CEJIL y otras organizaciones

Honduras acepta su responsabilidad internacional y se compromete a reparar las violaciones en perjuicio de Carlos Escaleras y sus familiares

Honduras se comprometió a cumplir con las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del ambientalista Carlos Escaleras Mejía y sus familiares. Ante la familia Escaleras y abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), representantes de la víctima, se firmó ayer el acuerdo de cumplimiento.

Jue, 27/08/2015

San José, 27 de agosto de 2015.-Honduras se comprometió a cumplir con las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del ambientalista Carlos Escaleras Mejía y sus familiares. Ante la familia Escaleras y abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), representantes de la víctima, se firmó ayer el acuerdo de cumplimiento.

En julio de 2014 la CIDH estableció la responsabilidad de Honduras por la violación del  derecho a la vida, a la libertad de asociación y a los derechos políticos en perjuicio de Carlos Escaleras; así como la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de su madre, esposa, hijos y hermanos. En consecuencia, la Comisión Interamericana recomendó al Estado reparar dichas violaciones de derechos humanos, así como reivindicar la labor de Carlos Escaleras.

Para cumplir con las recomendaciones de la CIDH el Estado se comprometió a elaborar y difundir - por cadena nacional de radio y televisión - un documental sobre la problemática ambiental en Honduras y la labor de Carlos Escaleras como activista. Además, el Estado cambiará el nombre del “Parque Nacional Montaña de Botaderos” por el de “Carlos Escaleras Mejía” y remodelará la Plaza del Centro de Tocoa la cual pasará a llamarse “Plaza Carlos Alfonso Escaleras Mejía”, debiendo colocar en ella un busto en su honor. Para inaugurar la remodelación de la Plaza se hará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, que contará con la presencia de las más altas autoridades estatales.

De igual forma, la CIDH estableció que el Estado debe efectuar una investigación judicial para establecer las circunstancias en que resultó muerto Carlos Escaleras y ejecutar las medidas disciplinarias o penales frente a los funcionarios que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos. Asimismo se ordenó al Estado adoptar medidas para reducir el riesgo que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo ambientalistas y ecologistas, elaborando protocolos de investigación que permitan combatir el patrón de impunidad frente a casos de amenazas y muertes de defensoras y defensores.

Al respecto, Honduras se comprometió a continuar con las investigaciones sobre el caso y aprobar un protocolo de investigación para los crímenes en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Además, el Estado permitirá la participación efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos y la sociedad civil en el diseño y adopción de todos los reglamentos y protocolos que se desarrollen para la implementación de la “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, recientemente aprobada.

CEJIL y el ERIC instan al Estado de Honduras a cumplir cada uno de los compromisos que de buena fe ha asumido con el fin de reparar las violaciones cometidas contra Carlos Escaleras y su familia. El cumplimiento de dichas obligaciones permitirá corroborar si existe un verdadero compromiso de las autoridades con el derecho internacional y con la situación de riesgo que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos en el país.

Las partes acordaron que la CIDH evaluará en doce meses el acatamiento de todo lo establecido en el acuerdo, momento en que el Estado, CEJIL y el ERIC-SJ deberán presentar información sobre el cumplimiento de cada uno de los compromisos. La Comisión evaluará dicha documentación y determinará –eventualmente- el envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Carlos Escaleras Mejía fue un destacado defensor del derecho al medio ambiente en las comunidades del Aguán. Fue asesinado el 18 de octubre de 1997.

Costa Rica debe cumplir sentencia de la Corte IDH y garantizar la Fecundación in Vitro

Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes instamos al Estado costarricense a cumplir lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Artavia Murillo y otros y aplicar una normativa que permita la realización de Fecundación in Vitro (FIV) en el país sin ningún tipo de discriminación.

Mié, 19/08/2015

San José, 19 de agosto de 2015.- Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes instamos al Estado costarricense a cumplir lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Artavia Murillo y otros y aplicar una normativa que permita la realización de Fecundación in Vitro (FIV) en el país sin ningún tipo de discriminación.

