideren su posición a todas luces violatoria del derecho internacional y de los derechos de las víctimas. Guatemala debe procurar la paz social mediante la garantía de acceso al derecho a la verdad y a la justicia.

Enlaces Relacionados:

Comunicado CIDH: CIDH insta a Guatemala a continuar avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en la lucha contra la impunidad

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Información de Contexto

En el conflicto armado fueron asesinadas al menos 200 000 personas y 45 000 fueron desaparecidas forzosamente. No obstante, desde 1996 solo se ha condenado a 31 responsables en siete casos, lo que significa que menos del 1% de las graves violaciones han tenido alguna respuesta del Estado.

El Estado de Guatemala ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 1978 y reconoció la de la Corte Interamericana en 1987. Es el segundo país con más sentencias de la Corte Interamericana, las cuales se refieren en su gran mayoría a graves violaciones de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres.

De acuerdo con los representantes de las víctimas, los principales obstáculos para el cumplimiento, ya conocidos por la Corte IDH, incluyen:

  • Ausencia de un plan adecuado de investigación
  • Falta de acceso a información en poder del Ministerio de la Defensa y del Instituto de Previsión Militar que impide identificar los perpetradores
  • Persiste un uso abusivo de los recursos de amparo y otros recursos procesales
  • Complicidad por parte de las autoridades a la hora de conocer los casos y tramitarlos
  • Falta de ejecución de órdenes de detención de personas presuntamente involucradas
  • La no garantía de la trasparencia e idoneidad de los operadores de justicia

La Debida Diligencia en casos de violencia de género

Este documento- resultado de un trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-  sistematiza los principales estándares del  derecho interamericano de los derechos humanos que deben inspirar la respuesta estatal frente a  violaciones a los derechos humanos de las mujeres como  consecuencia de la violencia de género.

 

- Para poder leer los eBooks en tu PC con Windows o Mac deberás instalar por única vez el programa de lectura gratuito Adobe Digital Editions. El mismo se descarga de aca: http://www.adobe.com/la/products/digital-editions/download.html

 


Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2013
Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.

Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género: Costa Rica, Honduras y Nicaragua

Esta publicación es un diagnóstico sobre los crímenes de odio contra personas de las comunidades lésbicas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex (LGBTI) en Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

El estudio que presentamos consta inicialmente de un glosario de definiciones, posteriormente se introducen algunas consideraciones sobre el concepto de crímenes de odio y sus antecedentes, así como los antecedentes de derecho internacional a tener en cuenta en relación con el tema. Finalmente se incluyen los tres diagnósticos efectuados.


Tipo de publicación: Libros e informes
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2013
Opciones de descarga por partes en:

Español

 (351,12 KB)
 (173,92 KB)
 (481,46 KB)


Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.

La Coalición muestra preocupación ante nueva Conferencia de Estados Parte

Las organizaciones abajo firmantes integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestra preocupación frente a la convocatoria y la falta de transparencia de la III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a llevarse a cabo en Montevideo, Uruguay, los días 21 y 22 de enero.

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron el centro de un proceso exhaustivo de análisis y reforma realizado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante dos años.

Lun, 20/01/2014

Las organizaciones abajo firmantes integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestra preocupación frente a la convocatoria y la falta de transparencia de la III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a llevarse a cabo en Montevideo, Uruguay, los días 21 y 22 de enero.

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron el centro de un proceso exhaustivo de análisis y reforma realizado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante dos años.  El proceso culminó el 22 de marzo de 2013 en la XLIV Asamblea General Extraordinaria de la OEA, en la que participaron todos los países miembros de la misma, incluyendo los que se estarían reuniendo en Montevideo en los próximos días. Las reformas derivadas de ese proceso entraron en vigor hace sólo unos meses, e incluyen cambios considerables en el Reglamento de la Comisión y en sus políticas y prácticas.

Por ello resulta alarmante que continúe la discusión sobre el Sistema Interamericano en una reunión de algunos Estados, por fuera de los procesos formales que existen en la OEA, y sin garantizar la participación de todos los actores (otros estados miembros de la OEA y países observadores, órganos del Sistema, sociedad civil, entre otros) con interés en el debate.

Adicionalmente, la celebración de la conferencia a puerta cerrada, sin agenda o temario público disponible, y sin espacios de intervención de la sociedad civil, vulnera el espíritu de transparencia y participación que debe ser garantizado en este tipo de espacios.

En vista de que la realización de la reunión de Estados Partes a celebrarse en Montevideo no se ha hecho de público conocimiento sino hasta hace algunos días y que no se encuentra disponible información detallada sobre la agenda y los puntos que serán discutidos, las organizaciones abajo firmantes consideramos que los Estados participantes deben:

  • Garantizar que los foros donde se discutan asuntos relativos al Sistema Interamericano brinden espacios efectivos de participación a todos los actores interesados;
  • Comprometerse a dar prioridad a la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación;
  • Comprometerse a implementar a cabalidad a nivel interno la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todos los otros tratados interamericanos de derechos humanos;
  • Impulsar la ratificación universal de todos los tratados interamericanos de derechos humanos;
  • Emitir una señal clara e inequívoca de la importancia del Sistema Interamericano para la protección de los derechos humanos en la región y del compromiso de dichos Estados por defender su integridad e independencia;
  • Comprometerse a realizar mayores esfuerzos para brindar a los órganos del Sistema los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado, en especial con miras a la superación de la notoria demora procesal que hoy sufren;
  • Comprometerse e impulsar el cumplimiento pleno de las decisiones de la Comisión y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y
  • Reconocer y promover el valioso aporte que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en la región, y apoyarlos garantizando su protección efectiva.