La prohibición de la FIV fue decretada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2000. Por esta situación la Corte IDH condenó al país en diciembre de 2012 por violar los derechos a la vida privada, los derechos reproductivos y los derechos a la integridad personal de sus ciudadanos. El tribunal internacional ordenó a Costa Rica ejecutar una ley que permita la FIV e incluir esta opción gradualmente en su sistema de salud pública.

Costa Rica siempre ha manifestado disposición para cumplir con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos humanos de su población. Cabe destacar que además de ser sede de la Corte IDH, ha ratificado casi todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos y ha tenido un rol destacable de apoyo al sistema interamericano; en sintonía con esto, deben reconocerse los significativos avances implementados para cumplir con la sentencia del caso Herrera Ulloa adecuando el sistema procesal penal vigente.

Considerando la trayectoria del Estado costarricense, nos preocupa que algunas voces de actores internos aboguen por el incumplimiento de la sentencia poniendo en tensión la histórica posición de respeto a los derechos humanos que representa Costa Rica a nivel internacional. Más grave aún, el incumplimiento de la sentencia afecta a las personas a quienes se les sigue violentando sus derechos humanos al privarlas del acceso a este importante método reproductivo.

En su reciente visita a Costa Rica, Tracy Robinson, Relatora sobre los derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestó: “Ahora es el momento de cumplir con la sentencia de la Corte. Esto no sólo es un aspecto fundamental del Estado de Derecho, sino que es un principio básico del derecho internacional: que todos los tratados celebrados por un Estado son vinculantes para el Estado y deben ser realizados por el Estado, de buena fe. La integridad y legitimidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos depende de la aplicación efectiva de las decisiones de los órganos del Sistema de modo que los derechos garantizados en la Convención Americana se ejecuten”.

Las organizaciones firmantes nos sumamos a las declaraciones de la Relatora Robinson y exigimos la acción pronta y oportuna del gobierno para asegurar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte IDH en el caso FIV y que en la audiencia de cumplimiento, a realizarse el próximo 3 de septiembre, el Estado exprese de manera indiscutible su voluntad política de acatar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., México

Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico, El Salvador

Amnistía Internacional (AI), organización internacional

Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), El Salvador

Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala

Asociación LGTB Arcoiris, Honduras

Asociadas por lo Justo (JASS), organización internacional

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), México

Centro de Derechos Reproductivos (CRR), organización internacional

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador

Centro de la Mujer Acción Ya, Nicaragua

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Perú

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua

Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. (CADIMAC), México

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Coalición Salvadoreña para la Corte Penal Internacional, El Salvador

Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, El Salvador

El Refugio de la Niñez, Guatemala

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Honduras

Frente por los Derechos Igualitarios, Costa Rica

Fundación Justicia y Género, Costa Rica

Hijas de la Negrita, Costa Rica

Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Nicaragua

Movimiento contra el Abuso Sexual, Nicaragua

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), organización internacional

Programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD, programa regional

Red feminista contra la violencia hacia las mujeres, Costa Rica

Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala

CEJIL y CLADE presentan el libro "Sumarios de Jurisprudencia: Derecho a la Educación"

CEJIL y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presentan Sumarios de Jurisprudencia: Derecho a la Educación.

La publicación, lanzada en el inicio de este año, se difunde nuevamente en el marco del Taller La justiciabilidad del derecho a la educación en América Latina y el Caribe, que tiene lugar el día de hoy (14 de agosto) en Buenos Aires y reúne organizaciones miembros de la Red CLADE que actúan por el derecho a la educación en 16 países de la región.

Vie, 14/08/2015

La publicación identifica las principales decisiones sobre el derecho a la educación en los tribunales regionales e internacionales, difundiendo los principales estándares adoptados por estos organismos y facilitando una mejor defensa y protección de la educación

Sao Paolo, Buenos Aires, 14 de Agosto de 2015 -
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presentan Sumarios de Jurisprudencia: Derecho a la educación.

La publicación, lanzada en el inicio de este año, se difunde nuevamente en el marco del Taller La justiciabilidad del derecho a la educación en América Latina y el Caribe, que tiene lugar el día de hoy (14 de agosto) en Buenos Aires y reúne organizaciones miembros de la Red CLADE que actúan por el derecho a la educación en 16 países de la región.

¿Cómo interpretan las diferentes dimensiones del derecho humano a la educación los organismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos? CEJIL y CLADE han tratado de identificar las principales decisiones de los tribunales regionales de protección de los derechos humanos sobre el derecho a la educación, en busca de esta respuesta.

El resultado se encuentra en este libro, que es un nuevo volumen de la colección de CEJIL "Herramientas para la protección de los derechos humanos: Sumarios de Jurisprudencia", que viene publicando títulos desde el 2010 (encuentra aquí la lista entera de sumarios bajo esta colección).

Esta publicación incluye sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos, del Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Son juicios que han tenido lugar en estos tribunales desde el 1988 al 2014, y que tratan de la realización del derecho a la educación para grupos diversos, como las personas con discapacidad, migrantes, personas privadas de libertad y pueblos indígenas.

El amplio panorama de decisiones que el Sumario presenta, se erige como una herramienta para acercarse a los criterios orientadores que se vienen desarrollando desde estas instancias. “Esperamos contribuir para hacer accesible y difundir entre quienes trabajan en la temática los principales estándares producidos por los organismos internacionales facilitando su apropiación para una mejor defensa y protección de la educación”, escriben Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, y Camilla Croso, Coordinadora General de la CLADE, en la presentación de esta publicación.

La publicación está disponible para descargar a través de las páginas web de las instituciones, en castellano y en inglés:

CEJIL: www.cejil.org

CLADE: www.campanaderechoeducacion.org

Sumarios de Jurisprudencia: Pueblos Indígenas

Sumarios de Jurisprudencia: Pueblos Indígenas

CEJIL se complace en presentar un nuevo libro de la colección Herramientas para la protección de los derechos humanos: Sumarios de jurisprudencia, en esta ocasión dedicado a los derechos de los pueblos indígenas.

Muchos pueblos indígenas, en diferentes partes del mundo, han visto vulnerados sus derechos de manera grave y sistemática por diversas razones, entre ellas, la falta de reconocimiento y respeto de su cultura, usos y costumbres, y las diversas expresiones discriminatorias en su contra. Por lo tanto, esta publicación identifica las principales decisiones y avances realizados sobre los derechos de los  pueblos indígenas en los tribunales regionales e internacionales de protección de los derechos humanos.

Esperamos contribuir para hacer accesible y difundir entre quienes trabajan en la temática los principales estándares producidos por los organismos internacionales facilitando su apropiación para una mejor defensa y protección de los derechos de los  pueblos indígenas.


Tipo de publicación: Compilación de jurisprudencia
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2014
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Organizaciones internacionales expresan preocupación frente a actos de intimidación en contra de fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de Guatemala

En febrero de 2015, el señor Ricardo Méndez Ruiz, representante de la Fundación contra el Terrorismo, presentó una querella penal en contra del jefe de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Orlando López, por haber ofrecido una conferencia de prensa vinculada con el caso de genocidio que se sigue en Guatemala en contra de los ex generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez. Esta conferencia se realizó en Madrid, España, en mayo de 2014. En la acusación penal, se alegó que el señor López había cometido los delitos de violación a la Constitución, apología del delito, abuso de autoridad, entre otros.

Mar, 23/06/2015

Autoridades judiciales son complacientes ante evidentes actos de hostigamiento

Washington, D.C., 23 de junio de 2015.-En febrero de 2015, el señor Ricardo Méndez Ruiz, representante de la Fundación contra el Terrorismo, presentó una querella penal en contra del jefe de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Orlando López, por haber ofrecido una conferencia de prensa vinculada con el caso de genocidio que se sigue en Guatemala en contra de los ex generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez. Esta conferencia se realizó en Madrid, España, en mayo de 2014. En la acusación penal, se alegó que el señor López había cometido los delitos de violación a la Constitución, apología del delito, abuso de autoridad, entre otros.

 

El pasado 13 de abril de 2015 se llevó a cabo la primera audiencia del caso, en la que  el juez Darwin Homero Porras Quezada no permitió la participación del Ministerio Público ni del Fiscal Orlando López, a la vez, impuso como medida cautelar el arraigo del fiscal López, impidiendo así su salida del país. Posteriormente, Méndez Ruiz amplió la querella contra todos los y las fiscales que pertenecen a la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, y les señaló de “pertenecer a un grupo delictivo organizado u organización criminal” por haber emitido un comunicado en el cual criticaban la resolución antes citada. El Juez Porras Quezada, admitió la ampliación de la querella.