Organizaciones firmantes:

Amnistía Internacional, organización internacional

Global Rights, organización internacional

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, organización regional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, organización regional

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), regional

Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos, regional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), regional

CLADEM –Bolivia

Comunidad de Derechos Humanos, Bolivia

Oficina Jurídica Para la Mujer, Bolivia

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género: Corporación Humanas Chile

Alianza por la Niñez Colombiana, Colombia

Carlos Rodríguez Mejía, defensor de derechos humanos y profesor universitario, Colombia

CLADEM- Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH, Colombia

Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI, Costa Rica

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador

Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, Estados Unidos

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos

Fundación Myrna Mack, Guatemala

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, ICCPG, Guatemala

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso, Honduras

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., México

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., México

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" A.C., México

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), México

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México

Ipas México A.C., México

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, Nicaragua

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) de Panamá

AGORA Espacio Civil, Paraguay

Servicio Paz y Justicia de Paraguay (SERPAJ), Paraguay

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Centro de Derechos y Desarrollo, CEDAL, Perú

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – EQUIDAD, Perú

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Perú

Hugo Rodríguez, defensor de derechos humanos, Perú

DEMUS-Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, Perú

Paz y Esperanza, Perú

Colectiva Mujer y Salud, República Dominicana

Fundación Étnica Integral FEI, República Dominicana

Acción Solidaria en VIDH/Sida, Venezuela

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela

CIVILIS Derechos Humanos, Venezuela

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Espacio Público, Venezuela

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela

SINERGIA red de organizaciones de la sociedad civil venezolana, Venezuela

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, Venezuela

 

Organizaciones denuncian a El Salvador por la violación de los derechos humanos de Beatriz

San Salvador, lunes 2 de diciembre del 2013. El pasado viernes diversas organizaciones presentamos una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de El Salvador por las violaciones a los derechos humanos a las que fue sometida Beatriz.

Beatriz, una joven salvadoreña de 23 años, quien padece de lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, quedó embarazada a finales del año 2012. Mediante pruebas médicas realizadas diagnosticaron que el feto era anencefálico.

Lun, 02/12/2013

Este lunes se interpuso la demanda internacional contra el Estado de El Salvador por violaciones a los derechos humanos de BeatrizSan Salvador, lunes 2 de diciembre del 2013. El pasado viernes diversas organizaciones presentamos una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de El Salvador por las violaciones a los derechos humanos a las que fue sometida Beatriz.

Beatriz, una joven salvadoreña de 23 años, quien padece de lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, quedó embarazada a finales del año 2012.  Mediante pruebas médicas realizadas le diagnosticaron que el feto era anencefálico.

En el mes de marzo del presente año, debido a su condición de salud, los médicos tratantes en el sistema público de salud recomendaron interrumpir el embarazo ya que su vida corría peligro, sin embargo, no realizaron el procedimiento por temor a ser sancionados penalmente, prolongando así el embarazo hasta la 26 semana de gestación. De esta manera, se aumentó innecesariamente el sufrimiento y los  riesgos  para su salud y su vida.

Ninguna instancia pública del país resolvió a favor de los derechos de Beatriz. Solo bajo el amparo de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Ministerio de Salud procedió a realizar una cesárea el 3 de junio. El pronóstico clínico de inviabilidad extrauterina del feto quedó  confirmado al morir el recién nacido 5 horas después de la intervención médica.

El Salvador es uno de los siete países de América Latina y el Caribe  donde  el aborto está absolutamente prohibido sin importar circunstancias extremas de riesgo para la salud o la vida de la mujer, la inviabilidad del feto o si el embarazo es consecuencia de una violación.

La historia de Beatriz refleja las consecuencias de la penalización absoluta del aborto y la violencia institucional que  se ejerce contra  la vida de niñas, jóvenes y mujeres salvadoreñas. Según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, entre enero del año 2000 y marzo de 2011, un total de 129 mujeres han sido procesadas en El Salvador por los delitos de aborto u homicidio agravado, con penas que oscilan entre los dos y los cuarenta años de cárcel; actualmente, por lo menos 30 mujeres están privadas de libertad por estas causas, la mayoría habían sufrido pérdidas de sus embarazos por diversas complicaciones obstétricas.

En relación con las restricciones legales del aborto, el Dr. Anand Grover, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, afirmó en su informe del año 2011 “que la creación o el mantenimiento de leyes penales que criminalizan el aborto, crea y perpetúa las condiciones de abortos inseguros, inapropiados y riesgosos, y pueden resultar en violaciones a las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud”.