 

Ante estos hechos, las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las actuaciones de las autoridades judiciales en este caso. Todo parece indicar que las querellas presentadas no tienen sustento legal alguno y buscan intimidar a los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos para que cesen en su labor de investigar y procesar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en Guatemala, sin embargo, el juez responsable del caso ha dado curso a estas acciones y ha violentado el derecho de defensa del fiscal López.

 

Adicionalmente,  las manifestaciones del fiscal López objeto de la querella, se limitaron a aspectos de conocimiento público y ya referidos durante el juicio. Así, es evidente que tanto sus declaraciones como el apoyo expresado por su colegas fiscales, constituyen expresiones legítimas protegidas por su derecho a la libertad de expresión de manera que no pueden ser susceptibles de sanción.

 

Sobre este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre las Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, señaló que  “los jueces, fiscales, defensores y defensoras públicos en tanto que funcionarios públicos gozan de un amplio derecho a la libertad de expresión el cual además es necesario para explicar, por ejemplo a la sociedad, algunos aspectos de interés y relevancia nacional”.

 

Nos preocupa profundamente que estos actos formen parte de una campaña en contra de los operadores de justicia que actúan en forma independiente e imparcial con el único objeto de impedir el acceso a la justicia de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos.

 

Exhortamos al Estado de Guatemala y en particular al Poder Judicial para que asegure que en este caso, así como en otros similares, se respete el debido proceso y el derecho a la defensa, no se permita el uso del derecho penal para criminalizar a las y los operadores de justicia por realizar su labor profesional, y no se toleren las expresiones de odio ni las acciones de intimidación hacia las personas que cumplen con su función de garantía de derechos humanos.

WOLA: Human Rights Advocacy for the Americas

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)

Guatemala Human Rights Commission (GHRC)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

Open Society Justice Initiative (OSJI)

(foto crédito: buendiario)

CEJIL y APRODEH destacan detención de militar 11 años después de emitirse su orden de captura por graves violaciones a derechos humanos

CEJIL y la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) aplauden el anuncio de la captura del Mayor José Luis Chávez Velásquez (a) Centauro, quien fue detenido el pasado 22 de mayo de 2015 por la policía judicial en Lima, Perú por estar implicado en la desaparición de siete pobladores de Huancapi en 1991.

Mar, 09/06/2015

Washington, D.C., Lima, 6 de junio de 2015.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) aplauden el anuncio de la captura del Mayor José Luis Chávez Velásquez (a) Centauro, quien fue detenido el pasado 22 de mayo de 2015 por la policía judicial en Lima, Perú por estar implicado en la desaparición de siete pobladores de Huancapi en 1991.

“Después de casi 11 años de la emisión de la orden de captura y a 24 años de los hechos, por fin se están presentando a la justicia personas que han sido procesadas por graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Gloria Cano, de APRODEH.

El caso de Huancapi es uno de los 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados hasta la fecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de un acuerdo establecido en el año 2001 por el Estado peruano y recogido en un Comunicado de Prensa Conjunto, por el que se reconoce la responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos, y se compromete a reparar a las víctimas y a sus familiares, a realizar investigaciones destinados a identificar y sancionar a los responsables, así como adoptar medidas de no repetición.

En el 2004 se emitió una orden de captura en contra del militar Chávez Velásquez que encabeza una lista de 20 agentes de las fuerzas públicas procesados y con orden de captura pendiente de ejecución por violaciones a los derechos humanos cometidas en el Perú durante los años del conflicto armado interno. A pesar de la orden de captura en su contra, Chávez Velásquez vivía en libertad en un cuartel militar y permanecía en sus funciones. Incluso fue ascendido en el 2010 al cargo de Mayor por las Fuerzas Armadas en la 31 brigada de infantería. Además, las autoridades del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa negaron el ingreso de la policía judicial en el 2013 a la sede militar en donde trabajaba, señalando que no tenían la obligación de ponerlo a disposición de la justicia y provocando la demora para el inicio del juicio oral.

El 29 de octubre de 2014 y el 21 de marzo de 2015 la CIDH convocó reuniones de trabajo en la cuales CEJIL, APRODEH y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de varios de los compromisos asumidos en el Comunicado Conjunto de 2001, incluyendo la falta de cumplimiento de la orden de captura contra Chávez Velásquez.

“La detención es un paso positivo por la justicia y esperamos que augure el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en el 2001, entre ellos la captura de otros funcionarios de las fuerzas públicas activos o en retiro que han sido procesados por graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

El 19 de abril de 1991, Zenón Huamaní Chuchón, Eleuterio Fernández Quispe, Napoleón Quispe Ortega, Onofredo Huamaní Quispe, Luis Amaru Quispe, Julio Arotoma Cacñahuaray, quienes se habían inscrito como candidatos por el Partido Izquierda Unida para las elecciones municipales de Huancapi, Ayacucho, y Honorata Oré Huilcahuari (esposa de Julio Arotoma) fueron detenidos por una patrulla militar liderada por el entonces Subteniente Chávez Velásquez. Los siete fueron trasladados a la base militar de la localidad y a partir de esa fecha, se desconoce su paradero.

Demandan internacionalmente a Guatemala por irregularidades en las elecciones judiciales del 2014

El Instituto de la Judicatura, la Fundación Myrna Mack y CEJIL presentaron una denuncia contra el Estado de Guatemala por las graves irregularidades cometidas en las elecciones de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, celebradas en 2014. La demanda, entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 26 de mayo, expone el incumplimiento de la normativa interna y de los estándares internacionales sobre procesos de elección judicial.

Mié, 03/06/2015

Ciudad de Guatemala, 3 de junio del 2015.- El Instituto de la Judicatura, la Fundación Myrna Mack y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una denuncia contra el Estado de Guatemala por las graves irregularidades cometidas en las elecciones de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, celebradas en 2014. La demanda, entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 26 de mayo, expone el incumplimiento de la normativa interna y de los estándares internacionales sobre procesos de elección judicial.

Las selecciones y elecciones llevadas a cabo por las Comisiones de Postulación y el Congreso de la República no fueron objetivas, ni se basaron en el mérito y la capacidad de los y las candidatas. Tampoco se realizaron de manera pública ni transparente en varios momentos del proceso, y además se vieron seriamente permeadas por intereses privados de grupos de poder.

En ese sentido, el documento presentado, denuncia la vulneración del derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad en perjuicio de tres de las participantes en los procesos, quienes, al igual que otros y otras profesionales con buenas calificaciones, no resultaron electas: Ana Vilma Díaz, Estela Bailey y Vilma Tatiana Cabrera. Además, se alega que las elecciones violaron el derecho a la justicia independiente e imparcial de dichas postulantes y de Helen Mack, como parte de la sociedad guatemalteca.

En su escrito, las organizaciones demandantes manifiestan a la CIDH que, a pesar de que los vicios de los procesos de elección fueron ampliamente denunciados ante los tribunales internos, finalmente fueron avalados por el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad (CC), abriendo así la puerta a la vía interamericana.

En la denuncia internacional se detalla cómo la CC, mediante su sentencia de noviembre de 2014, obvió todas las anomalías ocurridas en dichos procesos así como los pronunciamientos emitidos por organismos de protección internacionales como la CIDH y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces, magistrados y abogados, quienes habían recomendado revisar los nombramientos de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco.

Las organizaciones demandantes explican que las irregularidades que acompañaron el proceso de selección de jueces y magistrados afectaron directamente la independencia judicial en Guatemala. Una prueba de lo anterior se ve reflejada en la crisis de institucionalidad que atraviesa el país actualmente y en los cuestionamientos que involucran a distintos operadores de justicia, entre ellos la magistrada Blanca Stalling, Presidenta de la Cámara Penal, quien se encuentra con un permiso sin goce de salario.

Con esta denuncia, las víctimas y sus representantes aspiran a contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho en Guatemala. De igual forma, las peticionarias buscan que la CIDH ordene la modificación de la legislación y las prácticas que hicieron posible que designaciones judiciales irregulares prosperaran, de manera que en el futuro, los nombramientos sean objetivos, y se garantice que todas las personas puedan acceder a una justicia independiente e imparcial.