En la experiencia vivida por Beatriz,  las organizaciones peticionarias sostenemos que el Estado de El Salvador es responsable por las múltiples violaciones a los derechos humanos que sufrió, los cuales se encuentran protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

El objetivo de esta denuncia es que se repare integralmente el daño sufrido por Beatriz, y se ordene al Estado salvadoreño la modificación de su normativa interna para garantizar plenamente a las mujeres, entre otros derechos, el derecho a la salud, a la integridad personal, los derechos reproductivos y el derecho a una tutela judicial efectiva.

Como parte de la demanda las organizaciones estamos lanzando la campaña “Yo apoyo la demanda de Beatriz, porque me importa salvar la vida de las mujeres”, la  que estaremos compartiendo por diversos medios de comunicación  a partir de esta fecha concluyendo  el 10 de diciembre, Día Internacional de  los Derechos Humanos. Hacemos un llamado a la población en general para que manifieste su apoyo a Beatriz, compartiendo el logo y el lema de la campaña y enviando mensajes alusivos al tema.

Las organizaciones peticionarias ante la CIDH son La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, IPAS Centroamérica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Más información

 

Agrupación Ciudadana

Sara García

Tel: (+503) 2226-0356

Cel: (+503) 7749-9267

agrupacionporladespenalizacion@gmail.com

 

CEJIL:

Daniela Araya

Oficial de Comunicaciones

Tel. (+506) 2280-7473

daraya@cejil.org

 

 

Audiencia pone en clara evidencia violaciones de derechos humanos en la retoma del Palacio de Justicia

Prueba de desaparición de 12 personas, cuatro torturados y un ejecutado extrajudicialmente.

Brasilia, miércoles 13 de noviembre del 2013: Este miércoles culminó el segundo día de audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Palacio de Justicia (Colombia), en el que intervinieron víctimas, testigos, y peritos especializados.

Durante los dos días de audiencia, los representantes de las víctimas presentaron abundante prueba forense, testimonial y de otro tipo, que evidencia las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales en perjuicio de 12 víctimas de desaparición forzada, cuatro víctimas de tortura y una víctima de ejecución extrajudicial, durante las operaciones de retoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

Mié, 13/11/2013

Familiares de los desaparecidos esperan a las afueras de la sesión de la corte IDHPrueba de desaparición de 12 personas, cuatro torturados y un ejecutado extrajudicialmente.

Brasilia, miércoles 13 de noviembre del 2013: Este miércoles culminó el segundo día de audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Palacio de Justicia (Colombia), en el que intervinieron víctimas, testigos, y peritos especializados.

Durante los dos días de audiencia, los representantes de las víctimas presentaron abundante prueba forense, testimonial y de otro tipo, que evidencia las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales en perjuicio de 12 víctimas de desaparición forzada, cuatro víctimas de tortura y una víctima de ejecución extrajudicial, durante las operaciones de retoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

Carlos Bacigalupo, perito antropólogo, presentó prueba concluyente respecto a que las personas desaparecidas no están en la fosa común del cementerio del sur de Bogotá, teoría mantenida aún por el Estado colombiano. Igualmente evidenció que el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán fue torturado y ejecutado extrajudicialmente tras salir con vida del Palacio.

Por su parte la ex fiscal Ángela Buitrago, expuso la evidencia derivada de procesos judiciales en Colombia que prueban los hechos denunciados. El perito Federico Andreu estableció además que este caso se integra en el contexto de una práctica sistemática de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública en la lucha contra la insurgencia.

A pesar de que el Estado colombiano reconoció parcialmente los hechos durante la audiencia, sigue negando que haya personas desaparecidas, que algunas personas fueran víctimas de tortura, y que el magistrado Urán fuera ejecutado. A inicio de la audiencia, las víctimas expresaron su indignación por la forma en que el Estado se presentó ante la Corte Interamericana, por la negación de los hechos y la falta de verdad y justicia por más de 28 años.

Por ello, las víctimas pidieron que la Corte emita una condena enérgica contra el Estado colombiano, que valore en cada uno de los casos el sufrimiento causado por los atropellos cometidos contra ellas durante todos estos años, y que con base en eso la Corte ordene reparaciones adecuadas.

Viviana Krsticevic, Directora del CEJIL sostuvo que “la defensa de un Estado democrático no debería reducirse a defender los intereses de los perpetradores o mitigar el impacto económico y político de la eventual sentencia, sino a cumplir su obligación de respetar y reparar los derechos de sus ciudadanos”, y que confía que “la Corte condene al Estado por las desapariciones forzadas, torturas, y ejecución extrajudicial, y que dicte reparaciones adecuadas que han sido ampliamente sustentadas ante el Tribunal”.

Se espera que la Corte IDH emita sentencia en el presente caso en el curso de 2014.

Las víctimas y sus familiares estuvieron representados por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvéar Restrepo (CCAJAR), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y los abogados Jorge Molano y Germán Romero.

Distribuir contenido