Deportan arbitrariamente de Nicaragua a representantes de CEJIL

Los abogados de CEJIL Luis Carlos Buob y Marta González han sido deportados arbitrariamente esta mañana por las autoridades del aeropuerto Augusto César Sandino de Managua tras negarles el ingreso al país.

CEJIL lamenta este acontecimiento y espera que el mismo sea un hecho aislado que será debidamente investigado.

Vie, 15/05/2015

 

San José y Managua, 15 de Mayo, 2015.- Los abogados de CEJIL Luis Carlos Buob y Marta González han sido deportados arbitrariamente esta mañana por las autoridades del aeropuerto Augusto César Sandino de Managua tras negarles el ingreso al país.

Los miembros de CEJIL visitaban Nicaragua para realizar reuniones vinculadas con la defensa de derechos humanos y para participar en el 25 aniversario del Centro Nicaragüense de Derecho Humanos (CENIDH). Sin embargo, a su llegada, los representantes de migración cuestionaron al abogado Buob y le informaron que su ingreso al país no sería autorizado. Inicialmente, le informaron que él estaba denunciado por narcotráfico pero posteriormente sólo señalaron que Nicaragua era soberana para decidir quien ingresaba al país. Seguidamente, revocaron la visa de ingreso que había sido otorgada minutos antes a la abogada González y les indicaron que debían regresar a Costa Rica, forzándoles a regresar al avión.

El abogado Buob, al cuestionar las razones por la deportación, fue arrojado al suelo por los oficiales de migración quienes intentaron esposarlo. Su compañera, Marta González, grabó un video de lo sucedido. Desafortunadamente sus teléfonos celulares fueron decomisados por los oficiales, alegando que en Nicaragua es ilegal grabar a las autoridades aeropuertuarias.

“Durante años he podido ingresar a Nicaragua sin problema alguno, sin embargo lamento mucho que en esta ocasión se me haya impedido ingresar sin darme una razón válida. Estas actuaciones, limitan gravemente mi derecho a defender derechos humanos y confío en que habrá una investigación exhaustiva de estos hechos y que en el futuro no tendré limitaciones para continuar con mi labor”  declaró el abogado Luis Carlos Buob.

Luis Carlos es abogado responsable de los asuntos de Nicaragua por parte de CEJIL, como parte de sus funciones, acompaña y asesora a numerosas organizaciones de derechos humanos en este país.

Cabe destacar que la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, se encuentra en Nicaragua para asistir a las actividades conmemorativas del aniversario del CENIDH.

CEJIL lamenta este acontecimiento y espera que el mismo sea un hecho aislado que será debidamente investigado. Una vez esclarecido lo ocurrido, se espera que en forma pronta, el Estado nicaragüense realice públicamente un pedido de disculpas y que tome las acciones necesarias para permitir que el abogado Buob y CEJIL continúen realizando la labor de defensa de los derechos humanos en dicho país.

Responsables del genocidio contra el pueblo Ixil siguen sin ser condenados

Ayer se cumplieron dos años de la histórica condena impuesta por el Tribunal A de Mayor Riesgo en contra del ex jefe de Estado Efraín Rios Montt, por el genocidio contra del pueblo maya Ixil entre 1982 y 1983. CEJIL aprovecha la ocasión para instar al Estado de Guatemala a cumplir con su obligación de juzgar y sancionar a todos los responsables de dichos actos, y remover los obstáculos que impiden la obtención de justicia en este caso.

Lun, 11/05/2015

 

San José, 11 de mayo de 2015.- Ayer se cumplieron dos años de la histórica condena impuesta por el Tribunal A de Mayor Riesgo en contra del ex jefe de Estado Efraín Rios Montt, por el genocidio contra del pueblo maya Ixil entre 1982 y 1983. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), aprovecha la ocasión para instar al Estado de Guatemala a cumplir con su obligación de juzgar y sancionar a todos los responsables de dichos actos, y remover los obstáculos que impiden la obtención de justicia en este caso.

El proceso judicial interno en contra de los ex generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, que culminó con la sentencia de 10 de mayo de 2013, estableció una verdad jurídica y representó el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. Sin embargo, la posterior e ilegal anulación de la sentencia por parte de la Corte de Constitucionalidad –mediante su resolución del 20 de mayo de 2013–, implicó una gran afrenta contra las víctimas y un retroceso grave en términos de la lucha contra la impunidad por las violaciones cometidas durante el conflicto armado interno en Guatemala.

Los hechos denunciados consisten en más de 60 masacres y ataques perpetrados por miembros del ejército guatemalteco en contra de la población ixil que dejaron como saldo alrededor de 1.800 personas asesinadas, así como numerosas víctimas de desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Si bien a comienzos de este año se reanudó el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, el mismo nuevamente fue paralizado debido a recursos maliciosamente interpuestos por la defensa de los acusados. Por lo anterior, y considerando la denegación de justicia que persiste más de 30 años después de los hechos, el Estado guatemalteco enfrenta una nueva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue presentada por CEJIL y las organizaciones querellantes a nivel interno:  la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Bufete Jurídico por los Derechos Humanos (BDH).

“El pueblo ixil y la sociedad guatemalteca en general, requieren que el Estado resuelva su deuda con las víctimas del genocidio. Hacemos un llamado a las autoridades para que adopten todas las medidas necesarias que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas y la reparación de las graves violaciones sufridas” manifestó Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México.

(foto: Cristina Chiquin)

México debe garantizar protección de defensora desplazada en riesgo

El pasado 27 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para la protección de Esperanza Hernández Lugo, víctima de desplazamiento y defensora de los derechos humanos de las personas desplazadas internas en el estado de Sinaloa, así como a favor de otras personas en riesgo por las mismas circunstancias.

Mar, 05/05/2015

México, D.F. a 5 de mayo de 2015.- El pasado 27 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para la protección de Esperanza Hernández Lugo, víctima de desplazamiento y defensora de los derechos humanos de las personas desplazadas internas en el estado de Sinaloa, así como a favor de otras personas en riesgo por las mismas circunstancias.

 

A partir del conflicto armado y la violencia generalizada entre agentes estatales y no estatales a inicios del 2012 en el estado de Sinaloa, cerca de 600 familias se vieron obligadas a huir de sus comunidades de origen con el fin de salvaguardar sus vidas e integridad, quedando en un estado de desprotección total. Desde entonces la defensora Esperanza Hernández ha acompañado y representado a 40 comunidades desplazadas de la región de la Sierra Madre Occidental, asentadas en municipios del estado de Sinaloa, como Culiacán y la ciudad de Guamúchil, cabecera del municipio de Salvador Alvarado.


Junto a Esperanza Hernández, otros líderes y miembros comunitarios han trabajado para visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias, desarrollando gestiones ante autoridades de gobierno para que se adopten medidas en relación con el desplazamiento interno en Sinaloa, y en particular para que se responda a las necesidades humanitarias de vivienda, alimentación, trabajo, educación y salud de las víctimas.


En este contexto, desde marzo del presente año, la defensora Hernández Lugo, y otros líderes recibieron actos de hostigamiento y amenazas de muerte, por lo que Esperanza Hernández se vio obligada a desplazarse una vez más para salvaguardar su vida e integridad personal y la de sus familiares.


Las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Estado mexicano a garantizar las condiciones de protección para que la defensora Esperanza Hernández y su familia puedan retornar de manera segura a su lugar de residencia actual. Solicitamos se implementen las medidas de seguridad que respondan a su condición de riesgo, tanto en su domicilio como durante todos sus traslados de manera que ella pueda continuar ejerciendo sus labores como defensora.


Asimismo, instamos al gobierno mexicano a impulsar políticas para atender a las personas que se han visto forzadas a desplazarse tanto en el estado de Sinaloa, como en el resto del país, y que se garanticen sus derechos humanos en forma efectiva y oportuna.


Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Casa del Migrante de Saltillo [Frontera con Justicia A.C.]

Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño. A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Matías

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"

Centro de Derechos Humanos  Paso del Norte

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

International Human Rights Clinic, Loyola Law School Los Angeles

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC)

Red por los Derechos de la Infancia en México

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República mexicana). Ver listado

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